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  • Prevén nueva caída en generación de empleo minero

    Mineros PeruSegún estudio de la firma Manpower, por tercer trimestre consecutivo este sector hará despidos.

    Aunque el sector de la minería tradicionalmente ha sido poco generador de empleo, para el trimestre julio-septiembre presentaría una mayor contracción en puestos de trabajo, tendencia que se mantiene por tercer trimestre consecutivo.

    Así lo establece un estudio de la firma Manpower en Colombia, según el cual, la expectativa neta de empleo en todos los sectores es de -13 por ciento, previendo que el 77 por ciento de los encuestados mantendrá su nómina intacta, el 17% de ellos prevé aumentar su personal, el 4% piensa disminuirlo.

    De acuerdo con lo hallado en la investigación, el sector minero pasó de una expectativa neta de empleo de -1 por ciento en el trimestre pasado a -4 por ciento en  el trimestre venidero.

    Según la directora de ManpowerGroup para el área Andina, Rosalba Montoya, tales resultados implican que "la expectativa es de despidos más que de contrataciones".

    Pese a que el Gobierno ha dicho que, si bien habrá una reducción en la generación de empleo más no se verá un incremento notorio en la tasa de desempleo, la firma Manpower señala que hay incertidumbre, lo que impacta negativamente la confianza para contratar mano de obra.

    "Las novedades tributarias, los temores de menor crecimiento, las fluctuaciones de tasa de cambio y las variaciones de los mercados han venido afectando la confianza para las actividades económicas y la consecuente creación de puestos de trabajo", indicó Montoya.

    En el caso del sector minero, el impacto proviene de los bajos precios del petróleo, el carbón y el oro. "Estos son factores locales que se agregan al entorno internacional y complejizan las operaciones, lo que hace incierto el trabajo en el sector", agregó.

    Los análisis realizados por la firma, experta en el tema, manifiestan que temas puntuales, como las licencias de explotación, las cuales tardan mucho. "Cuando por temas ambientales se cierra un sector de una mina, conseguir la licencia para abrir otro sector puede tomar más de un año y no se alcanza a equilibrar el proceso de producción", explicó Montoya.

    Otros elementos internos aportan a la baja expectativa de generación de empleo que se tiene con este sector. "El tren carbonero, por ejemplo, ya no puede trabajar de noche por el ruido que produce. Ello elimina el turno nocturno y, por ende, parte del personal empleado", analiza el estudio.

    Si a eso se le suman fenómenos como el de la minería ilegal, que sigue generando empleo informal y sin garantías de seguridad para las personas ni sostenibilidad para las regiones; lo mismo que el incremento en las sanciones a empresas mineras, el panorama se vuelve más gris para la apertura de nuevos proyectos y el empleo.

    Para Manpower, también la venta de Pacific Rubiales y el cambio de presidencia de Ecopetrol salpicarán al sector minero y en particular el mercado laboral que este demanda. "Son hechos que el sector tarda en asimilar", dijo Montoya.

    En consecuencia, concluye el estudio, la minería dejó de ser la 'locomotoras' que se planteaba hace unos años, se han recortado considerablemente las inversiones en las cuales se basaban las esperanzas de generar empleos formales en dicho sector.


    Fuente: Eltiempo.com

  • Suman fuerzas contra el trabajo infantil en la minería

    Mineria InfantilEn El Bagre, expertos en minería y trabajo infantil, así como representantes de los gobiernos Nacional, Departamental, alcaldes de la región y otras autoridades, debatieron y buscarón alternativas para reducir el trabajo infantil minero.

    La cita, enmarcada dentro del Proyecto Somos Tesoro, se constituye como el Primer encuentro de política pública para sacar a los niños de esta actividad flagelante en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño.

    De ahí la importancia de las experiencias que, sobre el particular, expongan líderes comunales, educativos y los delegados de las alcaldías de Segovia, Remedios, Zaragoza, El Bagre y otros de sus vecinos del Bajo Cauca y el nordeste.

    Voceros de la Gobernación sostienen que se pretende sumar los esfuerzos de las distintas autoridades para brindarles alternativas de una vida digna para los niños que acaban sus vidas en socavones y filones de ríos y montañas.

    Tal actividad está prohibida por el Código del menor. Se seleccionó El Bagre por ser uno de los centros de una región cuya vocación económica gira en torno a la actividad minera del oro.

    Acabar con el trabajo infantil es una de las estrategias de la Gobernación. Para ello, con diversos convenios, liderados por la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y la Secretaría de Minas, ha invertido más de 2.000 millones de pesos, que han beneficiado a más de 20.000 niños.

    La pequeña minería es un oficio que compromete el esfuerzo de toda la familia. Muchos de los niños inician labores, moviendo pequeñas piedras y lamiendo la montaña con palas y picos a los cinco años, como lo narró a EL COLOMBIANO, una indígena Nutabe del cañón del río Cauca en Sabanalarga.

    Aunque se han logrado avances en su erradicación, la ilegalidad de ese trabajo no permite detectarlo y controlarlo del todo.


    Fuente: Elcolombiano.com

  • ¿Cómo viene la industria minera en el Perú?

    Mineria ResA pesar de los desafíos que enfrenta el sector minero, no hay duda de que seguirá como uno de los que más aporta a la economía peruana al 2021.
     
    ¿Podría llegar el Perú a una producción de cobre de cinco millones?, preguntaba AméricaEconomía a inicios de 2013 a expertos mineros para dilucidar si en algún momento la producción local podría acercarse a la chilena. En el mercado empezaba a vislumbrarse cierta incertidumbre sobre el precio y la demanda de cobre, con el metal alrededor de los US$3,65 por libra [frente a los 2,41 del cierre de esta edición], y los especialistas apuntaban a que hacia el bicentenario si la cartera de proyectos se hacía realidad los cinco millones no eran una utopía. En cuestión de dos años, sin embargo, ese nivel de producción se ha alejado más en el horizonte, aunque este metal y la plata tienen buenas perspectivas a corto plazo.
     
    “Para 2016 la producción de cobre experimentará un salto de más del 60%”, dice Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Con Toromocho a su máxima capacidad, la recién inaugurada operación de Constancia y la puesta en marcha de Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde para finales de año, la producción peruana de cobre llegaría a los dos millones de toneladas para el próximo año, según las estimaciones de la SNMPE. De hecho, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la producción peruana de julio creció ya 30% respecto a similar mes del año anterior evidenciando este avance. “El panorama para el cobre pinta bien. Hay mucha ampliación”, dice Víctor Burga, socio de Assurance Service de EY.
     
    En el caso de la plata, se espera, según Burga, que la producción siga creciendo a través de los nuevos proyectos cupríferos que la consiguen como subproducto, pero también con el crecimiento de compañías como Buenaventura y Volcan, que están llevando a cabo mejoras en su productividad. El año pasado, la producción avanzó en un discreto 2,74% gracias al incremento de la capacidad instalada de las plantas concentradoras y a una mejora en el procesamiento de algunas mineras. Las posibilidades de que el Perú recupere el primer puesto como productor de este metal, hoy en manos de México, a mediano plazo, del mismo modo, dependerían del desarrollo de proyectos en la cartera del Minem como Corani o Galeno.
     
    En lo que respecta al oro, por el contrario, las previsiones llevan la producción a la baja, pues importantes minas auríferas como Yanacocha o Barrick Misquichilca se están agotando. La producción en 2014 cayó ya 10,43%, según el Minem. “Hay algunas empresas, que no son de esa misma magnitud como la del grupo Aruntani, que si bien son productores importantes no van a empujar la producción del país”, dice Víctor Burga, de EY, quien asegura que las producciones de plomo y zinc locales se mantienen constantes.
     
    Según el ejecutivo, una de las ‘esperanzas’ de la producción de oro local era Conga, hoy uno de los proyectos paralizados que tenía una tajada de US$ 4.000 millones de inversión de la todavía incierta cartera de proyectos del Minem y al que se le ha sumado en el último año el proyecto cuprífero Tía María, hoy también en el aire.
     
    “Pese a las expectativas de nuestro portafolio de proyectos, no está claro cuál será el próximo que se iniciará una vez terminados Las Bambas o la ampliación de Cerro Verde. La discusión sobre Tía María todavía no se resuelve, y eso enfría también las decisiones de cara al desarrollo de Quellaveco y de los otros proyectos”, dice Carlos Gálvez.
     
    Inversiones en el aire. La cartera del Minem de mayo de este año estaba compuesta por 51 proyectos, 26 de ellos en exploración y otros 20 con el estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado, incluidos Tía María y Conga, y valorados en más de US$ 64.000 millones. ¿Cuántos podrían avanzar? Los especialistas no se animan a hacer vaticinios al respecto.
     
    “Los niveles de inversión dependerán de factores como el precio internacional de los minerales y el relacionamiento con las comunidades vecinas a los proyectos mineros”, dice Juan Carlos Mejía, director de auditoría de KPMG en el Perú.
    Por lo pronto, el proyecto Tambomayo cuenta ya con la aprobación del EIA y podría estar listo para 2016, mientras que la ampliación de Toquepala avanza y está prevista para finales de 2017. Quellaveco, por el contrario, afronta una serie de reclamos en la región Moquegua, que podrían prolongar su puesta en marcha.
     
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    Según la Defensoría del Pueblo, en agosto había 94 conflictos socioambientales mineros activos y problemas con las comunidades, que son para Víctor Burga la principal dificultad que tienen hoy las mineras para poder seguir invirtiendo y crecer. “La minería es importante, pero parecería que no se entiende su importancia”, dice el ejecutivo.
     
    Carlos Gálvez, por su parte, suma, además, la excesiva burocracia que deben afrontar las compañías para implementar un nuevo proyecto, que conlleva que conseguir permiso para iniciar una exploración minera demore como mínimo dos años. “Es un reto que lamentablemente tiene significancias altamente negativas para producciones como las del oro”, dice el presidente de la SNMPE.
     
    El ranking del Instituto Fraser de competitividad minera de 2014 situó al Perú como segundo país en la región como destino para la inversión minera detrás de Chile y en el puesto 33 a nivel mundial; destaca especialmente en potencial y riquezas mineros. Su posición, para Carlos Gálvez, no obstante, debería ser la novena mundial, si el país redujera precisamente elementos como la incertidumbre, las normas ambientales, tributarias y sociales o las condiciones jurídicas y laborales. “Esa brecha es precisamente por nuestro manejo y gestión”, añade.
     
    Víctor Burga asegura que si bien en el corto plazo no se ven muchas perspectivas de incremento de la inversión, más adelante, teniendo en cuenta el potencial geológico del país y las próximas elecciones presidenciales, el futuro podría cambiar y hacer que las inversiones crezcan. “Es un tema que no lo puede resolver el sector privado solo o el Estado solo. El gobierno tiene que darse cuenta de que no puede dejar solo al sector privado. Faltan más mesas de negociación”, dice.
     
    Las compañías, del mismo modo, para Juan Carlos Mejía deben continuar mejorando su comunicación sobre sus proyectos de inversión con sus socios estratégicos, es decir, sus comunidades vecinas.
     
    Las mesas de desarrollo, creadas justamente para poner en común a empresas, gobierno y comunidades para César Gálvez han ejercido hasta ahora de bomberos, intentando solucionar los conflictos cuando estos ya están. “El Estado debe hacer su trabajo, dar servicios de educación, nutrición, luz, agua, etc. Cuando eso esté hecho podremos empezar a actuar las empresas”, dice el ejecutivo.
     
    ¿Puede afectar la oposición a la minería actual a las operaciones en curso? Para los especialistas ya se están viendo algunos casos, como la reciente demanda del alcalde de Arequipa a Cerro Verde por S/. 500 millones, y nuevos podrían verse los próximos años. “Las que están en marcha seguramente van a ser más demandadas los próximos años, les van a poner exigencias. Es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días”, dice Carlos Gálvez.
     
    Pese a los desafíos que afronta la industria, a la que se suma la necesidad de profesionales capacitados, ante la pregunta de si para 2021 la minería seguirá siendo una de las actividades con mayor aporte al PIB local, los expertos no dudan en que así será. Las ventajas competitivas del Perú respecto a otros países jugarían a favor de la industria local.
    “No hay manera de que la minería deje de ser un pilar de nuestra economía. El Perú desde la época de los incas es minero y lo va a ser”, dice Víctor Burga.
     
    Actualmente se realizan actividades mineras en menos del 2% del territorio nacional frente al 14% que ha sido solicitado en concesión, y el Perú se encuentra entre los países con mayores reservas del mundo de plata y cobre. Mineral hay. Está por ver si sigue extrayéndose.
     
    Fuente: Americaeconomia.com / Laura Villahermosa
  • ¿Hubo exceso en operativos contra minería informal en Antioquia?

    Mineria Ilegal 1La intervención que la Administración Departamental ha emprendido para desmantelar lo que han denominado minería ilegal muestra dos caras: una, la erradicación de la problemática social generada por esa actividad, y otra, por reclamos de mineros que denuncian la muerte de cuatro trabajadores en Buriticá.
     
    En tanto el Gobierno de Antioquia insiste en el éxito de los operativos realizados, desde la fase inicial en el año 2013 hasta un proceso de consolidación de esa intervención ejecutado durante 2016, el proceso penal por presunta responsabilidad de las autoridades en el fallecimiento de cuatro mineros y heridas a 90 personas más en la mina El Platanal, en abril de 2014, continúa aunque no con los resultados esperados por los familiares de las víctimas.
    Según Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, durante toda la intervención en Buriticá se han presentado 10 muertes (ver gráfico). Admitió que las personas que fallecieron en El Platanal, están en proceso de reclamación y fueron categorizadas como víctimas.
     
    “Las pruebas están allí y hoy la Gobernación es parte en los procesos de reparación. Estas personas (familiares) están demandando con base en decisiones de la Fiscalía”, dijo.
     
    Para el diputado a la Asamblea, Jorge Gómez, los mineros murieron como consecuencia de asfixia causada por un incremento de gases tóxicos. Presentó un informe en el que, aseguró, la comisión que investigó el caso reveló que “lo más probable es que los gases procedieron de una voladura realizada con sustancias explosivas no determinadas”.
     
    Gómez dijo que “hubo una irrupción súbita de gases y humos, los cuales contribuyeron a que la atmósfera minera se registraran concentraciones superiores a 1500 ppm de Monóxido de Carbono (CO) y 36 ppm de ácido sulfhídrico”.
    Recalcó que hubo permisividad de las autoridades que vigilaban el proceso y cuestionó que se buscaba la clausura del socavón, como una solicitud de la multinacional Continental Gold.
     
    En ese mismo sentido, Alex Alberto Morales, miembro de la Corporación Jesús María Valle, que acompaña el proceso, enfatizó que “hubo irresponsabilidad en la acción de explosión con la intención de cerrar una mina”, en lo cual se utilizaron 32 bultos de Anfo.
     
    “Con un solo bulto hubiera sido suficiente. Eso muestra que hubo intención de dañar a las personas”, dijo.
     
    Niegan responsabilidad
     
    Sobre las acusaciones, voceros de la compañía Continental Gold, negaron su responsabilidad en el accidente de la mina El Platanal y dijeron que no puede concluirse que el informe de la Agencia Nacional de Minería -ANM- sugiera que fueron causantes del hecho.
     
    “De acuerdo con el informe de la ANM, los investigadores no encontraron una conexión entre los túneles de las minas El Amanecer (la cual tenía orden de cierre por parte de las autoridades) y la mina ilegal El Platanal, por lo cual no es posible que los gases producidos por las actividades de cierre técnico de la mina El Amanecer, pudieran atravesar y ser causantes de las muertes”, consideró la empresa.
     
    Rubén Darío Gómez, secretario de Conalminercol, reveló que la orden de la explosión que mató a los trabajadores fue entregada por el puesto de mando unificado, compuesto por la Procuraduría, Fuerza Pública, Dapard y otras autoridades.
    Sin embargo, las directivas de Continental insistieron en responsabilizar a quienes operaban la mina El Platanal por las deficientes condiciones técnicas y de seguridad industrial que propiciaron el accidente.
     
    “Los sistemas de ventilación ubicados en las minas Platanal y Cafeto Gold no son diseñadas técnicamente, tal como lo dispone el Decreto 1335 de 1997, por lo cual, ante un evento inesperado de generación de gases no se contaba con el suficiente caudal que permitiera diluirlos y evacuar los gases en forma rápida y eficiente”, explicó.
    Continental aseguró que el informe concluye que la causa del accidente fueron los gases generados por sustancias explosivas no determinadas y “la minería ilegal hace uso de sustancias explosivas artesanales de difícil control y manejo”.
     
    Por su parte, Enrique Olano, secretario de Minas de Antioquia, aseveró que lo que pasó en la mina fue lamentable y “ha dado la pauta para que con la Agencia Minera se realicen acciones productivas para que no se vuelva a presentar”.
    Intervención avanza en 80%
     
    La Secretaría de Gobierno, reportó que en su intervención a la minería ilegal han salido voluntariamente 3.040 mineros ilegales, decomisaron 95.820 millones de pesos, resultado de esta minería.
    “En Buriticá hay 111 bocaminas, 65 intervenidas, 44 con cierres técnicos, 11 en proceso y 54 beneficiaderos cerrados”, aclaró Ramírez.
     
    A Rubén Gómez, esa política de intervención ha demostrado abuso de poder en la región y es caldo de cultivo para una problemática social.
     
    “Nos preocupa la determinación de la Gobernación de replicar el operativo de Buriticá en todos los territorios mineros de Antioquia”, acotó.
     
    Gómez insistió en cuatro puntos de acuerdos, entre los que está la formalización. Dijo que persisten incumplimientos del gobernador Luis Pérez y la Nación, sobre compromisos pactados, desde años atrás, con los mineros, por los que se mantiene la advertencia de protestas y paros. Apuntó que desde 2011 se acordó iniciar el proceso de identificación de minas informales para trabajar el reconocimiento de quienes laboran con maquinaria pesada. Agregó que el Gobierno se comprometió a sacar esa norma a través de una ley especial con carácter de urgencia. “Por el contrario se emitió una directriz sobre destrucción de maquinaria”, dijo.
     
    De acuerdo con Ramírez, el cumplimiento de los acuerdos se muestra con la instalación de la Mesa Minera en Buriticá, con la cual se busca la formalización de pequeños mineros. Añadió que se oferta empleo a estos mineros por intermedio de la Secretaría de Competitividad y Productividad, como con Comfenalco y el Sena, a fin de amortiguar el impacto causado con la intervención.
     
    Fuente: elcolombiano.com / Víctor Andrés Álvarez Correa
     
  • ¿Se ejecutan sanciones a la minería ilegal?

    Mineria Crim
     
    El sector de la minería está asumiendo retos en la lucha contra la minería ilegal, la disminución de la pobreza en las regiones y en aras de lograr una práctica responsable (con la economía y el medio ambiente. “En el país, las regiones que registran mayor actividad minera son las que presentan el mayo írndice de pobreza”, así lo aseguró Tomás González Estrada, ministro de Minas y Energía.
     
    La minería ilegal es otra problemática a la que hay que prestarle atención. Ésta, genera fallas y retrasos en cuanto al trámite consultivo de la minería legal. El director de consulta previa del Ministerio del Interior, Álvaro Echeverry, hizo un llamado al Ministerio de Defensa y a los gobiernos territoriales para que “aplique y ejecuten las normativas y sanciones que las leyes estipulan”.
     
    León Teicher, experto en desarrollo y expresidente de Cerrejón, señaló que “esta minería no solo afecta la economía del país, sino que es una práctica irresponsable con el medio ambiente, la sociedad y contribuye al financiamiento de grupos al margen de la ley”.
     
    El ministro de Minas enfatizó que en Colombia es posible una minería responsable, siempre y cuando las empresas cumplan con obligaciones como regalías y salarios justos, y a tiempo, entre otros aspectos. 
     
    “Es una obligación del Estado supervisar e impulsar a las empresas del sector para que por medio de la extracción de la riqueza del subsuelo se pueda generar empleo, combatir la pobreza de las regiones y mejorar la economía del país”, agregó el funcionario.
     
     
    Fuente: Dinero.com
  • 'A la minería la ven feo en el país': Continental Gold

    Mineria MartiCompañía lidera plan de formalización en zonas auríferas. Habla el vicepresidente de Sostenibilidad.

    Cerca de 450 mineros informales de Buriticá (Antioquia) están prácticamente listos para comenzar a ejercer prácticas bajo altos estándares de sostenibilidad en la región, en un proceso que lidera la compañía Continental Gold.

    El vicepresidente de Sostenibilidad de esta compañía, Julián Bernardo González, habla del proyecto.

    ¿Cómo está la actividad exploratoria para la empresa?

    La situación del sector minero, y en especial del oro, no ha sido la mejor en el último periodo. La minería es el ‘niño feo’ para todo el mundo. Algunos queremos hacer las cosas bien, pero muchos las hacen mal y la cobija le cae a todo el mundo por igual. El boom de la exploración se ha mermado bastante. En nuestro caso, en la mina de Buriticá, estamos en exploración avanzada, pero la geología indica que es un sector de una alta calidad de oro y, para fortuna, no está localizada en zonas como ríos, reservas o páramos.

    Esto da facilidad, pero abre las puertas a la minería informal y los problemas que se generan alrededor.

    ¿Qué nivel de recursos han invertido?

    Hasta el momento hemos invertido cerca de 140 millones de dólares en exploración, desde el 2009.

    ¿Cómo han involucrado la formalización?

    Hace dos años Buriticá tenía 6.500 personas, y en este momento se estima que hay entre 12.000 y 14.000.

    La población flotante hace colapsar los servicios públicos y al pueblo.

    También, el minero ilegal e informal no llega con el comportamiento del ciudadano ejemplar, situación que afecta a la población campesina, ante lo cual, con las autoridades, lideramos la Ley del Mercurio para tener un proceso de formalización y generar empleo de calidad en la región.

    ¿Qué fases tiene este plan?

    El programa ya arrancó, y reúne a unas 450 personas y 8 asociaciones.

    ¿Qué implicaciones tiene el proceso?

    Cuando estén formalizados, ellos son responsables de cumplir unas obligaciones.

    Tenemos un equipo dedicado a que las asociaciones cumplan con todas las normas, pues cuando les hablamos de tener seguridad social no sabían lo que era.

    ¿Qué metas tienen?

    Ellos no están produciendo oro, pero están haciendo inversiones para su capacidad.

    Han conseguido plata para tener sus minas cumpliendo todos los estándares.

    No podemos ser responsables de un tema ambiental, Tenemos que estar pendientes de que cumplan estas medidas, dándoles soporte técnico, social y económico.


    Fuente: Eltiempo.com

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  • 'Minería debe mostrar sus aciertos y fallas'

    Mineria MartiEl estudio 'Brújula minera' muestra que El Cerrejón sigue siendo la compañía con mejor reputación.

    Un bajo reconocimiento de las empresas mineras del país entre los ciudadanos fue uno de los resultados que arrojó el reciente estudio ‘Brújula minera’, del Centro Nacional de Consultoría, en el cual se observa que hay una crisis reputacional profunda en esta industria.

    Los resultados revelan que de los 2.400 encuestados para la investigación, el 52 por ciento en los municipios mineros dijeron no conocer ninguna entidad del renglón; entre tanto, el 61 por ciento en sitios no mineros respondieron desconocer alguna de estas compañías.

    En la presentación del informe, este jueves, en las instalaciones de Casa Editorial EL TIEMPO, Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, dijo: “Las empresas, para ser más relevantes, deben comenzar a contar las buenas prácticas que están realizando en las regiones, para lograr una mayor visibilidad dentro de la población y ganar así aceptación entre los ciudadanos”.

    El estudio revela también que mientras que los colombianos consideran que la minería es positiva para el país, menos de la mitad, un 37 por ciento en los municipios no mineros y un 44 por ciento en los mineros, tienen una imagen favorable de las empresas mineras.

    Del mismo modo, advierte que la confianza de los ciudadanos hacia estas organizaciones y los gremios que las representan es baja. De una calificación de 1 a 10, las firmas mineras obtienen en los municipios mineros un 5, mientras que en las localidades no mineras logran tan solo un 4,8. Entre tanto, los gremios consiguen en los municipios mineros una calificación de 4,8 y en los no mineros, un 4,6.

    Carlos Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría, invitó al sector para que se haga más visible, y en este proceso las firmas mineras deben dar a conocer tanto las falencias como los aciertos que tienen con las comunidades y la coordinación institucional que desarrollan con estamentos públicos y privados.

    La viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, señaló que “una imagen negativa del sector es perjudicial para todos. Para las grandes compañías que sostienen el ingreso nacional minero, hasta los más pequeños, que, a pesar de hacerlo bien, se ven afectados por una percepción negativa distante de la realidad. Y, de paso, también nos perjudica a nosotros”.

    La información recopilada por ‘Brújula minera’ sirvió también para identificar las empresas con mejor reputación en el mercado colombiano.

    En los primeros cinco lugares se mantienen Cerrejón, Cerro Matoso, Drummond, Mineros S. A. y AngloGold Ashanti.

    Las compañías con mejores prácticas ambientales, según los directivos mineros, son Cerrejón, Mineros, Cerro Matoso, AngloGold Ashanti y Drummond. Mientras que para las autoridades del Gobierno son Cerrejón, en primer lugar, seguida de Cerro Matoso, Mineros S. A., Drummond y Holcim.

    Y las que tienen las mejores prácticas en responsabilidad social son Cerrejón, Mineros S. A., Cerro Matoso, Grupo Argos y Milpa, según los directivos. Para las autoridades del Gobierno, este ranking lo lidera Cerrejón, seguida por Cerro Matoso, Cementos Argos, Mineros S. A. y AngloGold Ashanti.


    Fuente: El tiempo

  • ‘El carbón no tiene futuro y Colombia deberá prepararse’

    Jeffrey SachsJeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, considera que abrir nuevas áreas para la explotación del mineral puede ser riesgoso para el país y advierte que el cambio climático colombiano es un asunto que no puede ser pasado por alto.

    Cuando Jeffrey Sachs habla, la gente lo escucha. Así sucedió este jueves en Cartagena, cuando el profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y director del Instituto de la Tierra, se dirigió a los delegados que asisten a la Convención Bancaria.

    En su intervención, el experto internacional tocó temas como la pobreza, la innovación o la desigualdad, pero hizo sobre todo énfasis en el cambio climático, al cual Colombia debería prestarle mucha atención, en su concepto.

    Por su trabajo en este campo, el académico fue informado de que es el próximo recipiente del prestigioso premio Planeta Azul que le será entregado en Tokio en octubre. Sobre este y otros temas, Sachs habló en exclusiva con Portafolio.

    ¿Cuál es su visión de la economía global?

    Como un todo, es el periodo más normal desde 2008, porque las cosas están volviendo a su cauce. Pero hay una gran incertidumbre, y es cómo Europa maneja la crisis griega. Frente a esto hay decisiones muy importantes que tomar.

    Considero que sería un error si Grecia es forzada a salir de la Zona Euro, pues habría repercusiones negativas no solo en el Viejo Continente, sino en todo el planeta.

    ¿Qué tanto le debería preocupar a Colombia la crisis griega?

    Si Grecia cae en una moratoria de su deuda -algo que puede pasar si Alemania sigue con una postura intransigente-, no sería solo una crisis nacional, sino que se extendería a la Zona Euro. También habrá unas presiones sobre otros países que son percibidos como débiles en esa región, porque cuando se tiene presión en una unión obligatoria y uno de sus miembros sale o se pone en riesgo, se afecta la confianza. Europa es uno de los tres centros de la economía global y se está desempeñando relativamente mal. La recuperación empezó el año pasado, pues el Banco Central comenzó a actuar en una forma más coherente. No obstante, un escenario como el que describo generaría tempestades que se sentirían en todas partes, incluyendo a América Latina.

    ¿Qué otros elementos destaca de lo que pasa a nivel global?

    El resto del mundo está creciendo a una tasa razonable. Asia se ha desacelerado, pero China todavía avanza al 7 por ciento. En cuanto a la caída en los precios de las materias primas, ha afectado a países exportadores como Colombia, pero no es un gran choque en todo el planeta.

    En general, las políticas monetarias de los bancos centrales son expansivas y por eso las condiciones de liquidez se mantendrán vigentes. Las acciones están en niveles de precios altos. Hay un montón de negocios, con compras, fusiones y emprendimientos, de manera que no creo que estemos en una crisis, sin desconocer la situación de Grecia. Pero si se adoptan políticas sensatas y modernas, la economía global recuperará el rumbo en el mediano plazo.

    ¿Qué le inquieta?

    Sobre todo los asuntos de largo plazo: el cambio climático, la pobreza extrema, la inequidad. No son temas macro ni se resuelven de un año a otro, ni tampoco en una década.

    El mundo está negociando tres grandes acuerdos en los próximos meses, uno es para el desarrollo financiero sostenible, otro es la adopción de metas en crecimiento sostenible y el tercero es una negociación sobre cambio climático, que es importante para cambiar la perspectiva global. De todas maneras, la situación no es tan mala y creo que en el largo plazo hay retos, pero también oportunidades.

    ¿Comparte la impresión de que América Latina perdió sus años de esplendor?

    La región crece más lento porque los términos de intercambio se deterioraron, pues es el mayor exportador de alimentos y minerales del mundo. Esos precios habían estado en niveles récord durante la última década, pero las supercondiciones ya no están, porque las cotizaciones de las materias primas cayeron, y el crecimiento alto de China –que sobrepasó el 10 por ciento– no va a volver.

    Pero en conjunto, soy optimista frente a la región y considero que esta no es proclive a caer en una crisis profunda. En la última década se han hecho avances en inversión y en educación, pero hay preocupaciones, como pasa con la situación política en tres de los grandes países: Brasil, Argentina y Venezuela. Al tiempo, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, la mayoría de Centroamérica y México tienen asuntos estructurales para resolver, pero han sido bien manejados y deberían seguir progresando.

    ¿Cuáles son los desafíos?

    La estructura productiva debe depender menos de los bienes primarios y tiene que ser más diversificada y basada en la tecnología. Después de un boom de materias primas, que fue muy importante es claro que ahora no se está sintiendo muy bien, pues los presupuestos se han apretado. Hubo muchas buenas noticias en la región en el pasado reciente y si bien ya no son tantas, soy optimista todavía.

    ¿Por qué el cambio climático es prioridad?

    Es un tema clave. Nuestras investigaciones muestran que es un asunto que debe tomarse en serio porque existen muchos riesgos, como que el nivel de los océanos está aumentando. Pero ha sido difícil enfocarse en eso, porque hay otros factores que despiertan más interés. Aunque no es fácil llegar a consensos, el reto es encontrar nuevas formas de hacer negocios, organizar las ciudades y generar energía en forma distinta, favoreciendo fuentes limpias y renovables.

    El carbón es el tercer producto de exportación de Colombia...

    Existe consenso en que hay muy poco futuro para el carbón. No es algo inmediato pero pasará. Es una gran preocupación, y solo se mantendrá si se crean tecnologías para utilizarlo en forma limpia. Creo que abrir nuevas áreas para la explotación de carbón será riesgoso para el país, incluso desde el punto de vista netamente financiero. Colombia debe estar alerta de que el mundo se moverá lejos del carbón. Eso está pasando en Estados Unidos, que es el mayor socio comercial colombiano.

    Si Colombia no tiene futuro en carbón y sí en otras energías, ¿a qué se refiere?

    Hay potencial en energías renovables. En el país buena parte de la generación es hidroeléctrica y hay muchas oportunidades de desarrollar nuevos proyectos en la zona andina. También debo mencionar posibilidades en geotermia, al igual que en energía eólica y solar en el Caribe. Eso requiere evaluaciones ambientales muy profundas, pero no dudo de que las posibilidades están ahí.

    ¿Cómo hacerlo?

    Le sugiero al Gobierno que haga un estudio serio con los mejores científicos e ingenieros del país sobre las fuentes de energía renovables, qué se puede hacer para usarlas, y cómo se pueden almacenar lo que se genere.

    Una buena ingeniería es el siguiente paso pero, como hay riesgos, es necesario combinarla con expertos en clima. De todas formas, el futuro es prometedor e incluso Colombia puede no solo proveer su propia energía, sino que puede ser un exportador muy importante. Para hacerlo, la tecnología existe y aunque aún no es comercial, en algunos años podrá serlo. Menciono por ejemplo la opción de capturar el dióxido de carbono y producir combustibles líquidos que no sean fósiles, sino sintéticos.

    ¿Cómo ve la lucha contra la pobreza sobre la que tanto ha escrito?

    Nadie tiene una varita mágica para hacer que todo el mundo pase a pertenecer a la clase media en el 2030, pero sí se puede reducir la pobreza extrema a cero. Y ese debe ser el foco porque esa es la pobreza que mata: cuando no se tiene acceso al agua potable, a la alimentación básica, a la salud. Y esto tiene que acabar, para lo cual se requiere voluntad.

    Eventualmente, las fuerzas del mercado deberían hacer desaparecer la pobreza extrema, pero eso tomaría décadas porque muchas de esas personas ni siquiera hacen parte del sistema de mercado. Por eso señalo que no hay que depender del crecimiento económico para realizar las tareas que hagan falta. No es fácil porque muchos de los ricos no están de acuerdo en destinar algo de sus recursos para eliminar la miseria, pero es un tema de voluntad porque al final de cuentas no es algo que puedan resolver los economistas y ni siquiera el Papa. Esta es una obligación moral de la humanidad.

    O sea que no se trata de dinero...

    El problema no es el dinero, aunque claro que se requiere y hay mucho disponible. Creo que al menos el 1 por ciento de los recursos del segmento de altos ingresos bastaría para lograrlo, pero eso no es fácil de lograr. Me impresiona que en las sociedades más prósperas es más fácil conseguir fondos para la guerra, que al final no deja nada, que para este propósito.

    La inequidad está creciendo en el mundo y Latinoamérica ha mejorado pero todavía le falta mucho...

    Mirando el coeficiente de Gini, que es el mejor indicador individual, se ve que en los países escandinavos este es de 0,3, mientras que en Colombia supera el 0,5 y en Estados Unidos está entre 0,45 y 0,5 por ciento, lo que es alto para un país de ingresos elevados.

    La estrategia es preguntarse si un niño que nace en un hogar pobre tiene oportunidad de avanzar en la escala social o si va a ser pobre. En Estados Unidos la respuesta es que sí hay una alta probabilidad de que quien nace pobre se mantenga pobre.

    ¿Qué se puede hacer?

    El acceso a nutrición y educación para cada niño es el punto de partida. Y si no se tiene todo lo que uno desea, al menos un mínimo de buena educación secundaria y alguna formación adicional. De lo contrario, los únicos trabajos disponibles no serán suficientes para salir de la pobreza. Esto es resultado de otras inequidades en mercados, en calidad de vida, en poder político. Hay que preguntarnos cómo veremos a la sociedad en quince años. En Suramérica las cosas han ido en la dirección correcta, especialmente porque la gente de origen pobre puede acceder a mejor educación, pero como un todo la calidad del sistema educativo no es buena y hay muchas brechas en esa materia.

    ¿Eso explica el rezago en innovación?

    Cuando uno mira las comparaciones internacionales, América Latina no ocupa un lugar alto. Las diferencias son grandes en materia de matemáticas y ciencias con los países asiáticos. Hay una gran tradición en esta región de producir buenos artistas, literatos y diplomáticos, pero no científicos ni ingenieros. Los profesionales sobresalen en otros campos. Y la innovación comienza con las ingenierías.

    ¿Cuál es su visión sobre Colombia?

    Este es un país que quiero mucho. Tiene mucho potencial, es diverso, cuenta con varias ciudades grandes que pueden ser de clase mundial y él ha estado bien manejado por años, con gobiernos que han sabido lidiar con crisis muy complejas.

    Pero la paradoja es que si bien es uno de los países más moderados de la región en términos políticos, ha sido el que ha tenido la violencia más profunda en su historia. Y eso no es excusa porque la mayoría de problemas que uno ve aquí están en otras naciones. Todos los esfuerzos que se hagan para mejorar en este frente, serán un gran impulso para el país.

    ¿Cuál puede ser el dividendo de la paz?

    La paz siempre va a tener dividendos, empezando por la disminución del sufrimiento a nivel individual, que es incuantificable. En el plano económico, Colombia había sido vista como peligrosa para la inversión y esa imagen ha cambiado marcadamente en la última década. No obstante, si el conflicto acaba como producto de una negociación vendrá un impulso enorme. Eso atraería a muchas empresas de afuera que verán las posibilidades que tiene una nación diversa con un mercado interno que es importante.

    Fuente: Portafolio.co / Ricardo Ávila Pinto

  • ‘No podemos dejarnos ganar por los ambientalistas radicales’

    Natalia GutierrezLa jefa de la entidad que regula a la industria minera, dice que el Gobierno analiza si presentar o no una reforma al Código Minero. Asegura que las comunidades necesitan más información sobre el sector.
     
    Natalia Gutiérrez asumió hace una semana la presidencia de la Agencia Nacional Minera, en un momento en el que son más quienes critican al sector que quienes lo ven con buenos ojos.
     
    El 2014 no ha sido un año fácil para la industria. La locomotora minera no solo se desaceleró: en el segundo trimestre, se contrajo un 2,8 por ciento, sino que también se ha incrementado el número de comunidades que se oponen al desarrollo de proyectos mineros, lo que ha vuelto más lento la puesta en marcha de nuevas iniciativas de exploración y explotación.
     
    A esto hay que sumarle que la informalidad del sector es alta y esto le resta puntos a la reputación del sector.
     
    En estas condiciones, Natalia Gutiérrez, exviceministra de Minas y quien viene de trabajar con el Ministerio del Interior, asumió hace doce días la presidencia de la Agencia Nacional Minera (ANM). Portafolio habló con ella para preguntarle cómo encontró la casa y qué planea para que la entidad ayude a destrabar esta locomotora.
     
    ¿Cuáles son sus prioridades ahora que la ANM está a su cargo?
     
    Fiscalizar y descongestionar. La Agencia tiene ‘haciendo fila’ desde hace mucho cerca de 4.000 solicitudes. Hay una dificultad y es el famoso artículo 37 del Código de Minas, frente al que el Ministerio ya está pensando hacer una reglamentación, porque la norma nos pone una dificultad adicional y es que tenemos que socializar unos proyectos mineros antes de otorgar una licencia.
     
    ¿Van a presentar una nueva reforma al Código de Minas?
     
    El Ministerio de Minas está revisando si es prudente presentar una reforma al Código. Las cosas son siempre susceptibles de mejora, el Código se ha demorado en ser actualizado y hay que hacer claridades en algunas cosas.
     
    Hablando con el Ministro, creemos que sí es necesario un cambio. La cuestión es que no sabemos si es el tiempo oportuno.
     
    En estos momentos, el Gobierno tiene una gruesa carpeta de reformas que atender y ‘meter’ la nuestra dentro podría ser contraproducente.
     
    Y en cuanto al tema de fiscalización, ¿qué se tiene pensado?
     
    Simple. Quien ejerza sin tener un título está cometiendo un crimen y como cualquier crimen debe ser perseguido. Hay que identificarlos para ‘sacarlos del juego’, tanto a quienes ejercen sin permiso como para las compañías que están incumpliendo. La Agencia no se encarga de los ilegales, sino de quienes, con licencia, no están haciendo la tarea. Una de las cosas que queremos gestionar es una campaña con la Dian para que no se vendan materiales de construcción sin IVA.
     
    Sin embargo, si me hacen llegar las denuncias de quiénes trabajan sin licencias, yo haré la gestión para que sean escuchadas. La única manera que tenemos de luchar contra la minería ilegal es fortaleciendo la legal.
     
    ¿Qué opina del decreto que busca agilizar la aprobación de licencias ambientales?
     
    Primero quisiera aclarar un punto: no son licencias ambientales ‘express’, como algunos han optado por llamarlas. Son mecanismos de simplificación y optimización de trámite ambiental.
     
    El costo que estamos pagando de atrasos en este país es supremamente grande por cuenta de que las cosas no salen en el tiempo en que deben salir. El Ministro de Ambiente, muy eficiente, lo que está haciendo es tratando de acortar los tiempos, no los requisitos. Los parámetros para evaluar un proyecto no se van a tocar.
     
    Yo creo que hay que ser más responsables con esos ‘disparos al aire’ que lanzan los ambientalistas con ganas de formar escándalos donde no los hay.
     
    Lo cierto es que cualquier actividad minera tiene un costo ambiental…
     
    Sí, pero todas las compañías que están en una actividad legal tienen, no solo la obligación de volver a dejar el área con unas mínimas condiciones ambientales a como la encontraron, sino también de facilitar que se haga inversión en temas ambientales en otras partes.
     
    El sector minero ha estado siempre ‘en el ojo del huracán’ por cuenta de las comunidades que viven en las zonas donde se realizan los proyectos, o de quienes critican sus prácticas. Desde la Agencia, ¿qué se ha pensado para tratar esta problemática?
     
    El Ministerio de Minas está manejando el tema de conversar con las comunidades. Nosotros nos encargamos de acompañar a las compañías para que puedan hacer su trabajo como se debe.
     
    El sector tiene que entender que las empresas mineras no pueden tener un bajo perfil, deben acercarse a la gente y comunicar de qué se trata su labor. O convivimos con la comunidad con la que estamos trabajando o se nos va a seguir dificultando el desarrollo de nuestros proyectos. Por ejemplo, la Agencia tiene que acercarse mucho más a las políticas de desarrollo de los alcaldes en los POT. Tenemos que educar mucho más a la gente, explicarles de qué se trata el proceso minero, nos estamos dejando ganar la batalla por los ambientalistas radicales y no podemos permitirlo.
     
    'NO DIMOS TÍTULOS EN RESERVAS'
     
    La presidenta de la ANM le salió al paso a las denuncias del senador Iván Cepeda, quien denunció el otorga-
    miento de títulos mineros que se cruzan con zonas de reserva natural.
     
    Agregó que las concesiones mineras que están en zonas de páramo fueron adjudicadas antes de que se hiciera la declaratoria de estas áreas protegidas por parte de las autoridades.
     
    La ANM reportó que hasta el 20 de agosto del 2014 el Minambiente le envió la cartografía actualizada de los páramos del país.
     
     
    Fuente: Portafolio.co / Ana María Gutiérrez
     
     
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  • "La minería ilegal de oro genera más beneficios que el narcotráfico"

    Mina OroDice el político, ecólogo y escritor peruano Ernesto Ráez Luna quien analiza el conflicto que ha traído a su país el avance de la minería ilegal. En diciembre Lima será la sede de la Cumbre del Clima 2014.
     
    Ernesto Ráez Luna es político, ecólogo y escritor peruano. Hasta hace unos días trabajaba como asesor de alta dirección en el Ministerio del Ambiente de Perú –país que será sede de la Cumbre del Clima 2014 este diciembre–, puesto que dejó por discrepancias con las políticas ambientales actuales. En 2008, recibió el Premio Whitley para la Naturaleza por su trabajo de conservación de la cuenca del río Tambopata, una de las mayores concentraciones de biodiversidad de la Tierra. Ha trabajado durante años en la lucha contra la minería ilegal de oro en su país, y acaba de participar en la conferencia EcoHealth2014 en Montreal (Canadá).
     
    ¿Ha avanzado el Perú en su lucha contra la minería ilegal?
     
    El escenario de la minería ilegal en Perú ha cambiado mucho gracias al trabajo que hicimos en el gobierno. Ahora tenemos una cantidad enorme de instrumentos legales para forzar al estado a atender su complejidad. Para que te hagas una idea, la minería ilegal de oro genera más beneficios que el narcotráfico.
     
    ¿Cómo saben que es mayor que el tráfico de drogas?
     
    Por el trabajo que realizó una consultora, Macroconsult, que comparó la producción de oro declarada y la exportación. Ahí se vio que hay una tremenda brecha entre una cosa y la otra.
     
    ¿Qué es lo que ha cambiado en estas políticas?
     
    Existe una estrategia integral de aplicación de la ley e intervención de la fuerza pública que está relacionada con la incorporación de los verdaderos mineros artesanales y pequeños productores. Se trata de crear un proceso y un sistema mucho más limpio. Uno de los proyectos que tenemos en marcha en estos momentos es con Suiza. Se denomina Better Gold Initiative y establece una cadena de valor entre compradores suizos de muy alto nivel y productores certificados artesanales en Perú, formando una cadena muy sólida.
     
    Otra de las tragedias de este tipo de minería es su impacto medioambiental. ¿Qué consecuencias está teniendo?
    El enorme desafío está en la restauración ecológica, por todo lo que se ha destruido. Lleva asociada problemas de deforestación, pero de una forma devastadora. Es decir, no es la misma que puede provocar un agricultor, o la que causa un talador ilegal. Lo que queda detrás de esta minería no es un ecosistema degradado, sino tierra estéril sobre la cual no crece absolutamente nada, y además es tóxica.
     
    ¿Cuáles son los problemas que acarrea esta toxicidad?
     
    Los metales pesados movilizados por los mineros ilegales van al agua, se incorporan al ciclo ecológico, a la cadena trófica y eventualmente llegan a las personas. Esta toxicidad producida por mercurio y plomo afecta principalmente a las poblaciones indígenas, que son las que comen más pescado –donde se acumula el mercurio–. No les puedes decir que dejen de comer peces, pero desgraciadamente ese pescado está contaminado.
     
    Además del gobierno, ¿qué otros grupos colaboran con esta lucha?
     
    Trabajamos también con un grupo muy grande de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de investigación, como el Instituto Carnegie de la Universidad de Stanford, que es uno de los que aportó información más valiosa. Pero también están las empresas, como la consultora que hizo la evaluación del sector minero y descubrió la importancia de la minería ilegal en la economía.
     
    ¿Este mismo problema es extensible a otros lugares del planeta?

    Es un problema mundial y definitivamente amazónico. Todos los países de la cuenca del Amazonas tienen minería ilegal de oro en mayor o menor grado, y por ese motivo, tanto en la Comunidad Andina –formada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia–, como en la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica se han pasado resoluciones para colaborar entre países para tratar el problema de la movilización y el lavado de dinero a través del oro. Se sabe muy bien que los narcotraficantes están lavando sus ganancias a través de este metal precioso, que es mucho más fácil de tributar y producir, en realidad.

     
    La vigésima Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático(COP20) tendrá lugar en su país, en la ciudad de Lima, este diciembre. ¿En qué han estado trabajando en el Ministerio del Ambiente de Perú?
    Hace unos días que renuncié a mi puesto en el Ministerio, pero por supuesto que te puedo contar en lo que hemos estado trabajando hasta el momento. Lo más importante es la necesidad general de que como resultado de la COP20, en mayo del próximo año haya un borrador del nuevo acuerdo global, por el cual el mundo va a tratar de reducir sus emisiones y atender el cambio climático.
     
    ¿Qué tendrán que avanzar en Lima para que esto sea una realidad?
     
    Mucha gente, especialmente la sociedad civil, está esperando que en Lima se progrese en términos de la ambición de mitigación, es decir, en la reducción de emisiones antes de 2020, previo al nuevo acuerdo global. El Protocolo de Kioto sigue vigente en lo que se denomina segundo periodo de cumplimiento, pero no tiene ningún sentido quedarse con una mano encima de la otra en medio de la urgencia.
     
    En todo el mundo están de acuerdo con la urgencia, pero parece que se progresa poco en estas cumbres...
    El último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha conducido a una todavía más clara sensación de dicha urgencia. Estamos yendo por muy mal camino. La velocidad con la que se está produciendo el cambio climático es mayor que la que estaba prevista incluso en los modelos más pesimistas. Casos de tiempo extremo estamos sufriendo en todas partes. En esta COP20 los países se han obligado a presentar los elementos de la información que proveerán para comprometerse a nivel nacional en reducción de gases de efecto invernadero. Alrededor de este tema girará parte de la negociación y las mayores trabas.
     
    ¿Qué países presentan mayores reticencias?
     
    Como estarán obligados a expresar de forma más concreta sus compromisos de reducción de emisiones, ahí entra el tema de responsabilidades comunes pero diferenciadas, uno de los principios líderes de la convención. Es decir, algunos países están esperando a ver qué financiación tienen para decir lo que van a hacer. Sería el grupo de los no industrializados. Mientras que los industrializados, que son los que tienen que pagar la factura, están diciendo exactamente lo contrario: tú primero dime lo que vas a hacer y demuéstrame un cierto compromiso y entonces yo te ayudaré con el dinero que pueda.
     
    ¿Existe solución a estas posiciones enfrentadas?
     
    El mundo ha cambiado bastante en los últimos 20 años y hay un grupo de países emergentes que están incrementando de manera muy importante sus emisiones. Ya no son regiones no industrializados en términos de emisiones, y hay mucha presión para que asuman la responsabilidad que les toca. Alrededor de eso hay un fortísimo nudo.
    Por su parte, la Unión Europea está haciendo un gran esfuerzo, pero no encuentra precisamente solidaridad en el resto del mundo, particularmente en el industrializado. EE UU está también planteando un importante impulso, pero fuera de un protocolo y de las negociaciones. Eso hace muy difícil coordinar su consecución. Es un panorama muy complejo.
     
  • "Para alejar a los niños de la minería es necesario involucrar a las familias"

    Mineria InfantilEl testimonio de un joven de 16 años que pidió ayuda para estudiar y dejar de trabajar en una mina motivó a que familias, escuelas y la administración de Samacá se unieran para acabar con el trabajo infantil. 
     
    Wilson Castiblanco quería el progreso para Samacá, quería darle una proyección diferente y después de darle vueltas al asunto se convenció que no podría materializar ese deseo sin incursionar en la política. 
     
    Durante 11 años ha trabajado con el municipio y es consciente que la minería no se puede eliminar en dos segundos de la vida de este municipio boyacense. "Nosotros no estamos en contra de la minería, estamos a favor de una minería responsable, el gran reto es involucrar a todos los actores de este renglón de la economía. Hemos venido trabajando mesas de concertación con el sector minero desde donde tratamos temas ambientales, de producción, de responsabilidad social empresarial y la crisis que atraviesan", comenta. Es más, reconoce que hay empresas dedicadas al carbón que lo están haciendo bien y han contribuido muchísimo con la inversión social.
     
    Según dice la mejor forma de construir sociedad es invirtiendo en las personas y es fundamental hacer esa labor desde la infancia. Castiblanco recuerda cuando Juan Camilo Rodríguez Molina, un joven de 16 años,  le manifestó que trabajaba en el sector minero pero que quería estudiar, que quería tener  otro proyecto de vida y quería que la Alcaldía le ayudara. Finalmente el compromiso con el joven se hizo y el testimonio marcó tanto al alcalde que quiere convertir a Juan Camilo en la insignia de la prevención y la erradicación del trabajo infantil.
     
    Desde el Plan de Desarrollo, se hará un esfuerzo para trabajar de la mano con las instituciones educativas y la oficina de Acción Social que se encargará de llegar a toda la niñez y juventud. Hemos hecho la mayor inversión social en las escuelas de formación artística, cultural y deportiva, nos dimos cuenta que porque sí tenemos una dificultad con nuestros niños y es que no les brindamos espacios de sano esparcimiento", afirma.
     
    La Alcaldía también lleva a cabo un trabajo con las familias, ya que aseguran que es el núcleo de la sociedad , por eso idearon las escuelas de padres, donde es obligatorio que vayan mamá, papá, e hijos, para hacer con ellos un equipo de trabajo y así tener una sociedad más productiva y con más valores.
     
    Fuente: Sostenibilidad.semana.com
  • “En la minería ilegal existe la esclavitud del siglo XXI”

    Mineria Ilegal CianuroEl consultor del Comité Andino de Minería Ilegal de la Comunidad Andina de Naciones asegura que las Farc fuera de la guerra serán un peso menos para combatir la minería ilegal.
     
    Juan Antonio Fernández Jerí, consultor del Comité Andino de Minería Ilegal de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), llegó a Colombia para participar en el primer congreso mundial de la Policía rural. Este peruano, quien hasta hace poco fungía como alto comisionado para asuntos de formalización minera en su país, plantea un panorama optimista en la lucha contra la minería ilegal, tanto en Colombia, como en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. El consultor suramericano habló con El Espectador y adujo este buen panorama a raíz del trabajo en conjunto de las naciones en los últimos dos años.
     
    ¿Qué hace el Comité Andino de Minería Ilegal?
     
    La CAN le puso los ojos a esta problemática desde 2012 con la agenda ambiental que construyó ese año. En 2013 no estuvo activa por reestructuración, pero, con el nuevo secretario general de la CAN, Walker San Miguel Rodríguez, en 2014 se creó el Comité para empezar a crear sinergias, conocimiento, fortalecimiento de las capacidades de los estados miembros en la lucha contra la minería ilegal. Esta problemática, la cual afrontan las zonas rurales de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, compromete la biodiversidad envidiable que estos países poseen. Por ejemplo, Colombia posee el 10 % de la biodiversidad mundial y tener una actividad latente de minería ilegal le hace daño al país y al mundo.
     
    ¿Qué soluciones ha planteado el Comité para combatir la minería ilegal?
     
    Esta actividad tiene que hacerse bajo vigilancia del Estado y en territorios en los que se esté previamente autorizado. El lío aquí es que la minería ilegal se desarrolla en lugares alejados de las ciudades, a donde el Estado no llega y la población es muy pobre. En estas zonas existen comunidades indígenas y consejos comunitarios que necesitan ser protegidos, la minería ilegal contamina las fuentes hídricas. Reputadas universidades estadounidenses han reportado casos en que la salud de los habitantes se ve afectada por las aguas contaminadas. La minería tiene que seguir existiendo, pero de manera sostenible y con tecnologías limpias.
     
    Puntualmente, ¿qué actividades hacen los cuatro países (Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador) para combatir la minería ilegal?
     
    Hay reuniones binacionales entre las policías de los países para compartir las experiencias de cada país en la lucha contra este tipo de minería. Se intercambia información sobre todo en territorios fronterizos donde la minería se desarrolla, para que del mismo modo se desarrollen operativos conjuntos. Se comparten las experiencias de formalización de la minería para tener referentes y aplicarlos en cada país. Colombia, por ejemplo, reorganiza a las personas que trabajaban en minería ilegal para que se dediquen a producir en otros sectores, como el agrícola o el ganadero.
     
    ¿Cada cuánto ocurren estas reuniones entre los países?
     
    Estas reuniones, en las cuales hay representantes de la Fuerza Pública y de las cancillerías, se dan bimensualmente vía teleconferencia. Cabe aclarar que esto no dificulta las reuniones, por el contrario: facilita que más personas participen y sin necesidad de trasladarse. Actualmente y de manera conjunta se está construyendo el plan operativo contra la minería ilegal para el próximo año.
     
    En los últimos años hemos visto que los grupos armados en Colombia han priorizado la minería ilegal para financiarse, por encima del narcotráfico...
     
    Hasta el año pasado, los representantes de la Policía colombiana reportaron que el 70% del financiamiento de las Farc provenía de la minería ilegal. La buena noticia es que hemos pasado a una nueva etapa de la historia de Colombia en la que las Farc, la guerrilla más grande del país, no van a ser promotoras de la minería ilegal, facilitando la lucha contra este delito.
     
    Pero existe el peligro de que otros actores armados lleguen a ocupar esas zonas vacías.
     
    La minería ilegal se solucionará cuando el Estado haga presencia en estas zonas.
     
    ¿Qué actividades y/o delitos conexos trae la minería ilegal?
     
    La más grave que existe dentro de la minería ilegal es la esclavitud del siglo XXI: trata de personas, esclavitud sexual y laboral. Hay cientos de menores de edad y mujeres que son víctimas de estas aberraciones. Los países de la CAN, bajo el paraguas de los Protocolos de Palermo —que previenen, reprimen y sancionan la trata de personas—, realizan operativos en los campamentos rurales de minería ilegal.
     
    ¿Cómo ve el papel de la Policía rural en el posconflicto para luchar contra la minería ilegal?
     
    Cumple un rol fundamental porque son y serán los que acompañen a las comunidades que viven más alejada de las grandes urbes. Pero es importante que esa policía rural esté rodeada de las otras instituciones del Estado, sino, la labor de la policía rural se verá menguada.
     
    ¿Qué conclusiones ha sacado del Comité de Minería Ilegal y de este primer congreso internacional de minería ilegal?
     
    Este intercambio de experiencias permite nutrirse de conocimientos que logran abrir la mente y la baraja de soluciones para combatir la minería ilegal. Cuando uno conoce las realidades de los vecinos y que al mismo tiempo han superado grandes problemas, vemos que nuestros retos y desafíos tienen alguna solución. Es fundamental que los estados sean persistentes en la lucha para combatir estos problemas.
     
     
    Fuente: Elespectador.com 
  • “Minería en el Huila debe recibir apoyo del Gobierno Nacional”

    Mineros Cascos11La representante a la Cámara, Flora Perdomo Andrade, pidió organizar el sector minero en el departamento del Huila, tras advertir que la región está al borde de una catástrofe ambiental si las políticas regionales no son apoyadas por el Gobierno Central.
     
    La dirigente huilense puso el dedo sobre la llaga, durante un debate cumplido a instancias de la Comisión Quinta dónde se discuten los asuntos ambientales, mineros y agropecuarios.
     
    El debate, que contó con la  presencia de la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, puso sobre la mesa la problemática ambiental en las regiones por cuenta de la falta de controles  efectivos a la minería ilegal, así  como por la demora en los procesos de legalización de predios  mineros.
     
    La representante huilense aseguró que la legislación minera en Colombia es una “colcha de retazos”  y que no hay claridad en cuento a la normatividad, lo que genera confusión, desorden  y propicia  la permisividad  con las actividades ilegales.
     
    “Hace dos meses hubo una reunión institucional en el Huila con el Ministerio de Minas. Dicho Ministerio sigue tratando el tema de formalización minera pero aún no hay un proyecto piloto al respecto ni se ha socializado al país todo ese proceso que también tocó al Huila.  Nos deben decir  cómo se pretende formalizar la minería en las regiones. A la ANM (Agencia Nacional Minera) le falta más marco político claro. De la Ley 685 de 2001(código de minas) tuvimos una importante reforma La Ley 1382 de 2010 que luego tumbó la corte  constitucional y ahora hay 10 decretos que han tratado de reglamentar los vacíos que dejó esa ley. O sea, tenemos una colcha de retazos en la legislación minera nacional”, manifestó Flora Perdomo Andrade.
     
    De igual forma, Flora Perdomo reconoció que ha existido interés por parte del Ministerio en apoyar los procesos de formalización y construcción de bases de datos, aunque señaló que este acompañamiento debe ser mayor, ante el incremento del potencial minero que presenta el departamento del Huila.
     
    “Ha existido acompañamiento de la Dirección Nacional de Minas del Ministerio de Minas en cuanto a elaboración de base de datos y talleres de formalización minera pero el potencial minero que tiene el departamento del Huila requiere de un mayor acompañamiento de Gobierno Nacional, un presupuesto que a través de la secretario de Agricultura y Minería del Huila, pueda ayudar a cofinanciar las necesidades del sector”.
     
     
    Fuente: diariodelhuila.com
  • “Vamos a priorizar la formalización minera”

    Carbon PaleandoBogotá - La reforma a la institucionalidad pública del sector mineroenergético de 2012, estipuló varias metas para darle competitividad al sector. Aunque se han dado pasos clave, aún hay temas pendientes, como la completar la formalización minera y terminar varios proyectos estratégicos para el desarrollo de la actividad.

    Es por eso que la nueva viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, priorizará en su gestión dos frentes: generar las herramientas y políticas que ayuden a acelerar los proyectos estratégicos del sector y formalizar más mineros. De esa, Ulloa agregó que se mantendrá el ritmo de un sector que transfirió $1,5 billones en 2013, es decir, lo que cuesta un programa de Familias en Acción al año.

    ¿Cómo va el camino para cumplir las metas?

    Yo creo que las condiciones están dadas. Nuestros hitos son temas de infraestructura, y el centro del país, en donde la competitividad para ellos es diametralmente importante con vías terciarias, el ferrocarril. Así que creemos que se pueden hacer esfuerzos para cumplir las metas en 2015, si temas como Fenoco nos juegan a favor.

    ¿Cuál es la meta de 2015, en materia de carbón?

    El ministro se ha sostenido en unas 105 millones de toneladas.

    ¿Cuáles son los frentes en los que va a enfocar su gestión?

    Este Ministerio va a tener entre sus prioridades el apoyo a los pequeños mineros, para que se haga una minería bien hecha, que es la que nos genera esos recursos para los programas del Estado. También vamos a seguir en la política de formalización, lo que incidirá en las cifras y el lado social.

    ¿Qué se va a hacer en el tema de formalización?

    Hay que recapitular que este Ministerio sufrió una reforma importante con la creación de la ANM y este viceministerio de Minas. Y allí se creó una dirección de formalización minera, pensado en que hay una tarea muy importante que hacer con la pequeña minería. Ya contamos con una política, y eso es muy importante. A mí me compete aplicarla, pero ya hay resultados. Sin embargo, es una problemática tan grande, que cuesta medirla.

    ¿Cuánto se conocerá esos resultados?
    Esto es por pasos. Hay pequeños mineros con títulos que no cumplen con la reglamentación, entonces lo primero que debemos hacer es asegurarnos que lo hagan. Debemos trabajar en que cada uno de los escalones que se han identificado, sean medibles. Yo creo que el próximo año ya deberemos tener todas las cifras medibles, pero hasta ahora hemos hecho un trabajo gigante en capacitación.

    ¿Cuál es la meta que tienen?
    Esas metas las vamos a plantear en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para decirle al país lo que vamos a hacer en cuatro años, tanto de forma interna, como a la luz pública.

    ¿Cuánto prevé que va a crecer la minería este año?
    El producto Interno Bruto (PIB) ha estado en 2% en los últimos tres años, así que este año vamos apostarle a mantenerlo.

    Las Opiniones:

    Santiago Ángel
    Presidente de la ACM
    “Cualquier cosa que ocurra con este sector impacto el pib nacional, por eso debemos ser más competitivos”.

    Fuente: Larepublica.co / Merian Araujo R.

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  • Acciones contra la minería ilegal ejecutó la policía en el macizo colombiano

    Miembros de la policía de Cauca denunciaron que el ELN se podría estar lucrando de esa actividad en esa zona del país

    Mineria Ile1En acciones contra la minería ilegal, la policía clausuró cinco minas ilegales de oro en pleno macizo colombiano, donde se trata de evitar a toda costa se siga cometiendo este grave delito ambiental, que en muchos casos desarrollan organizaciones criminales y personas sin escrúpulos.
     
    La operación fue ejecutada en el municipio de Almaguer donde labores de investigación permitieron además inutilizar maquinaria y químicos usados para excavaciones a cielo abierto y de manera indiscriminada.
     
    El subcomandante de la policía Cauca, coronel Nelson Díaz, dijo que al parecer integrantes de la compañía "Camilo Cien Fuegos" del Eln se beneficiaban de la actividad criminal.
     
    Mediante esta acción para cerrar estos socavones ilegales, comienza a recuperarse el cauce de quebradas y ríos donde se vierten mercurio y otras sustancias tóxicas que afectan a la comunidad.
     
    La policía, el ejército, el CTI han anunciado acciones coordinadas para seguir interviniendo las zonas afectadas y con las entidades ambientales recuperar el medio ambiente golpeado con esta actividad en el macizo colombiano, donde nacen los principales ríos del país.
     
     
    caracol.com.co
     
     
  • Agencia Nacional de Minería cancelará los títulos morosos

    Mina CierrEn el país hay 1.029 títulos mineros que están en mora con por el pago del canon superficiario.

    Son estos los que podrían ser declarados caducos, por parte de la autoridad, si no se ponen al día con sus obligaciones, de acuerdo con lo informado por la Agencia.

    El canon superficiario es el valor que debe pagar todo titular minero, quien tiene un derecho sobre un área para explorar o explotar los recursos del subsuelo, antes de que inicie la producción.

    En otras palabras, es el derecho que pagan los mineros en las fases de exploración, construcción y montaje de las minas. Su valor se calcula según el número de hectáreas del título y según el tiempo que tenga el titular con el mismo.

    La Agencia indica que en el último proceso de seguimiento, control y fiscalización minera encontró que, de los 1.029 títulos con obligaciones pendientes, 912 son títulos vigentes y el resto (117) son títulos que ya están vencidos.

    Sin embargo, aclara la entidad, la obligación de pago en estos últimos casos sigue vigente y serán cobrados legalmente.

    “Una minería responsable y bien hecha también implica el cumplimiento de las obligaciones económicas pactadas entre el concesionario y la Nación. Por lo tanto, requerimos que los titulares hagan los pagos correspondientes y le cumplan con esto al país”, declaró la presidenta de la ANM, Natalia Gutiérrez Jaramillo.

    Este tipo de inconvenientes se presentan prácticamente en todo el país, en 29 departamentos. Los que registran mayor número de morosos son Bolívar, donde se concentra el 20 por ciento del total de títulos con obligaciones pendientes, y Boyacá, con el 13 por ciento.


    Fuente: Portafolio.co

  • Al menos mil mineros operan ilegalmente en Santurbán

    Mina OroA partir de la próxima semana iniciarán los cierres de las principales bocaminas de Eco Oro y AUX en el municipio de California, Santander. Hoy se conocerían las nuevas coordenadas del páramo.
     
    La situación de ilegalidad en la minería de California, Santander, se salió de las manos.
     
    Este municipio que alberga dos de los proyectos más grandes de minería de oro en el país, frenados ante la incertidumbre de las coordenadas y el plan de manejo del páramo de Santurbán, enfrenta una invasión de minería ilegal protagonizada por habitantes de la región y personas que llegan de otras zonas del país.
     
    Estimaciones de la Personería de California calculan que son mil personas las que están entrando de manera ilegal a las minas, incluyendo menores de edad y mineros que vienen de Norte de Santander, Antioquia y el Cauca.
     
    En febrero de este año, cuando Portafolio denunció este problema, se reportaban entre 200 y 300 mineros extrayendo el mineral de manera ilegal de los túneles de las empresas mineras.
     
    Pero la escalada de esta situación llevó a las autoridades locales a ordenar el cierre de las principales bocaminas de las empresas AUX y Eco Oro, dueñas de los títulos mineros que están siendo explotados ilegalmente.
     
    En principio, serán cuatro las bocaminas selladas con rejas, arena y rocas. El cronograma planteado por las empresas y la Alcaldía municipal señala que entre el 5 y el 14 de agosto se clausurarán las minas Las Paredes, La Perezosa, La Armenia (también conocida como El Indio) de propiedad de Eco Oro y La Bodega, de AUX.
     
    PROBLEMA SOCIAL
     
    “Ya hemos tenido dos casos graves de accidentes por esta situación; en uno de ellos estuvo involucrado un menor de edad y en otro hubo un adulto que quedó con incapacidad total por un desprendimiento en una mina. Se han registrado otros casos de accidentes, pero menos graves”, reportó Ciro Arias, personero municipal.
     
    Estas no son las únicas minas en las que se está presentando esta situación, pero son en las que se han registrado mayor presencia de los ilegales. De hecho, en Vetas, municipio vecino, también se da este fenómeno, en los títulos de la firma Leyhat.

    Esta minería ilegal, que coloquialmente se le conoce en la región como ‘galafardeo’, consiste en que van grupos de 8 a 12 personas, que armados con picos y palas desprenden las rocas de los socavones, que, en algunos casos, contienen aún abundante mineral.
     
    Las rocas se las llevan en sacos para procesarlas en sus casas y para extraer el oro en plantas artesanales.
     
    De acuerdo con Arias, en una jornada de ‘galafardeo’, los mineros pueden extraer desde 300 mil hasta 300 millones de pesos, si cuentan con suerte. El atractivo económico de esta actividad ha llevado también a un aumento de la deserción escolar, pues muchos jóvenes prefieren dedicarse a la minería ilegal para tener ingresos que seguir en el colegio.
     
    Además del problema de seguridad para los mineros, los daños ambientales causados por esta actividad pasan a ser responsabilidad de las dueñas de los títulos, por eso las compañías solicitaron amparos administrativos que les permitieran exigirle a la autoridad local acciones policivas.
     
    Cabe recordar que las fuentes de empleo formal de California eran las empresas AUX y Eco Oro y sus contratistas, pero estas firmas están operando a su mínima capacidad, por lo que hay más de mil personas desempleadas.
     
    INCERTIDUMBRE LATENTE
     
    La ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, aseguró ante los alcaldes de la zona que hoy se entregarán las coordenadas definitivas del páramo de Santurbán. Y anunció fuertes medidas para frenar la ilegalidad en la zona.
     
    Sin embargo, lo que aún se desconoce es cuándo presentarán el proyecto de ley que determinará de qué manera se ordenará el territorio del páramo.
     
    El caso Santurbán marcará la pauta con relación a los demás 33 páramos del país, cuyos límites deberán ser precisados por el Minambiente.
     
    NUEVO DEBATE EN EL CONGRESO
     
    La bancada santandereana en la Cámara de Representantes citó a los representantes del ministerio de Agricultura, Ambiente y del Interior a un debate de control político por la falta de claridad entorno a las coordenadas del páramo de Santurbán y los lineamientos que se utilizarán para ordenar este territorio, luego de que se adopte la nueva cartografía.
     
    A la discusión también fue invitada la Agencia Nacional de Minería, ANM.
     
    Y es que además de la nueva delimitación los congresistas indagarán por el proyecto de ley que fijará las reglas de juego para el manejo de los páramos en Colombia.
     
    Nohora Celedón
     
    Economía y Negocios
     
    Fuente: Portafolio.co
  • Alianza del Pacífico puede convertirse en bloque minero mundial

    Minerales En Mano1Agregó que el fortalecimiento y desarrollo de la actividad minera, beneficia a las economías locales dado que contribuye con su aporte a mejorar los niveles de calidad de vida de la población.

    “Dentro de la AP nos encontramos importantes países productores de metales del mundo y unidos nos permitirá optimizar la capacidad de negociación en los mercados internacionales", dijo Alberto Salas lider de los empresarios de Chile.

    La Alianza del Pacífico (AP) abre una oportunidad de oro para que Chile, Perú, México y Colombia unidos se puedan convertir en un bloque minero mundial que beneficiará a sus habitantes, aseveró Alberto Salas, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile.

    “Dentro de la AP nos encontramos importantes países productores de metales del mundo y unidos nos permitirá optimizar la capacidad de negociación en los mercados internacionales, mejoras tecnológicas o el intercambio de trabajadores. Separados nos costaría mucho hacerlo, pero unidos podemos lograrlo”, refirió Salas, quien participa en el 12° Simposium Internacional del Oro y la Plata organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en la ciudad de Lima.

    Agregó que el fortalecimiento y desarrollo de la actividad minera, beneficia a las economías locales dado que contribuye con su aporte a mejorar los niveles de calidad de vida de la población.

    Al 2015 la población que vive en la Alianza del Pacífico suma más de 216 millones de personas y tiene un Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de US$9.910.

    “El hecho de abrir la frontera es beneficioso. Hoy ya lo vivimos, tenemos cientos de peruanos viviendo en Chile y su migración ha constituido un aporte para mi país. Por lo tanto, y basado en dicha experiencia, puedo señalar que la oportunidad de libre tránsito de la Alianza del Pacífico nos permitirá ser países más competitivos”, declaró Salas al culminar su intervención en la mesa redonda Perspectivas de la Economía Mundial.

    Explicó que la Alianza reconocerá, por ejemplo, un certificado de capacitación para los trabajadores expedido en el Perú, en México, Chile o Colombia. “Esto nos permitirá tener personal mejor capacitado en menor tiempo”, subrayó.

    La Alianza del Pacífico incluye un Acuerdo Comercial que facilita el comercio entre los cuatro países a través de la reducción arancelaria, la disminución de obstáculos al comercio, la solución de controversias, la agilización de las operaciones de importación y exportación, y la facilitación del comercio de servicios, comentó Salas.

    Recordó que existen 42 países del mundo en calidad de observadores en la Alianza del Pacífico. El Producto Interno Bruto de los países de la AP reúne el 38% del Producto Bruto Interno total de América Latina y el Caribe, además en conjunto suman aproximadamente el 50% del comercio exterior de América Latina.

    Fuente: Americaeconomia.com

  • Análisis - La locomotora minera, con rumbo indefinido

    Mineros CascosEl superciclo de precios de las materias primas impulsó nuevas inversiones para la industria extractiva en el país. Sin embargo, pocos proyectos se han concretado.

    La historia reciente de la actividad minera colombiana está marcada por altos y bajos, que quedan en evidencia al ver los gráficos que dan cuenta de la evolución del sector en materia de generación de riqueza (PIB), inversión extranjera directa y exportaciones.

    Sin embargo, basta con mirar las cifras de producción de minerales para darse cuenta de que, pese a los altibajos, el sector ha avanzado.

     Colombia es el quinto mayor exportador de carbón del mundo, ocupa el lugar número once en materia de producción y sus reservas en este recurso podrían durar por más de cien años.

    Tanto en carbón como en oro la producción se ha multiplicado por dos y en materia de ferroníquel el incremento ha sido más discreto.

    En la última década, Colombia logró capturar parte de la inversión de empresas mineras que inundó el mercado global gracias al llamado ‘superciclo’ de precios de los minerales.

    Desde el 2009 hasta el 2013 minerales como el carbón, el oro y el cobre tuvieron cotizaciones máximas históricas y los inversionistas aprovecharon la coyuntura para buscar nuevos recursos.

    A Colombia, por ejemplo, llegaron más de 60 compañías júnior, para invertir en proyectos de exploración en la última década, aunque de toda esa inversión solo una de esas iniciativas se ha podido concretar en una obra en construcción. La mina de oro San Ramón, de la empresa canadiense Red Eagle.

    El boom de la minería se empezó a notar desde el 2005, cuando la inversión extranjera directa para el sector minero fue de 565 millones de dólares. En el 2013 la cifra llegó a los 661 millones de dólares, es decir el 17 por ciento de toda el capital extranjero que llegó al país de nabera directa, ese año.

    En medio de este auge de precios el país también decidió darle un vuelco a sus instituciones mineras.

    Así, el Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras, Ingeominas, que era la autoridad del sector, se divide en el Servicio Geológico Colombiano, encargado del conocimiento del subsuelo, y en la Agencia Nacional de Minería, que tiene la función de administrar la actividad del sector.

    Ambas instituciones han logrado que hoy Colombia conozca con qué recursos cuenta en materia minera, precisó, por ejemplo, el potencial en cobre.

    Pero también la actividad de fiscalización de la Agencia dejó en evidencia los altos niveles de informalidad de las explotaciones que persisten aún en minas que tienen títulos mineros legales.

    EL VAIVÉN DE LAS METAS

    El principal producto minero de exportación de Colombia es el carbón, y lo que pasa con este mineral, refleja una tendencia en la industria extractiva nacional.

    La presencia de grandes jugadores internacionales como Glencore, AngloAmerican, BHP Billinton y Drummond han permitido al país mantener su preponderancia en materia carbonífera. Aunque los bajos precios llevaron a replantear las metas.

    Basta recordar que según el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el año pasado el país debió alcanzar una producción de 124 millones de toneladas y el año pasado no fue posible alcanzar ni los 90 millones de toneladas.

    El freno que se ha visto en los últimos dos años a la actividad carbonífera tiene que ver con dos factores que han golpeado a toda la industria extractiva: los bajos precios de las materias primas, pero también a la conflictividad social y laboral entorno a toda la industria minera.

    En el 2013, por ejemplo, hubo paros laborales en Colombian Natural Resources, Drummond y Cerrejón lo que detuvo la producción. Este año, el freno viene por cuenta de una decisión de la Corte Constitucional que impide el tránsito nocturno del tren carbonero de Fenoco, lo que podría frenar la extracción de cerca de 15 millones de toneladas de carbón del Cesar.

    Algo similar ha ocurrido con minerales como el oro, el ferroníquel y las esmeraldas, donde hay proyectos e intenciones de invertir, pero las empresas se quejan de inestabilidad jurídica.

    ORO, ENTRE LA ILEGALIDAD Y PROYECTOS FRENADOS

    Las reservas de oro en Colombia podrían posicionar al país como uno de los países con mayor producción de Suramérica. Pero el desarrollo de los proyectos ha encontrado con varios obstáculos.

    El principal de ellos tiene que ver con las ubicaciones de los yacimientos, que, en muchos casos, se encuentran en ecosistemas sensibles, por lo que el eventual desarrollo de las minas genera preocupaciones ambientales.

    Exactamente este es el caso de los proyectos mineros de la provincia de Soto Norte, en Santander. Parte de los títulos mineros de empresas como Eco Oro y Leyhat quedaron dentro del páramo de Santurbán, un ecosistema protegido, lo que impide el desarrollo de las minas, como estaban planeadas.

    Otros proyectos en exploración, como La Colosa, de AngloGold Ashanti, se han encontrado con una gran oposición por parte de las comunidades, aún cuando todavía no se ha definido qué tipo de mina se pretende construir.

    Pese a la ausencia de proyectos de mediana y gran escala en el país, la producción de oro ha crecido, y algunas voces como la de la Asociación Colombiana de Minería, temen que buena parte de esta nueva producción es ilegal.

    Las cifras oficiales indican que hay más de 186 municipios del país con explotaciones ilícitas de oro, en algunas zonas esta actividad es utilizada para financiar grupos al margen de la ley.

    EL FERRONÍQUEL, EN LA LUCHA POR MANTENERSE

    Entre los diez productos de exportación más importantes del país se encuentra el ferroníquel, que se produce en Cerro Matoso, una mina ubicada en Montelíbano.

    Sin embargo, tanto los precios de este mineral, como la declinación de los yacimientos tienen a la empresa buscando alternativas, ya no para crecer, sino al menos para mantenerse en el mercado.

    De las 50.000 toneladas de mineral que producía la mina hace unos años, en el 2015 la compañía espera cerrar con una producción de 38.000 en el mejor de los casos.

    Fuente: Portafolio.co

  • ANM controla la comercialización de minerales que tienen origen ilícito

    ANMEl Registro Único de Comercializadores de Minerales RUCOM, puesto en marcha a partir del primero de enero de 2015, le permite al Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Minería, controlar la extracción ilícita de minerales y generar incentivos para la formalización minera.
     
    El RUCOM es una herramienta para controlar que en el país se comercialicen solamente minerales que tengan origen lícito, eso significa que se pueda demostrar que provienen de titulares mineros en etapa de explotación; solicitantes de los programas de legalización y de formalización de minería tradicional en trámite; beneficiarios de Áreas de Reserva Especial o sea comunidades mineras que adelantan explotación tradicional de minerales en un área declarada y delimitada por la ANM; subcontratos de formalización minera; y barequeros debidamente inscritos ante las alcaldías municipales.
     
    En este último caso, hay una función muy importante que ejercen los alcaldes y que está contemplada legalmente desde 1988 y que hoy sigue vigente a través de la Ley 685 de 2001, según la cual, las alcaldías deben inscribir a los barequeros vecinos del lugar en que se realice la actividad. Las alcaldías además deben facilitar a estos ciudadanos la inscripción y remitir a la ANM los listados de las personas inscritas,  a fin de que sean publicados en el RUCOM.
     
    “Hacemos un llamado a los alcaldes del país, para que ejerzan la responsabilidad que les otorga la Ley. Requerimos como Autoridad Minera que los mandatarios locales nos suministren el listado de quienes clasifican en la categoría de barequeros, para que de esta manera nosotros podamos controlar la actividad y algunos temas claves como el tráfico de regalías y la evasión de impuestos”, afirma la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Natalia Gutiérrez Jaramillo.
     
    Para la autoridad minera también resulta preocupante que municipios que reportan alta producción de oro, no tengan títulos mineros vigentes bajo su jurisdicción y que tampoco los alcaldes reporten sus listados de barequeros. Según datos extraídos del proceso de fiscalización de la ANM, se estableció que sólo 134 títulos en todo el territorio colombiano están explotando metales preciosos. La producción de esos títulos equivale solamente al 17% de la producción total de oro, de acuerdo a las exportaciones anuales.
     
    “A través del RUCOM, el Gobierno Nacional busca que compradores y comercializadores, solo puedan adquirir los minerales registrados en las listas que expida la Agencia Nacional de Minería, y que cuenten con su respectiva certificación. El propósito de esta nueva herramienta es darle mayor transparencia y control a la actividad comercializadora de minerales en Colombia, evitando que sea utilizada para lavado de activos y financiación de grupos armados al margen de la ley. La minería no puede ser usada como el vehículo para la financiación de actividades ilícitas,” puntualiza Gutiérrez Jaramillo, quien a su vez aclara que es más eficiente en costos y tiempo la lucha contra la explotación ilegal de minerales, si se previene y se controla a través de la comercialización.
     
    Actualmente la explotación ilícita de minerales se combate a través de operativos de la Fuerza Pública por todo el territorio nacional. Con el RUCOM se complementa ese control desde el lado de la demanda, favoreciendo a quienes hacen la minería bien hecha y aportan a través de las regalías, para el desarrollo del país y de los colombianos.
     
     
    Por: Paisminero.co / CP - ANM
     
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  • Antioquia emprende Plan Piloto Nacional para formalizar la minería ilegal

    Mineros ArtesaEl proyecto arranca en el municipio de Buriticá, Antioquia, y beneficia a unos 450 mineros.

    Con el apoyo del gobierno de Antioquia, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera, Corantioquia, la Alcaldía de Buriticá y la empresa minera Continental Gold, comenzó un plan piloto de formalización de minería ilegal o informal en esa localidad del occidente del departamento.

    "El proceso avanza exitosamente. En estos momentos hay conformadas 8 asociaciones que están integradas por 450 mineros que antes estaban en la ilegalidad y hoy están en ese proceso de entrar al marco legal", afirmó Julián Bernardo González, vicepresidente de Sostenibilidad de la empresa Continental Gold.

    Agregó: "El 15 de noviembre debemos tener ya los contratos en el registro minero. Los mineros vienen trabajando un año, finalizar este año este proceso para mostrarlo al país; porque este tema de formalización es un tema nuevo para el país, de hecho nosotros los antioqueños estamos desarrollando lo que se puede considerar más adelante el proceso de formalización para el país".

    El señor González admitió que, a pesar de este trabajo, en la zona existen grandes problemas de explotación informal.

    "El sector de los Chorros, en Buriticá, es un punto muy complejo, donde hay aproximadamente 1500 personas que están en la minería ilegal. Para que tengan una idea de la ilegalidad, antes había unas 6 mil personas hace 2 años y hoy existe una comunidad flotante de unas 14 mil personas circundando por las áreas del proyecto minero", afirmó el vicepresidente de Sostenibilidad de la empresa Continental Gold.

    En el impacto social en la zona, los orientadores iniciaron una socialización general sobre la propia formalización, el trabajo de intervención a la pequeña minera, la valorización del proyecto y por último la exploración.




    Fuente: caracol.com.co


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  • Antioquia lucha por frenar la minería ilegal

    Mineria Oro 2El departamento es uno de los principales productores de oro de Colombia. Tiene mucha informalidad.

    Una extraña contrariedad estremece a Antioquia por estos días. El responsable es su oro. Ese que tiene dibujado hasta en su escudo. El departamento es el principal productor de este metal en el país con 23.605 kilos reportados en el 2015, que representan el 43,52 por ciento de la producción nacional. Muy por encima de Chocó, que lo sigue con 14.547 kilos.

    Sin embargo, esa inconmensurable riqueza se asienta en territorios marcados tradicionalmente por la pobreza y la violencia. 

    Esa paradoja se vio agravada durante esta semana que pasó cuando estalló un paro minero en Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño, y que luego de 15 días de protesta deja una persona muerta, más de 20 lesionados, 300 locales comerciales cerrados, desabastecimiento de alimentos y al menos 12.000 estudiantes desescolarizados. La situación ha sido tan tensa que algunos ciudadanos están saqueando tiendas y restaurantes escolares, además de puertas del comercio, el cual se encuentra cerrado.

    A esta problemática se sumó lo acontecido en Buriticá, occidente del departamento. La semana pasada, siete contratistas de la Continental Gold quedaron atrapados en un túnel mientras realizaban una inspección para comprobar que no hubiese mineros ilegales allí. Uno de ellos logró salir por sus propios medios, los demás fallecieron, al parecer, asfixiados por inhalación de gases.


    Mateo Restrepo, presidente de la Continental Gold, aseguró que están convencidos de que sus contratistas fueron atacados y asesinados. Ninguno de ellos era de Buriticá, sino de Bogotá, Pereira y Montería. Frente a estos hechos, hizo un llamado a la justicia para que dé con los responsables.

    ¨Todavía hay focos de minería ilegal, hay algunos que tras ser desalojados buscan cómo volverse a meterá la Al respecto, Humberto Castaño, mandatario local, dijo que no es posible asegurar que las muertes hayan sido provocadas, pero estuvo de acuerdo con Restrepo en la necesidad de mantener pie de fuerza en el municipio. “Todavía hay focos de minería ilegal, hay algunos que tras ser desalojados buscan cómo volverse a meter a las minas. A algunas bocaminas les han violado las tapas y reingresaron, hay minas que han sido selladas dos y tres veces”, sostuvo. Denunció, además, que las autoridades se han retirado paulatinamente de Buriticá.

    Este es uno de los municipios modelo del país en la lucha contra la minería ilegal, pero hoy vive la preocupación por la reactivación de bocaminas ilegales, cuyo cierre fue ordenado por el Gobierno Nacional y departamental durante la operación Creta, que empezó en abril del 2016 y que tuvo resultados muy exitosos, según las autoridades.

    Hasta el momento han cerrado 213 bocaminas. Asimismo, decomisaron más de 100.000 millones de pesos en insumos y materiales utilizados en minería ilegal.

    Y es que, precisamente, la ilegalidad es uno de los detonantes de este nuevo conflicto. El otro es el uso del mercurio. Jairo Villa, un pequeño minero productor de oro desde hace 30 años, arriesga su vida en un angosto socavón en Remedios, donde hay unos 11.000 mineros que trabajan en aguas turbias, en excavaciones largas y profundas o entre el barro en busca del metal que sostiene al 80 por ciento de la población de ese municipio.

    Villa aseguró que antes del paro minero, que completa 15 días de disturbios, llevaba casi dos semanas sin poder comercializar ni un solo gramo del metal que les da de comer a él y a su familia, conformada por siete personas.

    La razón radica en que el 27 de julio pasado empezó a regir el Decreto 1102, que exige a los mineros acreditar la procedencia lícita del metal con la identificación de la mina de la que provienen, mediante certificación de origen expedida por el beneficiario del título minero o constancia expedida por la respectiva Alcaldía para las labores de barequeo.

    “Con las compraventas ya no se puede negociar porque nos tratan de ilegales. Esa fue una de las razones por las que salimos a paro, pues el oro que recogimos lo tenemos guardado. El Gobierno exige cosas imposibles de cumplir y no nos da la oportunidad de formalizarnos”, afirmó.

    El alcalde de Segovia, Gustavo Tobón Vélez, dijo que el paro ha generado problemas sociales y de orden público. “La situación es crítica porque los disturbios han sido en los alrededores del hospital principal, los bloqueos viales evitan el traslado de heridos e incluso en las instalaciones del centro médico ha circulado gas lacrimógeno que afecta a los pacientes”, agregó.

    El mandatario dijo que el gran problema es la normatividad. En Segovia, dijo Tobón, la mayoría de los habitantes explota el mineral, pero hay pocas licencias, la gente trabaja casi sin medidas ambientales, de salubridad y de seguridad.

    En lo que coincidió la alcaldesa de Remedios, Lucía Carvajal, quien explicó que además de los problemas para comercializar el oro, el Gobierno exige cero mercurio. Quien lo use, podría ir a la cárcel.

    La mandataria aseguró que es complejo formalizar la cadena productiva del oro, legalizar las licencias ambientales y cumplir con exigencias que requieren de mucha inversión y tecnología. “Si bien, hay formas de extraer el oro sin usar mercurio, es un cambio que debe ser gradual, no de un día para otro. La legislación minera está diseñada para grandes productores, no para pequeños, la norma es igual para multinacionales y los mineros informales, es un problema muy grave”, reiteró la alcaldesa.

    Villa contó que lleva tres décadas trabajando con mercurio y que si el Gobierno quiere erradicarlo debe ofrecerles alternativas asequibles para ellos. “La multinacional Gran Colombia Gold vino a explotar la minería al nordeste y exprimir al pequeño minero. El Gobierno quiere acabar con los entables, cerró la compra de oro, todo depende de la minería”, añadió.

    ¿Cuántos mineros son?

    Según la Secretaría de Minas, en el último censo, cerca de 40.000 personas, como Villa, se dedican a esta actividad que se desarrolla en 1.448 títulos mineros vigentes, los cuales representan un área de 1'077.587 hectáreas. Eso representa el 17 por ciento de superposición en el departamento.

    Sin embargo, el gran problema de la región es que no se sabe con certeza el número de mineros ilegales que hay en Antioquia. “Trabajamos fuertemente en materia de caracterización, tenemos claro dónde están los títulos otorgados, cuáles son las áreas de influencia y qué actividad se está realizando allá en ejercicio de fiscalización, pero la extracción ilegal de minerales no está caracterizada, hay avances en algunos municipios, pero seguimos trabajando”, manifestó Liz Margaret Álvarez, secretaria de la dependencia.

    Sin embargo, agregó que tanto el bajo Cauca como el nordeste y occidente son las zonas más álgidas en presencia de extracción ilegal de minerales. También, que los municipios con mayor producción de oro son El Bagre, Segovia, Caucasia, Remedios, Zaragoza y Tarazá.

    ¨En Antioquia hay 1.600 explotaciones mineras informales, pero se trata de un subregistro, porque no hay una cifra certera avalada por todas las autoridades¨

    En el informe ‘La minería sin control: un enfoque desde la vulneración de los Derechos Humanos’, publicado por la Defensoría del Pueblo, se citó al boletín temático de salud de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, el cual señalaba que “en Antioquia hay 1.600 explotaciones mineras informales, pero se trata de un subregistro, porque no hay una cifra certera avalada por todas las autoridades competentes”.

    Por su parte, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, aseguró que el Gobierno Nacional no está dispuesto a negociar la legalidad.

    “Defendemos la no utilización del mercurio y la legalidad en la comercialización del metal. En muchos casos, el oro es extraído con productos que contaminan y acaban con nuestros ríos y territorios”.

    ‘El país debe tener minería bien hecha’

    El viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, advirtió que en el país debe haber minería bien hecha, que alcance estándares de calidad: “No por ser pequeños debemos permitir que contaminen y comercialicen el oro de cualquier forma y que, en algunos territorios con problemas de ilegalidad, esto sirva para el financiamiento de grupos al margen de la ley”.

    Cante aseguró que avanzan en el proceso de formalización de los mineros desde el 2011 y agregó que se han legalizado 36 unidades de producción minera, que benefician a cerca de 2.500 trabajadores.

    El viceministro de Minas indicó que se han identificado más de 400 plantas de beneficio asociadas a título minero que utilizan ese elemento químico.

    La Gobernación del departamento estima que Antioquia es el territorio más contaminado por mercurio en el mundo, pues se utilizan entre 100 y 120 toneladas de ese elemento al año.
    El funcionario de la Presidencia añadió que el Gobierno Nacional está dispuesto a seguir los diálogos con los mineros que se encuentran en paro, pero no se sentará con ellos mientras mantengan acciones violentas.

    Fuente: Eltiempo.com

     

     

  • Así entra al país el mercurio que envenena pueblos y ríos

    Una red transnacional importa legalmente el metal desde México y lo desvía a minería de oro ilegal.Una red transnacional importa legalmente el metal desde México y lo desvía a minería de oro ilegal.Hay dos guerras que el país está perdiendo y ambas envenenan gente. Una de ellas es contra los cultivos ilícitos de coca y la otra, contra el uso del mercurio para la explotación ilegal de oro que además de contaminar 232 ríos del país, está enfermando silenciosamente a pobladores de al menos 373 municipios. 
     
    Se calcula que de las 118,8 toneladas de ese metal que ingresan legalmente al país cada año, un 50 por ciento termina en la minería ilegal. Pero hasta ahora nadie sabe cómo y lo más grave es que, por la naturaleza líquida del mercurio, se mimetiza y moviliza clandestinamente y esto hace prácticamente imposible su persecución.
    EL TIEMPO rastreó la ruta del ‘veneno plateado’ y estableció que una parte va a negocios legales de bombillas, termómetros, farmacéutica y odontología. Pero, también, que un puñado de importadores legales es el responsable de parte de la tragedia ecológica y sanitaria que carcome al país.
     
    Información obtenida por reporteros de este diario y corroborada por la Dirección de la Policía de Carabineros (Dicar), señala que luego de traer el metal del exterior, lo desvían a zonas mineras en pequeñas cantidades. Para evadir controles, lo camuflan en botellas de gaseosa o en pimpinas de gasolina que son movilizadas por lugareños.
     
    Eso explicaría por qué, a pesar de la letalidad del metal y del daño que le está haciendo al país, en los últimos 5 años tan solo se han incautado 500 kilos, una cifra pírrica si se tiene en cuenta que para obtener un solo gramo de oro, se requieren de 5 gramos de mercurio. 
     
    “Ya tenemos bajo investigación a siete importadores implicados en el delito. Su mercurio es el que se está usando en las minas de aluvión o de río y ninguno ha reportado robo de mercancía. Además, las cantidades que traen no cuadran con el consumo nacional legal”, le reveló a EL TIEMPO un oficial de Inteligencia que calcula que en septiembre se judicializará a los responsables.
     
    Este diario rastreó los domicilios de esas firmas y estableció que algunas funcionan en casas de barrios populares del valle de Aburrá, se constituyeron hace pocos años y cuentan con un capital de menos de 10 millones de pesos.
     
    La red y el excongresista
     
    ¿Por qué nadie las había detectado antes? La respuesta a este interrogante parece estar en cuatro palabras: el pago de sobornos.
     
    Al respecto, autoridades tienen información que señala que un influyente excongresista del Chocó repartió 200 millones de pesos para que liberaran unas dragas incautadas. Y también hay complicidad de algunos alcaldes.
     
    La conjugación de importadores y mandatarios corruptos, unida a bandas criminales, permite que la minería ilegal le arranque al país 2 millones de onzas de oro al año que equivalen a 2.510 millones de dólares. De hecho, la ilegalidad tiene prácticamente anulado el mercado legal. Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), este último tan solo mueve una octava parte: 250.000 onzas al año, unos 313 millones de dólares.
     
    Los proveedores del metal en el exterior conocen el destino del ‘veneno plateado’ que suministran a clientes colombianos. Por eso, la Policía no duda en afirmar que se trata de una red transnacional. 
     
    “Colombia produce 58 toneladas de oro, y el 86 por ciento es ilegal. Lo más grave es que, de las 1.150 fuentes hídricas que cruzan el país, 232 pasan por zonas con mercurio. Por eso es urgente darle el mismo tratamiento que se le dio en los 80 a los precursores para la coca”, asegura Simón Gaviria, jefe de Planeación Nacional.
     
    Después de recoger información directamente de los campamentos de explotación ilegal, la investigación sobre la ruta del mercurio se focalizó en Antioquia y Santander. 
     
    “Ya sabemos que desde Medellín sale mercurio importado a municipios mineros del nordeste antioqueño, Chocó, Nariño y Córdoba, en especial al Bajo Cauca. Y un par de importadores de Santander lo desvían hacia el sur de Bolívar y Cesar”, explicó el oficial de inteligencia de la Dicar.
     
    El metal pesado llega de Kirguistán, Rusia, Países Bajos, China, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos y México. Y aunque se están monitoreando envíos de todos esos puntos, la ilegalidad se concentra en cargamentos que parten de México. 
     
    Una de las pistas que se sigue conduce a tres estudiantes paisas que figuran como zares del mercurio en Colombia. El año pasado, entre los tres ingresaron 43 toneladas provenientes de México, por 1,8 millones de dólares. Así consta en bases de datos de la Dian que EL TIEMPO obtuvo.
     
    Detienen a extranjeros por minería ilegal en frontera con Venezuela
    Al menos uno de ellos aparece entre las prioridades de la investigación de la Policía. De hecho, será emplazado para que explique cómo un universitario obtiene recursos para importar ese volumen del metal y en qué lo emplea. 
     
    Otro de los jóvenes de ese grupo registra ingresos económicos que no respaldan los montos de las importaciones que realiza. 
     
    EL TIEMPO encontró a su nombre contratos de prestación de servicios con un municipio de Antioquia, por tan solo 900.000 pesos al mes, e importaciones de mercurio, en lo corrido de 2017, por 63.000 dólares, unos 180 millones de pesos. 
     
    En cuanto a las seis empresas bajo la lupa, se sabe que comparten socios y direcciones. Se omiten sus nombres y los de los otros implicados mientras son judicializados.
     
    Pero no todo el mercurio usado en minería ilegal entra por esa vía. Otra parte ingresa de contrabando por la frontera con Ecuador, camuflada en mercancía de todo tipo. 
     
    Ese mercurio, según cálculos de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), podría superar las 50 toneladas al año, viene de China y es importado a Perú por empresas que ya son rastreadas.
     
    Cada kilo del metal pesado se comercializa clandestinamente en 400.000 pesos (cuatro veces su precio original). Pero guerrilla, bandas criminales y comerciantes corruptos están dispuestos a pagar el sobreprecio porque los réditos que les deja son multimillonarios.
     
    Compraventas, el eslabón
    Además del vertimiento en ríos, el gran crimen ecológico y sanitario se comete en en los campamentos y en las trastiendas de las compraventas de oro que pululan en los pueblos del llamado circuito de oro. 
     
    Mineros le han admitido a las autoridades que el mercurio que desvían las importadoras es distribuido y fundido en esos negocios, ubicados en municipios como Quibdó (Chocó), Nechí (Antioquia), Ayapel (Córdoba) y Barbacoas (Nariño). 
     
    “Los dueños de esos locales les regalan el mercurio a los mineros a cambio de que todo el oro que saquen se los vendan a ellos. Es una técnica para fidelizarlos”, señaló Álvaro Pardo, experto en el tema.
     
    Allí, con sopletes y a mano limpia separan la amalgama de mercurio y oro y que botan miles de dragas de fabricación brasilera, diseminadas por todo el país. 
     
    Para aislar los metales, elevan la temperatura a 40 grados centígrados, punto en el que se evapora el mercurio. Aunque, por goteo, alcanzan a recuperar un 40 por ciento del veneno, el 60 por ciento restante se dispersa en la atmósfera y empieza su recorrido letal.
     
    Según Planeación Nacional, de eliminarse el uso de mercurio, cada año se evitarían costos en salud del orden de 931.000 millones de pesos.
     
    Satélites oficiales han detectado más de 7.000 puntos en todo el país en donde se usa ese metal para explotar oro en ríos o aluvión. 
     
    El número de hectáreas afectadas ya supera las 100.000, concentradas especialmente en Chocó, Antioquia, Bolívar y Córdoba. También hay un daño ambiental importante en Cauca, Nariño y los límites con Perú y Brasil.
     
    La Policía calcula que en septiembre de este año realizará las primeras capturas de importadores involucrados en este crimen ambiental. Pero habrá una segunda fase en la investigación, que implicará el rastreo con la participación de autoridades de otros países. La idea es judicializar a los proveedores extranjeros involucrados en esta red que tiene convertida a Colombia en un territorio tóxico. 
     
    Según la ONG Mercury Watch, Colombia es el tercer país que más libera mercurio en el mundo, con 75 toneladas al año, después de China e Indonesia. Incluso, por internet se ofrece mercurio importado por kilos. Una empresa vende metal mexicano y de Singapur, con “las mejores normas y estándares”. 
     
    Dentro de sus catálogos hay una pimpina de 34,5 kilos a 8,5 millones de pesos. Y ofrecen llevar el producto a cualquier lugar del país. De hecho, si el cliente quiere el metal le llega a cualquier país de Suramérica, pero debe pagar entre 40 y 49 dólares por kilo.
     
    La buena noticia es que, a partir del 15 de septiembre quedará prohibido ingresar mercurio al país para uso minero y se reducirá el cupo de importación del metal, a tan solo 2 toneladas, para cerrarles las puertas a los importadores corruptos. 
     
    La mala noticia es que el mercurio ya empezó a ser reemplazado por cianuro, igual de tóxico. Y que la prohibición puede disparar las rutas de contrabando del ‘veneno plateado’.
     
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  • Autoridades ejercerán mayor control de maquinaria pesada usada para la minería

    Mineria Ilegal 1Bogotá - Hoy se dio a conocer que Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa Nacional y Santiago Rojas, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), sellaron un acuerdo de intercambio de información que busca regular, registrar y controlar la importación y movilización de la maquinaria pesada que puede ser utilizada en actividades de minería ilegal.
     
    La nueva fiscal del caso durante la audiencia explicó al juez que tanto Catalina como Francisco realizaron maniobras para desviar la investigación y favorecer a su hermano Rafael. Motivo por el cual se solicitó una restricción para que los investigados no salgan de la ciudad sin autorización.
     
    Las cosas se complican cada vez más para los Uribe Noguera, pues de acuerdo a la Fiscalía omitieron información relevante luego del rapto de la menor al Gaula, como por ejemplo la existencia de un segundo apartamento y que la camioneta usada para el secuestro estaba en poder de Rafael Uribe.
     
    Por otra parte, no dieron aviso a las autoridades sino por el contrario intentaron internar a Rafael en la Clínica Monserrat por problemas mentales y ante la negativa de los médicos de recibirlo, lo internaron en la Clíncica Navarra.
     
    Solo horas más tarde Francisco decidió llamar a la Policía para contar lo que había pasado en el apartamento ubicado en el edificio Equus 66. Todo esto, dijo la fiscal, es un claro caso de obstrucción a la justicia.
     
    Luis Humberto Ustáriz, socio de Ustáriz & Abogados, explicó que el tema de obstruir a la justicia es un delito grave que puede dar entre cuatro y 12 años de cárcel. “Es un tema que van a tener que evaluar porque si los dos hermanos fueron cómplices o trataron de borrar pruebas o que las autoridades no llegarán  al lugar de los hechos es grave”, explicó el experto.
     
     
    Fuente: Larepublica.co
  • Avances en el plan de acción para una minería segura hecha en la cuenca de la Sinifaná

    Minerales En Mano·Se firma convenio entre el Gobierno Nacional, departamental y local para desarrollar una minería con óptimos estándares de seguridad minera, laborales, sociales, ambientales y económicos.
     
    ·El Departamento de Prosperidad Social ha ofertado 384 empleos temporales con prestaciones reglamentarias de ley, mientras que con los titulares mineros de la Cuenca de la Sinifaná se concretó la oferta de 110 puestos de trabajo formales, que pueden recibir a mineros cesantes de la zona.
     
    El Gobierno Nacional, departamental y local de los cinco municipios de la Cuenca de la Sinifaná en Antioquia, junto a Corantioquia, firmaron un convenio para aunar esfuerzos en el desarrollo de actividades conjuntas y coordinadas que aporten insumos para la toma de decisiones en la cuenca, frente al desarrollo de actividades mineras seguras y alternativas para la problemática socio económica de la zona..
     
    El acuerdo permitirá el análisis hidrológico, hidrogeológico, ambiental y económico de la Cuenca de la Sinifaná, así como su definición y viabilidad productiva. Se enmarca en el plan de trabajo adelantado por la Mesa Minera creada desde 2013, y que trazó entre sus objetivos contar con herramientas técnicas y jurídicas para avanzar en la legalización de la minería tradicional.
     
    Desde 2012 el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías de la región, han llevado a cabo otras acciones derivadas del trabajo de la mesa minera, como el primer censo en la zona de influencia del título de Industrial Hullera y el levantamiento topográfico de 150 unidades mineras para determinar los niveles de riesgo.
     
    Otras acciones
     
    En diciembre de 2014, fueron enterados los alcaldes de la Cuenca de la Sinifaná sobre el informe final del levantamiento topográfico que fue realizado junto con la Universidad Eafit y con el fin de que adelanten acciones de su competencia.
     
    De otra parte, el Departamento de Prosperidad Social ha ofertado 384 empleos temporales con prestaciones reglamentarias de ley, mientras que con los titulares mineros de la Cuenca del Sinifaná se concretó la oferta de 110 puestos de trabajo formales, que pueden recibir a mineros cesantes de la zona.
     
    Además, el Viceministerio de Minas, la Gobernación de Antioquia y los alcaldes de la Cuenca de la Sinifaná compartieron un documento con la Procuraduría
     
    General de la Nación que recoge las acciones realizadas en la zona para garantizar que se haga bien la minería.
     
    Es importante recordar que las familias afectadas por el accidente minero ocurrido el 30 de octubre de 2014 en Amagá, recibieron las resoluciones de pensión a que tienen derecho.
     
    Las autoridades nacionales, departamentales y municipales han reiterado que con estas y otras acciones, se busca garantizar no solo una minería bien hecha en la región sino actividades seguras que permitan preservar la vida de los trabajadores.
     
     
    Por: Paisminero.co / CP- MME
     
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  • Bolivia, Brasil y Perú definirán acciones contra la minería ilegal

    Mineria CrimLa Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera de Bolivia informó que el encuentro se realizará en julio para buscar medidas de protección en la franja amazónica contra la minería ilegal y la contaminación provocada por el uso del mercurio.

    La Paz. Autoridades de Bolivia, Brasil y Perú se reunirán en julio próximo para definir acciones sobre la explotación y comercialización minera ilegal, anunció hoy el director nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Carlos Soruco.

    En rueda de prensa, el directivo precisó que se considerarán medidas para evitar el uso de mercurio que tenga impactos socioambientales y económicos en la zona amazónica compartida entre los tres países.

    Soruco explicó que en la última reunión con Perú sobre el tema minero, hace una semana en la ciudad de Cuzco, se trazó una hoja de ruta para realizar diferentes actividades coordinadas.

    El funcionario consideró que los resultados serán evaluados dentro de un mes para perfilar definiciones.

    El directivo señaló que con Brasil también se tuvo una reunión para hablar sobre lo que sucede en toda la franja fronteriza, donde se usa el mercurio para la explotación aurífera.

    "Tenemos planeado reuniones en julio para asumir acciones destinadas a enfrentar la minería ilegal, es importante trabajar cuanto antes sobre este tema", aseveró.

    De acuerdo con la autoridad de la AJAM, los tres países coincidieron en que la principal preocupación en la franja amazónica es la minería ilegal y la contaminación provocada por el uso del mercurio.

    "Estamos muy interesados en abordar este problema, porque nos preocupa el uso de mercurio, el cual afecta no sólo el medioambiente, sino también la salud de los habitantes, afecta la economía, contamina el agua de los ríos y afecta la pesca", mencionó.

    Soruco dijo que cada país quedó en identificar las zonas de explotación ilegal de minerales y compartir esa información para actuar de manera coordinada.

    Sobre el contrabando de oro, el directivo dijo que se da desde Perú pasando por territorio nacional para ser exportado como oro marginal a través de los aeropuertos bolivianos, aunque manifestó que también hay otras versiones de que el oro se trafica de Bolivia a Perú.

    Soruco dijo que lo fundamental es evitar, de forma coordinada, el contrabando ilegal de minerales en la región fronteriza entre los tres países.

    Fuente:americaeconomia.com / Xinhua

  • Cero Tolerancia con Actividades Criminales Asociadas a la Mineria

    Mineria Ilegal ChocoMME. - En el Primer Foro Internacional de Minería Ilegal que organizó la Policía Nacional en Bogotá, la Ministra encargada de Minas y Energía, María Isabel Ulloa, señaló que las actividades criminales asociadas a la minería merecen todo el peso de la ley y habrá cero tolerancia por parte del Estado frente a este tipo de acciones”.

    Diferenciar claramente entre mineros y los criminales, a través de la definición de los tipos de minería, es uno de los aportes más importantes del Ministerio de Minas y Energía en la lucha contra la explotación ilícita de minerales, dijo la Ministra encargada, María Isabel Ulloa, en el marco del Primer Foro Internacional de Minería Ilegal.

    “Cero tolerancia frente a las actividades criminales asociadas a la minería. Vamos a concentrarnos en dar definiciones legales para perseguir contundentemente a los que se portan mal y le hacen daño al país. Pero también, desde el Gobierno Nacional estamos ayudando a los mineros comprometidos con la formalización”.

    La Ministra (e) señaló que el Ministerio adelanta una Política de Formalización Minera que dejará al país con titulares mineros, que cumplan con buenas prácticas técnicas, sociales, laborales, económicas y ambientales. “Esto es llevar la minería a un mejor nivel y aportar a la lucha contra la actividad ilícita”.

    Asimismo, señaló la urgencia e importancia de diferenciar entre un minero y un criminal, y conminó a la audiencia del foro internacional a "dejar de llamar minería criminal a una actividad ilegal que no es minería".

    Consideró como otra herramienta para el control de los delitos correlacionados con la minería, la claridad de la trazabilidad en la cadena, en la producción, en el beneficio, el transporte y la comercialización del mineral: "saber que cada mineral que se está comercializando viene de un título legalmente otorgado es muy importante", indicó Ulloa.

    Finalmente, la Ministra (e) afirmó que la tarea en la lucha contra la explotación ilícita de minerales, una actividad que no merece llamarse minería, debe ser coordinada y conjunta, con apoyo entre los países y creando redes que permitan buscar soluciones articuladas a un flagelo que ha hecho daño al sector.

    Por: paisminero.co / CP - MME


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  • Cero tolerancia con minería ilegal

    Mineria Ilegal ChocoSegún un estudio presentado por Brújula Minera 2017, durante el Congreso Nacional de Minería organizado por la ACM, la ilegalidad se mantiene como un tema crítico para la industria y el país, pero lo que  más preocupa es que el fenómeno se tolera y justifica en algunas comunidades.

    El panorama que enfrenta el sector minero es desafiante ya que la opinión pública cada vez cuestiona más la minería legal y sus empresas, y es más tolerante a la extracción ilícita.

    Según las cifras presentadas, de los municipios mineros sólo el 36 % de los habitantes tienen una imagen positiva de las empresas, así mismo, más de la mitad los habitantes de regiones como Antioquia y Tolima, que presentan altos niveles de actividad minera, son más tolerantes al justificar la minería ilegal.

    El director del estudio Jaime Arteaga, , manifestó durante su presentación  que “las empresas no enamoran”, al preguntarles a los ciudadanos su percepción sobre ellas. “Entre sus atributos se destacan que son percibidas como fuertes y proactivas, pero deshonestas y descuidadas. Son las instituciones, entidades u organizaciones que menos confianza generan entre los ciudadanos”.

    En cuanto al desempeño del Estado, este no ha logrado generar confianza, pues los empresarios cuestionan los pocos avances en política pública, confianza al inversionista y certeza jurídica.

    Por: Paisminero.co / Cubrimiento Especial Congreso Nacional Minería

  • Clamor caucano contra la minería ilegal

    Una de las últimas amenazas que recibieron los habitantes de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, les llegó vía celular el pasado 8 de febrero. “Ya tenemos ubicados a todos los sapos de La Toma que se oponen al desarrollo de la comunidad, a que la gente trabaje. Hacen quemar las máquinas. Ya sabemos cómo se mueven las cabezas y sus familias. Tenemos órdenes del sur del Valle del Cauca de limpieza a los que cierran las vías”.

    El par de párrafos, que habían llegado por un mensaje de texto y estaban firmados por las Águilas Negras, también mencionaban como blanco a Sabino Lucumí Chocó, presidente del Consejo Comunitario, y a los líderes Eduar Mina, John Jairo Valverde y Francia Márquez. Era una advertencia más en medio de las muchas que han recibido en los últimos meses los pobladores de Suárez por oponerse a la minería ilegal. Una actividad que este fin de semana unió en una protesta a indígenas nasas, campesinos y pueblos afros.

    “Hicimos una minga en defensa del territorio, del río Ovejas, porque la minería está destruyendo lo que es nuestro. Es una marcha en solidaridad con los pobladores de Suárez y Buenos Aires. Ellos han tenido que ver cómo desplazan a 17 familias y cómo el río, que es donde también nosotros pescamos, empieza a contaminarse. Nos unimos para de una vez por todas proteger nuestros recursos”.

    Quien habla es Andrés Almendra, uno de los líderes nasa del territorio ancestral Sat Tama Kiwe. Él, junto con integrantes del resguardo de la laguna de Siberia y otros cinco resguardos indígenas más, organizó esa caminata de tres días que arrancó el viernes en la vereda Puente Real, en la vía Panamericana, y desembocó ayer en Suárez y Buenos Aires, al norte del Cauca. Su iniciativa no es más que un intento por poner fin a un problema que empezó a afectar a las comunidades afros en agosto de 2014 y que pese a innumerables reuniones con las autoridades, nadie ha podido contener.

    Desde entonces la región se ha llenado de acentos paisas, cachacos y pastusos que no dejan de preguntar por el oro. Para encontrarlo han invadido con varias retroexcavadoras —y con metrallas y amenazas— el río Ovejas. Su insistencia ha hecho que el Cauca se convierta en un epicentro minero. Como lo reportó en abril de 2014 la Universidad Javeriana (Cali), en el informe “Contexto minero colombiano y regional del norte del Cauca”, a 2012 se habían otorgado 241 títulos para explorar 350 mil hectáreas. Otras 652 solicitudes estaban en marcha. Esa cantidad comprometía el 50% del departamento.

    Los intentos para alejar esas máquinas, que han removido las tierras y han menguado la pesca, no han sido pocos. Por ejemplo, el 1° de octubre el Consejo Comunitario de La Toma se reunió con la Gobernación, la Defensoría, la Alcaldía y los ministerios de Minas, Interior y Medio Ambiente, para evitar que el panorama de Chocó y del norte antioqueño se empezara a replicar en su territorio. Las promesas, cuentan, quedaron en veremos.

    En ese mismo estado han permanecido los compromisos que lograron firmar con los mismos ministerios el 11 y 12 del pasado diciembre en Bogotá. Aquella vez 60 mujeres y 26 integrantes de la Guardia Cimarrona viajaron hasta la capital en un intento desesperado por hacer cumplir los pactos. Las amenazas, le dijo por esos días a El Espectador Francia Márquez, “nos están agobiando. Ellos nos están quitando nuestros recursos para la pesca y la minería artesanal”.

    Pero en palabras de Charo Mina, otra líder de la comunidad afro, muy poco se ha cumplido. “Ya han pasado dos meses desde esos acuerdos y aún no hay resultados. Las autoridades se comprometieron a hacer operativos de desmantelamiento de la minería ilegal, a promover reparaciones para nuestros barequeros y a cumplir la sentencia T-1045A de 2010 que los obliga a suspender la actividad minera. Pero nada se ha hecho y la respuesta del Ministerio del Interior ha sido esquiva. Ahora resulta que ya tenemos desplazamiento forzado y más amenazas. Por todo eso es que se ha hecho esta minga, que no es más que una acción de solidaridad interétnica promovida por los indígenas”, dice Mina.

    Este último recurso llega después de que varios académicos se sumaran a la voz de protesta. Con una carta dirigida al presidente Santos en 2014 habían advertido el inminente riesgo. “Somos un grupo de académicos, intelectuales y estudiosos del Pacífico. Nos une una profunda preocupación por la grave situación actual de la región y su impacto sobre las comunidades negras e indígenas”, escribían investigadores del Instituto Pensar, del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, del Instituto de Estudios Ambientales de la U. Nacional, del Instituto de Bioética de la Javeriana y del Observatorio de Expansión Minera y Resistencias.

    Minera IlegalDe hecho, en un informe del pasado 29 de enero, la Defensoría del Pueblo ratifica lo contado por Mina, Márquez y Almendra. “Funcionarios —se lee en el documento— evidenciaron la destrucción que sufren los ríos Ovejas, Teta y Quinamayó, cuyo cauce ha sido desviado. Sus aguas están profundamente contaminadas por la remoción de tierras, la formación de montañas con material estéril y el vertimiento de sustancias químicas. Asimismo, la Defensoría tuvo conocimiento sobre nuevas amenazas contra líderes sociales, sentenciándolos a morir si insisten en oponerse a la minería ilegal”.

    Sin embargo, para Maritza Mosquera, directora de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Mininterior, “esta cartera ha estado muy atenta a cumplir los compromisos pactados. El 22, 23 y 24 enero viajamos a Suárez para concertar una ruta metodológica. Pero fue difícil llegar a un acuerdo porque la comunidad nos pide más de 40 reuniones en la primera fase. Nosotros tenemos más un papel de coordinador con las otras instituciones para que cumplan”.

    Y uno de los que más responsabilidad tiene es el Minminas, que debe hacer, entre otras cosas, un censo de mineros artesanales y suspender los títulos otorgados. El Espectador intentó contactarse sin éxito con alguno de sus voceros.

    Pero Aída Quiñones, profesora de la Javeriana, integrante del Observatorio de Expansión Minera y quien ha acompañado a las mujeres caucanas en este largo proceso, ve el tema con otro ojos. “Las respuestas de las autoridades han sido inocuas, vacías. La Policía sí ha hecho operativos, pero también ha puesto en riesgo a los pobladores. Cada vez que los hacen aparecen más amenazas. No hay un operativo integral ni un seguimiento”, asegura.

    Ese último, justamente, ha sido uno de los mayores inconvenientes. Tan intermitente ha sido la intervención de las autoridades, que el 29 de diciembre la población decidió confrontar a los mineros ilegales y sacar las retroexcavadoras con sus manos. “Pero eso —cuenta Charo— de muy poco sirve. Ya hay rumores de que otras 15 retros se movilizaban hacia el Ovejas. También se sabe que no demoran en llegar otras tantas a Santander de Quilichao”.

    El sábado, como le contó a este diario una fuente de la Fiscalía, hubo consejo de seguridad en la zona, citado por el secretario de Gobierno municipal. Ese mismo día la Policía capturó a varios mineros ilegales. Entre el afán también se llevó por error a tres barequeros. No tuvo más remedio que liberarlos luego y pedir perdón.

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    Fuente: ElEspectador.com

  • Clamor caucano contra la minería ilegal

    Minera IlegalEn un acto de solidaridad, más de 200 indígenas nasas marcharon este fin de semana, en compañía de pueblos afros, para pedir que detengan la actividad

    Una de las últimas amenazas que recibieron los habitantes de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, les llegó vía celular el pasado 8 de febrero. “Ya tenemos ubicados a todos los sapos de La Toma que se oponen al desarrollo de la comunidad, a que la gente trabaje. Hacen quemar las máquinas. Ya sabemos cómo se mueven las cabezas y sus familias. Tenemos órdenes del sur del Valle del Cauca de limpieza a los que cierran las vías”.

    El par de párrafos, que habían llegado por un mensaje de texto y estaban firmados por las Águilas Negras, también mencionaban como blanco a Sabino Lucumí Chocó, presidente del Consejo Comunitario, y a los líderes Eduar Mina, John Jairo Valverde y Francia Márquez. Era una advertencia más en medio de las muchas que han recibido en los últimos meses los pobladores de Suárez por oponerse a la minería ilegal. Una actividad que este fin de semana unió en una protesta a indígenas nasas, campesinos y pueblos afros.

    “Hicimos una minga en defensa del territorio, del río Ovejas, porque la minería está destruyendo lo que es nuestro. Es una marcha en solidaridad con los pobladores de Suárez y Buenos Aires. Ellos han tenido que ver cómo desplazan a 17 familias y cómo el río, que es donde también nosotros pescamos, empieza a contaminarse. Nos unimos para de una vez por todas proteger nuestros recursos”.

    Quien habla es Andrés Almendra, uno de los líderes nasa del territorio ancestral Sat Tama Kiwe. Él, junto con integrantes del resguardo de la laguna de Siberia y otros cinco resguardos indígenas más, organizó esa caminata de tres días que arrancó el viernes en la vereda Puente Real, en la vía Panamericana, y desembocó ayer en Suárez y Buenos Aires, al norte del Cauca. Su iniciativa no es más que un intento por poner fin a un problema que empezó a afectar a las comunidades afros en agosto de 2014 y que pese a innumerables reuniones con las autoridades, nadie ha podido contener.

    Desde entonces la región se ha llenado de acentos paisas, cachacos y pastusos que no dejan de preguntar por el oro. Para encontrarlo han invadido con varias retroexcavadoras —y con metrallas y amenazas— el río Ovejas. Su insistencia ha hecho que el Cauca se convierta en un epicentro minero. Como lo reportó en abril de 2014 la Universidad Javeriana (Cali), en el informe “Contexto minero colombiano y regional del norte del Cauca”, a 2012 se habían otorgado 241 títulos para explorar 350 mil hectáreas. Otras 652 solicitudes estaban en marcha. Esa cantidad comprometía el 50% del departamento.

    Los intentos para alejar esas máquinas, que han removido las tierras y han menguado la pesca, no han sido pocos. Por ejemplo, el 1° de octubre el Consejo Comunitario de La Toma se reunió con la Gobernación, la Defensoría, la Alcaldía y los ministerios de Minas, Interior y Medio Ambiente, para evitar que el panorama de Chocó y del norte antioqueño se empezara a replicar en su territorio. Las promesas, cuentan, quedaron en veremos.

    En ese mismo estado han permanecido los compromisos que lograron firmar con los mismos ministerios el 11 y 12 del pasado diciembre en Bogotá. Aquella vez 60 mujeres y 26 integrantes de la Guardia Cimarrona viajaron hasta la capital en un intento desesperado por hacer cumplir los pactos. Las amenazas, le dijo por esos días a El Espectador Francia Márquez, “nos están agobiando. Ellos nos están quitando nuestros recursos para la pesca y la minería artesanal”.

    Pero en palabras de Charo Mina, otra líder de la comunidad afro, muy poco se ha cumplido. “Ya han pasado dos meses desde esos acuerdos y aún no hay resultados. Las autoridades se comprometieron a hacer operativos de desmantelamiento de la minería ilegal, a promover reparaciones para nuestros barequeros y a cumplir la sentencia T-1045A de 2010 que los obliga a suspender la actividad minera. Pero nada se ha hecho y la respuesta del Ministerio del Interior ha sido esquiva. Ahora resulta que ya tenemos desplazamiento forzado y más amenazas. Por todo eso es que se ha hecho esta minga, que no es más que una acción de solidaridad interétnica promovida por los indígenas”, dice Mina.

    Este último recurso llega después de que varios académicos se sumaran a la voz de protesta. Con una carta dirigida al presidente Santos en 2014 habían advertido el inminente riesgo. “Somos un grupo de académicos, intelectuales y estudiosos del Pacífico. Nos une una profunda preocupación por la grave situación actual de la región y su impacto sobre las comunidades negras e indígenas”, escribían investigadores del Instituto Pensar, del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, del Instituto de Estudios Ambientales de la U. Nacional, del Instituto de Bioética de la Javeriana y del Observatorio de Expansión Minera y Resistencias.

    De hecho, en un informe del pasado 29 de enero, la Defensoría del Pueblo ratifica lo contado por Mina, Márquez y Almendra. “Funcionarios —se lee en el documento— evidenciaron la destrucción que sufren los ríos Ovejas, Teta y Quinamayó, cuyo cauce ha sido desviado. Sus aguas están profundamente contaminadas por la remoción de tierras, la formación de montañas con material estéril y el vertimiento de sustancias químicas. Asimismo, la Defensoría tuvo conocimiento sobre nuevas amenazas contra líderes sociales, sentenciándolos a morir si insisten en oponerse a la minería ilegal”.

    Sin embargo, para Maritza Mosquera, directora de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Mininterior, “esta cartera ha estado muy atenta a cumplir los compromisos pactados. El 22, 23 y 24 enero viajamos a Suárez para concertar una ruta metodológica. Pero fue difícil llegar a un acuerdo porque la comunidad nos pide más de 40 reuniones en la primera fase. Nosotros tenemos más un papel de coordinador con las otras instituciones para que cumplan”.

    Y uno de los que más responsabilidad tiene es el Minminas, que debe hacer, entre otras cosas, un censo de mineros artesanales y suspender los títulos otorgados. El Espectador intentó contactarse sin éxito con alguno de sus voceros.

    Pero Aída Quiñones, profesora de la Javeriana, integrante del Observatorio de Expansión Minera y quien ha acompañado a las mujeres caucanas en este largo proceso, ve el tema con otro ojos. “Las respuestas de las autoridades han sido inocuas, vacías. La Policía sí ha hecho operativos, pero también ha puesto en riesgo a los pobladores. Cada vez que los hacen aparecen más amenazas. No hay un operativo integral ni un seguimiento”, asegura.

    Ese último, justamente, ha sido uno de los mayores inconvenientes. Tan intermitente ha sido la intervención de las autoridades, que el 29 de diciembre la población decidió confrontar a los mineros ilegales y sacar las retroexcavadoras con sus manos. “Pero eso —cuenta Charo— de muy poco sirve. Ya hay rumores de que otras 15 retros se movilizaban hacia el Ovejas. También se sabe que no demoran en llegar otras tantas a Santander de Quilichao”.

    El sábado, como le contó a este diario una fuente de la Fiscalía, hubo consejo de seguridad en la zona, citado por el secretario de Gobierno municipal. Ese mismo día la Policía capturó a varios mineros ilegales. Entre el afán también se llevó por error a tres barequeros. No tuvo más remedio que liberarlos luego y pedir perdón.

    Por Sergio Silva

    Fuente: ElEspectador.com

  • Colombia es un país de alta accidentalidad minera

    Fiscalizacion MEn la última década han fallecido cerca de mil personas en más de 700 emergencias presentadas en operaciones mineras legales e ilegales. La mayor mortalidad se da en minas subterráneas de carbón.
     
    El miércoles en la noche la muerte visitó nuevamente a una mina en Boyacá. En el municipio de Samacá, una explosión de gas metano en una explotación subterránea de carbón acabó con la vida de cinco trabajadores que se encontraban en el socavón. Sus cuerpos fueron rescatados ayer a las tres de la mañana.
     
    Con este accidente ya son 46 en lo corrido del año atendidos por el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería, ANM, en los que han fallecido 60 personas.
     
    En la última década se han producido casi 1000 fallecimientos (999 para ser precisos) en 795 emergencias.
     
    Con estas cifras es fácil concluir que la muerte se instaló como un riesgo latente en buena parte de la actividad minera que se realiza en el país.
     
    Pero hay que ver los detalles.
     
    En primer lugar, la misma ANM admite que puede haber un subregistro de estos accidentes, pues en minas que se explotan sin títulos mineros ni permisos al día en caso de accidentes, en los que no hay muertos, es posible que no avisen a las autoridades por miedo a sanciones.Es decir, la cifra de accidentes puede ser mucho más alta de las registradas.
     
    Otro dato llamativo es que en las minas legales (para este caso la agencia se refiere a aquellas que tienen títulos mineros vigentes) se han reportado el 75 por ciento de las emergencias registradas entre el 2005 y el 2015.
     
    Esa tendencia se mantiene en lo que va de este año, pues de los 46 accidentes, 33 se dieron en minas legales y solo 13 en minas ilegales.
     
    Cuando se compara la accidentalidad del sector en Colombia con la de países mineros como Perú y Chile, las diferencias saltan a la vista: en el primero, el año pasado se reportaron 26 accidentes, con 32 personas fallecidas; en el segundo 23 eventos, con 27 muertos.
     
    En Colombia, en el 2014 fueron 87 accidentes y 120 muertos.
     
    Pero dicen que las comparaciones son odiosas, y, según el vicepresidente de Seguimiento y Control de la Agencia Nacional de Minería, Javier García Granados, en este caso pueden ser de ‘peras con manzanas’.
     
    “En Perú y Chile no se explota carbón bajo tierra, es más la producción de minerales metálicos. La operación de carbón es más peligrosa”, explica, y tiene cifras para respaldar su afirmación: cuatro de cada cinco emergencias atendidas por el grupo se presentan en operaciones de carbón, solo una de cada diez se da en explotaciones de oro.
     
    Es que la minería subterránea de carbón presenta más riesgos por la existencia de gases metano, de tal forma que si no hay la infraestructura de ventilación adecuada cualquier chispa puede ocasionar una explosión de gran magnitud.
     
    Pero no todas las minas (con o sin título) tienen la infraestructura adecuada y las autoridades lo saben.
     
    El experto en minería y cofundador del grupo de salvamento minero del Gobierno, Eduardo Chaparro, explica que además la alta accidentalidad minera del país está asociada con la informalidad del sector.
     
    “En Chile hay más accidentes en la industria bancaria que en la minería, así que en Colombia es un problema asociado fundamentalmente con la ilegalidad, que no está amparada con las medidas de seguridad industrial adecuadas”, señala.
     
    A pesar de estas consideraciones el hecho es que las cifras siguen siendo altas, no solo si se comparan por número de accidentes y de fallecidos, sino también si se relacionan las tasas de fatalidad de la industria.
     
    Este es un indicador que se calcula dividiendo el número de muertos sobre el número de horas-hombre trabajadas para una industria particular, en este caso la minera.
     
    En Colombia, en los últimos años ha tenido una disminución considerable, de un índice de 3,32 en el 2010 a uno de 2,66 en el 2014, y uno de 1,45 en lo que va del 2015.
     
    Sin embargo, la cifra está muy lejos aún de casos como el chileno, que reportó un índice de 0,04 para el primer trimestre del 2015 y de 0,06 en 2014, e incluso de Estados Unidos, el segundo mayor productor de carbón del mundo, donde la tasa es de 0,9.
     
    Por donde se mire, el número de vidas que cobran los accidentes mineros en el país es alto.
     
    Aunque los gremios y la industria insisten en que hay que distinguir entre la minería bien hecha y la minería ilegal y criminal, las estadísticas oficiales mantienen zonas grises con respecto a cómo diferenciarlas.
     
    BUSCAN LAS CAUSAS DE LA EXPLOSIÓN EN SAMACÁ
     
    La mina Laureles, donde se produjo el accidente el pasado miércoles, es una operación subterránea, a cargo de Carbones Andinos y cuyo titular es la Cooperativa Boyacense de Productores de Carbón de Samacá Ltda.
     
    Esta mina tiene cinco bocaminas, y tras el accidente fueron clausuradas tres para iniciar una investigación e indagar la causa original de la explosión.
     
    La ANM informó que en cuatro inspecciones que hizo a la mina se identificaron cuatro deficiencias en la operación, pero aún no es posible determinar si una de ellas ocasionó la explosión.
     
    El vicepresidente de la ANM, Javier García Granados, dijo que la entidad cumplió con su función preventiva y de fiscalización.
     
    Fuente: Portafolio.co / Nohora Celedón
  • Colombia y Perú trabajan por el desarrollo de sus minerías

    ViceministrosLos Viceministros de Minas de ambos países revisaron y aprobaron un plan de acción que activa la cooperación binacional en los campos de la minería del oro, plata, cobre y demás minerales metálicos y no metálicos, y para el desarrollo sostenible de energía renovables y eficiencia energética.
    Colombia y Perú trabajan de la mano en el buen desarrollo de sus actividades mineras, gracias a un acuerdo de cooperación que pusieron en marcha los viceministros de minas de ambos países.
     
    La Viceministra de Minas de Colombia, María Isabel Ulloa, asisitió a la instalación y primera reunión del grupo de trabajo que plantea como temas de cooperación la formalización minera, la normatividad y fomento de las inversiones, y la resolución de conflictos.
     
    El pasado 17 de febrero, la Viceministra se encontró con su homólogo peruano Guillermo Shinno en la ciudad de Lima (Perú) y expresaron la importancia de promover el desarrollo de la minería mediante la cooperación binacional en el intercambio de conocimiento, información, experiencias y tecnologías relacionadas con el sector.
     
    Asimismo, los viceministros presentaron un diagnóstico de la actividad en sus países, las políticas y normativa para el sector, experiencias en cuanto a formalización de pequeña minería, incentivos para la inversión, control a la minería ilegal, entre otros temas.
     
    El Grupo de Trabajo Binacional Minero está enmarcado en el “Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Energía y Minas de la República del Perú y el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia sobre cooperación en el campo de la minería del oro, plata, cobre y demás minerales metálios y no metálicos, y desarrollo sostenible de energías renovables y eficiencia energética”.
     
    Fuente: Portafolio.co
  • Colombia: minería ilegal preocupa más que caída del oro

    Mineria Ilegal ChocoEl Banco Mundial no augura una recuperación del precio del metal en los próximos cinco años.
     
    A los productores de oro de Colombia, aunque parezca extraño, no les preocupa tanto la caída de los precios del oro, como sí el mal funcionamiento de las políticas del Gobierno para el sector minero. A pesar de que esta semana la onza se cotizó en su mínimo de los últimos cinco años, se muestran inconformes con la falta de medidas para luchar contra la extracción ilegal y la burocracia para lograr echar a andar una mina en el país.
     
    Contrario a lo que pasó con el petróleo, que en seis meses se desplomó a menos de la mitad, la destorcida del oro fue paulatina. Los mismos factores o actores que elevaron su cotización son los que hoy provocan su caída. La crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, el ajuste de las tasas por parte de la Reserva Federal (FED) y la alta demanda del commodity por parte de China lo llevaron a niveles de US$1.859 la onza. En esa coyuntura funcionó como una inversión segura.
     
    Sin embargo, ante la recuperación de la economía norteamericana, la posibilidad de que la FED suba tasas y la publicación de las reservas de oro del Banco Central de China -cerca de 1.700 toneladas- que no cumplieron con las expectativas, pues se esperaba que fueran mayores, hicieron que el mercado reaccionara. Esta semana el precio osciló entre US$1.100 y US$1.080 por onza.
     
    El miércoles el Banco Mundial publicó su informe trimestral, “Panorama sobre los mercados de productos básicos”, y la conclusión principal fue que en la actividad energética mundial ven un crecimiento de la demanda, pero un menor crecimiento, porque la economía todavía pasa por una etapa de recuperación “frágil”.
     
    En conversación con El Espectador, el autor del informe, John Baffes, aseguró que “los precios del oro dependen mucho del sentimiento de los inversores. Vimos los precios altos del oro en el pasado porque los inversionistas lo vieron como una inversión, especialmente después de la crisis financiera de 2008. Ahora ellos están confiando menos en el oro, razón por la cual vemos que sus precios caen”. La previsiones del organismo multilateral para este año es que la onza troy se mantendrá en US$1.175, mientras que para 2020 se estima que rozará los US$1.084.
     
    Esta cifra, aunque no es del todo alentadora, todavía permite desarrollar proyectos mineros en Colombia con un margen de ganancia aceptable, según explicó el country mánager de la canadiense Red Eagle Mining, Rafael Silva. Si bien este proyecto está en etapa de exploración y producirá su primera onza en 2017, su modelo financiero flaquearía de no cumplirse las predicciones del Banco Mundial. “Lo peor que nos puede pasar es que el precio de la onza de oro quedara por debajo de US$1.000. Según nuestros tres modelos financieros, la sensibilidad se da en ese precio, pero todavía se puede trabajar. A US$1.300 es la cifra ideal para pagar el proyecto en poco más de uno año”. En la mina San Ramón producir cada onza cuesta US$763.
     
    Colombia tiene dos grandes empresas dedicadas a la extracción de oro: Mineros (un grupo empresarial colombiano en el que tiene mayoría accionaria el Grupo Colpatria, la Corporación Financiera Colombiana y grupos minoritarios), así como Gran Colombia Gold (una empresa canadiense que lleva a cabo la explotación subterránea más grande del país). Sumadas las dos firmas a pequeñas mineras y los “barequeros” completan la producción formal, que en 2014 alcanzó los 6,76 millones de gramos de oro, solamente el 12% de la producción total.
     
    “En ambas fases es muy importante tener los precios del oro altos, pero tan importantes como estos es la estabilidad de las reglas internas y nacionales de cada país. La industria está acostumbrada y preparada a la volatilidad de los precios, pero a lo que no está acostumbrada es a la falta de claridad de las reglas de juego, a la ilegalidad que la está atafagando y una demora excesiva de las licencias ambientales. Nada nos ganamos con tener unos precios en la luna, suponga que el “superciclo” no se ha terminado, si no se establecen unas condiciones para el negocio, para que sean las empresas legales las que puedan desarrollar esta actividad, de nada sirve que el precio suba o baje”, dijo la exdirectora del Sector de Minería a Gran Escala, Claudia Jiménez.
     
    Las cifras de producción ilegal en Colombia son preocupantes. Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), el 88% del oro extraído en el país es ilegal. Y aunque desde 2012 haya disminuido esa producción en cerca de 12 millones, todavía es muy alta para los productores.
     
    El presidente de Continental Gold, Leon Teicher, advirtió que “esa minería criminal está dañando los pueblos, llenándolos de prostitución, de droga, sobornando a la Policía, al Ejército y a los alcaldes. En Colombia se debería controlar la minería criminal con la fuerza del Estado y crear un ambiente jurídico para que se desarrolle el negocio, así se puede extraer oro incluso a US$800 la onza”.
     
     
    Fuente: Elespectador.com
  • Con nuevo sistema buscan atajar el comercio ilegal de oro

    Oro En RioDesde este mes opera un nuevo esquema de control a la compra y venta
     
    En medio de los recientes operativos de las autoridades en contra del conocido cartel del oro, las autoridades mineras del sector pusieron en marcha, desde este mes, un nuevo sistema para controlar la compra y venta de este mineral.
     
    Con la entrada en firme del Registro Único de Comercialización de Minerales (Rucom), la Agencia Nacional de Minería (ANM) busca enderezar las estadísticas sobre la procedencia del mineral que se vende en el país tanto para el consumo interno como para la exportación.
     
    Según las cifras de la entidad, solo el 17 por ciento del oro y la plata que se extrae en el país proviene de un proyecto minero que cuenta con un título formal, cifra que permite dimensionar la magnitud de la ilegalidad de esta actividad en Colombia.
     
    En otras palabras, las cifras oficiales muestran que el 83 por ciento de los metales preciosos que se extraen en el país provienen de explotaciones ilegales y, para ello, está diseñado el sistema, pues quien comercialice el producto tendrá que demostrar su trazabilidad, es decir, de dónde proviene.
     
    La presidenta de la entidad, Natalia Gutiérrez, aseguró que si bien desde el año pasado todos los títulos mineros fueron incluidos en el Rucom y los titulares pueden vender oro, ahora son los comercializadores del mineral los que se deben asegurar de estar registrados en el nuevo sistema, porque “nos van a tener que declarar de dónde están comprando este oro”.
     
    "Particularmente es un tema para la cadena del oro. Dónde lo están comprando y si van a exportarlo; nos tienen que informar la proveniencia del mismo", señaló la funcionaria.
     
    Advirtió, además, que aquella comercializadora que esté por fuera no va a poder comercializar el oro, no va a tener permisos y se va someter a que la Policía le decomise la mercancía.
     
    Actualmente, en el segundo departamento con mayor producción de oro del país, que es Chocó, se extraen 255.607 onzas troy (unidad de medida para esta actividad) de minerales metálicos y solo hay un título registrado ante la autoridad correspondiente.
     
    Las cifras de la Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Criminal muestran que de los 291 municipios en los que se ha identificado la presencia de minería ilegal, influenciada por grupos al margen de la ley, en 191 se registra extracción ilícita de oro y plata.
     
    Tras señalar que en siete departamentos se extrae oro sin permiso porque no hay títulos otorgados y registran producción, Gutiérrez señaló que en el país la producción de oro está focalizada en Antioquia, Caldas y Chocó y, básicamente, son esas las regiones que tienen que ponerse al día en esta materia.
     
    Antioquia es el principal productor del país y registró una producción 858.829 onzas troy de oro y plata, de enero a septiembre del año pasado. Aunque es también el segundo departamento con mayor número de títulos mineros para metales preciosos, las explotaciones legales justifican menos de la mitad de la extracción registrada. Entre los departamentos que envían reportes de producción de oro al Gobierno, sin que tengan títulos vigentes, también figuran Guainía, Valle, Córdoba y Tolima, entre otros.
     
    Limita a los formales
     
    El presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel, sostiene que particularmente en metales preciosos la ilegalidad es un problema que limita las operaciones de las empresas formales.
     
    Además, al poco número de títulos expedidos debe sumársele el hecho de que no todas estas explotaciones con autorización tienen todos los permisos en regla. El más reciente proceso de fiscalización minera evidenció que el 9 por ciento de los títulos vigentes no cumplen con las normas ambientales, el 22 por ciento falta en sus compensaciones económicas al Estado y el 29 por ciento no acata todas las normas técnicas para realizar su actividad.
     
    Por estos factores, la Agencia Nacional de Minería urgió a los alcaldes para que suministren el listado de quienes se clasifican en la categoría de barequeros, para que de esta manera se pueda controlar la actividad, así como el tráfico de regalías y la evasión de impuestos.
     
    Y es que para Gutiérrez no deja de ser preocupante que municipios que reportan alta producción de oro no tengan títulos mineros vigentes bajo su jurisdicción y que tampoco los alcaldes reporten sus listados de barequeros.
     
    A la fecha hay más de 3.000 inscritos en esta nueva plataforma. Actualmente la explotación ilícita de minerales se combate a través de operativos de la Fuerza Pública por todo el territorio nacional y, de acuerdo con la funcionaria, con la operación del nuevo sistema se complementa ese control desde el lado de la demanda, favoreciendo a quienes hacen la minería bien hecha y aportan, a través de las regalías, al desarrollo del país y de las zonas productoras.
     
    Carboneros del interior superaron inconvenientes
    Cuando comenzó a implementarse el Registro Único de Comercialización de Minerales, los productores de carbón del interior del país tuvieron dificultades, pues, para obtener la certificación por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM) es necesario estar al día en materia de permisos ambientales.
     
    Según la entidad, ya quedó resuelta la preocupación que tenían estos mineros de que no entraran al sistema por tener solicitudes de licencias o permisos ambientales pendientes.
     
    “Acordamos que iban a quedar todos los mineros de carbón con el título ambiental vigente que tuvieran, independientemente de que no les hubieran resuelto una solicitud en la Corporación Autónoma Regional”, aseguró Natalia Gutiérrez, presidente la ANM.
     
    Al cierre de septiembre del año pasado, el departamento de Cundinamarca fue la región que más volumen de carbón comercializó, con un total de 1,63 millones de toneladas, seguido por Norte de Santander, en el que se extrajeron 1,61 millones de toneladas.
     
    Entre tanto, en Boyacá se alcanzaron los 1,09 millones de toneladas, de las cuales se vendieron al exterior 643.148 toneladas y 448.924 toneladas en el mercado interno.
     
     
    Fuente: Eltiempo.com
     
     
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  • Construyen universidad para los mineros del bajo cauca antioqueño

    Mineria CriminalEl Centro de Formación Minera, en El Bagre, es una estrategia para combatir la informalidad.

    En 40.000 metros cuadrados está puesta la esperanza de formalización de más de 8.000 mineros en Antioquia en los próximos dos años.

    Ese espacio físico, a 332 kilómetros de Medellín, en la región del Bajo Cauca albergará, en tres meses, el primer Centro de Formación Minero Ambiental del país (CFMA), la estrategia con que el gobernador Sergio Fajardo busca enfrentar la creciente minería informal.

    Se trata de un ambicioso proyecto de 13.000 millones de pesos de inversión en una alianza entre el Gobierno seccional, el Sena y la empresa Mineros S.A., para ofrecer carreras técnicas y tecnológicas en labores concernientes al oficio de la minería.

    La sede del CFMA es El Bagre, primer municipio productor de oro de Antioquia y desde donde operan más de 60 por ciento de las 1.664 unidades mineras informales del departamento.

    Para el gobernador Fajardo, ese espacio de formación académica en el que en unos años esperan graduar profesionales universitarios, es una apuesta por la educación junto a la estrategia de Parque Educativos.

    “Con el CFMA se podrá mirar la minería con una perspectiva diferente”, enfatizó Fajardo, en tanto añadió que con la educación se puede llegar a crear una nueva generación minera en el país.

    En Antioquia la minería se desarrolla principalmente en las regiones del Bajo Cauca y el Nordeste, que serán las impactadas con el centro de Formación. Sin embargo, otras zonas del departamento como la occidental y la Cuenca del Sinifaná, en el suroeste, también evidencian problemáticas sociales asociadas a la minería.

    Según Juan Carlos Loaiza, director de fomento minero del departamento, para sacar adelante el proyecto cuentan con la cooperación del gobierno australiano y del canadiense, con el cual buscan certificar una pista de entrenamiento.

    “Habrá un laboratorio en el que trabajarán temas como por ejemplo la extracción de oro sin utilizar el mercurio. Hoy con esa técnica recuperan el 50 por ciento del oro; el otro 50 se está yendo. Lo que queremos es que vean que se puede ser responsable y obtener más productividad”, dijo Loaiza.

    Para las autoridades regionales la extracción del oro con mercurio es la responsable del más grande daño ambiental en el Bajo Cauca. De hecho, reportan que en esa zona hay un pasivo de 45.000 hectáreas devastadas por la minería.

    Actualmente la Gobernación busca recuperar al menos 1.000 de esas.

    “Son desiertos y ver en seis meses árboles creciendo es algo emocionante”, apuntó Loaiza.

    Recientemente 34 mineros del Bajo Cauca fueron graduados en buenas prácticas como parte de esos programas para evitar el mercurio. Se llaman Biored y los auspicia agencia Usaid.

    Germán Díaz, quien trabaja en una mina de oro en el sector Yarumo, de Cáceres, es uno de los beneficiados. Aseveró que han reducido el uso del mercurio a la mínima cantidad. Antes –agregó– manejaban entre 4 y 5 libras y hoy una quinta parte de una libra.

    "Hay que cuidar el medio ambiente porque es allí donde habitamos y si lo contaminamos nos estamos matando nosotros”, afirmó Díaz.

    Al tiempo con Biored, que espera graduar a final de año otros 100 trabajadores, 17 unidades mineras pudieron salir de la informalidad gracias a un programa piloto de la Gobernación.

    Un minero profesional

    Con el Centro de Formación Minero Ambiental y los programas de formalización, la Administración departamental busca que las personas que trabajan en ese sector den un primer paso para adquirir un título profesional y, de paso, que adquieran condiciones técnicas, administrativas y financieras para que la unidad minera pueda soportar las obligaciones que se le vienen cuando estén legalizados.

    Esto es una función del mediano y largo plazo. Por eso pedimos vigencias futuras. De cara al ‘boom’ de la minería, no todos se podrán legalizar. Por eso proponemos a muchos a que creen empresas de encadenamiento que ofrezcan servicios", acotó Juan Carlos Loaiza, director de Fomento Minero.

    Fuente: Eltiempo.com / Víctor Andrés Álvarez C


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  • Corrupción: la aliada de la minería ilegal

    El comandante de la Brigada Antiminería, coronel Federico Mejía, explica en detalle por qué la minería ilegal sigue vivita, coleando y siendo un peligro enorme para el país.
     
    Mineria IlegalHace cinco años, el presidente Juan Manuel Santos decidió crear una unidad de la Policía de Carabineros que se dedicara exclusivamente a luchar contra la minería ilegal, que en ese entonces era un monstruo que apenas mostraba los colmillos. Sus esfuerzos, sin embargo, no fueron suficientes: el monstruo se ha tragado miles de hectáreas de selva, ha contaminado a los ríos y, además, según el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, se ha convertido en el mayor financiador de los grupos armados organizados, incluso por encima del tráfico de drogas.
     
    Por eso, hace un año se creó la Brigada Antiminería del Ejército, para que, en conjunto con la Unidad Nacional Contra la Minería Ilegal de la Policía, ataque el fenómeno, que se calcula se ha expandido a 289 municipios del territorio nacional y su producción representa el 80 % del oro que exporta el país. De acuerdo con el comandante de la Brigada, el coronel Federico Mejía, al comenzar el trabajo se dieron cuenta de que “el centro de gravedad de la minería ilegal en Colombia es la corrupción dentro de instituciones y agencias que velan por una minería bien hecha”, dice.
     
    Desde la unidad que dirige le propusieron al Gobierno una nueva estrategia para acabar con la minería ilegal en el país, cuyo piloto se adelantará en Chocó, Antioquia, Nariño, Cauca y sur de Bolívar, los lugares más afectados por este flagelo. El plan, que ya fue aprobado, articula a todos los ministerios e instituciones estatales que tienen que ver con la minería ilegal: desde la DIAN, que regula la entrada de mercurio en el país, pasando por las corporaciones autónomas regionales (CAR), los ministerios de Minas y de Ambiente y entidades como la Fiscalía y la Procuraduría.
     
    El plan propuesto por la brigada plantea que la minería ilegal funciona como una cadena que tiene varios eslabones. “La cadena comprende tres momentos: la producción, el acopio y compra-venta, y finalmente, la comercialización”, explica el coronel Mejía, quien añade que los esfuerzos deben concentrarse en la producción, pues en Colombia, “una vez el oro es extraído, es imposible de rastrear. Nosotros apenas estamos pensando en desarrollar un sistema para lograr la trazabilidad del oro, pero es costoso”.
     
    En la etapa de producción, dice, se ha atacado principalmente a las máquinas. Pero ellas son solo un eslabón de la cadena. “Identificamos varios eslabones: maquinaria, mercurio, acpm —sin el cual no se podrían mover las máquinas—, motores, dragas y cianuro en algunas ocasiones, así como plantas eléctricas para los implementos que necesitan energía, como martillos neumáticos”. Para cada uno de ellos, la Brigada Antiminería designó un analista que durante todo el año pasado se dedicó a estudiar a fondo lo que estaba fallando.
     
    La situación más crítica tiene que ver con la compra de mercurio. Si bien desde 2013 se dispuso que para el 2018 deberá prohibirse el uso de mercurio en todas las actividades mineras, según la DIAN, mientras en los nueve entre los nueve años que transcurrieron entre 2003 y 2012 se importaron en Colombia 902 toneladas de mercurio, entre los años 2013 y 2016 se importaron 441 toneladas.
     
    A eso se le suma otro problema: si bien las regulaciones internacionales establecen que para almacenar este metal tóxico deben tenerse bodegas con condiciones especiales, en Colombia, ni el Ejército ni la Policía cuentan con este espacio. “Si hacemos una incautación grande de este insumo, ¿qué hacemos?, ¿dónde lo guardamos? Así de mal preparados estamos”, comentó Mejía. Además, si bien la Ley 1658 o Ley del Mercurio ordenó crear un “Registro Único Nacional de Importadores y Comercializadores Autorizados”, conseguir mercurio sigue siendo tan fácil como comprar cualquier otro producto.
     
    El segundo de los eslabones que preocuparon al grupo que dirige el coronel Federico Mejía tiene que ver con el Acpm, clave para que la minería siga marchando. Es simple: sin combustible, las máquinas no se mueven. Mejía comentó que los analistas de la Brigada les hicieron seguimiento a los 12.589 galones de diversos combustibles que se incautaron en el país en el pasado mes de enero. “Todos fueron regresados a las personas que lo transportaban, después de haber registrado la incautación”, explicó Mejía, quien añade que “lo ilegal no es el acpm, es la distribución irregular del mismo”, señala el coronel.
     
    De hecho, por la devolución de 3.000 galones de acpm, la Fiscalía le abrió una investigación al inspector de Policía de Caucasia. El funcionario se escudó, señaló la Fiscalía, en que la procedencia del combustible era lícita, desconociendo que, en el momento de la incautación, el acpm estaba surtiendo a frentes de explotación ilícita de oro. “Ellos se hacen los de la vista gorda porque saben que ninguna institución mira cuál es la disposición final del elemento. Se contentan con la foto del resultado pero por el contrario se devuelven los elementos”, le dijo a El Espectador.
     
    Además, existe evidencia de que, presuntamente, las necesidades de quienes hacen minería ilegal podrían alterar la cantidad de combustible que solicitan ciertos municipios cercanos a puntos claves para la minería criminal. Es el caso, presuntamente, de Tadó, en Chocó. En este poblado, con menos 20.000 habitantes, cinco de las ocho estaciones de Policía han solicitado 27.278 galones en lo que va del año. ¿Quién usa ese combustible? La respuesta, cree el Ejército, son quienes están detrás de la minería ilegal.
     
    Por último, está el tema de la maquinaria y de las dragas. Uno de los interrogantes más grandes es qué tan efectiva ha sido la estrategia de destruir las máquinas. Mejía cuenta que “con la venta de autopartes están recuperando las máquinas. Metí a un infiltrado en el mercado de autopartes aquí en Bogotá y lo que encontramos fue que ellos pueden vender las partes de las máquinas destruidas. Algunas autopartes entran por la frontera con Brasil. Una máquina nueva les cuesta $400 millones, pero para ellos es más rentable una máquina usada y vieja, que les cuesta entre $200 y $300 millones”.
     
    Además, les sorprendió la “capacidad” que tienen estas enormes máquinas de “ocultarse” en las carreteras del país. De hecho, el año pasado solo se incautaron seis. “¿Qué pasa en las carreteras de Colombia que nadie las ve? Desde 2012, este tipo de maquinaria debe contar con un registro que, al parecer, nadie les pide. Sospechamos que hay un grave problema de corrupción en este aspecto. A eso se suma que en buena parte de los municipios mineros, los alcaldes son quienes están expidiendo las autorizaciones para dejar entrar la maquinaria”, cuestiona Mejía.
     
    Con las dragas ocurre una historia similar. “¿Cómo puede explicarse que el río Quito, en Chocó, haya entre 30 y 40 dragas en todo su curso, cuando hay un puesto marítimo y una inspección fluvial sobre su cauce?”, aduce Mejía. La situación, asegura, se repite en ríos y riachuelos de todo el país. En este punto, el Ministerio de Transporte juega un papel fundamental, pues es esta entidad la que debe autorizar la existencia y el paso de las dragas por vía fluvial.
     
    Lo más grave es que esta falta de controles sobre los insumos de la minería ilegal no solo propicia su expansión, sino que enriquece a los actores armados ilegales de las zonas donde esta se desarrolla. “Las estructuras como el clan del Golfo viven de minería ilegal y cada insumo paga”, dice el comandante de la Brigada Antiminería. Y añade que, por ejemplo, la mensualidad para mantener máquinas operando en una mina —legal o ilegal— sería de $7 millones, y el solo hecho de llevar un nuevo equipo costaría $8 millones. Además, cobrarían $700.000 por cada caneca de acpm que entra a las zonas, así como por el mercurio.
     
    Mientras se ejecuta esta nueva estrategia, la minería ilegal sigue comiéndose las orillas de los ríos y sigue alimentando las arcas de los actores armados ilegales, que según datos de 2011, son dueños de por lo menos la mitad de las minas del país. Asimismo, el informe para el 2016 de la Iniciativa Global contra el Crimen Trasnacional reportó que en el país existen por lo menos 44 redes criminales involucradas en esta actividad. La tarea que se viene por delante resulta clave; si no, el monstruo que hace tan solo cinco años mostraba los dientes, podría engullirse los ríos y selvas del país.
     
     
    Por Maria Paula Rubiano
     
    ELESPECTADOR.COM
  • Cumbre Minera analizará la situación del Sector

    Minerales En Mano1

    Bogotá D.C., 06 de abril de 2015. La Asociación Colombiana de Minería –ACM  realizará el próximo 23 y 24 de abril en Cartagena el congreso nacional: Minería bien hecha progreso para Colombia, primer encuentro de la agremiación y considerada la más importante cumbre minera bajo el lema unidos por el desarrollo, frase que representa la integración gremial que vivió el sector el año pasado.
     
    El Presidente de la asociación, Santiago Ángel Urdinola, destacó la realización del congreso como “una oportunidad que le permitirá al país abordar los temas coyunturales de la industria en un escenario de precios bajos con una mirada para encontrar posibles alternativas y seguir siendo fuente de desarrollo para el país”.
     
    Por eso, la Asociación Colombiana de Minería – ACM, diseñó una agenda académica que abordará varios de los temas más relevantes para el sector minero como son: la visión sobre el futuro de los commodities mineros en el mundo, la importancia de los recursos mineros en las finanzas públicas, el medio ambiente como factor determinante para la industria, la competitividad del sector para atraer capitales y el papel de los empresarios en el posconflicto.
     
    “La industria ha realizado diferentes congresos, ahora el gremio unido congregará en un solo escenario a las más relevantes empresas mineras,  expertos internacionales, los más importantes representantes del gobierno y del Estado, la academia y las compañías prestadoras de bienes y servicios relacionados con la actividad” , enfatizó Ángel Urdinola.
     
    El Congreso tendrá la presencia de reconocidos conferencistas internacionales como: Mitchell H Hooke, Alan Broome, Paul Espie y Mike Elliott, nacionales como:  Juan Carlos Henao, Ernesto Borda, Guillermo Perry, Ramiro Bejarano, Bruce Mac Master, los exministros Minas y Energía, Orlando Cabrales Martínez y Amylkar Acosta, entre otros, además de varios de los representantes de las empresas mineras, quienes compartirán la visión de la minería en un escenario de precios bajos, competitividad y relacionamiento de un proyecto minero con su entorno, entre otros importantes temas.
     
    Igualmente, los paneles contarán con la presencia del alto gobierno y del Congreso de la República, quienes son los encargados de definir la política minera y los lineamientos para las operaciones.
     
    paisminero.co
  • Decreto destrabaría trámites mineros enredados en la ANM

    Banca De InversionUn decreto firmado por los ministros del Interior, Minas, Ambiente y Agricultura, a finales del año pasado, podría ser la clave para solucionar este cuello de botella, en las próximas semanas.
     
    El tinglado de trámites de concesiones mineras que se represa en la Agencia Nacional Minera, ANM, ya llega a las 8.406 solicitudes.
    Sin embargo, un decreto firmado por los ministros de las carteras del Interior, Minas, Ambiente y Agricultura a finales del año pasado podría ser la clave para solucionar este cuello de botella, en las próximas semanas.
     
    Y es que la razón por la cual se acumularon tantos trámites tuvo que ver con que en marzo del año pasado la Corte Constitucional, con la sentencia C-123, pidió a las autoridades mineras del país incluir en el proceso para tramitar autorizaciones de exploración o explotación minera la formulación de un acuerdo con las autoridades locales para definir, con ellas, las medidas necesarias para la protección del ambiente.
     
    Pero el 23 de diciembre del año pasado fue publicado el decreto 2691, con el que se creó un mecanismo para desarrollar este tipo de acuerdos con las autoridades municipales.
     
    Ahora bien, aunque ya existe el procedimiento, no se ha reactivado aún la gestión de estos trámites represados en la Agencia. Portafolio intentó comunicarse con la entidad para conocer las razones de esta situación, sin embargo, no fue posible obtener una respuesta oficial.
    No obstante, fuentes cercanas a la Agencia aseguran que en este momento se están afinando los detalles para reactivar la diligencia de las solicitudes en cuestión de semanas.
     
    Pero no será fácil. Para dimensionar la magnitud del asunto, hay que decir que cuando la ANM entró en operación, en el 2012, se tenían 19.629 solicitudes mineras represadas.
     
    La entidad tardó más de dos años en salir del 80 por ciento de estas solicitudes (15.514 trámites), esto sin tener en cuenta que todos los días entran nuevas peticiones al sistema.
     
    Para el experto del sector minero, Eduardo Chaparro Ávila, el Gobierno se demoró en sacar esta reglamentación y el represamiento de los trámites en la agencia estimula la actividad ilegal.
     
    “Con esta parálisis en el sistema se frena la exploración, se estimula la ilegalidad (porque ante la demora para realizar el trámite algunos deciden explotar de todas formas sin autorización) y se generan una serie de situaciones que se agravan con el tiempo. Ahora se tiene que negociar con los municipios, y no tengo muy clara la capacidad del Ministerio o de la Agencia para atender estos procedimientos”, señaló el analista, adscrito a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi.
    De acuerdo con el procedimiento fijado en el decreto 2691, los concejos municipales podrán solicitar medidas de protección para prohibir las actividades mineras en los territorios de su jurisdicción, siempre y cuando esta petición esté sustentada por estudios técnicos que debe presentar el municipio y vayan en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial.
     
    El decreto también explica que el nuevo procedimiento aplica solo para las solicitudes que se presenten después de la fecha de publicación del decreto (23 de diciembre).
     
    Las que se hayan radicado antes la ANM deberá decidir, pero teniendo en cuenta los acuerdos que se logren entre el Ministerio de Minas y Energía y los municipios.
    LOS PLAZOS
     
    Según el decreto 2691, los municipios tienen hasta marzo para enviar al Ministerio las solicitudes de declaración de zonas excluidas de la Minería.
    La cartera tendrá 10 días hábiles para confirmar el recibido y si la solicitud no cumple con los requisitos pasará a estudio de la autoridad competente, que tendrá 20 días (prorrogable por 20 más) para resolver si aprueba la exclusión solicitada por la autoridad municipal.
     
    CIFRAS DE LA DESCONGESTIÓN
     
    19.629: trámites de concesiones tenía la ANM cuando fue creada, es decir en el 2011.
     
    7.066: trámites de concesiones tenía la Agencia en mayo del 2013. En ese entonces había avanzado la descongestión.
     
    8.406: trámites de concesiones se aumentó el número después de casi 10 meses de freno a los trámites.
     
    Fuente: Portafolio.co / Nohora María Celedón
     
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  • Demanda al Código Minero espera frenar minería ilegal

    Mineria Ilegal ChocoBogotá- El miércoles, la Defensoría del Pueblo por medio de su representante, Jorge Armando Otálora, explicó que presentará una acción jurídica contra el Código Minero ya que se advierte inconstitucionalidad en el artículo 165, pues impide que la Fiscalía y las autoridades locales puedan controlar el fenómeno de la minería ilegal.
     
    Según la entidad, “la norma citada permite que si un agente minero que opera sin título inicia su proceso de legalización, la Fiscalía no pueda ejercer acciones penales en su contra hasta que la autoridad ambiental resuelva dicha legalización, como tampoco podrán las autoridades administrativas locales tomar medidas para suspender la actividad minera y proceder al decomiso de materiales en esos complejos que operan sin el lleno de los requisitos legales”. Lo que explican está llevando al incentivo de la minería ilegal.
     
    No obstante, el problema no es en blanco y negro, ya que de darse una modificación al artículo se afectarían los trabajos de una gran cantidad de mineros del país, que a pesar de que no se han legalizado, cumplen con los requisitos, llevan años en el proceso y dependen de la extracción del mineral. 
     
    Más aún cuando “muchos de ellos han querido legalizarla, formalizar, pero en vez de encontrar un camino expedito para ese propósito terminan considerados por las autoridades como mineros “ilegales” o “criminales”, explicó el procurador Alejandro Ordóñez. 
     
    De hecho, según cifras de la Procuraduría, quien ha realizó  un llamado en lo que concierne al Programa de Formalización de Minería Tradicional, que toma cerca de tres años por proceso, “de las 8.500 solicitudes que fueron presentadas, únicamente se aprobó una, con un porcentaje de 0,01% de otorgamiento. También, encontrándose en evaluación 3.813 se han archivado 4.686 solicitudes, lo que corresponde a 55,12%. Resultados que no parecen reflejar avances, pues la sola capacitación del minero, más de 5.500 el año pasado de acuerdo con el Gobierno, no es suficiente, ni se puede considerar un apoyo”, concluyó Ordóñez. 
     
    De esta manera, los expertos explican que a pesar de que el camino no sea la demanda al Código Minero, las autoridades del sector si deben realizar un cambio en los procesos, ya que como explicó Otálora “pese a las cerca de 5.000 visitas de fiscalización, seguridad y salvamento reportadas a comienzos de este mes por la Agencia Nacional de Minería, la ausencia de controles que permite la norma durante el proceso de legalización, termina autorizando actividades mineras sin la adecuada implementación de medidas de mitigación y prevención de riesgos”.
     
    Más aún, cuando según cifras de la entidad a mayo pasado, hay cerca de 3.000 complejos de extracción que aún están en proceso de formalización, y  “por lo anterior constituyen un escenario de riesgo ante posibles accidentes, contaminación de fuentes hídricas y presencia de grupos ilegales”.
     
    Finalmente, frente al tema el exviceministro de Minas, César Díaz, explicó que hay que entender que todos los procesos son diferentes y el Gobierno está haciendo el mayor esfuerzo para llevar a la legalidad a la mayor cantidad de mineros”. Además de que llegar a la legalidad es un escenario que beneficia a todos los integrantes de la cadena productiva.
     
    Situación financiera de las mineras
    En 2014, los ingresos operacionales consolidados de las 349 empresas del sector minero analizadas por la Superintendencia de Sociedades, fueron de $18,85 billones. Sin embargo, según la entidad, el comportamiento individual de los subsectores de la industria es muy variado y permite destacar que el subsector de los minerales metálicos presentó un aumento de 4% en sus ingresos operacionales, al pasar de $2,01 billones en el 2013 a $2,09 billones en 2014.
     
    Las opiniones
     
    Alejandro Ordóñez
    Procurador general de la Nación
    “Exhortamos al Gobierno para que se haga una revisión de la normativa minera, se tipifique el concepto de minería ilegaly por ende se establezcan las sanciones”.
     
    Jorge Armando Otálora
    Defensor del Pueblo
    “El trámite de legalización dura cerca de tres años y puede ser prorrogado, lo que a final de cuentas genera problemas ambientales, laborales y sociales en las regiones”.
     
     
    Fuente: Larepublica.co
     
     
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  • Destrucción y etnias amenazadas deja minería ilegal de oro en Amazonía

    Esta actividad causa estragos en el ecosistema regional.
     
    AmazoniaLas playas del río Caquetá dejaron de ser seguras hasta para las tortugas charapas que llegaban a anidarse. En ya casi una década del boom de minería ilegal de oro, las dragas y el mercurio han hecho mella en las aguas y los estragos han cambiado la vida de al menos cinco etnias indígenas. (Lea también: Invasiones, minería y coca están arrasando 13 parques naturales)
     
    La selva amazónica, a la altura del corregimiento de Araracuara (municipio de Solano en Caquetá), ha sido degradada a lo largo de su historia. Primero fue la ola del caucho y hoy la ambición por el oro. Actualmente, no hay nada en la economía local que no se relacione con la comercialización del oro.
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    Así lo concluye el informe ‘Las rutas del oro ilegal’, una investigación que recoge cinco estudios de caso de este fenómeno que se apodera de la cuenca amazónica, el gran pulmón del mundo, de 7,9 millones de hectáreas. La Sociedad de Derecho Ambiental del Perú y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de Holanda coordinaron este reporte que detalla los intríngulis de la minería informal en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.
     
     
    El río Caquetá tiene 2.280 km de largo. Atraviesa la Amazonia desde el sur de Colombia hasta Brasil. Fundación para la Conservación y el Dllo.
    Sin ser la nación con mayor producción –de hecho los investigadores aseguran que Colombia ocuparía el cuarto puesto en la proliferación de esta actividad criminal en la región–, nuestro país muestra una alarmante relación entre el conflicto armado, la pérdida cultural de sus minorías étnicas y la extracción de este mineral. (Lea también: Incautaciones por minería criminal servirán en restauración ambiental)
     
    El capítulo colombiano, a cargo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FDSC), compila cifras alarmantes: se calcula que hay más de 15.000 mineros informales y el 56 por ciento de las unidades de producción de esta actividad no tiene ningún título ni licencia ambiental. La Fundación asegura que en cada región la depredación del medioambiente por la minería ilegal es un universo distinto. En Chocó, en el Caribe o en el centro del país varían las prácticas y los actores. Por eso la crisis de Araracuara es tan solo una de las caras.
     
    La tragedia de Villa Azul
     
    Después de navegar tres horas por río desde Araracuara, se llega al resguardo Nonuya de Villa Azul, un bastión de la diversidad étnica del país. Allí conviven las comunidades indígenas uitoto, muinane, andoque y nonuya.
     
    Como este existen otros 20 resguardos habitados por cinco etnias dispersas en un área amplia del municipio de Solano (Caquetá), el segundo más extenso de Colombia, lo que hace complejo el acceso hasta sus más recónditos rincones.
     
    La comunidad del resguardo Villa Azul, de 134 personas reunidas en 21 familias, se formó en 1988 a partir de varios grupos étnicos. Sin embargo, solo a diez años de ser constituida, empezaron a ver la llegada de los mineros.
     
    “La mayoría eran extranjeros. Se encontraban en la zona de la Isla de Barranquilla, invadida por las balsas que se encontraban de lado al lado del río. Muchas de las personas que inicialmente trabajaban allí eran brasileños; en ese momento los indígenas y habitantes de Puerto Santander y Araracuara no sabían de minería”, relata uno de los líderes a la organización Tropenbos Internacional, que indagó la zona en el 2012.
     
    Pero desde el 2004 empezó una creciente oleada de nuevos trabajadores. La FDSC, que viajó al territorio en noviembre del año pasado, logró establecer que en temporadas donde la producción es menor, pueden estar funcionando unas 70 balsas, la mayoría de las cuales ahora pertenecen a colombianos, que vienen del Caquetá, Chocó y Antioquia. La cifra resulta alarmante si se tiene en cuenta el cálculo que dice que cada balsa podría arrasar con cerca de 500 metros de las orillas del río.
     
    Según el informe, en las épocas en las que las balsas pueden trabajar a tiempo completo, y las condiciones climáticas y la cantidad de obreros son adecuadas, una balsa puede producir cerca de 60 gramos de oro diarios. Cuando las circunstancias no son ideales, el resultado puede ser de 20 gramos.
     
    Esto significa que en esta zona se producen cerca de 4.200 gramos de oro por semana, de los cuales la mitad va para el pago de empleados (regularmente trabajan cinco personas por balsa), lo que deja una ganancia cercana a los 92.400 dólares. Los precios del oro oscilan entre los 32 y los 44 dólares por gramo.
     
    Ante las vastas ganancias de esta actividad, la pobreza de la comunidad resalta. En el resguardo no hay servicios de acueducto, alcantarillado ni electricidad. El agua que toman proviene de los afluentes del río Caquetá, ese mismo que se mezcla con el mercurio.
     
    “Son indígenas que están en el auto 004 y en peligro de extinción. Tienen amplios territorios, pero no tienen una economía local fuerte que les permita tener una sostenibilidad a largo plazo”, explica Alejandra Laina Agudelo, coordinadora del capítulo colombiano.
     
    Laina asegura que algunos jefes de familia y jóvenes han optado por dedicarse a esta actividad, y alcanzan a ganar más de un salario mínimo a la semana. Sin embargo, el riesgo es que se pierdan las tradiciones de su etnia. El municipio aledaño en Amazonas es el centro de comercio del oro extraído. De ahí es llevado a Bogotá, donde los compradores se encargan de ‘blanquearlo’. “Seguirle la pista es casi imposible. No hay manera de controlarlo ni los países receptores tienen regulación para saber si es un explotado legalmente”, agrega la investigadora.
     
    El oro también ha dividido los intereses de la comunidad. Mientras algunos trabajan en las actividades de minería ilegal, debido a la falta de alternativas rentables de trabajo, otros se ven restringidos en sus recorridos por el río, porque los mineros amenazan a la población indígena en actividades como la pesca, la cacería y el uso de sitios y especies culturalmente importantes para ellos. (Lea también: Minería socava estabilidad de la vía a Buenaventura)
     
    A esto se le suma la constante zozobra por los operativos militares, liderados por la Fiscalía y el Ejército Nacional, para combatir la minería ilegal con la destrucción de las balsas, hecho que a su vez genera contaminación y daños en las chagras de las que viven los indígenas.
     
    Los investigadores también identificaron una disminución en la disponibilidad de especies de cacería y pesca debido a la alta demanda de los mineros, y esto se agrava con la evidencia de contaminación con mercurio en los peces de la zona.
     
    Medida contra el problema
     
    Ante la situación de Araracuara (Caquetá), el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, aseguró que las dificultades del contexto colombiano, como la presencia de bandas criminales y redes de narcotráfico, hacen más difíciles las actuaciones de la fuerza pública. El Gobierno viene trabajando en un proyecto de ley que busca darle la facultad a la Policía de cerrar minas ilegales y decomisar el oro cuando no se pueda justificar su procedencia. También se incluye un aumento de las penas relacionadas con este ilícito.
     
    El lastre del mercurio
     
    El más reciente Estudio Nacional de Aguas, liderado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), estimó que cerca de 205 toneladas de mercurio son vertidas anualmente al suelo y al agua en el país.
     
    Las tres zonas con mayores arrojos de metales pesados son el río Atrato, el río Cauca y algunas zonas del Magdalena medio y bajo.
     
    LAURA BETANCUR ALARCÓN
    Redactora de EL TIEMPO
     
  • Dificultades en sector minero reconoce el gobierno

    Mineros CascsMedellin - El ministro de Minas y Energía, Tomás González, durante la instalación de la XI Feria Minera de la Andi, la cual se desarrolla el 28, 29 y 30 de octubre en el centro de convenciones Plaza Mayor de Medellín reconoció que el sector minero energético del país atraviesa por ‘dificultades’ por los altos precios en bolsa y las decisiones de la justicia, concernientes a combatir la minería informal.
     
    “Son tiempos difíciles para la minería. Los ciclos de precio siempre son duros para industrias extractivas y los precios del oro, los precios del carbón, los precios de los minerales y de los otros metales están en niveles difíciles que le han puesto mucha presión al sector”, afirmó el ministro de Minas y Energía.
     
    Sumado a ello, estarían las decisiones de la justicia frente a la extracción y exploración de compañías en diferentes, en medio de, según él, “falta de información con acusaciones injustas”.
     
    “Además de esos precios difíciles, hemos tenido decisiones judiciales que han sido duras para el sector que han implicado acomodarse, ajustarse y que nos han llevado a tener que actuar de manera precipitada, acelerada para mantener el rumbo”, aseguró.
     
    Frente a ese panorama, el funcionario reiteró que se avanza en un proceso de restructuración de la Agencia Nacional de Minería. Los cambios estarán enfocados en cuatro frentes.
     
    “La más importante y la que más tiene que mejorarse es la predictibilidad y los tiempos de respuesta. Segundo, el tema de fiscalización. Hemos recorrido un camino largo, pero tenemos que aprender de la experiencia que ya está. Tres: el corazón de lo que tiene que ser una agencia minera que es el catastro, hay avances, pero todavía no tenemos el catastro que nos merecemos. En cuarto lugar, asegurarnos de que la agencia esté mucho más involucrada en los temas de formalización”, detalló.
     
     
    Por: Paisminero.co 
  • Disminuyen bosques colombianos por minería ilegal y tala

    Los mayores estragos ocurrieron dentro de la Amazonía, considerado el principal pulmón del mundo, reveló un informe del ministerio de Medio Ambiente.
     
    TalaColombia sufrió daños en más de 120 mil hectáreas de bosques el pasado año, como resultado de la minería ilegal y la tala indiscriminada, entre otros actos de depredación, alertaron este domingo expertos.
     
    Los mayores estragos ocurrieron dentro de la Amazonía, considerado el principal pulmón del mundo, reveló un informe del ministerio de Medio Ambiente.
     
    Según el titular de la cartera, Gabriel Vallejo, la minería ilegal provoca perjuicios considerables al entorno, al devastar árboles, arruinar los suelos y todo lo que encuentra a su paso.
     
    Otros de los factores que inciden en la deforestación son el desmonte despiadado de vegetación, así como el desarrollo de la agricultura sin planes adecuados de manejo o protección del medio ambiente.
     
    Las selvas de la región andina, caribeña, pacífica y el eje de la Orinoquía sufren igualmente por esos flagelos, indica Prensa Latina.
     
    De acuerdo con pesquisas del sistema nacional de monitoreo de bosques y carbono, los focos de tala están concentrados en zonas claves para preservar la biodiversidad del país.
     
    El reto principal está en contener la deforestación en la Amazonía, donde es preciso emprender una labor intersectorial, añadió Vallejo.
     
    Al referirse a las acciones para revertir la situación de deterioro, explicó que tales esfuerzos resultan respaldados por proyectos locales y otros que disponen de financiamiento proveniente del Fondo Global para el Medio Ambiente, Noruega y Alemania, principalmente.
     
    Colombia está considerado el segundo país más rico en especies del mundo, una de cada diez variedades de la fauna y la flora habitan en la nación sudamericana.
     
    Su territorio abriga a más de medio centenar de parques nacionales y a cinco Reservas de la Biosfera.
     
    APN
  • El 80 % de la minería de Colombia es ilegal, según la Contraloría

    Mineria Ilegal ChocoEl anuncio lo hizo el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, quien señaló que la minería ilegal en Colombia está generando una economía subterránea por la explotación ilegal de oro.
     
    “La minería ilegal está rebasando en un 80% a la minería ilegal manejada por grupos al margen de la ley”, precisó Maya Villazón.
     
    El jefe del órgano de control dijo que este fenómeno se presenta en varios departamentos del país y no solamente donde ayer se descubrieron importantes yacimientos de oro “que son manejados por los grupos al margen de la ley, llámense guerrilla, llámense reductos de paramilitares o bacrim, en fin, las diferentes formas de delinquir que hay en Colombia y que tienen su sustento y su apoyo económico en la minería ilegal”, concluyó.
     
     
    Fuente: Bluradio.com
  • El gigante invisible de la minería ilegal

    Recorrido por el bajo Cauca, donde la explotación ilícita y responsable comparten territorio.Recorrido por el bajo Cauca, donde la explotación ilícita y responsable comparten territorio.La primera impresión es que no hay ejército que los contenga. La presencia de los llamados ‘dragones’ brasileños, nombre que describe las dragas y retroexcavadoras que han dejado profundas cicatrices en las orillas de los ríos y en los lechos fluviales, a lo largo y ancho de la geografía nacional, es inocultable en el bajo Cauca antioqueño. Las autoridades hablan de 3.600 máquinas dedicadas a la explotación ilícita del oro.
     
    La urgencia de tomar medidas resulta evidente cuando se camina por las calles desoladas de un municipio como El Bagre. Los más de 25.000 habitantes del casco urbano tienen raíces paisas, cordobesas y vallecaucanas, y su historia hace recordar que, al igual que Zaragoza, Caucasia, Segovia y Nechí, el municipio fue, desde mucho antes de conformarse, una zona propicia para la explotación aurífera, que se remonta hasta antes de la Colonia.
     
    A pleno sol, los ‘dragones’ trabajan desde la madrugada en turnos que completan las 24 horas. Su visibilidad contrasta con el hecho de ser una actividad ilegal que arrasa con el medioambiente. Aunque en los últimos 70 años el país ha vivido en buena parte de la minería, allí la institucionalidad todavía es débil a la hora de diferenciar la explotación indiscriminada e ilegal de la minería responsable.
     
    No hay duda de que se adelanta una ofensiva, como lo comprueba la destrucción de casi una veintena de máquinas en Córdoba y Chocó desde mediados de septiembre. A pesar de ello, existe una enorme desinformación sobre el tema, a menudo orquestada desde los mismos medios de comunicación y líderes de opinión, para quienes la adjudicación de títulos mineros suele ser considerada un abuso de poder.
     
    “Ahora se habla de piñata de títulos”, dice Eduardo Chaparro, director del Centro de Pensamiento del Agua y del Sector Minero-Energético de la Andi. “¿Por qué esa expresión y la frase ‘están llenos de títulos mineros’ se asocian con algo negativo? De 100 prospectos aprobados a través de un título minero, apenas uno o dos pasan a convertirse verdaderamente en proyectos de explotación. Esto –añade– sin mencionar que un permiso puede tardarse tres años y más en ser tramitado. Pero esto no se visibiliza; al contrario, se transmite la idea de que todo título minero pasa a ser una explotación”.
     
    El caso Mineros
     
    Una de las cinco compañías que “ponen la cara” en Colombia es Mineros S. A. La empresa, de origen norteamericano, es hoy ciento por ciento colombiana y cuenta con cuarenta años de experiencia. Instalada en El Bagre y con décadas de trabajo en el bajo Cauca antioqueño, es la única compañía formal que opera en la zona. Sus 850 empleados tienen un salario integral, prestaciones, vacaciones. Y están, sin duda, en mejores condiciones que los operarios de explotaciones ilegales, a quienes no suelen pagar más de 200.000 mensuales luego de trabajar jornadas de doce horas.
     
    La paga se hace contra los dividendos recibidos por estos mercaderes, por lo cual no siempre hay compensación: “Si tuviera que elegir entre ser empleado del Cerrejón y trabajar para estos explotadores ilícitos, no dudaría un segundo en cuál elegir”, dice Eduardo Chaparro.
     
    El desierto
     
    Sin bien la minería, por responsable que sea, causa daños al medioambiente, la recuperación de baldíos donde se protegió el suelo (la roca madre), la vegetación, las especies nativas, y donde no hubo uso de químicos, llega a ser muy alta.
     
    El daño no es en absoluto comparable con el desierto que van dejando a su paso los conocidos ‘monstruos amarillos’ que aparecen en medio de la nada.
     
    ¿Cómo llegan ahí? Para el experto Abraham Korman, “lo primero es entender que hay una gran corrupción de instituciones y autoridades, incluidas entidades de control ambiental”.
     
    Esa corrupción, mezclada con deficiencia legislativa, hace que la minería ilícita sea invisible para una gran parte de las autoridades. Los operativos que se adelantan con base en facultades otorgadas por el Plan de Desarrollo han ocasionado paros, que exigen la suspensión de la práctica de dinamitar la maquinaria decomisada, con el argumento de que se viola el derecho al debido proceso ante la falta de pruebas. Pruebas que suelen hacérsele al agua, pues si bien el delito ambiental está tipificado, no hay una reglamentación para procesar el de explotación mineral ilícita.
     
    Según el coronel del Ejército encargado de la zona, Eduardo Osorno, “a veces las pruebas no llegan; y si llegan, lo hacen tan tarde que ya los ‘dragones’ han arrasado con cuanto había y se han desplazado a otro lugar”.
     
    Ángel o demonio
     
    El pueblo es caluroso, polvoriento. Algunas construcciones públicas, parques y escuelas de la alcaldía pasada se destacan por ser espacios modernos, pensados como un servicio para la comunidad. Pero hay otra cara. Barrios de invasión donde no entra la Fuerza Pública. La expresión más cercana a la institucionalidad en este territorio la representan la Policía y especialmente el Ejército, con 1.400 hombres para tres municipios.
     
    A pesar de las dificultades, miles de familias han tenido sus hijos aquí, hijos que ya votan, trabajan y hacen parte de una comunidad que espera ser reconocida por motivos distintos a la delincuencia.
     
    ¿A quién culpar?
     
    La relación de Mineros con el municipio viene desde siempre y guarda cierta similitud con la de las viejas haciendas, cerca de las cuales se acababan fundando pueblos habitados por los campesinos que trabajaban la tierra y se ocupaban de la servidumbre, en una relación de dependencia.
     
    La empresa existía ya cuando nació el municipio y, hasta cierto punto, mantiene con él una relación paternalista. Desde que se pone un pie en El Bagre, se percibe esa relación simbiótica: el aeropuerto era de Mineros hasta hace cinco años, cuando se lo donaron al municipio. La única entidad técnica es la escuela de formación minero-ambiental, gestada por el Sena y la minera.
     
    Para el alcalde encargado, Antonio Serpa, se está empezando a hacer presencia en veredas a donde nunca había llegado la administración municipal, de la mano de la empresa, a la que considera una aliada incondicional de la gestión pública. Por otro lado, no faltan quienes la responsabilizan del atraso y la violencia en la zona. Para un habitante del pueblo, se los suele responsabilizar con facilidad: “Ellos tienen nombre, son visibles, han estado aquí siempre. ¿A quién más vamos a echarle la culpa si no a los que podemos señalar?”.
     
    Destruyen terrenos que ya hemos revegetalizado
     
    En las zonas donde la minería formal tiene licencia es usual encontrar ‘dragones’ a pocos metros de distancia, usufructuando el mismo suelo.
     
    Ramiro Jaramillo, director general de aluvión de Mineros, cuenta que pedir un amparo administrativo puede tardarse de tres a seis años, momento en el cual los ilegales se han desplazado a otra parte: “Ocurre que invaden y destruyen terrenos que ya hemos revegetalizado, contaminan aguas que ya hemos filtrado o arrasan cultivos en terrenos que estamos recuperando, sin mencionar que operan en los terrenos donde nosotros tenemos licencia. Lastimosamente, las autoridades no suelen tener las herramientas para apoyarnos desde la institucionalidad”, señala.
     
    Solamente el 13 por ciento del oro que anualmente se extrae en el país viene de empresas formales. El 87 por ciento restante surge de la minería ilegal, la que usa mercurio y cianuro, causando pasivos ambientales con daños irreversibles al agua y al suelo. Se calcula que 2.000 toneladas de mercurio son vertidas al año en Colombia.
     
    Entre esas montañas blancas que hacen pensar en un cementerio de elefantes, los pasivos ambientales se multiplican día tras día. En el país, 300.000 hectáreas han sido arrasadas por la explotación ilícita, sin que a mediano plazo se vislumbre una cura para la enfermedad.
     
    El dinero en juego hace que los ‘dragones’ lleguen hasta los lugares más recónditos y hagan presencia en seis parques nacionales, creciendo y multiplicándose con la misma habilidad de la cocaína. No en vano, la conexión entre estas dos actividades ha sido establecida por las autoridades.
     
    Para el coronel Osorno, el problema es el mismo desde hace más de medio siglo: “Dígame usted, ¿no inició ‘Marulanda’ la guerrilla por la falta de tierra para los campesinos? Y la lucha sigue siendo por lo mismo. Los distintos grupos armados, ‘bacrim’, Farc, Eln, lo que han hecho es disputarse el territorio. Es esa relación con la tierra lo que tiene que cambiar si queremos hacer viable el posconflicto”.
     
    La falta de oportunidades en la región contrasta con las divisas que deja el mercado del oro. Toda retroexcavadora ilegal paga vacuna. A eso hay que sumar que Mineros tiene una política de cero negociación con los grupos armados.
     
    Los empleados firman cláusulas donde se advierte que de ser secuestrados, nadie pagará su rescate.
     
    Pero, aunque no negocien, aunque tengan apoyo de las Fuerzas Armadas, les han volado torres, les han asesinado y secuestrado empleados y les han incinerado botes. Hoy tienen en total 45 retroexcavadoras que ocupan los territorios donde tienen licencia para operar.
     
    Como gigantes invisibles
     
    Para Rafael Ángel, gerente de la Unidad de Explotaciones Minerales, la minería bien puede ser un factor que contribuya a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
     
    La discusión entre posiciones tan contrapuestas difícilmente ha dejado espacio el diálogo: “Hay periodistas y académicos de medioambiente a los que hemos invitado numerosas veces, sin que acepten siquiera venir a conocer. No queremos convencerlos de nada, solo mostrarles cómo funciona la operación para que hablen con conocimiento de causa”.
     
    Eduardo Chaparro, director del Centro de Pensamiento del Agua y del Sector Minero-Energético de la Andi, reafirma: “Hay que diferenciar entre la pequeña minería, que es una actividad lícita, la minería de empresas nacionales e internacionales, un trabajo que requiere de una riqueza económica, así como de una inmensa riqueza técnica, y la explotación ilícita de minerales, que para empezar no debería llamarse minería, pues no es un trabajo que responda a la ciencia y la tecnología propias de la actividad. La explotación ilícita hace más pobres a los pobres, al tiempo que genera violencia”.
     
    Y concluye: “No es razonable perseguir y condenar al que da la cara, se identifica, planea, rinde cuentas, paga regalías y genera empleo, mientras que al ilegal, al ilícito, al que se dedica a una actividad destructiva, no solo con el medioambiente, sino con las comunidades donde opera y a las que somete, se le deja hacer sin control de las autoridades, como si fuesen invisibles”.
     
    ‘Ya vivimos tranquilos’: Luis
     
    “Antes vivía en una casita humilde, donde eran más o menos unos seis metros cuadrados. Mandé una solicitud a la empresa, y así fue como acabamos con mi mujer y mis cuatro muchachos viviendo aquí. Me preguntaron si me gustaba, les dije que cómo no me iba a gustar”.
     
    Luis es uno de los 220 beneficiarios de las parcelas en tierras baldías que Mineros S. A. está entregando a campesinos del bajo Cauca en el departamento de Antioquia, con apoyo del Incoder.
     
    Desde hace 10 años, los interesados pueden participar en una convocatoria para tener un contrato de aparcería, a cambio de cultivar terrenos donde hubo una explotación minera. Personas como Luis cumplieron el contrato por tres años, luego pasaron a la figura de comodato y, a los 6 años de habitar el predio, recibieron la escritura.
     
    Como la de Luis, hay otras 45 parcelas con cacao, plátano, yuca, maracuyá, entre otros. Algunos tienen ganado, gallinas, patos, así como pozos con peces de río, como bagre y cachama.
     
    El arroz se vende bien, y Luis y su familia comienzan a sostenerse de lo que se cultiva. Estamos a unos kilómetros del municipio de El Bagre en lancha, rodeados por retroexcavadoras y grupos ilegales en un departamento que produce casi la mitad de oro ilegal del país, y Luis, nacido en Lorica, Córdoba, está parado entre sus cultivos, contándome que nunca imaginó tener su propia tierra.
     
    Las casas de aparcería tienen 150 metros. Afuera se ven los cultivos. “Antes de venir aquí, me dediqué a las minas eso ‘ilegal’ que dicen, pero me salí porque no me gustó. Siempre pasaba algo. Alguien venía a cobrar o venía el Ejército o la Policía y había que parar el trabajo. Como yo soy cristiano, me dije: ‘con la ayuda de Dios, tiene que llegar algo mejor’ ”.
     
    La mujer vendía mazamorra en el pueblo para completar “la merca” de los niños. Luis recuerda que a duras penas juntaban doscientos mil pesos mensuales: “Ahora estamos muy amañados. Yo trabajo, reposo, estoy con los niños, trabajo, vuelvo y reposo, vendo lo que cultivo en el pueblo y en cada venta no saco menos de cien mil. Vivimos tranquilos, trabajando bien y sin angustias”.
     
    MELBA ESCOBAR*
    Especial para EL TIEMPO
    Escritora y periodista. Es columnista del diario ‘El País’ de Cali.
    Su novela más reciente es ‘La Casa de la Belleza’.
  • El Mundo Se Une Contra La Contaminación Por Mercurio

    Mercurio Mundo

    La primera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Minamata sobre Mercurio (COP1) se celebra del 24 al 29 de septiembre de 2017 en Ginebra, Suiza.

    Unos 15 millones de mineros artesanales y de pequeña escala están expuestos al mercurio en más de 70 países de todo el mundo.

    La exposición al mercurio causa daños duraderos al cuerpo humano, particularmente en niños y fetos.

    Ginebra, 24 de septiembre de 2017 - Representantes de más de 150 países se reúnen en Ginebra esta semana para marcar un hito en sus esfuerzos por combatir la contaminación por mercurio, una de las sustancias químicas más peligrosas para la salud humana y el medio ambiente. Se trata de la primera Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata sobre Mercurio, que entró en vigor el 16 de agosto de 2017.

    El mercurio es una neurotoxina con un alcance global. Este metal pesado es liberado en el medio ambiente como resultado de una serie de actividades humanas, allí entra en la cadena alimentaria, se acumula en el cuerpo y puede causar daños al cerebro, el corazón, los riñones, los pulmones y el sistema inmunológico de personas de todas las edades. El mercurio es particularmente dañino para los niños y los fetos, cuyo sistema nervioso está en desarrollo. Los daños al cerebro causados no pueden ser revertidos y no se conoce ningún nivel de exposición segura al mercurio en seres humanos, ya que los efectos pueden observarse incluso en niveles de contacto muy bajos.

    Las partes en el Convenio de Minamata sobre Mercurio comenzarán a aplicar el nuevo tratado global que incluye la prohibición de nuevas minas de mercurio y la eliminación de las existentes; regular el uso del mercurio en la minería aurífera artesanal y en pequeña escala, de ciertos procesos industriales y de la producción de artículos cotidianos tales como ciertas lámparas fluorescentes compactas, baterías y empastes de dientes; así como controlar las emisiones de mercurio como subproducto de una serie de sectores industriales, incluida la quema de carbón.

    "Este convenio salvará vidas", dijo Erik Solheim, Director Ejecutivo de ONU Medio Ambiente. "La gente en todo el mundo está siendo envenenada y es hora de que esto se detenga. Ahora comienza el trabajo para eliminar el mercurio de nuestros procesos industriales y mantenerlo fuera de nuestros cuerpos y nuestros frágiles ecosistemas”.

    Miles de toneladas de mercurio se emiten cada año a través de emisiones al aire, tierra y agua. El mercurio puede liberarse naturalmente por incendios forestales, erupciones volcánicas o el desgaste de rocas que contienen el metal. Sin embargo, las emisiones más significativas provienen de las actividades humanas, particularmente de la quema de carbón y la minería de oro artesanal y de pequeña escala. Sólo la minería expone al envenenamiento a hasta 15 millones de trabajadores y sus familias en más de 70 países, y esto incluye a los niños trabajadores.

    La contaminación por mercurio es un problema global, ya que se vaporiza y por lo tanto puede ser transportada a través del aire a largas distancias lejos de su fuente de emisión original, afectando al aire, el agua y el suelo. Como el mercurio es un elemento indestructible, el convenio de Minamata estipula también las condiciones para su almacenamiento provisional y su eliminación cuando se convierte en residuo.

    Durante siglos, el mercurio se ha utilizado en dispositivos de medición como termómetros y esfigmomanómetros (dispositivos de presión sanguínea). El Convenio de Minamata estipula la eliminación gradual de la fabricación, importación y exportación de estos productos con mercurio al 2020. Varias instituciones de salud en países como Sudáfrica, Brasil y Filipinas han demostrado que esto es factible.

     El Convenio de Minamata

    El Convenio de Minamata contiene disposiciones que se refieren a todo el ciclo de vida del mercurio, incluidos controles y reducciones en una gama de productos, procesos e industrias en los que se utiliza, se libera o se emite el metal. También aborda la extracción primaria de mercurio, su exportación e importación, su almacenamiento seguro y su eliminación una vez que convierte en residuos.

    En virtud del convenio, los países deben:

    ·Controlar las emisiones de mercurio de industrias clave (incluyendo el carbón, incineración de residuos, metales no ferrosos y producción de cemento).

    ·Prohibir la extracción de mercurio y cerrar minas de mercurio existentes después de un período de tiempo.

    ·Controlar el comercio de mercurio.

    ·Trabajar para reducir el uso de mercurio en la minería de oro artesanal y en pequeña escala - la mayor fuente de contaminación por mercurio

    ·Promover la cooperación internacional en la vigilancia del mercurio y la innovación

    Suministro, Comercio y Demanda Globales del Mercurio

    El nuevo informe de ONU Medio Ambiente, Suministro, Comercio y Demanda Globales del Mercurioconfirma que la minería aurífera artesanal y de pequeña escala es la mayor fuente de emisiones de mercurio (principalmente en África, Asia y América Latina), seguido por la quema de carbón. Los principales usos del mercurio continúan en la minería de oro artesanal y de pequeña escala, y en la producción de cloruro de vinilo monómero, siendo estas dos aplicaciones responsables de más de 60% de la demanda mundial de mercurio.

    La minería aurífera artesanal y a pequeña escala produce de 12 a 15% del oro del mundo y emplea a alrededor de 15 millones de personas, a menudo en zonas rurales remotas, incluyendo a entre 4 y 5 millones de mujeres y niños que a menudo no tienen conciencia de los riesgos del mercurio y alternativas más seguras. Existen múltiples programas para ayudar a los mineros a cambiar a procesos de minería sin mercurio, pero los desafíos son enormes.

    Para satisfacer la creciente demanda de oro, nuevas cadenas de suministro de mercurio han surgido desde 2011 en México e Indonesia, con una producción combinada estimada en entre 800 y 1100 toneladas en 2015.

    El uso de mercurio en la producción de cloruro de vinilo monómero también se encuentra en un máximo histórico, aunque se han adoptado medidas para reducir y finalmente eliminar el proceso basado en mercurio.

    Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente

    La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el máximo órgano mundial de toma de decisiones ambientales, se reunirá en Nairobi, Kenia, del 4 al 6 de diciembre de 2017, con la contaminación como tema principal. Más información en: http://www.unep.org/environmentassembly/es

    Nota a los editores

    El convenio, firmado por 128 países, toma su nombre del más grave desastre de envenenamiento por mercurio de la historia, que ocurrió en Minamata, Japón, en mayo de 1956, después de décadas de descarga de aguas residuales industriales en la Bahía de Minamata. Los aldeanos que comían pescado y mariscos de la bahía empezaron a sufrir convulsiones, psicosis, pérdida de conciencia y coma. En total, se certificó que miles de personas sufrieron directamente de intoxicación por mercurio, lo que ahora se conoce enfermedad de Minamata.

    Fuente: unep.org

     

  • El reto para enfrentar la minería informal en América Latina

    Mineria Ile1La explotación informal de recursos mineros priva a las arcas fiscales de cuantiosos ingresos y genera conflictos regionales. Pero de poco sirven las prohibiciones si no hay alternativas laborales atractivas.
     
     
    El trágico accidente de ocurrido en una mina del proyecto Bonanza, en Nicaragua, volvió a poner de relieve el problema de la minería informal, muy extendida en diversos países de América Latina. El notable aumento que experimentó en los pasados años el precio de los recursos minerales, y sobre todo del oro, potenció la proliferación de mineros artesanales y de explotaciones que se llevan a cabo sin sometimiento al control estatal.
     
    Los efectos negativos para el erario público son evidentes, y también los peligros que de ello emanan para el medio ambiente y para los propios trabajadores, que muchas veces carecen de adecuadas medidas de seguridad, como acaba de verse en el desastre minero nicaragüense.
     
    Diversos gobiernos de la región han emprendido en consecuencia una batalla contra la minería informal. En Colombia, por ejemplo, las autoridades han llegado a destruir maquinaria de minas ilegales, en un intento por poner freno a una actividad que parece desbordarse. Un censo cifró en alrededor de 14.000 las explotaciones mineras en Colombia; de ellas, un 63% no tiene título legal.
     
    Casos diferentes. “Es cierto que hay una expansión de todo el sector minero, pero hay que diferenciar un poco”, indica Wolfgang Kaiser, responsable del programa para Colombia y Ecuador en el departamento de América del Sur de la organización humanitaria alemana “Brot Für die Welt” (Pan para el Mundo). “En eso que se llama minería informal, hay tanto grupos que practican la minería artesanal, tradicional, como personas o empresas que compran retroexcavadoras y comienzan a explotar las tierras sin tener títulos y sin control alguno por parte del Estado”, explica.
     
    Estas “empresas ilegales” a veces llegan a utilizar decenas de máquinas y poco tienen que ver con los mineros artesanales que tradicionalmente se han ganado así la vida. Pero también hay personas que, en vista de alto precio de los minerales, empieza a trabajar en la minería artesanal sin resguardar el medio ambiente, lo cual crea numerosos problemas y conflictos locales.
     
    Formalización vs. prohibición. “El problema con la minería artesanal y tradicional es que frecuentemente los gobiernos pretenden prohibir estas actividades, en lugar de buscar maneras de formalizar este sector, de mejorar su actividad con nuevas tecnologías que causan menos daños ambientales y menos daños a la salud”, dice Wolfgang Kaiser, apuntando que se requiere también otra forma de gestión y otra forma de monitoreo de estas actividades.
     
    A su juicio, la prohibición no es una solución, porque para muchas personas es una fuente de ingresos mucho más atractiva que el trabajo en el campo. “Si no existen alternativas de trabajo dignas, creo que va a continuar la minería ilegal. Por eso creo que una formalización es mucho mejor que una prohibición y la persecución de esas personas”, afirma Kaiser.
     
    Campaña peruana. El gobierno de Perú llevó a cabo una campaña para formalizar estas actividades. Pero las protestas que protagonizaron mineros informales para pedir la ampliación del plazo derivaron en ocasiones en violencia, como ocurrió en la zona de Madre de Dios, donde se produjeron graves enfrentamientos con la policía en abril.
     
    Según el gobierno peruano, unos 70.000 mineros ilegales ya están ya camino de la formalización. Eso representa un porcentaje considerable, teniendo en cuenta que en la minería informal trabajan cerca de 100 mil personas, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
     
    Wolfgang Kaiser destaca la importancia de que los Estados velen porque se cumplan las leyes y porque la riqueza generada por la minería favorezca a los países. Pero, en su opinión, es grande el riesgo de que se trate por igual a las empresas mineras ilegales y a los mineros artesanales tradicionales: “Creo que es importante hacer entender a las sociedades en América Latina que hay que diferenciar ambas cosas”.
     
     
     
    Fuente: Americaeconomia.com / Deutsche Welle
     
     
     
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  • Eliminación del mercurio en minería le ahorraría al país cerca de $1 billón: Planeacion Nacional

    Planeacion Nacional, junto con otros organismos del Estado, adelantó un informe sobre los efectos negativos del uso del mercurio en la minería del oro.
     
    Minera IlegalSegún el reporte, “entre 2013 y 2015, según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud (INS), se reportaron 1.126 casos de intoxicación por mercurio en Colombia, en 18 departamentos y 59 municipios del país“.
     
    El informe da cuenta de que los departamentos más afectados son Antioquia (312 casos), Chocó (218), Córdoba (206), Bolívar (167) y Sucre (143).
     
    “El municipio con más casos reportados en esos tres años fue Ayapel (Córdoba), con 139 registros (12,3% del país). Le siguen los antioqueños Caucasia, con 125 registros (11% del país) y El Bagre, con 78 (7% del país)“, se señala en el reporte.
     
    No obstante, estos datos pueden presentar subregistros teniendo en cuenta que solamente abarcan las atenciones hospitalarias de los eventos agudos de intoxicación.
     
    Es así que el 60% de los municipios con minería ilegal registran casos de intoxicación por mercurio.
     
    Según el director de Planeacion Nacional, Simón Gaviria, “cuando se elimine el uso de mercurio en el país, cada año se evitarían costos en productividad del orden de $931.000 millones de pesos“.
     
    La metodología de la proyección de ese casi billón de pesos se basó en los daños de salud asociados a personas afectadas por mercurio y su disminución en el coeficiente intelectual, que conlleva a pérdida de productividad laboral.
     
    “Colombia no solo debe hacer la paz con grupos armados. También tenemos que hacer la paz con la naturaleza porque el mercurio sigue causando estragos. Con 75 toneladas anuales a causa de la minería de oro artesanal y de pequeña escala, Colombia es el tercer país que más libera mercurio en el mundo, detrás de China e Indonesia“, explicó Gaviria Muñoz.
     
    “Gran parte de las actividades del uso de mercurio no son legales. Al mercurio hay que darle un tratamiento, como en los años 80, igual que a los químicos con que se hacía cocaína. De las 1.150 fuentes hídricas que cruzan el país, 232 pasan por zonas de mercurio. Por cada gramo de oro se usan 7 gramos de mercurio. Colombia produce 58 toneladas de oro, y el 86% es ilegal. No solo es prohibir su uso sino acompañar al medio millón mineros a la transición a la formalidad“, agregó Gaviria Muñoz.
     
    Efectos en la salud humana
     
    El reporte señala que en adultos, los vapores de mercurio metálico son los más dañinos.
     
    La exposición aguda a altos niveles de mercurio puede causar lesiones al pulmón, náusea, vómitos, diarrea, aumento de la presión sanguínea o del pulso, salpullidos e irritación a los ojos; las exposiciones crónicas se relacionan con cambios en el comportamiento y de las funciones cognitivas.
     
    Mientras que en los niños con envenenamiento de mercurio pueden desarrollar problemas al sistema nervioso, digestivo, el cerebro y el riñón.
     
    Así mismo, los efectos en el feto incluyen daño cerebral, retardo mental, incoordinación, ceguera, convulsiones e incapacidad para hablar.
     
    De otra parte el reporte señala que la producción de oro promedio en Colombia, en los últimos seis años, fue de 58 toneladas.
     
    Diez departamentos producen el 99,2% del oro del país: Antioquia, Chocó, Bolívar, Nariño, Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Córdoba, Guainía y Tolima.
     
    Aproximadamente, el 83% de la minería es de aluvión y el 17% restante es de filón.
     
    Así mismo, el 86,7% de la minería de oro en Colombia no cuenta con título minero ni licencia ambiental: 3.584 minas no cumplen estándares ambientales, sociales y económicos.
     
    Por su parte, 373 municipios presentaron alguna actividad asociada a la minería ilegal entre 2010–2014 (uno de cada tres municipios del país).
     
    “La minería ilegal se ha convertido en un combustible del conflicto y de las economías informales en varias regiones del país. Se estima que entre 2010 y 2014, el 38% de los municipios de conflicto presentaron actividades asociadas a la minería ilegal, focalizados principalmente en Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Chocó“, afirmó Gaviria Muñoz
     
    Impacto en el ambiente
     
    En promedio 75 toneladas de mercurio son liberadas anualmente a causa de la minería de oro artesanal y de pequeña escala, dejando a Colombia como el tercer país en el mundo, después de China e Indonesia, que más libera mercurio (Mercury Watch, 2016 y ONUDI, University of British Columbia, 2010). En 2012 se utilizaron en Colombia entre 130 y 460 toneladas de mercurio en la minería de oro. (Fuente: UPME 2014)
     
    De igual forma, los 1.150 fuentes hídricas cruzan municipios con presencia de minería ilegal de oro. De ellas, 232 fuentes hídricas pasan por municipios en los que se presentaron casos de intoxicación con mercurio.
     
    Así mismo, este elemento es usado en la minería aurífera para separar el metal (oro) del mineral (rocas y piedras) debido a la afinidad electrónica entre el oro y el mercurio.
     
    La unión entre el oro y el mercurio forma una amalgama que facilita su separación de la roca, la cual posteriormente se calienta liberando el mercurio y dejando el oro. Se evapora fácilmente a temperatura ambiente (38,4°C) contaminando el aire con vapores corrosivos y tóxicos. También se libera al agua y suelo.
     
    Antioquia presenta el mayor número de casos de intoxicación por mercurio que puede presentarse por inhalación, consumo de agua o de alimentos contaminados.
     
    Según el Gaviria recordó que la estrategia de Crecimiento Verde del Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 estableció como meta que ninguna planta de beneficio de oro en títulos mineros utilizará mercurio a 2018.
     
    La eliminación del mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala y en las actividades industriales es una prioridad nacional, reconocida en la Ley 1658 de 2013, a través de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y uso del mercurio en el país y se definen metas para su eliminación gradual: a julio de 2018 en el sector minero y a julio de 2023 en todos los procesos industriales y productivos.
     
     
     
    RCNRadio.com.co
  • En Antioquia, 3.700 niños trabajan en minería ilegal e informal

    Mineria InfantilEl Fondo Acción afirma que la situación más compleja ocurre en municipios como El Bagre con 1895 casos y Zaragoza.

    De los 51.711 niños que trabajan en Antioquia, 3.707 entre los 5 y los 17 años de edad, lo hacen en minería ilegal o informal, según el sistema de información integral para la identificación, registro y caracterización del trabajo infantil y sus peores formas.

    Al manifestar que este departamento es uno de los que reporta en el país los indicadores más críticos, Luisa Fernanda Lema, coordinadora de política pública en el Fondo Acción, señaló que la situación más compleja se da en municipios como El Bagre con 1895 casos y Zaragoza con 1370.

    "Es esa actividad minera e informal la que con mayor frecuencia está vinculando niños (…) Lo que hemos encontrado tanto en Bajo Cauca como Nordeste es que hay niños en minas haciendo barequeo hasta la comercialización, ellos son los que hacen las actividades que generan menos ingresos en la minería, son por ejemplo los que están recogiendo los desechos y toda esa cadena minera los está alejando de la educación", sostuvo la señora Lema.

    Tras dos años de trabajo en varias subregiones antioqueñas, la organización creó una ruta de acción para que las administraciones municipales actúen frente a la problemática con iniciativas que se incluyan en los planes de desarrollo.

    "Ya se construyó una ruta para que las alcaldías comiencen con un diagnóstico y terminen con actividades específicas e intervenciones (…) La invitación es que los alcaldes entren a www.fondoaccion.org ahí tenemos la ruta de erradicación del trabajo infantil, queremos que ellos incluyan indicadores específicos, recursos humanos y recursos financieros para trabajar en este problema", detalló la coordinadora.

    En la investigación adelantada por el Fondo Acción se identificó que en municipios de tradición minera como lo son Caucasia, Tarazá, Cáceres y Buriticá, no se reportan, por ahora, menores en este tipo de actividades.

    Fuente: Caracol.com.co

  • En marzo, bajó el ritmo de la fiscalización minera

    Fiscalizacion MMientras en el primer bimestre la Agencia Nacional de Minería visitó 1.052 títulos, en marzo fueron 303.

    La Agencia Nacional de Minería, ANM, reportó que en el primer trimestre del año fiscalizó 1.355 títulos mineros en el territorio nacional, en su mayoría de explotación.

    En un anterior informe, la entidad había informado que entre enero y febrero los equipos de seguimiento y control, evaluaciones técnicas y salvamento minero de la entidad habían visitado 1.052 títulos, lo que quiere decir que en el mes de marzo disminuyó el ritmo que traía la entidad, pues en marzo se realizaron solo 303 visitas.

    De acuerdo con el reporte de la Agencia, del total de títulos monitoreados por la autoridad, la mayoría de ellos, 1.116 exactamente, están en etapa de explotación, 136 en exploración y 103 en construcción.

    Además, la entidad informó que la mayor parte de los títulos visitados son proyectos de minería a cielo abierto (851), y el resto (504) son subterráneos.

    Este balance no es de extrañar, si se tiene en cuenta que en el ejercicio pasado de fiscalización se determinó que más del 80 por ciento de la minería que se hace en Colombia es a cielo abierto.

    La mayor parte de las visitas se hicieron a proyectos de materiales de construcción, le siguieron los proyectos de carbón, otros minerales, oro y, por último, esmeraldas.

    “En cuanto a los lineamientos para priorizar estas visitas son básicamente los títulos de los Proyectos de Interés Nacional PIN, los títulos en explotación, o sea con actividad productiva, aquellos títulos no visitados en el último trimestre de 2014, los títulos con aspectos de seguridad minera críticos, y aquellos títulos que representen situaciones complejas para el área aledaña y que a partir de la visita se pudieran empezar a solucionar”, señaló la presidenta de la ANM, Natalia Gutiérrez.

    La meta de abril es completar 600 visitas de fiscalización, para llegar a los 1.955 proyectos revisados por la autoridad en los primeros cuatro meses de este año.


    Fuente: Portafolio.co

  • Estudio indica que el 70 por ciento de la minería es ilegal

    Mineria CriminalUniversidad Externado presentó el estudio Minería y Desarrollo para mostrar retos de la actividad.
     
    Antioquia aporta cerca del 70 por ciento de la producción de oro del país, lo que le permite constituirse como productor de talla mundial. Así lo expresó el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez a finales de abril en el Congreso Nacional de Minería.
     
    Por un lado, es un panorama promisorio pues acorde al Ministro de Minas Germán Arce “una actividad como la extracción del oro podría ser hasta 20 veces más rentable que la cocaína”.
     
    Pero la otra cara de la moneda no es tan alentadora. Un estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia, indicó que el 70 por ciento de la Minería que se realiza en el país es ilegal.
     
    Minería y Desarrollo: los nuevos retos jurídicos del desarrollo minero a partir del empoderamiento de las autoridades territoriales es el nombre del trabajo académico en el que participaron 93 investigadores de diferentes disciplinas de la actividad minera y es considerada la investigación más completa que se ha hecho en el país sobre Minería.
     
    “Cuenta con 5 tomos con 69 escritos que tratan sobre un estudio trasversal sobre el tema en líneas como jurídicas, ambientales, empresariales, políticas, sociales e históricos”, cuenta Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado.
     
    Henao indica que el estudio –que duró cerca de dos años y medio– toca todas las facetas de la minería. Y precisamente la ilegalidad en la Minería, asegura el rector, será uno de los problemas más grandes que tendrá el país en un eventual posconflicto ya que en ésta están involucrados todos los actores de la violencia en Colombia.
     
    Opina que debe haber una lucha frontal contra la minería ilegal en dos flancos: El económico, pues se extrae el mineral del subsuelo sin pagar regalías u otros impuestos, y también el ambiental, pues la minería está botando 180 toneladas al año de mercurio.
     
    “La bolita de mercurio de un termómetro pesa menos de un gramo, ahora imagínense lo que son 180 toneladas de esas bolitas, o sea que el daño es nefasto”, explica Henao.
     
    En el primer aspecto, ya se ha creado una unidad dedicada a combatir ese flagelo como se dio en el caso de Buriticá en el que según la Gobernación se ha controlado en un 80 por ciento la situación con la salida voluntaria de 3.040 mineros ilegales y se han decomisado 95.820 millones de pesos, resultado de esta minería.
     
    El rector añade que con la nueva reglamentación en el que el poder de decisión se compartirá entre los municipios, el departamento y la nación, ayudará a combatir la ilegalidad pues “van a involucrar a más actores y entre más regulación haya es más difícil hacer corrupción”.
     
    El aspecto social
     
    Lo que plantea el tomo de Participación ciudadana y comunidades, según explica Ana Carolina González, docente de la Facultad de Finanzas del claustro, es cómo las comunidades son receptoras de los impactos de la minería, pero también en su rol como actores que quieren ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones.
     
    “En el caso de Buriticá, hay que ver cuáles son los incentivos –como el económico– que los obligan a arriesgar su vida. Me pareció muy interesante la instalación de mesas de concertación para tratar de dar solución a los temas. Pero no tiene que ser la solución del alcalde, del Ministerio de Minas, o del Gobernador, sino que sea entre todos, incluyendo a las comunidades”, cuenta la docente.
     
    Ese cambio de mentalidad, añade, requiere tiempo. Pero los mineros no son los únicos a quienes hay que hacerles pedagogía. Milton Fernando Montoya, director de Investigaciones del departamento de Derecho Minero-energético de la Universidad, asegura que los mandatarios territoriales donde se desarrolla la actividad minera no cuentan con el suficiente conocimiento para proceder y aplicar los recientes fallos de la corte constitucional.
     
    “Voy a recomendar que hagamos una pausa en el camino y trabajemos en una ley orgánica para evitar volver a cometer los errores del pasado. Y para eso la capacitación es vital”, finaliza Montoya.
     
    Fuente: Eltiempo.com / David Alejandro Mercado
     
  • Extracción ilegal de oro está arrasando con las selvas del Chocó: ONU

    En Colombia  hay 78.939 hectáreas afectadas por explotación minera, 40.839 están en el Pacífico. -  Foto minuto30.comEn Colombia hay 78.939 hectáreas afectadas por explotación minera, 40.839 están en el Pacífico. - Foto minuto30.comDe 302 hectáreas afectadas en el año 2001, Chocó pasó, en el 2014, a tener 36.185 hectáreas de selva arrasada por retroexcavadoras, dragas y balsas que han devastado la tierra y los ríos en busca de oro. Eso quiere decir que cada año desapareció en ese departamento una extensión de bosque equivalente a 10 veces el parque Simón Bolívar de Bogotá.
     
    En el reciente informe sobre explotación de oro a cielo abierto, entregado por la Oficina de Naciones para la Droga y el Delito y los ministerios de Justicia, Medio Ambiente y Minas, se le dedicó una extensa parte a la región Pacífico por la grave situación que enfrenta. De las 78.939 hectáreas afectadas del país por explotación de oro de aluvión, 40.839 están en esa zona. Y de los cuatro departamentos que componen la región, Chocó tiene el 88 % de las áreas afectadas. (Lea: Biodiversidad de Chocó, la más afectada por la minería a cielo abierto)
     
    En total, el 79 por ciento las zonas de explotación de oro a cielo abierto está en Chocó y Antioquia.
     
    Según el informe, el afán por buscar oro se incrementó en la medida en que el precio del mineral se disparó. En enero del 2000, un gramo de oro costaba 16.700 pesos; un año más tarde superó los 20 mil; en el 2004 alcanzó los 37.300 pesos y en el 2013 estaba por encima de 86 mil; en el 2014 bajó hasta 70 mil, pero el precio del dólar logró que en agosto del 2015 un gramo de oro llegara a costar 108.099 pesos. O sea que en 15 años el precio del oro se multiplicó por seis. (Lea: Habrá restauración ambiental en 6 regiones afectadas por el conflicto)
     
    Ser una región históricamente reconocida por la explotación de oro, le significó a Chocó recibir una avalancha de personas proveniente de diferentes regiones del país, que dejaron de lado las bateas artesanales, para, con retroexcavadoras, intentar sacar mayores cantidades del metal. Según Codechocó, en el 2013 había 184 % más dragas trabajando en todo el departamento que en el año inmediatamente anterior.
     
    Una de las principales conclusiones de este estudio fue la coincidencia en muchos casos de las zonas de explotación minera con la presencia de cultivos ilícitos, pues este tipo de minería a cielo abierto se está realizando prácticamente en las mismas regiones donde las redes de narcotraficantes han establecido sus cultivos de coca y los laboratorios para el procesamiento de la droga. De hecho, el sistema utilizado para la medición de las áreas afectadas es la misma tecnología satelital con el que se identifica cultivos de coca.
     
    Sin embargo, el viceministro de Medio Ambiente, Mauricio Mira, expresó que no todas las personas que se dedican a actividades mineras sin los permisos legales son criminales, sino que muchas llegaron a ese trabajo por factores económicos y culturales.
     
    Además, mientras Chocó tiene el 46 por ciento de áreas afectadas por minería de oro de aluvión a nivel nacional, solo tiene el tres por ciento de los cultivos de coca del país, con 1.741 hectáreas. Pero dado que Nariño y Cauca forman parte de los departamentos más afectados por presencia de coca, la región Pacífico es la primera en la lista de ambos fenómenos. (Lea también: Minería ilegal arrasa con más bosques que la coca)
     
    Según el estudio, este tipo de minería arrasó a nivel nacional en el 2013 con 24.450 hectáreas de cobertura de bosques naturales y vegetación secundaria, casi 10.000 más que las destruidas por los cultivos de coca, que llegaron a las 15.404 hectáreas.
     
    “La pérdida de cobertura de bosque asociada a las actividades de explotación de oro de aluvión para el año 2014 fue de 2.681 hectáreas, y se concentró en el departamento del Chocó, con 2.300 hectáreas, el 86% de la pérdida asociada”, cita el informe.
     
    De los municipios afectados por minería de oro a cielo abierto, Nechí en Antioquia va a la cabeza; sus 6.232 hectáreas arrasadas corresponden al 8 por ciento de todas las zonas afectadas del país. Le siguen Nóvita e Istmina, Chocó; esos dos municipios juntos tienen 10.244 hectáreas afectadas, para un total de 13 por ciento. Medellín es, según el censo minero citado en el documento, el destino principal del oro extraído en Cauca, Chocó y Guainía.
     
    El informe también concluyó que de los 30 municipios que forman el departamento del Chocó, 28 han tenido algún tipo de explotación de oro a cielo abierto, entre el 2001 y el 2014. Solo los municipios de Acandí, Bahía Solano y Juradó no presentan afectación. Por su parte, los ríos San Juan, Quito y Atrato son los más afectados. En general, los cuerpos de agua que tienen explotación de oro registran altos niveles de contaminación por mercurio y cianuro. (Lea: Población donde hubo minería ilegal en riesgo por brote de malaria)
     
    El estudio también alerta sobre la presencia de explotación minera a cielo abierto en territorios especiales. Los consejos comunitarios tienen el 46 por ciento, cinco parques naturales ya denuncian el fenómeno y nueve más tienen explotación minera a menos de 10 kilómetros de distancia. Aunque las comunidades indígenas tienen mucha menos presencia, con 803 hectáreas afectadas, la explotación se focaliza en los resguardos embera-katíos de Chocó y Antioquia. En 27 de Chocó, hay 499 hectáreas afectadas.
     
    El informe señala que el restringido acceso a escenarios de desarrollo en el Chocó facilita el establecimiento de fenómenos de ilegalidad. Más de la mitad de ellos no tienen red vial y solo pueden acceder a ellos mediante embarcaciones de baja capacidad.
     
    47 hectáreas de parques nacionales naturales han sido explotadas
     
    De acuerdo con el informe del Ministerio de Justicia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre los daños causados por la minería de oro en aluvión, más de 2.000 hectáreas de bosques y vegetación son deforestadas cada mes en Colombia por cuenta de la explotación de oro que se realiza en 17 de los 32 departamentos del país. (Lea: Cae brasileño, cerebro de máquinas 'dragones' que matan a los ríos)
     
    Así mismo, el documento revela que solo el 2 por ciento de las áreas detectadas coincide con regiones que cuentan con licencias ambientales, títulos, solicitudes de legalización o propuestas de contrato. El 40 por ciento tiene amparo de títulos o solicitudes de legalización, pero sin licencia ambiental, mientras que el 60 restante no cuenta con ningún permiso para la explotación.
     
    Los parques naturales y reservas forestales tampoco se salvan de esta práctica, pese a ser áreas especialmente protegidas. El informe señala que de los 59 parques nacionales naturales que hay en Colombia, 5 están siendo afectados por explotación de oro de aluvión con uso de maquinaria en tierra. En total, 47 hectáreas han sido explotadas por la extracción de oro a cielo abierto. “Independientemente de su magnitud, genera alertas por los efectos que se ocasionan sobre los ecosistemas”, advierte el documento. (Lea: Capturados dos ciudadanos brasileños por minería ilegal en Chocó)
     
    La reserva nacional natural Puinawai registra la mayor afectación de su ecosistema, con 25 hectáreas detectadas.
    Nueve parques más estarían en alto riesgo de ser dañados, pues están situados a menos de 10 kilómetros de distancia de zonas con explotación minera.
     
    ELTIEMPO.COM
  • Formalización, el único camino para combatir minería ilegal

    Mineria Ilegal CianuroEn 15 días se conocerán los mandos de los grupos de la Policía y el Ejército que lucharán contra este delito. El 17% de las áreas protegidas tienen operaciones mineras.
     
    El Gobierno Nacional presentó un plan de choque para combatir la minería ilegal, que en el caso de la extracción de oro alcanza un 88%, es decir de los 6,76 millones de gramos del metal que se produjeron en 2014, tan solo el 12% es legal (Vea cómo afecta la minería ilegal a la producción legal)
     
    El paquete de medidas, en el que participarán los Ministerios de Minas, Defensa, Justicia y Medioambiente, incluye formalización de pequeños productores que trabajan sin licencia, la oportunidad de cambio de actividad para quienes no quieran legalizarse y el castigo para los que desarrollen este tipo de actividad con el fin de financiar grupos al margen de la ley.
     
    Según el responsable de la cartera de la Defensa, Luis Carlos Villegas, para este fin serán creados dos grupos élites de la Policía y el Ejército que tendrán facultades para incautación y suspensión de actividades mineras en zonas donde no es permitido.
     
    Por su parte, Tomás González, ministro de Minas y Energía manifestó que la formalización a la que se deben ajustar quienes son legales incluye: obtener un título minero, tener un instrumento ambiental y un plan minero, pagar regalías y que el pago de los trabajadores se haga con los estándares exigidos por el Estado.
     
    Así mismo, la viceministra de minas,María Isabel Ulloa, con la política de formalización expedida en 2014 se crearon once juntas de formalización en igual número de departamentos y cerca de 880 unidades mineras en este proceso. A 2018 deberán haber terminado este proceso más de dos mil. (Vea por qué el país no es competitivo para la minería)
     
    A pesar de que el Gobierno ha declarado más de 50 parques y ha consolidado las Áreas Protegidas, en donde no se podrá desarrollar minería, el 17% de ellas tienen algun tipo de operaciones de este tipo, según Gabriel Vallejo, ministro de Ambiente.
     
    Por esta razón, el metal y los recursos que sean incautados en las operaciones serán invertidos en los pasivos ambientales generados por estas operaciones.
     
    Finalmente, explicó el ministro de Justicia, Yesid Reyes, los delitos por los que podrá ser condenado una persona están los de instigación al terrorismo, el de encubrimiento y lavado de activos. Entre tanto, quienes compongan cualquier parte de la cadena del tráfico del metal serán judicializarlos.
     
    En las próximas dos semanas será determinado quienes compondrán los grupos de la Fuerza Pública y la Policía que iniciarán las actividades.
     
    Los departamentos más afectados por este flagelo son Chocó y Amazonas
     
     
    Fuente: Elespectador.com /  Óscar Güesguán Serpa
  • Gobierno creará subcomisión para enfrentar minería ilegal

    Mineria Ileg 2011Cuatro días duró protesta de mujeres afrocolombianos exigiendo soluciones a esa problemática.
     
    Tras cuatro días de encierro en la sede del Ministerio del Interior en Bogotá, el grupo de 22 mujeres afrocolombianas que reclaman soluciones a la minería ilegal en el departamento del Cauca consiguió alcanzar los "primeros acuerdos" con el Gobierno.
     
    El Ministerio del Interior informó en un comunicado que se ha acordado "crear una subcomisión" para estudiar acciones inmediatas que pueda tomar el Ejecutivo contra la minería ilegal y que el Estado se ha comprometido "a adelantar acciones con el objetivo de erradicar la minería ilegal en el Cauca".
     
    En la consecución de estos acuerdos participaron responsables del Ministerio de Minas y Energía y de Defensa, ya que se ha asegurado a estas mujeres que el Gobierno garantizará su seguridad frente a los atropellos contra civiles cometidos por los grupos que se benefician de la minería ilegal.
     
    Como "garantes" de estos primeros acuerdos intervinieron la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y varios senadores de izquierda y movimientos indígenas.
     
    Estas mujeres, que recorrieron a pie los aproximadamente 600 kilómetros que separan el Cauca de Bogotá, se habían negado a abandonar el Ministerio hasta alcanzar una solución para este problema, que está generando inseguridad en la región, así como contaminación del medioambiente.
     
    Reclamaban la instalación de una mesa de conversación permanente para solucionar el problema y una reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que no se produjo por problemas de agenda del funcionario.
     
    Todas ellas viajaron a la capital colombiana junto con miembros de la denominada "Guardia afrocolombiana", similar a la Guardia Indígena, que portan vistosas camisetas amarillas y bastones como señal de autoridad pero que no llevan armas.
     
    El departamento del Cauca es una región tradicionalmente agrícola y minera, pero en los últimos años se ha multiplicado la extracción ilegal de minerales, actividad que está dominada por bandas criminales y por la guerrilla.
     
    Esta actividad implica el uso de contaminantes como el mercurio que causan graves daños a la salud y el medioambiente. 
     
    Fuente: ElEspectador.com
  • Gobierno prepara decreto sobre minería de subsistencia en Colombia

    Mineria CriminalSin fecha definida, pero antes de que concluya el año, el Gobierno espera expedir un decreto que señale las condiciones de la minería de subsistencia, una de las clasificaciones que estableció en junio pasado el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015) junto a la pequeña, mediana y gran minería.
     
    Así lo señaló la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa Cruz, quien agregó que la reglamentación tendrá “las socializaciones del caso” y recogerá recomendaciones de las diferentes regiones para su definición.
     
    Entre tanto, ya hay unas reglas más claras para avanzar en el infructuoso proceso de formalización de unidades productoras mineras (UPM). para su regularización: tener un título minero, o un subcontrato bajo el amparo de uno, así como un instrumento ambiental mínimo.
     
    Esto es requisito para entrar en el programa de intervención que lidera el Ministerio de Minas y Energía, mediante juntas departamentales de formalización para que las UPM reciban asistencia técnica, tengan un plan minero, eliminen el uso del mercurio (en el caso del oro), cumplan condiciones como el pago de regalías y apliquen estándares laborales acordes a la ley.
     
    Así que la meta del Gobierno para 2018 es que 2.600 UPM estén dentro del proceso de formalización. Dentro de esa cifra se incluyen las 800 unidades que tiene como meta la Gobernación de Antioquia dejar listas a finales de 2015.
     
    En aras de facilitarlo, se instaló la Junta Directiva Regional para la Formalización de la Pequeña Minería en Antioquia, el 22 de julio pasado. De 50 municipios mineros, acudieron 30, entre alcaldes o delegados, de las regiones del Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Occidente, Suroeste y Valle de Aburrá.
     
    Es la décima experiencia de su tipo en el país, luego de las aplicadas en departamentos como Santander, Cundinamarca, Caldas, Valle, Tolima y Boyacá. Sobre este nuevo espacio de interlocución y la formalización minera habló la viceministra Ulloa con EL COLOMBIANO.
     
    ¿Cuál es la tarea de la Junta Regional?
     
    “Es fundamental abrir este espacio de encuentro de todas las autoridades administrativas y ambientales de orden local, departamental y nacional, hablando el mismo idioma, con una comunicación fluida y teniendo clara la política de formalización. Lo que habíamos visto hasta ahora era a cada entidad por su lado tratando de impulsar el proceso. A lo que apuntamos es a trabajar coordinadamente, con metas precisas y resultados concretos”.
     
    ¿Cómo cuáles?
     
    “Lo que hacemos es una caracterización de las unidades mineras para saber cuál es su realidad, que ya en Antioquia está lista y en otros departamentos apenas está por empezar. Aquí ya se han caracterizado 3.500 unidades mineras, de las cuales se han intervenido 1.500 y la meta de la Gobernación es que 800 estén en proceso de formalización para este año. Además ya hay ocho subcontratos de formalización operando en Buriticá”.
     
    ¿Con qué “dientes” legales cuenta para que la formalización si tenga éxito?
     
    “El Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015) determinó que existe minería de subsistencia, pequeña, mediana y grande, una clasificación que está determinada por el número de hectáreas, por tipo de producción y por mineral. También facilita la delimitación de áreas de reserva para la formalización de pequeños mineros”.
     
    ¿Y cómo se reglamentará todo esto?
     
    “Estamos trabajando en eso ahora, en definir muy bien la minería de subsistencia y hacer las socializaciones del caso. Para nosotros es importante que las definiciones sean fruto de recoger recomendaciones de las regiones”.
     
    ¿Para cuándo saldrá ese decreto, en 2016?
     
    “No me haga comprometer con una fecha, pero esa que da usted me parece lejos”.
     
    Ahora hay una coyuntura de precios bajos de oro que limita al pequeño minero tener el flujo de caja para hacer las mejoras que implica formalizarse, ¿cómo se enfrentará eso?
     
    “Es importante cómo evoluciona el ciclo de cotizaciones, pero es evidente que si la situación se prolonga, habrá que mirar otras alternativas en términos de los apoyos que se deben buscar para las unidades en proceso de formalización”.
     
    ¿Cómo se evitará que se cuele la minería criminal en la formalización?
     
    “La formalización no es para todo el mundo y existen unos lineamientos claros y tres puertas. Una es para el que quiera y pueda formalizarse, pues hay casos concretos en que la actividad minera tiene restricciones ambientales, o no se llega a un acuerdo con el titular minero. Por eso hay un segunda puerta de la reconversión productiva cuando resulta inviable, formalmente, una actividad minera. Y si los mineros no pasan por esas dos puertas, estarán abocados a una tercera para los que no quieran cumplir, en la que enfrentarán el peso de la ley con las acciones judiciales y policivas del caso” 
     
     
    Fuente: Elcolombiano
  • Huila: Minería Bien Hecha

    Cante 2

     Carlos Andrés Cante, viceministro de Minas, estuvo en Neiva para la firma de dos importantes convenios: el primero, con la CAM para apoyar la  de regularización ambiental de pequeños mineros a través de la ventanilla ambiental, y el segundo, con la Corporación Noropita para brindar acompañamiento a 40 Unidades de producción Minera (UPM) en formalización y apoyo para los mineros de subsistencia.

    La agenda del viceministro inició con la entrega de maquinaria a mineros en el municipio de Tesalia el pasado jueves 16 de febrero, con lo que inició en firme la entrega de ocho  para pequeños y medianos mineros a los que tradicionalmente les rechazaban este tipo de préstamo.
    En su paso por LA NACIÓN, Cante habló sobre temas trascendentales para el sector: créditos, formalización, paleros, paz y expectativas.
     
    ¿Cómo inicia el 2017 en tema de minería para el Huila?
    Estamos en el departamento con motivo de la primera Junta Nacional Minera para mostrar todos los resultados de las intervenciones que hemos desarrollado como institucionalidad.

    ¿Qué acciones se desarrollaron en esta visita de trabajo?
    Estuvimos revisando con todos los alcaldes el tema de la caracterización de la pequeña minería de los 26 municipios donde trabajamos el año pasado, donde logramos identificar cerca de 400 Unidades de Producción Minera (UPM). Identificar los temas de titularidad, licenciamiento ambiental, las capacidades técnicas que tiene la UPM y los retos que enfrentamos para este año.

    ¿Qué municipios faltan en la caracterización de este trabajo?
    En El Pital, Tarqui, La Argentina, Elías, Timaná, Palestina, Hobo, Algeciras, Villavieja, Baraya y Colombia.

    ¿Qué trabajo se viene adelantando?
    Suscribimos un convenio con el Centro Provincial Agroempresarial Noropita donde los dotaremos de capacidades técnicas para que ellos, en representación del Ministerio, acompañen una serie de UPM, que cuentan con un título minero en todo su ejercicio de formalización. De igual manera, como complemento firmamos un convenio con la CAM para tener una ventanilla ambiental especial para los trámites de minería.

    ¿Cómo está el proceso de licenciamiento para los pequeños mineros, en términos ambientales?
    El porcentaje de licenciamiento, incluso de los titulares mineros que son 229 en el Huila, es bastante escaso. Por lo tanto si no tienen una licencia ambiental no pueden desarrollar la actividad minera así tengan el título, y en eso también hace parte el acompañamiento que se va a realizar.

     

    ¿Cómo se viene trabajando en el plan de bancarización para mineros?

    Este aspecto hace parte de nuestro trabajo de Minería Bien Hecha que hemos venido impulsando. En el departamento del Huila los títulos mineros que hay son de pequeña minería, con unos niveles de producción pequeños, y es allí donde nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por apoyar a los mineros. Las entidades tienen el temor, principalmente, del no pago porque no conocen la actividad, por ello desde hace tres años hemos venido abriendo puertas y a generar un proceso de bancarización y acceso al crédito.

    ¿Qué se ha logrado en este aspecto?
    De la mano con el Banco Agrario logramos que una entidad bancaria le apostara al desarrollo de la pequeña minería como una actividad rural que genera empleo y productividad, y que necesita avanzar en materia de competitividad. De esta actividad podemos decir que ya arrancamos con los primeros créditos en la entrega efectuada en Tesalia el pasado jueves.

    ¿Cuáles son las exceptivas de paz ahora en la minería?
    En general todo el gremio minero – energético tiene una presencia rural importante. Llegando en muchas ocasiones a donde el Estado no ha llegado. La oportunidad que tenemos ahora está en poder desarrollar proyectos que históricamente y por temas de conflicto armado no habíamos podido hacer. Ya lo estamos viendo, en un interés importante con las compañías más importantes del mundo, y en la medida en que podamos desarrollar estos planes y proyectos indudablemente vamos a generar desarrollo y ya empezamos.
     

     

    Fuente: lanacion.com.co / GLORIA CAMARGO 

  • Identifican 307 focos de minería ilegal en el país

    Mineria Ilegal ChocoSegún la Policía, 96 de ellos estarían controlados por bandas criminales. Valle y Cauca, entre las regiones afectadas. Riesgo ambiental.
     
    Entre la estrategia de la Policía Nacional contra la minería ilegal, se identificaron 307 focos donde hay asentados los yacimientos, en los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Córdoba y Cauca.
     
    La Policía indicó que de estas áreas, 167 están en inminente riesgo ambiental por la explotación ilícita de oro, 85 por la producción de carbón, 5 por la extracción de plata y 1 por la búsqueda de coltán. Además, 96 de estos estarían controlados por las bandas criminales como Clan Úsuga y Rastrojos, 87 por las Farc y 22 por el Eln.
     
    “Entre las acciones hechas por la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, a través del personal especializado, se detectó que varios de los focos de minería ilegal alteran el ecosistema en zonas de reserva forestal o de uso exclusivo de comunidades protegidas y los grupos criminales instrumentalizan a la población civil para que se oponga a las operaciones de la Policía”, indicó el director de la Policía, general Rodolfo Palomino.
     
    En la más reciente intervención, fueron ubicados cinco yacimientos de oro, en zona rural de Barbacoas (Nariño), área excluida de explotación por considerarse territorio de amparo para las comunidades afrodescendientes (La Gran Unión del Rio Telpí y la Unión de Cuencas de Isagualpi).
     
    Según la Policía, “trabajadores y habitantes de la región, impulsados por el 'Clan de los Úsuga', con armas blancas y otros elementos contundentes, atacaron a los uniformados para evitar la suspensión de las minas ilegales. Finalmente, 5 personas fueron capturadas, 9 retroexcavadoras destruidas y el complejo fue cerrado”.
     
    En lo corrido de 2014 la Policía Nacional ha hecho 47 operaciones de gran impacto contra la explotación ilícita de minerales, ha intervenido 337 minas, de las cuales 202 fueron cerradas, al menos 1.145 personas fueron capturadas y 86 las máquinas destruidas (68 retroexcavadoras y 18 dragas).
     
     
    Fuente: Elpais.com.co / Colprensa
     
     
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  • Identifican a 58 mineras ilegales que devastan ríos y bosques en el Cesar

    La Secretaría de Minas detectó 15 ladrilleras que extraen arcilla sin permiso y a propietarios de maquinarias que sacan material
     
    Foto Uniperiodico - UNALFoto Uniperiodico - UNALSon 58 unidades mineras ilegales plenamente identificadas las que están causando graves daños ambientales a ríos, ciénagas, bosques y playones de 24 de los 25 municipios del Cesar. El único que se salva de los efectos devastadores de esta actividad que además evade el pago de impuestos y regalías es González, al sur del departamento.
     
    La situación es alarmante, y fue revelada a través de una reciente caracterización de la explotación de recursos naturales sin títulos, ni licencias, realizada por la Secretaría de Minas Departamental.
     
    El mapa permitió detectar que los ríos Ariguaní, en la Sierra Nevada; Maracas, en Becerril; La Mula, en Chiriguaná; Simaña, en Pelaya y La Gloria; el Magdalena, en Gamarra,  son sometidos a  lesivas acciones para mantener vigente a la minería irregular.
     
    A este cuadro desolador se suman el caño Tagoto y la ciénaga Montecristo, en Tamalameque; la quebrada El Carmen, en Pelaya; y los playones El Sordo, en Puerto Viejo y del río San Alberto.
     
    De la minería ilegal subsisten 680 familias a las que    hay que legalizar. Son 33 ladrilleras y 31 canteras.
     
    Daño ambiental
    Los efectos de esta explotación ilegal son el bajo caudal de los cuerpos de agua, muerte de peces y otras especies,  la erosión, tala de árboles, deterioro del suelo y subsuelo, para solo mencionar algunos daños al ecosistema.
     
    En el caso del río Maracas ya se ha denunciado por parte de las comunidades deforestación, daño a la flora y fauna, desviación del cauce y equipos de maquinaria pesada que sacan rocas, arena y toda clase de material de arrastre del afluente.
     
    Las imágenes captadas para la caracterización muestran los socavones en el playón de la Ciénaga de Cristo, la erosión en el río Simaña, y otras afectaciones en los demás recursos naturales.
     
    También existen otras que operan sin licencias o títulos en Valledupar, Manaure, San Diego, Codazzi, Río de Oro, El Paso, Astrea, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Pailitas y Curumaní. El mapa indica que existen más de 15 ladrilleras, que extraen arcilla de manera ilegal; de las fuentes hídricas el mayor saqueo es el de material de arrastre, mientras que entre las montañas y bosques se abre paso la minería de recebo que no es más que la extracción en canteras a cielo abierto o subterráneas de materiales para la construcción.
     
    Maquinaria no permitida
    Pero también es preocupante que incluso dueños de títulos utilizan mecanismos no permitidos para hacer sus explotaciones. “Hemos encontrado propietarios autorizados con maquinaria no permitida, extrayendo material de arrastre lo que ocasiona la destrucción de los ríos”, explica la secretaria de Minas del Cesar, Carmen Cecilia Galvis.
     
    “Lo que hicimos fue identificar todas estas unidades mineras ilegales para llevarlas a las autoridades a nivel nacional, a fin de establecer cuáles se pueden formalizar y cuáles no; y en el caso de las que no cumplan con la regulación minera y ambiental, iniciar procesos de reconversión laboral”, sostuvo.
     
    Peor que narcotráfico. Un estudio de Planeación Nacional indica que la minería ilegal es un negocio 3,5 veces más a grande que la registrada por el narcotráfico, por lo que se hace necesario reforzar la lucha contra este tipo de actividad.
     
    La dramática radiografía de la minería ilegal en Colombia, con alta incidencia en 12 departamentos y 233 municipios, reveló el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad que calculó en 7.1 billones de pesos, a precios de 2014, la extracción y comercialización de productos asociados a esta actividad.
     
    Según la Subdirección Territorial y de Inversión Pública del DNP este negocio supera en 3,5 veces al del narcotráfico, que desde la década de los 80 ha sido uno de los más lucrativos.
     
    La minería ilegal, que causa estragos en los ecosistemas, contamina corrientes hídricas y destruye especies acuáticas, hace parte de los factores causantes de la reducción de bosques, conjuntamente con la tala indiscriminada, los cultivos ilícitos, los incendios forestales y la ampliación de la frontera agrícola.
     
    Dijo que entre el 2000 y el 2010 Colombia perdió 6,2 millones de hectáreas, y que pese a los incentivos creados para promover la reforestación, los resultados son exiguos.
     
    Alta incidencia
    El documento del DNP indica que hay una clara coincidencia entre áreas del conflicto y afectación del medio ambiente.
     
    Entre 2002 y 2012, departamentos como Arauca, Caquetá, Meta, Guaviare, Nariño, Putumayo y Norte de Santander, presentaron altos niveles de deforestación. En el mismo periodo, 87 municipios tuvieron “muy alta incidencia del conflicto”, y 106 “alta incidencia”.
     
    Diversos estudios coinciden en señalar que la minería ilegal está asociada a una actividad criminal en la que participan actores armados, bandas criminales y delincuencia común.
     
    El estudio de Planeación indica que es necesario incorporar modelos de aprovechamiento sostenible, con enfoque productivo de los bosques, teniendo en cuenta que parte de ellos coinciden con zonas de alta incidencia del conflicto armado.
     
    Igualmente, es necesario agilizar los procesos de ordenamiento territorial que orienten los usos del suelo para el desarrollo equitativo y la gestión pacífica de la conflictividad social.
     
    Para el cuatrienio
    Actualmente existen una serie de iniciativas en marcha incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.
     
    De esta lista hacen parte la ampliación del uso del pago por servicios ambientales para complementar políticas de conservación, control de deforestación, ganadería sostenible, sustitución de cultivos ilícitos y manejo forestal sostenible; la promoción de la reforestación con fines comerciales; la adopción de un catastro multipropósito que mejore la planeación territorial, entre otros.
     
    Según el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria,  el gobierno ha emprendido una lucha frontal contra la minería ilegal, un flagelo histórico que se ha extendido por la mayoría de regiones del país, pero con gran incidencia en 12 departamentos, entre ellos Chocó, Valle, Cauca, Antioquia, Guajira, Cesar, Vaupés, Guainía y Putumayo.
     
    Para Gaviria, el hecho de que existan 233 municipios con presencia de minería ilícita, indica que es necesario hacer un frente común. “Necesitamos de la alianza entre el sector público –gobierno nacional, gobernadores, alcaldes y autoridades ambientales-, la comunidad y empresarios para contrarrestar este tipo de explotación que causa grandes daños al medio ambiente y destruye uno de los mayores patrimonios del país: la flora y la fauna”.
     
    La presidenta de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib, dijo que “los alcaldes, ahora más que nunca, tienen una participación importante en cómo se hace minería bien hecha, conociendo qué hay en el territorio, y sobre todo ya cuando el proyecto tiene título saber que tiene que cumplir con los estándares ambientales y sociales”.
     
    En este sentido, señaló que la Agencia está entregando las herramientas y orientándolos, sobre la normatividad y sus competencias en este tema. “Es recordarles sus obligaciones como mandatarios, y es que la minería que se haga en su municipio tiene que tener título y licencia ambiental en caso de requerirse y si no le estamos haciendo un recuento de las consecuencias de eso y cómo pueden actuar. Creo que más que nunca la minería tiene que hacerse con tres llaves que son autoridad minera, autoridad ambiental y entidad territorial”, sostuvo.
     
    El martes pasado, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, presidió en Valledupar un foro sobre minería responsable en el que  los alcaldes firmaron un acta de compromiso para que en sus jurisdicciones se respete la normatividad, y quienes están ejerciendo minería ilegal entren a formalizarse o cierren sus negocios, so pena der ser sancionados como lo establece la Ley.
     
    “Hay que invitar la gente que está haciendo minería por fuera a que se formalice, nosotros como agencia hemos venido haciendo un trabajo importante, que los trámites sean más eficientes, la legalidad lo que trae son beneficios, primero para ellos porque no son sujetos de sanciones y para el país porque cuando la minería se hace de acuerdo con el ordenamiento jurídico trae regalías que van en beneficio de la educación, saneamiento básico, agua potable; el tema de impuestos, regalías y desarrollo de las comunidades”, puntualizó Habib.
     
    De no cumplir con los parámetros legales, la Agencia Nacional de Minería actúa articuladamente con la Policía y el Ejército haciendo operativos en aquellos casos.
     
    El gobernador del Cesar, Francisco Ovalle, afirmó que “hoy nos tiene preocupados la sostenibilidad de nuestros ríos, y en este sentido estamos alertando a las autoridades ambientales para poder garantizar que se haga un uso responsable de la pequeña minería”.
     
    Para el ministro Murillo,  se necesitan instituciones fuertes y modernas para garantizar la sostenibilidad y construir un ambiente mejor. Señaló que el sector minero-ambiental es el que genera mayor número de conflictos, y se requiere un equilibrio de las necesidades de conservación de los recursos naturales, desarrollo social y económico.
     
    POR: 
    MIGUEL BARRIOS
     
    ElHeraldo.co
  • Implementan proyecto contra la minería ilegal en Caldas

    Mineria Ilegal 1En los municipios de Caldas se iniciaron las capacitaciones e inscripciones para la implementación de programa del Ministerio de Minas y Energía en el Sistema de Gestión de Trámites Si Minero, con el que se busca controlar la minería ilegal de la región.
     
    La implementación del programa Si Minero se inició en los municipios más afectados por la minería ilegal en la región, Neira, Marmato y La Dorada, y se ampliará a 16 lugares más donde además se ha aumentado la violencia.
     
    En el programa, primero se hará una jornada de capacitación de autoridades locales y luego se harán jornadas para la inscripción masiva de barequeros, conocidos como quienes extraen minerales preciosos de forma artesanal.
     
    El gobierno local recomienda a quienes realizan minería en el departamento a legalizarse y capacitarse, en cuanto a seguridad industrial y tecnología, como lo afirmó Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de gobierno de Caldas dijo a Caracol Radio
     
    El proyecto ‘Gestión de trámites para a Administración de Recursos Mineros, Si Minero’ es un programa que inició a finales de 2010 bajo el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones con el fin de controlar la minería ilegal y censar a quienes trabajan en la minería dentro de las regiones. 
     
     
    Fuente: ElEspectador.com
  • Interés Oculto

    Minera SierraLa ministra de Comercio, como en consejo comunitario; el Minminas, gran panelista; en Eco Oro harían recortes y el espejo retrovisor de la Agencia de Minería...
    Ajustes al Estatuto aduanero
     
    Todo apunta a que pronto se destrabarán los ajustes al Estatuto Aduanero. La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, anunció que el tema del fondeo saldrá del Estatuto y quedará a cargo del Mintransporte. Como se recuerda, ese asunto había frenado la expedición de toda norma aduanera.
     
    Agilidad en trámites y regulación, piden los empresarios
     
    Durante la presentación de la Política Industrial, la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa convirtió el evento en un consejo comunitario, en el que abrió los micrófonos a empresarios que estaban en el Encuentro de Transformación Productiva para escuchar sus inquietudes. Los reclamos fueron: trámites y regulación.
     
    ¿Recortes en Eco Oro?
     
    Es preocupante la situación de la empresa Eco Oro, que opera en la zona en conflicto del páramo de Santurbán. La compañía estaría analizando la posibilidad de hacer un nuevo recorte de personal para mantener operaciones ante la falta de liquidez, pero esto agravaría el problema social.
     
    Cambio en la dirección de Upme
     
    La directora de la Upme, Ángela Cadena, se retiraría de su cargo para volver a la academia en la Universidad de los Andes. Aún no se sabe quién la reemplazará, pero en el sector esperan que se mantenga en este cargo a una persona de un perfil técnico con el que tiene la funcionaria saliente.
     
    Tomás, el mejor panelista
     
    Durante el congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, logró la más alta calificación como mejor panelista, según los participantes de dicho certamen. Le siguieron el exalcalde de Bogotá, Paul Bromberg y el director del centro de logística y transporte del MIT, Yossi Sheffi.
     
    Agencia Nacional Minera, con espejo retrovisor
     
    La presidenta de la Agencia Nacional Minera, Natalia Gutiérrez, esta usando bastante el espejo retrovisor, una muestra de ello es que en el foro de Semana sobre minería cuando le preguntaron por la demora en la expedición de títulos mineros la funcionaria respondió “eso mismo me pregunté yo cuando llegué a la Agencia”.
     
     
     
    Fuente: Porttafolio.co
     
     
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  • Internacional - Autoridades militares venezolanas desmantelan 220 campamentos de minería ilegal}

    Mineria Ilegal Cianuro"En esas operaciones, en las que hemos respetado los derechos humanos, hemos desalojado 870 personas de esos campos" informó el jefe del Comando Estratégico Operacional de Venezuela, Vladimir Padrino.
     
    Caracas. El jefe del Comando Estratégico Operacional de Venezuela, Vladimir Padrino, informó hoy sobre el desmantelamiento de 220 campamentos de minería ilegal en la zona limítrofe con Brasil y Guyana durante 91 operaciones militares en el estado de Bolívar.
     
    Luego de una reunión con representantes del ejecutivo nacional y regional para definir acciones que permitan frenar ese flagelo que afecta a la región suroriental venezolana, el oficial indicó que han desalojado a 870 personas, siempre respetando sus derechos humanos.
     
    "Hemos georeferenciado más de 100 minas que van a tener un abordaje contundente de nuestra parte y en esas operaciones, en las que hemos respetado los derechos humanos, hemos desalojado 870 personas de esos campos", indicó el efectivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
     
    Adelantó que autoridades del gobierno nacional y las comisiones de los estados realizarán un estudio científico y social para que esas personas que se dedican a la minería ilegal puedan desarrollar proyectos socio-económicos.
     
    A través del canal estatal Venezolana de Televisión, Padrino explicó que 23 mil metros de manguera de alta presión eran usados para devastar la zona, originando daños ambientales.
     
    "Esto es un crimen que no solamente gira alrededor de la delincuencia, la prostitución, las armas, las drogas que hemos incautado, sino que también es un crimen contra el ecosistema", concluyó.
     
     
    Fuente: Americaeconomia.com
     
     
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  • La Contraloría alerta por lentitud en trámites mineros

    Mineros TunelEn la auditoría realizada a la ANM, la entidad advirtió que hay más de 13.000 solicitudes represadas.

    El plan de descongestión de las solicitudes de títulos mineros que había arrancado hace un par de años con la creación de la Agencia Nacional de Minería está estancado.

    Esta fue una de las conclusiones de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Agencia, para el año 2014.

    El informe dejó un balance de 37 hallazgos administrativos, 6 de connotación disciplinaria y 2 con incidencia fiscal, que comprometerían recursos por 3.339,6 millones de pesos.

    En cuanto al procedimiento de las solicitudes mineras, el informe de la Contraloría advierte lo siguiente: “Se observa que la Autoridad Minera no está dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…) por cuanto la aprobación de las solicitudes de los títulos mineros se está demorando entre 5 y 11 años, situación generada por falta de mecanismos de control que permitan determinar los tiempos en cada una de las actuaciones administrativas”.

    A abril de este año, según información entregada por la Agencia al ente de control, había 13.149 solicitudes, algunos de los casos estudiados por la Contraloría son trámites que llevan hasta 18 años en curso sin haber sido aprobados ni archivados.

    En el plan de descongestión de solicitudes mineras el Servicio Geológico Colombiano había resuelto 8.415 solicitudes, otras 7.987 fueron atendidas por la Agencia Nacional Minera y la Gobernación de Antioquia y quedaron 3.263 de los más de 19.000 trámites represados en los últimos años.

    Adicional a las represadas, desde que se abrió el radicado de solicitudes, en el 2013, se recibieron 10.627 nuevas peticiones, de las cuales se resolvieron 2.458 a la fecha de la publicación del informe, en julio de este año.

    “Lo anterior trae como consecuencia directa para la ANM, que las áreas objeto de las solicitudes permanezcan no disponibles para otras propuestas y no generen ningún tipo de ingreso por concepto de canon y otros derechos económicos”, señala el documento de la Contraloría.

    Agrega que esta falta de celeridad en los trámites hace que los solicitantes de legalización y formalización desarrollen sus actividades “sin ningún tipo de control al no estar obligadas a efectuar ningún reporte o estar sujetas a la acción de vigilancia por parte de la autoridad”.


    Fuente: Portafolio.co

  • La minería ilegal se ensañó con la Amazonia

    Mineria Ilegal ChocoUna investigación realizada en Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia revela cómo la expansión de la extracción ilegal de oro no sólo está degradando parte de la reserva de biodiversidad más importante del mundo sino modificando drásticamente la vida de sus habitantes
     
    El video de los indígenas peruanos no contactados se volvió viral en junio de 2013. Durante tres días, cien miembros del pueblo mashco piro, que por años permanecieron —voluntariamente— al margen de la cultura occidental, llegaron a la ribera del río Las Piedras, en el estado de Madre de Dios, para pedirles a los nativos de la remota comunidad de Monte Salvado que les dieran plátanos, cuerdas y machetes. El video, más que un hecho curioso, contenía el síntoma de que la vida en esa selva, descrita como la capital de la biodiversidad peruana, ya es otra cosa.
     
    Antropólogos y científicos concluyeron que las comunidades se estaban viendo obligadas a salir de la selva al sentirse acorraladas por las actividades extractivas de oro y madera que están acabando con los árboles y ahuyentando los animales de caza. Después de ese episodio sucedieron al menos otros tres en los que incluso se registraron ataques de los aislados a otras comunidades indígenas. El 1º de mayo de este año los mashco piro ingresaron con arcos y flechas al territorio de la etnia matsigenka, mataron a Leonardo Pérez Peña, de 20 años, y se llevaron los animales y la comida que encontraron apilada.
     
    Madre de Dios, que hasta hace diez años era el estado menos poblado del Perú, se ha convertido por cuenta de la fiebre del oro en el territorio que más nuevos colonos recibe. En cinco años el impacto de cientos de dragas y retroexcavadoras, que remueven tierra de los bordes de los ríos las 24 horas del día y vierten cantidades incalculables de tóxicos como mercurio a las aguas para atrapar el metal, han destrozado 50.000 hectáreas de bosques, modificando el paisaje y provocando un desastre ambiental sin precedentes.
     
    Aunque el caso de Madre de Dios revela la mayor afectación a ecosistemas ligados al impacto de la minería en el Amazonas, esta es sólo una escena de un panorama regional mucho más preocupante y complejo al que se suman Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador. Un escenario que acaba de ser descrito, a partir de estudios de caso, por un equipo de investigadores coordinados por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), bajo la financiación de IUCN Holanda.
     
    Durante el año 2014 un equipo de seis científicos trabajó en cada país. En Colombia los investigadores Alejandra Laina y Rodrigo Botero, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), se concentraron en la cuenca media del río Caquetá, en el municipio de Solano, entre el corregimiento de Araracuara y el resguardo Nonuya de Villa Azul. En Brasil, el instituto Giral estudió la situación del estado de Rondonia, en la frontera con Bolivia. La región de Zamora-Chinchipe fue el foco de investigación en Ecuador por parte de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA). En Perú el caso de Madre de Dios fue reseñado por la SPDA, y en Bolivia el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) se concentró en Riberalta. El resultado es un libro de 300 páginas titulado Las rutas del oro ilegal. Estudios de caso en cinco países amazónicos, presentado el pasado viernes en Bogotá.
     
    A partir de visitas de campo, entrevistas con autoridades, pobladores, mineros e informantes, los investigadores describieron cómo en los últimos quince años la subida de los precios del oro y su demanda internacional, unidas a la falta de control e interés estatal por los poblados fronterizos, han impulsado de manera acelerada la apropiación de la selva por parte de nuevos colonos e indígenas y pobladores locales interesados en la extracción del metal.
     
    “Que la mayoría de casos estén ubicados en fronteras no es casualidad. Son zonas donde el problema de regulación es complicado y el oro termina moviéndose entre países, pasando de mano en mano sin control hasta que llega a ciudades como São Paulo, Bogotá o Quito. Luego termina en mercados y centros financieros de Europa, Asia y Norteamérica. Durante esta cadena de extracción y comercialización mucho de ese metal se funde con oro legal dejando sin rastro sus antecedentes ilegales”, explica Carlos Fierro, investigador del FFLA (Perú).
     
    Según el peruano Lenin Valencia, coordinador del estudio, Naciones Unidas ya ha dicho que las rutas de comercialización del oro extraído en regiones del África, Asia y América siguen siendo oscuras y de difícil control, pero estos estudios de caso entregan importantes indicios de que el oro ilegal de la Amazonia llega principalmente a Estados Unidos y Suiza. “Sólo Colombia tiene un patrón distinto, con las islas Malvinas e Italia como los principales destinos de exportación”, indica Alejandra Laina, investigadora para Colombia.
     
    “La principal ruta de salida del oro extraído en Araracuara se da por vía aérea a través de Bogotá, donde la cadena de comercialización logra legalizarlo e introducirlo en los mercados nacionales e internacionales. En el período 2003-2009 Bogotá fue el punto de salida del 33% de las exportaciones nacionales. Además se reportan exportaciones a través de la zona franca Palmaseca, en el departamento del Valle del Cauca (23,5% procedentes directamente de Bogotá)”, se lee en el capítulo sobre Colombia.
     
    Según los investigadores de la FCDS, aunque es difícil establecer un trazado que permita saber el destino final del oro de la Amazonia colombiana, se puede concluir, al revisar las tendencias de exportación, que todos los puntos de extracción ilegal del territorio colombiano tienen como principales destinos las islas Malvinas (Falkland) (51,71%, procedente principalmente de Santander), Italia (11,23%, que viene casi en su totalidad del Valle del Cauca), Panamá (5,02%, procedente en su mayoría de Antioquia), Estados Unidos (4,06%, procedente del Atlántico principalmente), con exportaciones menores a otros países en Europa.
     
    A pesar de que en los cinco países estas zonas han sido vistas como áreas prioritarias de conservación natural mundial, la falta de un ordenamiento territorial que indique cómo se deben organizar las actividades productivas, y en general la vida, en ese territorio megadiverso, ha provocado que la llegada del boom aurífero esté modificando las costumbres de los pobladores, quienes han visto en la actividad extractiva una oportunidad económica para subsistir, pues a esta situación se ha unido la ausencia de políticas que protejan a las comunidades indígenas y a la vez les entreguen oportunidades productivas económicas a los habitantes del Amazonas.
     
    A su vez, la falta de un marco que regule la minería de oro en estas áreas ha impulsado la llegada de economías ilícitas y mafias ligadas al narcotráfico, y, en el caso de Colombia, también de grupos armados ilegales interesados en “lavar” dinero por cuenta del metal. Con ellos llegan también la prostitución, el encarecimiento de la comida y el combustible, los problemas sociales entre comunidades que se oponen a la minería y las que la avalan, los conflictos familiares y el miedo y las presiones que imponen los armados sobre las poblaciones rurales.
     
    La cadena económica de esta ruta del oro es bastante compleja. Lenin Valencia explica que en el caso de Brasil, Bolivia y Perú no existe una mafia articulada sino que hay actores que están en distintos niveles: “En el nivel de la extracción puede existir un financista que simplemente pone la plata para que otros extraigan y le regresen ganancias, pero también otros que prestan la plata para hacer minería a través de mecanismos de financiamiento informales”.
     
    Por otro lado, hay unos actores formales que no se interesan mucho en saber de dónde proviene el metal, como las refinerías y las casas de compra en Bogotá, Quito o Lima, que pagan por el oro sin preocuparse por el origen. “Pero también existe una cadena de suministros. Empresas que proveen insumos y maquinaria minera que termina siendo utilizada en la selva amazónica. Todos se aprovechan de una situación que no está reglamentada”, dice el investigador del SPDA del Perú.
     
    Los investigadores también identificaron que, más allá del alza en el precio del oro, los proyectos nacionales de infraestructura vial y energética en la Amazonia parecen ser un factor que cataliza el desarrollo de la minería informal e ilegal. En los casos de Brasil y Perú es evidente que la construcción de hidroeléctricas y vías de comunicación en Rondonia y Madre de Dios ha facilitado el crecimiento de la minería informal e ilegal.
     
    Además, los gobiernos promueven discursos encontrados, aseguran los científicos. “Mientras los países hablan de la necesidad de conservar el Amazonas, incentivan políticas nacionales de expansión minera. Entonces no queda claro cuál es el uso que se le quiere dar al territorio amazónico. Hay zonas donde no se debería hacer minería porque los costos ambientales podrían superar cualquier beneficio que se pueda obtener a corto plazo y serían las generaciones futuras las que tendrían que asumir estos pasivos ambientales”, dice el coordinador.
     
    Para buscarle una salida a este problema, el equipo incluyó entre sus recomendaciones a los funcionarios la idea de que, a través de mecanismos democráticos transparentes, los gobiernos lleven a cabo esquemas de ordenamiento territorial. “Pero este tiene que ser un proceso participativo, no una imposición de un gobierno central porque, si los pobladores del Amazonas no tienen voz para definir qué se va a hacer en su territorio, las políticas se quedarán en un papel inútil que simplemente suena coherente”, dice Lenin Valencia.
     
    Con este panorama sobre la mesa, los expertos creen que el problema debe ser visto por los gobiernos como un conflicto regional en el que se deben buscar soluciones conjuntas que no sólo se concentren en frenar a quienes extraen el oro en las minas sino también la cadena de comercialización. “No sólo el minero es ilegal sino toda la cadena. Tenemos que trabajar en romper esos nexos entre quienes sacan oro de Araracuara en Colombia o en Madre de Dios en Perú y los empresarios en Suiza y Estados Unidos que lo están comprando. Se requieren protocolos que obliguen a las empresas a comprar oro legal. Se hace con los diamantes, se hace con la madera, ¿por qué no se está haciendo con el oro?”, se pregunta la investigadora peruana Carmen Heck, del SPDA.
     
     
    Fuente: Elespectador.com / Angélica María Cuevas Guarnizo
  • Las 10 recomendaciones para las mineras en tiempos de crisis

    Carbon AfricaEn el reporte sobre tendencias de minería presentado por Deloitte, explica los principales retos que las compañías mineras en el mundo enfrentan este año, para emerger con éxito del ciclo negativo de la industria.

    Actualmente las compañías mineras operan en geografías complejas, y Colombia no es la excepción. Tanto en el país como en el resto del mundo hay que cumplir con las exigencias regulatorias y normativas y al mismo tiempo adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, adoptando la innovación para poder producir más a un menor costo, independiente de si se está en un mercado declinante o en recuperación.

    Sin embargo, el nuevo escenario de recuperación de la industria minera da paso a nuevos desafíos para las compañías del sector, que tendrán que INVERTIR en nuevos sistemas de información o nuevas tecnologías capaces de generar mayor agilidad y descubrir tendencias inesperadas.

    Las compañías mineras continúan lidiando con un mercado plagado de desafíos, afrontando la volatilidad de precios, la agitación geopolítica, los aumentos en costos, menor grados de calidad y la carencia generalizada de fuentes de FINANCIAMIENTO.

    Colombia, no es la excepción, teniendo en cuenta que se estima una disminución en la INVERSIÓN, que pasó del 60 % al 40 %.

    Para contar con un futuro realmente viable, las mineras  deberán adaptarse y lograr un delicado equilibrio entre las expectativas a corto plazo de los INVERSIONISTAS y sus propios imperativos empresariales de largo plazo.

    Esta es la principal conclusión de la séptima edición del reporte titulado “Tendencias  2015: Los 10 principales desafíos que enfrentaran las compañías mineras durante el próximo año”, divulgado por Deloitte.

    La nueva versión de este reporte sobre la industria minera a nivel mundial, señala que la mayoría de compañías del sector están superando el gran desafío de la volatilidad por medio del fortalecimiento de sus prácticas de reducción de costos y asignación de capital.

    Si bien estos pasos iniciales son adecuados, para lograr un crecimiento a largo plazo, las compañías necesitan agilidad para moverse en direcciones no anticipadas.

    Esto exige una planeación de escenarios más cuidadosa, análisis de datos más sofisticados y una administración de riesgos más inteligente.

    El estudio también refleja que el sector está volviendo a ser favorecido por los INVERSIONISTAS, con evaluaciones de la industria, capitalizaciones mineras y retornos totales que muestran señales de recuperación.

    El panorama de múltiples materias primas también está mejorando, incluyendo el níquel, el aluminio, el zinc y el plomo.


    LAS 10 SOLUCIONES

    1. Volver a lo básico: la búsqueda de la excelencia operacional.

    La fuerte caída  de la productividad  de la industria minera, obligó a las compañías a poner en práctica importantes estrategias de reducción de costos.

    Ahora, están volcando su atención en obtener mayor productividad de sus organizaciones mediante un enfoque orientado hacia la excelencia operacional.

    Para alcanzarla, las empresas deberán replantear sus procesos operacionales tradicionales y asumir un enfoque en costos que se ajuste a su cultura organizacional.

    2. La innovación es la nueva clave para sobrevivir: el futuro dependerá no solo del control de costos. Las compañías mineras deberán dejar atrás sus tendencias tradicionalmente conservadoras e incorporar la innovación a su ADN corporativo.

    Así mismo, pensar en grande, realizando pruebas de alcance reducido y luego llevándolas rápidamente a una escala empresarial; sacar provecho de las tecnologías emergentes; convertirse en parte de un ecosistema de innovación; y, prepararse adecuadamente para asimilar las nuevas realidades operacionales.

    3. El nuevo paradigma de energía: la reducción de los costos energéticos asociados a los proyectos. Las empresas mineras deberán contemplar la adopción de nuevos enfoques energéticos, incluyendo la utilización de combustibles fósiles no convencionales, con el fin de cautivar a todos los involucrados en el desarrollo de capacidades de energía renovables.

    4. Reducción en la cartera de proyectos: el delicado equilibrio entre la oferta y la demanda.

    Para evitar el riesgo de caídas futuras en los niveles globales de la demanda, las compañías mineras deberán encontrar un mejor balance entre la satisfacción de las expectativas a corto plazo de los INVERSIONISTAS y analistas y el sostenimiento de sus propios catálogos de proyectos.

    5. El gran acto de desaparición del FINANCIAMIENTO: la carencia de recursos repercute en todo el mercado.

    Aunque las soluciones al problema del desfinanciamiento son limitadas, las empresas de menor envergadura podrán eludir el desastre si logran atraer inversionistas extranjeros, conjugar sus recursos, explorar diferentes alternativas de financiamiento y posicionarse para asimilar el flujo de CAPITALES DE INVERSIÓN.

    6. Supervivencia de las empresas junior: navegación en aguas turbulentas.

    Para sacar provecho de los cambios observados en los patrones de propiedad corporativa, las pequeñas empresas del sector minero deberán poner en orden sus activos y considerar alternativas que abarquen desde asociaciones corporativas y de riesgo compartido, hasta su propia venta o consolidación.

    7. En busca de nuevas habilidades y conocimientos: las cambiantes realidades de la industria demandan una nueva generación de talentos.

    Para atraer nuevas habilidades al sector, las compañías mineras deberán dar cabida plena a la diversidad, explorar nuevos sistemas de gestión de talentos, mejorar sus operaciones de reclutamiento de talentos apetecidos, e INVERTIR en una capacitación más especializada.

    8. Sobrellevar la incertidumbre geopolítica: de la planeación intuitiva a la asimilación de lo incierto.

    Las estrategias de respuesta a las incertidumbres geopolíticas contemplan el cabildeo en procura de políticas más claras, el aprovechamiento de las asociaciones mineras como medio para influir en las legislaciones gubernamentales, el incremento en la inteligencia de la gestión de riesgos y la planeación orientada hacia múltiples escenarios posibles.

    9. Elevar las apuestas en torno al compromiso de los grupos de interés: las compañías luchan por equiparar intereses encontrados.

    Las empresas mineras deberán promover el desarrollo de plataformas de mutua favorabilidad; comunicarse de nuevas maneras; sacar provecho del poder de los medios sociales; trabajar con sociedades mineras en la negociación de términos con las comunidades locales; mejorar sus prácticas de auspicio corporativo; y, consultar el cierre de operaciones mineras con las comunidades afectadas.

    10. Relaciones con el gobierno: la búsqueda de nuevas formas de comunicación y colaboración – Las estrategias para contrarrestar las incertidumbres regulatorias deberán contemplar el fortalecimiento de las relaciones con los gobiernos; la toma de una vocería más dinámica, tanto a nivel de las asociaciones de la industria como de los medios sociales; la medición del impacto social generado; la participación activa en la definición de una agenda política pertinente; y, el más efectivo aprovechamiento de las tecnologías móviles disponibles.

    PANORAMA LOCAL

    La industria minera en Colombia no está exenta de los desafíos anteriormente planteados.

    Aunque buena parte  de su producción minera se concentra en regiones con una ubicación geográfica privilegiada, gracias a su cercanía a los puertos, a lo que se suma que la demanda no ha experimentado una disminución significativa, la desaceleración de la economía mundial y los precios bajos también han afectado el desarrollo de ésta, disminuyendo su rentabilidad, crecimiento y participación en el producto interno bruto.

    A continuación se presentan algunos de los aspectos más significativos a tener en cuenta a efectos de implementar medidas para que la industria tenga unas mejores perspectivas a futuro:

    -Escasez de fuentes de FINANCIACIÓN: especialmente para las Junior, jugadores determinantes en materia de exploración en el  país, y en la  identificación  y explotación de potenciales áreas que permitan incrementar la producción de la  minería. Es importante explotar, pero también se debe invertir en exploración para garantizar la sostenibilidad de la industria en el país.

     -Medio ambiente y  carga impositiva: el aspecto ambiental y la carga impositiva también está marcando la agenda de la industria, en la medida en que las legislaciones son cada vez más exigentes. En este aspecto Colombia tiene el gran reto de optimizar el tiempo de respuesta a las solicitudes de licencias por parte de los jugadores, los cuales ven frenados sus proyectos ante los trámites y los requerimientos regulatorios, y encontrar fórmulas que permitan mejorar la competitividad del país en materia impositiva.

    -Relación con las comunidades: es preciso mejorar la efectividad en el gasto y en la INVERSIÓNen las comunidades en donde se concentra la actividad minera, para que estas puedan obtener y percibir un mayor beneficio de las regalías y demás recursos que genera la minería.

    -Minería ilegal: continúa afectando la percepción de las comunidades frente a la industria, debido entre otros aspectos, al manejo irresponsable de la operación y del cuidado medio ambiente.

    Frente a este contexto, Julio Berrocal, socio de Deloitte y líder de la Industria de Minería en Colombia, considera que para mitigar el complejo entorno del sector, es necesario que mejore la comunicación entre operadores, Gobierno y comunidad de manera que se puedan encontrar  nuevas formas de trabajar como aliados para lograr sostenibilidad.

    “Es necesario que  tanto Gobierno como las agremiaciones y los empresarios, trabajen alrededor de una agenda que permita garantizar la sostenibilidad de la industria y la promoción consistente de la INVERSIÓN, con una clara visión y comunicación del impacto social positivo de la actividad minera.”

    En resumen, el mensaje es apurarse yendo más despacio, pues un ciclo negativo  como el que experimenta Colombia en este momento, exige un pensamiento de largo plazo.

    Las condiciones cambiantes en el corto plazo hacen que las compañías estén buscando reaccionar rápidamente a las mismas.

    Sin embargo, también  es vital la toma de decisiones prudentes, con información más depurada y de mayor calidad, y las evaluaciones detalladas para identificar y entender los patrones ocultos de los problemas, las interdependencias y los múltiples resultados posibles.



    Fuente: Portafolio.co

  • Las claves de la nueva estrategia contra la minería criminal

    Mineria Ile1Con proyecto de ley, este delito se equipararía con lavado de activos o instigación al terrorismo
     
     
    La minería criminal, una actividad ilícita con capacidad de mover alrededor de 7 billones de pesos anuales, es ahora un objetivo de alto valor para la Fuerza Pública y será combatida a través de una estrategia integral que presentó este jueves el presidente Juan Manuel Santos.
     
    El objetivo principal es atacar a las grandes mafias que se han apoderado de este negocio ilegal –entre ellas grupos armados como Farc, Eln, y bandas criminales–, que con esta actividad afectan a por lo menos 233 municipios del país.
     
    Esta nueva estrategia, en la que se viene trabajando desde hace varios meses, tendrá dos componentes legales, con los que se busca darle dientes al Estado para atacar frontalmente un negocio que, debido a sus multimillonarias ganancias, está desplazando al narcotráfico entre los ilícitos más rentables en Colombia.
     
    Uno de esos componentes será un proyecto de ley que se pondrá a consideración del Congreso con mensaje de urgencia (para darle celeridad a su trámite), el cual, entre otras cosas, clarificará los delitos minero-ambientales y equiparará varios de ellos al lavado de activos o la instigación al terrorismo.
     
    Esto implicará que quienes sean hallados responsables de alguna de esas conductas podrían pagar hasta 20 años de cárcel. La intención es castigar a todos los que participen en la cadena ilícita, no solo al que explote el mineral, sino también al que se beneficie, al que lo transforme, almacene, transporte o comercialice.
     
    “Esta tiene que ser una guerra que se libre por parte de todo el Estado si queremos triunfar, porque las consecuencias de esta minería criminal son difíciles de calcular”, aseguró Santos desde Puerto Asís (Putumayo), donde presentó el balance de gestión de todo el sector de defensa. (Lea: El 'dossier' de los crímenes ecológicos de la guerrilla)
     
    En esta iniciativa legislativa también se incluirá un capítulo para darle nuevas facultades a la Fuerza Pública. La Policía podrá –de aprobarse el proyecto– suspender actividades mineras, potestad que hoy recae en las administraciones locales, y decomisar productos como el oro cuando no se pueda justificar su procedencia.
     
    El proyecto, además, busca que la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf) entre a fortalecer el control sobre la comercialización nacional e internacional de minerales, lo que potenciará el control sobre los capitales que produce esta actividad.
     
    Otro aspecto importante de esta iniciativa es que las que se conocen como “plantas de beneficio” deberán estar inscritas en el Registro Único de Comercializadores de Minerales y, sobre todo, cumplir con todos los requisitos allí se les exigen.
     
    “Tenemos que vencer este enemigo, que está causando mucho daño y que se ha convertido en un objetivo de alto valor”, enfatizó el Jefe de Estado en Puerto Asís.
     
    En esta nueva estrategia contra la minería criminal habrá un decreto, que en poco tiempo hará público la Casa de Nariño, con el cual se busca hacer algunos ajustes institucionales para fortalecer esta lucha.
     
    La intención es que la Policía y el Ejército tengan una dirección, comandada por un general, dedicada exclusivamente a combatir la minería criminal. (Además: 'Lejos de Dios, del diablo y del Estado')
     
    Con este componente, además, se busca fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública, en especial la de la Policía Judicial, para realizar actividades claves como la destrucción de maquinaria usada esta actividad ilegal.
     
    De hecho, ya se han producido resultados como la realización de 1.118 operaciones, que han desembocado en la intervención de 3.555 minas y la captura de 8.202 personas. La intención es potenciar estos resultados en todo el país.
     
    “Cuando comparamos lo que produce la minería criminal a base de oro, es mucho mayor que lo que produce el narcotráfico”, precisó Santos.
     
    La nueva estrategia también incluirá un fortalecimiento de los planes de formalización de los pequeños mineros que, por diferentes circunstancias, se encuentran en la ilegalidad. (Lea: La minería ilegal arrasa con la cuna de las tortugas gigantes)
     
    Lo que se busca, entre otras cosas, es fortalecer las alianzas entre las comunidades mineras y el sector privado y, además, capacitar a quienes no cumplan todos los requisitos para su formalización con el fin de que puedan encontrar empleo en otros sectores.
     
    Santos, con todo esto, quiere acabar de raíz con un negocio ilícito que, como ayer lo advirtió, “está acabando con nuestro medioambiente y con nuestra biodiversidad”.
     
    Las tres caras de la extracción
     
    1. Extracción ilícita de minerales
     
    Legalmente, este es el delito que cometen todas las personas que hacen minería sin cumplir con los requisitos de ley, como poseer un título minero vigente, pagar impuestos y tener los permisos ambientales al día.
     
    2. Minería criminal
     
    s el término que ha utilizado el Gobierno Nacional para definir aquella actividad que es financiada por grupos al margen de la ley y que les aporta recursos. Incluye, por ejemplo, aquellas minas que pagan ‘vacunas’ a ‘bacrim’.
     
    3. Minería artesanal
     
    Al igual que el de ‘minería criminal’, este término no está en una norma específica. Se refiere a aquellas explotaciones que hacen algunas comunidades manualmente, sin maquinaria pesada, como actividad de subsistencia.
     
    Ya han arrasado con 17.000 hectáreas de bosque: ONU
     
    En al menos 12 departamentos, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía ha encontrado el rastro de la minería criminal, que es controlada por las Farc, el Eln y el ‘clan Úsuga’.
     
    La Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU (Unodc) señala que este fenómeno, que tiene su mayor concentración en Antioquia, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Bolívar, deforestó en el 2014 en esos cinco departamentos 16.784 hectáreas de bosque primario. Es decir, unas 1.400 hectáreas cada mes.
     
    Chocó, donde la minería criminal está en zonas de reserva, tiene el 59,5 por ciento del total de la deforestación, seguido de Antioquia (con 11,3 por ciento) y Nariño (con 10,9 por ciento).
     
    Sumado a esa deforestación, la Policía –junto con las CAR y el Ministerio de Ambiente– diagnosticó que al menos 19 ríos en 5 departamentos han sufrido contaminación por las sustancias como el mercurio, que en medio del proceso para extraer el oro terminan en cuencas hídricas. Estos están en Chocó, Antioquia y Amazonas.
     
    Un estudio realizado en la comunidad Pani, sobre el río Caquetá, arrojó que sus pobladores presentan los niveles más altos de concentración de mercurio en sus cuerpos. En promedio, de acuerdo con el informe del Ministerio de
     
    Ambiente, es de 15,4 y 19,7 ppm (parte por millón), casi 20 veces superior al equilibrio calculado internacionalmente.
     
    En otro aparte, señala que los Parques Nacionales Naturales más afectados son Los Farallones, en Cali, y Puinawai, en Guainía. En el primero, se proyecta crear, por ejemplo, un puesto de policía para cerrar el paso de insumos usados para la minería criminal, como cianuro, mercurio, gasolina, ACPM, entre otros. Además, con la dirección de Parques Naturales Nacionales trabajan en planes para contrarrestar ese daño.
     
    En la nueva estrategia del Gobierno, el objetivo es que diferentes carteras unan esfuerzos para frenar la expansión de este fenómeno, que se ha convertido en fuente de financiación de los grupos armados ilegales.
     
    Además de las intervenciones e investigaciones de la Fuerza Pública, en las mesas de trabajo se ha planteado un tratamiento social, dado a que en los campamentos construidos alrededor de los puntos de la minería criminal y la ilegal confluyen delitos como la explotación sexual y trata de personas, que son obligadas a trabajos sin remuneración.
     
    Oro, más rentable que el negocio de la coca
     
    Un kilo de oro en el mercado legal vale, en promedio, 90 millones de pesos. Y un kilo de cocaína en las principales ciudades puede costar 4,5 millones de pesos.
     
    La Policía dice que esa notable diferencia en las ganancias ha impulsado que Farc, Eln y bandas hayan optado por dedicarse a la minería criminal.
     
    Además de la rentabilidad, estas organizaciones ilegales ven menos riesgosa esta acción. Esto, porque el Código Penal contempla, por ejemplo, penas entre los 2 y 8 años de cárcel por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero.
     
    Mientras que para tráfico de estupefacientes, sin ningún agravante, fija condenas de 8 y 20 años, lo que traduce que quien incurra en este obligatoriamente irá a prisión. En tanto que en el delito de explotación ilícita de yacimiento minero, si la persona no tiene antecedentes quedará en libertad. De hecho, la Policía calcula que el 90 por ciento de los capturados por esa conducta no van a prisión.
     
    Este año, la Policía ha capturado a 1.633 personas, y desde el 2011 suman 8.300. Otra de las debilidades en la norma que son utilizadas por los grupos ilegales es que el oro incautado por vía administrativa por la Policía (sin documentos) es entregado a las alcaldías locales, que después, en procedimientos oficiales, terminan por devolverlo luego de que se presenta la documentación exigida. Pero, según los investigadores, no hay claridad si los documentos son auténticos. Así, las autoridades trabajan en procedimientos de incautación dentro de procesos penales (y no administrativos).
     
    Esta semana, en el aeropuerto Olaya Hererra, de Medellín, la Policía incautó 64,5 kilos de oro que iban a ser trasportados por vía aérea a Bogotá.
     
    Fuente: Eltiempo.com
     
  • Las exigencias para un minero artesanal son básicamente imposibles”: María López

    Mineria PlMaría López y Álvaro Pardo discutieron en Semana en Vivo el problema de la minería ilegal y las afectaciones que este fenómeno deja en las poblaciones que albergan este tipo de explotación

     La minería ilegal se viene extendiendo por todo el país. Según cifras oficiales, se calcula que en 303 municipios de Colombia se desarrollan trabajos de explotación minera.

    Dentro de este marco, este tipo de minería extractiva ocupa un alto porcentaje, como lo cuenta María López, directora de Sostenibilidad de Publicaciones Semana: "De 14.357 unidades de producción minera, el 63% no tienen título de explotación. Son ilegales".

    Según López, estas cifras se vuelven más preocupantes cuando muchos trabajadores de este sector tienen la firme intención de poner su trabajo bajo las reglas del Estado, pero “las exigencias para un minero artesanal hace que sea imposible legalizarse”.

    A su vez, Álvaro Pardo, director del centro de estudios de minería Colombia Punto Medio, afirmó  que "el Estado no está presente. Ha concentrado su mirada a incentivar la gran minería". Por eso “el tema de la minería criminal es tan complejo”.

    Pardo y López hicieron en Semana en Vivo una aclaración: "No hay que meter a todos los ilegales dentro de la criminalidad", haciendo clara alusión a que la ilegalidad no siempre va de la mano con el uso de la minería para la financiación de grupos armados al margen de la ley.

    De acuerdo con el especial hecho por Semana Sostenible, El drama de la minería ilegal y criminal en Colombia, en Ayapel, Córdoba, hay 1200 retroexcavadoras. Por promedio cada máquina paga de vacuna un millón de pesos, para un total de 1200 millones de pesos que las Bacrim recaudan con este tipo de extorsión.

    En este escenario, Álvaro Pardo alertó que desde ya se debe discutir cómo será un espacio de final de conflicto armado construido sobre la base del actual esquema minero del país. “Aún no se ha dimensionado el daño que la minería ilegal y la criminalidad ha generado en las regiones”.

    Si bien es un tema difícil de controlar, para el director del centro de estudios de minería Colombia Punto Medio, “lo primero que hay que hacer es una trasformación radical del mapa minero del país (…) junto con una mayor autonomía a las entidades territoriales en ese tema”.

    Para finalizar, Pardo reafirmó que el “Estado está cada vez mete más la cabeza en las empresas grandes” y políticas como las llamadas licencias exprés y las protecciones fiscales que a muchas multinacionales cobijan, hacen que este problema cada vez se agigante y se esparza por todo el territorio colombiano.


    Fuente: Semana.com


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  • Llanos orientales, la región que concentra las mayores irregularidades en el manejo de regalías

    Inversion CapitalesSegún la Contraloría, la incidencia fiscal en esa región es de $42.954 millones. 
     
    Con 25 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $42.954 millones de pesos, la región de los Llanos Orientales se convirtió en la zona del país donde se concentra el monto más elevado de situaciones irregulares en el manejo de regalías (el 38,33%).
     
    Así lo indican los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República en el segundo semestre de 2015.
     
    Los hallazgos con presunta incidencia fiscal de mayor cuantía se ubican en el departamento del Meta: 8 por $31.298 millones. Le siguen Casanare (con 4 por $6.943 millones); Guainía (2 por $2.004 millones); Vaupés (4 por $1.485 millones); Guaviare (2 por $516 millones); Vichada (3 por $404 millones); y Arauca (2 por cerca de $302 millones).
     
    El 56% de los hallazgos con presunta incidencia fiscal en la Región de los Llanos Orientales, corresponden a una Actuación Especial de la Contraloría sobre recursos de regalías destinados a financiar proyectos de vivienda en el departamento del Meta, en las vigencias 2010 a 2015.
     
    En esta auditoría se detectaron 4 hallazgos fiscales por un total de $23.925 millones.
     
    En el caso del proyecto Pinares de Oriente, en Villavicencio, los lotes para las viviendas fueron pagados con recursos de regalías del departamento del Meta, aunque no se ha realizado trámite alguno o acto de transferencia de propiedad del dominio a la administración departamental.
     
    Los lotes en los que se construyen las viviendas se encuentran embargados y la propiedad la ostenta un particular (el contratista), la Corporación Casa.
     
    La Contraloría señala en este caso deficiencias de planeación y gestión de la supervisión e interventoría, por lo que implica la inversión de recursos públicos tanto en compra de predios a nombre de particulares como en construcción de viviendas en predios que actualmente no son de propiedad del ente territorial sino de un particular, lo que se constituye en un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal en cuantía de $15.526 millones.
     
    Esta suma representa el valor invertido y pagado en estos predios y en lo actualmente construido en ellos. 
     
    La CGR considera que aquí se dio una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente que no aplica al cumplimiento del objeto del proyecto ni de los cometidos y fines esenciales del Estado.
     
    Otro hallazgo con presunta incidencia fiscal relacionado con este proyecto de vivienda, por $1.307 millones, corresponde al incumplimiento del mismo en los Convenios 1923 de 2009, ya que no se evidencian gestiones para la recuperación y reintegración a las cuentas del departamento de los recursos en los cuales se declaró incumplimiento por parte del contratista.
     
    Proyecto de vivienda social abandonado
     
    Adicionalmente, esta Actuación Especial de la CGR determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $6.842 millones en el caso del "Proyecto de vivienda de interés social prioritario “El Recreo”, del municipio de Granada (Meta).
     
    La Contraloría evidenció que el avance de las obras ejecutadas en dicho proyecto es irrelevante, con el agravante de que las pocas actividades ejecutadas se encuentran desde hace varios años en estado de inactividad, abandono y deterioro.
     
    El hallazgo con presunto alcance fiscal que se configura corresponde al valor de los recursos que se han cancelado hasta ahora a los respectivos contratistas ($6.842 millones).
     
    Otros hallazgos relevantes
     
    El segundo departamento de la Región Llanos Orientales con mayor cuantía de hallazgos con presunta incidencia fiscal en el manejo de regalías es Casanare, con $6.943 millones, de los cuales $3.539 millones corresponden a un posible sobrecosto en la compra de un lote de terreno de 10 hectáreas para proyectos de vivienda de interés social y prioritario en el municipio de Yopal, cuyo objeto era beneficiar a 667 familias.
     
    En el municipio de Puerto Gaitán (Meta) se encontró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $4.376 millones, por el riesgo que ha representado la inversión realizada en un proyecto inconcluso: la construcción del alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y obras complementarias para la Inspección de Planas.
     
    Se evidencio que falta la construcción del colector de descarga en 14 pulgadas que permite el vertimiento de las aguas tratadas al caño Planas. De igual forma la PTAR se encuentra en abandono y no está funcionando, sin embargo existen usuarios que utilizan la red de alcantarillado con lo cual hacen que la planta opere de alguna manera, pero sin ningún control y sin ningún funcionario idóneo para verificar su funcionamiento.
     
    En la Gobernación de Guainía se determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal en el sector educación por $1.144 millones, que corresponde a presuntas irregularidades detectadas en desarrollo del “Estudio de pre inversión para la elaboración de diagnósticos, estudios y diseños de los ambientes escolares de la infraestructura educativa del departamento”.
     
    La Contraloría evidenció, por ejemplo, que existen diseños sobredimensionados para colegios en los que su población no supera los 30 estudiantes y subdimensionados para otros que su población es superior a 100 escolares. Así mismo no existe garantía que los diseños se ejecuten como fueron concebidos originalmente. 
     
    Del mismo modo no hay soportes documentales como facturas u órdenes de pago, e informes, que evidencien que el valor del anticipo del 40% entregado haya sido invertido en los ítems relacionados con pagos de personal, ensayos de laboratorio, alquileres de equipos, transporte y papelería.
     
    Otro hallazgo con presunta incidencia fiscal detectado en Guainía es por $860 millones, en razón al reiterado incumplimiento del operador del contrato 262 de 2015 del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
     
    Fuente: Portafolio.co
  • Lucha frontal contra la minería ilegal

    Mineria Ileg 2Decomisan maquinaria en operativos contra delitos ambientales en el sur del Huila. La incautación de la maquinaria pesada se registró en el sector de la vereda El Diamante, del municipio de Isnos, y en la vereda Montañitas, de la localidad de Timaná.
     
    Durante dos operativos realizados esta semana, por funcionarios la Dirección Territorial Sur de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, y tropas del Batallón de Infantería número  27 Magdalena, dejaron como resultado la incautación de maquinaria pesada y la suspensión inmediata de actividades de minería de cantera.
     
    Los hechos se registraron en el sector de la vereda El Diamante, en el municipio de Isnos, y en la vereda Montañitas, en Timaná.
     
    A lo largo del 2016, la Red de Control y Seguimiento Ambiental de la CAM, ReCAM, de la mano con el Ejército y la Policía, ha realizado más de 25 operativos por minería ilegal en el departamento del Huila, permitiendo frenar esta actividad que no cuenta con los permisos ambientales que garanticen el aprovechamiento sostenible en la región.
     
    En Isnos
     
    El primer caso se presentó por la explotación y extracción de materiales mineros de cantera sin los permisos respectivos, a manos del Consorcio E.I. Huila, encargado del "mejoramiento, gestión social, predial y ambiental del circuito turístico del sur del departamento del Huila, sector Obando - Cruce a Isnos, e Isnos - Bordones".
     
    El operativo fue realizado tras una denuncia hecha por un ciudadano ante el Batallón Magdalena. En campo, los profesionales de la Red de Control y Seguimiento Ambiental de la CAM evidenciaron varias afectaciones ambientales a la zona de protección del río Mazamorras.
     
    Adicionalmente, el área intervenida presentó alto riesgo de desprendimiento de taludes debido a la inadecuada técnica de explotación. En el momento del operativo, se encontró una excavadora de orugas y una volqueta realizando actividades de minería en el frente activo de explotación. El material era usado en la adecuación de la vía.
     
    "Hemos tomado la decisión de iniciar una medida preventiva de suspensión inmediata de toda actividad minera de cantera sobre la zona del río Mazamorra, en la vereda El Diamante en el municipio de Isnos, hasta tanto no se tramite y se obtengan los permisos emitidos por la autoridad ambiental", señaló Genaro Lozada Mendieta, director de la Territorial Sur de la CAM.
     
    Los vehículos decomisados quedaron a disposición de la autoridad ambiental del Huila. Así mismo, el área jurídica adelanta el proceso sancionatorio en contra del consorcio por el delito ambiental evidenciado en la zona.
     
    Por su parte, la Unidad Contra Delitos Ambientales de la Fiscalía del Municipio de Isnos avanza en la audiencia de legalización de capturas e imputación de cargos de dos personas involucradas en dicha actividad ilegal.
     
    Apertura de vía ilegal en Timaná
     
    Así mismo, la autoridad ambiental con el apoyo al Batallón Magdalena realizaron la incautación de una excavadora de orugas que realizaba la apertura de una vía ilegal en la vereda Montañita en el municipio de Timaná, donde se evidenció una grave afectación ambiental a un afluente directo de la quebrada El Tigre, fuente abastecedora de cuatro acueductos de la zona.
     
    Adicionalmente, el personal técnico de la CAM encontró varias afectaciones como erosión al suelo, inestabilidad de taludes por manejo antitécnico, degradación paisajística y afectación directa al recurso hídrico.
     
    La excavadora quedó en manos de la Corporación, donde además se inició un proceso sancionatorio contra del operario de la máquina, quien se hizo cargo de los delitos ambientales cometidos.
     
    De acuerdo con el Código Penal, estos delitos ambientales pueden acarrear sanciones como la privación de la libertad entre cuatro y ocho años; así como pecuniarias hasta por 5.000 SMLV.
     
    Fuente: diariodelhuila.com
  • Lupa a 770 títulos mineros en primer bimestre de 2015

    GuaquerosFiscalización de la ANM intenta atacar ilegalidad.
     
    En medio de las denuncias puestas sobre el tapete en Colombia, según las cuales, solo el 37 por ciento de 14 mil actividades mineras cuentan con el respectivo títulos que respalda su legalidad, la Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció una arremetida contra la explotación ilegal de recursos del subsuelo.
     
    Se trata de la estrategia de fiscalización integral de los títulos mineros, que se inició en noviembre pasado y que ahora, en su segunda etapa, pondrá la lupa a 770 títulos en el primer bimestre del 2015.
     
    “Para la ANM, la fiscalización es la herramienta de seguimiento que nos permite hacer cumplir las normas y obligaciones de los contratos mineros, a las que deben sujetarse los titulares para desarrollar sus proyectos de exploración y explotación. Este proceso incluye una evaluación documental, visitas de campo, revisión de aspectos técnicos, jurídicos, ambientales, económicos y de seguridad e higiene minera” explicó la Presidenta de la ANM, Natalia Gutiérrez Jaramillo.
     
    El plan de fiscalización incluye la visita a 100 títulos coordinados desde la Sede Nacional en Bogotá, mientras que en las regiones la cobertura se hará en Bucaramanga (96 títulos), Cali (80 títulos), Cartagena (97 títulos), Cúcuta (56 títulos), Ibagué (80 títulos), Manizales (55 títulos), Medellín (41 títulos), Nobsa (73 títulos), Pasto (32 títulos), y Valledupar (60 más).
     
    La idea de la ANM es completar el 100 por ciento de los títulos mineros vigentes en el país, en la última mitad del 2015.
     
     
    Fuente: Eltiempo.com
     
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  • Mindefensa y FF.MM. preparan plan para erradicar minería criminal en río Atrato de Chocó

    Mineria Ilegal 1(1)El general Ricardo Jiménez, Jefe de Operaciones del Ejército Nacional, aseguró que el Sector Defensa está listo y preparado para acompañar a la Presidencia de la República en la construcción de una estrategia sólida para erradicar, mitigar y combatir la minería criminal y las amenazas derivadas de la explotación ilícita de yacimientos de minerales en el río Atrato en el Chocó.
     
    El Gobierno y especialmente el Sector Defensa, empezó desde hace ocho semanas a socializar y buscar soluciones junto con otros ministerios, entidades, oficinas y grupos sociales y ambientales del país y del Chocó.
     
    “Debemos combatir y buscar soluciones integrales para mitigar los daños sustanciales que genera la minería ilegal o ilícita en el río Atrato y los afluentes. Por esa razón el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y el comandante del Ejército, general Alberto José Mejía, deciden activar el Comité de Renovación Estratégica y de Innovación (CREI), para fortalecer este tipo de planes y diseñar un modelo en el que nos debemos basar todas las entidades del Estado para darle solución a esta problemática. Por eso contamos con seis meses para formular y presentar a la Corte Constitucional una estrategia total en la que esté todo el Gobierno nacional”, afirmó el general Jiménez.
     
    Para abordar y comprender el panorama total de esta problemática, un grupo liderado por funcionarios del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y de Policía y otras entidades del Estado, visitó distintas zonas del Chocó. Allí tomaron gran parte de las inquietudes, problemas y quejas de comunidades asentadas sobre el río Atrato.
     
    “La esencia de la sentencia es que nos vinculan a todos. Por eso los ministerios y entidades tienen unas órdenes que deben cumplir. Además, queremos una solución integral para afectar inicialmente la parte delictiva, luego recuperar la parte social y la seguridad de las áreas afectadas por este delito. Nuestro objetivo va más allá de cumplir con la sentencia y lo que nos ordenan”, dijo.
     
    En cinco mesas de trabajo en las que participan instituciones y entidades ambientales, sociales, de salud, de seguridad y defensa, entre otras, se construyen las soluciones para esas peticiones hechas por los habitantes del Chocó afectados por la minería crimina y sus efectos devastadores.
     
    Fuente: hsbnoticias.com
  • Mineras júnior se ajustan al mercado

    Mineros CascosColocaciones, compras y ofertas hacen parte de la coyuntura que enfrentan las pequeñas firmas de extracción.
     
    Tal como lo habían anunciado analistas del mercado, la coyuntura de bajos precios en las cotizaciones de las materias primas está originando un reacomodo entre las compañías del sector minero. Las firmas con operaciones en Colombia no son ajenas a estos movimientos empresariales.
     
    Firmas como Red Eagle, con operación en Antioquia y NovaCopper han aumentado sus apuestas haciendo ofertas o concretando negocios para incrementar su participación en nuevos negocios.
     
    En el caso de Red Eagle, una firma de capital canadiense cuyo principal activo son los títulos mineros del proyecto de exploración de oro San Ramón, ubicado en Santa Rosa de Osos Antioquia, anunció una mayor oferta para quedarse con el 46 por ciento de las acciones de CB Gold.
     
    La propuesta de Red Eagle pretende adquirir cada acción de CB Gold por 0,162 de una acción de Red Eagle, lo que significa un precio de 0.051 dólares canadienses por cada acción de CB Gold. En suma, la transacción tendría valor de 8,4 millones de dólares.
     
    CB Gold es también una minera con sede en Canadá, que tiene once títulos mineros en Vetas, Santander. Cabe recordar que buena parte de este municipio fue ubicado dentro de la delimitación actualizada del páramo de Santurbán.
     
    Por otro lado, la también canadiense NovaCopper concretó la adquisición del 58 por ciento de Sunward Resources, una minera que tiene un proyecto de exploración de oro en Titiribí, Antioquia, con recursos inferidos de 6,01 millones de onzas de oro y 216,3 millones de libras de cobre.
     
    NovaCopper se hizo así a la mayoría accionaria del proyecto, en una transacción de 27,6 millones de dólares. La compradora es de propiedad de Thomas S. Kapplan, que está en la posición 1.741 en la lista de multimillonarios del mundo de la revista Forbes.
     
    Por su parte, la firma Angel Gold anunció que continúa en su búsqueda de financiación, por 1 millón de dólares canadienses, mediante una colocación de acciones privada, sin participación de agentes.
     
    Angel Gold tiene los proyectos de exploración El Porvenir, El Pino y Heliconia, en Antioquia.
     
    De acuerdo con el experto en el sector minero y director ejecutivo del Centro de Pensamiento del Agua y del Sector Minero Energético de la Andi, Eduardo Chaparro, este tipo de movimientos es convencional en coyunturas como la actual, en la industria minera.
     
    “Hay un principio básico en el mundo de la minería, que en época de dificultades del sector lo primero que se cae es la inversión en exploración, gastar plata en exploración cuando no hay recursos es muy caro, entonces una alternativa es comprar las reservas que otros han descubierto”, explicó.
     
    En el informe Tendencias 2015 para el sector minero, la firma analista Deloitte también advirtió que las empresas júnior serían las más expuestas a este flujo de fusiones y adquisiciones.
     
     
    Fuente: Portafolio.co
  • Minería busca salir del agujero negro

    Mineria SubtLas altas y múltiples inversiones ejecutadas en años anteriores dirigidas al sector minero dispararon la oferta de minerales al punto que, hoy, la demanda no alcanza a disponer de ellos y por ende la reducción de precios que se observa en los mercados internacionales.

    Así lo explica Julio Berrocal, socio líder de la industria de minería de Deloitte en Colombia, quien añade que ese fenómeno ha presionado la rentabilidad de las compañías y las finanzas públicas de muchos países, entre ellos Colombia.

    En ese entorno, ¿cómo deben obrar las compañías para salir adelante? “Si las empresas mineras esperan emerger del ciclo negativo en una posición más fuerte que la que tenían antes de entrar en él, necesitan incrementar la intensidad de extracción y enfocarse en reducir capital, mano de obra y energía”, responde Glenn Ives, director del sector minero en América de Deloitte Canadá.

    Según el experto, “esto requerirá adoptar tecnologías innovadoras utilizadas en otras industrias de manera inteligente y medible en cuanto a los riesgos, así como aumentar el uso de la tecnología de la información”.

    Buscar la excelencia operativa

    Basado en el informe “Tendencias” que anualmente elabora Deloitte, Berrocal señala que en un mundo donde las nubes negras aparecen con más regularidad que nunca, las compañías mineras necesitan capacidades sólidas de planeación de escenarios que las posicionen para adaptarse adecuadamente a una amplia gama de posibles futuros resultados.

    También señala que en un esfuerzo por apuntalar el capital, las compañías mineras están regresando a lo básico como los inventarios racionalizados, la optimización del capital de trabajo, desinvertir en negocios secundarios y fortalecer su enfoque en la administración de la cartera.

    “Otras están adoptando elementos del sector manufacturero al buscar operaciones racionalizadas, eliminar exceso de gastos acumulados durante el superciclo y subcontratando a terceros para funciones no esenciales”, dice.

    Pero las observaciones de Deloitte contrastan con las apreciaciones del informe “Brújula Minera”, presentado hace dos meses en el congreso de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que señalaba que la preocupación por la menor cotización de los minerales en los mercados internacionales y la difícil coyuntura de los negocios no fue identificada por la industria minera ni por el Gobierno como una razón prioritaria para la reducción de las operaciones mineras y, de hecho, figuraba como la menos significativa.

    Innovación es la nueva clave para sobrevivir

    Karla Velásquez, socia de Deloitte en Perú, afirma que tradicionalmente, las compañías fijan sus estrategias evaluando qué sacrificios deben realizar para alcanzar sus metas, pero enfatiza en que “los auténticos innovadores piensan más allá de estos sacrificios. La innovación se trata de lograr un desempeño sobresaliente mediante el cambio de las reglas del juego. No significa implementar las mejores prácticas, sino idear nuevas prácticas”.

    Las nuevas tecnologías, por ejemplo, prometen alterar ampliamente los fundamentos del sector minero. Las herramientas de visualización en 3D pueden ayudar a las compañías a rastrear en tiempo real a su gente, equipo y entorno cambiante en cada una de las minas.

    Además, están surgiendo nuevas tecnologías de procesamiento de minerales para reducir los riesgos de seguridad asociados con la extracción de oro y descubrir previamente depósitos minerales no rentables.

    Reducción de los costos de energía

    Al considerar una nueva manera de abordar la energía como una forma de reducir los costos y mejorar el desempeño ambiental, las compañías mineras, según los expertos, deben administrar ese recurso como parte del portafolio.

    Aunque muchas organizaciones monitorean el uso de la energía en la mina, no cuentan con los detalles necesarios para entender lo que impulsa la demanda. Sin esa visión más detallada, les será difícil identificar oportunidades para utilizar tecnologías, combustibles o sistemas diferentes.

    Se aconseja considerar una amplia gama de alternativas renovables, pues además de las plantas solares y eólicas, existen otras opciones renovables, como la hidroelectricidad, la biomasa y la energía geotérmica.

    También se sugiere tener en cuenta los combustibles fósiles no convencionales, entre ellos los biocombustibles y el gas natural líquido (GNL) como alternativas más económicas que el diésel.

    Financiamiento menos tradicional

    Los analistas sostienen que debido a las dificultades que se presentan en la búsqueda de financiamiento en la industria minera, quizá sea tiempo de que las compañías mineras busquen activamente a inversionistas extranjeros.

    El reporte anual de Tendencias precisa que “ya pasaron los días (si es que alguna vez existieron) en los que se podía esperar ser descubierto por alguna empresa estatal china. Ahora es el momento perfecto para cortejar proactivamente a los inversionistas que poseen los recursos para ayudar a financiar el crecimiento de la industria”.

    Berrocal anticipa que la clave reside en entender la manera cómo operan esos inversionistas y cómo hacer negocios con ellos puesto que esto varía según la región y el país.

    Algo más que se está evidenciando es que la escasez de acceso a las fuentes tradicionales de financiamiento, está provocando que compañías en dificultades exploren alternativas menos tradicionales como contratos de compraventa por el total de la producción o por un gran volumen, acuerdos de suministro continuo de metales a cambio de regalías, financiamiento de equipo y deuda de alto rendimiento.

    También están surgiendo estructuras de deuda convertible, pero las empresas deben tener cuidado: si no elevan rápidamente el precio de las acciones pueden entregar una parte excesiva de la propiedad corporativa.

    Pipe 2.0, ¿le servirá a la minería?

    Desde hace un mes el Gobierno viene presentando el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe 2.0) que incluye algunos beneficios para la industria minera y energética.

    Del inventario hacen parte la Ley de Infraestructura para Proyectos de Interés Nacional (Pines) de hidrocarburos, minería y energía, la implementación de una regalía variable para la producción adicional (menor regalía para la producción adicional pactada), la flexibilización de condiciones para la exploración petrolera: ampliación de plazos para fases exploratorias y el mantenimiento de beneficios arancelarios para las inversiones en el sector minero.

    El ministro de Minas, Tomás González Estrada, precisa que la “caja de herramientas” para el sector contiene, entre otras, la promoción de la exploración bajando el canon superficiario o de arrendamiento en promedio un 50%, con lo que cada tipo de minería pagará según su escala y será más competitiva.

    Expertos mineros consultados por El Colombiano que pidieron reserva de su nombre califican como positivo ese elemento y consideran que de esa forma se abaratarán los costos de exploración minera.

    Otro aspecto que resalta el ministro tiene que ver con la certeza jurídica y claridad que en adelante tendrán los tiempos de las prórrogas, pero los especialistas en el negocio minero reciben con cautela ese anuncio porque la experiencia ha demostrado que la falta de integración institucional frena el avance de los desarrollos mineros.

    “Más que Pipe y más que estímulos lo que se requiere es generar confianza y que sí habrá respuesta rápida para que el inversionista esté seguro de que el proyecto ha desarrollar está amparado por las normas”, señalan los expertos.

    Frente a la idea de mantener el beneficio arancelario de cero por ciento para bienes del sector, algunos empresarios han denunciado que las entidades financieras no emiten créditos para la maquinaria que va al interior de las minas.

    “El Pipe es muy bonito, pero cómo genero confianza para que la gente de los bancos aprenda que este es un negocio lícito, posible y factible”, añaden.

    Por su parte el ministro insiste en que “el país requiere una producción por encima del millón de barriles y una minería competitiva para darle viabilidad al desarrollo. Es con los recursos de regalías, impuestos y contribuciones del sector, que financiamos gran parte de los programas sociales del Gobierno”.

    Frente al fenómeno de minería ilegal el ministro González también asume un compromiso claro y contundente: “La institucionalidad y las normas siguen siendo rigurosas y serias, pero adaptadas a las realidades del mercado y a la coyuntura actual”.

    Fuente: Eluniversal.com.co

  • Minería colombiana vive entre la informalidad y el asedio de los grupos ilegales

    La minería colombiana se debate hoy entre la necesidad de formalizar a miles de personas dedicadas a esta actividad de manera artesanal o informal y el asedio de guerrillas y bandas criminales que han convertido al sector en una importante fuente de financiación.
     
    E ChaparroAsí lo advirtieron expertos y autoridades reunidas en la X Feria Internacional Minera, que este viernes concluyó en la ciudad colombiana de Medellín (noroeste), donde además se analizaron los efectos de la caída de los precios de las materias primas y la relación con las comunidades para desarrollar una explotación responsable.
     
    "Hay un grave problema de ilicitud, de informalidad, pero lo más grave es la incomprensión del problema y entonces eso permite que los legales pequeños, medianos y grandes sean confundidos con los ilegales grandes", aseguró a Efe el director de la Cámara Asomineros de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Eduardo Chaparro.
     
    El directivo indicó que existen cerca de 10.000 títulos o concesiones en el país, mientras que de las personas dedicadas a la actividad de manera informal "nadie tiene cifras".
     
    Chaparro señaló que existe una definición legal sobre "extracción ilícita", que está penada por la ley, así como la receptación de especies robadas, pero fuentes de la Procuraduría (Ministerio Público) aclararon durante las deliberaciones que para esa institución "no existe una definición legal de lo que se entiende por minería ilegal".
     
    La minería se ha convertido además en blanco perfecto para guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como para las llamadas bandas criminales (bacrim) herederas de los paramilitares, que ahora someten a los trabajadores informales.
     
    "Hay grupos armados al margen de la ley, entidades criminales, que desarrollan o que tienen algún tipo de influencia sobre elementos de la cadena productiva de minerales", advirtió el coordinador de la Unidad Nacional de Intervención contra la Minería Criminal (Unimic), Iván Díaz.
     
    El funcionario indicó que estas organizaciones "básicamente lo que hacen es extorsión sobre los pequeños mineros informales", e indicó, sin precisar un estimado global en el país, que pueden llegar a cobrarle a estas personas "casi el 60 % del producido" por tener la maquinaria o sacar el material.
     
    Además, estas organizaciones impiden que los mineros "se unan al Gobierno a través de los programas de legalización y formalización".
     
    La informalidad complica la situación de los afectados por estos grupos, que se abstienen de denunciar ante las autoridades al no contar con licencias para la extracción, según el funcionario.
     
    Díaz añadió que el mensaje para los mineros es que se acojan a los procesos de "legalización y formalización" como una forma de "cubrirse y escudarse de esas personas".
     
    Apuntó que en Colombia se considera ilegal a quien no tiene título, lo que incluye en muchas ocasiones a mineros tradicionales, por subsistencia o por oportunidad, pero aclaró que no se les puede criminalizar ya que no son lo mismo que las FARC, el ELN o las bandas criminales.
     
    El funcionario alertó sobre otro problema que enfrentan las autoridades y tiene que ver con el contrabando de minerales, y citó casos como la extracción ilegal en la frontera con Venezuela de carbón y coltán, usado en la fabricación de componentes para aparatos electrónicos y cuyo precio es cinco veces superior al del oro.
     
    "Lo que tenemos identificado es que el 85 % del carbón utilizado en la zona de frontera no tiene trazabilidad (procedencia) alguna y eso es muy grave", sostuvo Díaz, quien aseguró que la situación se repite con minerales como el oro, que puede llegar a mercados internacionales, lo cual da pie a "un intercambio comercial mucho más fluido que lo que permite el narcotráfico".
     
    Los mineros evaluaron, además, el impacto de la caída de los precios en este sector, que representa el 2,5 % del producto interior bruto (PIB) del país, y coincidieron en la importancia de garantizar que la extracción minera se desarrolle de forma concertada con las comunidades y responsable con el entorno.
     
    EFE
  • Minería ilegal en Colombia mueve $ 7 billones al año

    Los departamentos donde más se practica son Antioquia, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Bolívar.
     
    Mineria CriminalLa minería ilegal es una de las principales amenazas sobre los ecosistemas del país, en especial los de las cuencas amazónica y pacífica, según han ratificado tanto investigaciones académicas como organizaciones no gubernamentales.
     
    Este negocio, que mueve cerca de siete billones de pesos al año, se concentra en Antioquia, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Bolívar, según la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU (Unodc). En estos cinco departamentos, la minería ilegal es responsable de la deforestación de 16.784 hectáreas de bosque primario. Esto implica casi 1.400 hectáreas diarias. (Lea también: Destruyen maquinaria destinada a minería ilegal)
     
    Según una investigación en cinco países en la cuenca amazónica sobre esta problemática, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FDSC), que recopiló los datos colombianos, concluyó que la minería es responsable de que entre 1990 y 2010 se deforestaran en promedio 310.349 hectáreas al año. Es decir, un estimado de 6’206.000 hectáreas de bosque perdidas, lo que equivale al 5,4 por ciento de la superficie del país. Este mismo informe compila cifras alarmantes: se calcula que hay más de 15.000 mineros informales y que el 56 por ciento de las unidades de producción de esta actividad no tienen ningún título ni licencia ambiental.
     
    De acuerdo con un anuncio que dio el Gobierno sobre minería ilegal a mediados de este año, a propósito de un proyecto de ley que busca enfrentarla de manera integral, las grandes mafias se han apoderado de este negocio ilegal –entre ellas grupos armados como Farc, Eln, y bandas criminales–, que con esta actividad afectan a por lo menos 233 municipios del país. (Vea: Minería socava estabilidad de la vía a Buenaventura)
     
    De otro lado, la Fiscalía General de la Nación calcula que las bandas de buscadores de oro, coltán y hasta uranio están dispersas por 12 regiones del territorio nacional que incluyen 21 departamentos.
     
    Al gran daño causado a la cobertura vegetal del país, que el año pasado registró una tasa de deforestación de 140.356 hectáreas, frente a cerca de 121.000 del 2013, se suma el crítico estado de los ríos. De acuerdo con el más reciente Estudio Nacional de Aguas, una de las preocupaciones en cuanto a la calidad del agua son los vertimientos de metales pesados como el mercurio, el plomo, el cadmio y el cromo.
     
    Las tres zonas con mayores vertimientos de estos químicos son los ríos Atrato y Cauca (en su tramo por Antioquia) y algunas zonas del Magdalena medio y bajo, lugares donde hay presencia de la minería ilegal.
     
    En un análisis presentado por EL TIEMPO sobre esta problemática, el profesor Guillermo Vásquez, de la Universidad Nacional, explicó que la minería ilegal es una de las tres principales causas de la degradación del recurso hídrico, porque “no es profesional ni legal, lo que deja muchos vertimientos al agua que dañan las cadenas tróficas”. Según el Ideam, cerca de 205 toneladas de mercurio son vertidas al suelo y al agua. Aunque esta cifra puede ser mayor, porque incluso la Red de Nanociencia y Nanotecnología, que viene analizando esta problemática, advierte de 300 toneladas anuales. (Además: Dinero, armas y dragas incautadas en operativo contra minería ilegal)
     
    En los parques nacionales
     
    Según un informe de Parques Nacionales Naturales, los parques de Cahuinarí (Caquetá), Amacayacu y Río Puré (Amazonas) y Puinawai (Guainía) están afectados por la minería ilegal. Y de manera indirecta, Paramillo, La Paya, Alto Fragua, Yaigoje Apaporis, Nukak y Acandí.
     
    Además, todavía se mantienen 37 títulos en zonas de reserva en parques como Orquídeas, Pisba, Los Venados y Serranía Yariguíes.
     
    Fuente: ElTiempo.com
     
  • Minería ilegal se está tragando a Buriticá

    El control de este negocio por parte de bandas criminales tiene en jaque uno de los proyectos auríferos más importantes de América Latina. Amenazas a ejecutivos de Continental Gold, el nuevo capítulo de la crisis.El control de este negocio por parte de bandas criminales tiene en jaque uno de los proyectos auríferos más importantes de América Latina. Amenazas a ejecutivos de Continental Gold, el nuevo capítulo de la crisis.El occidente de Antioquia es uno de los ejemplos de las dificultades que tiene Colombia vencer la minería ilegal. La situación del municipio de Buriticá es cada vez más incontrolable: la actividad ha sido cooptada por grupos al margen de la ley, especialmente el clan Úsuga, que ahora declaró objetivo militar a varios ejecutivos de Continental Gold.
     
    La situación es preocupante porque este proyecto aurífero promete duplicar la producción agregada del país, que hoy supera las 80 toneladas anuales, el 63 % de las cuales es producto de una actividad que no paga impuestos ni cumple con los estándares ambientales exigidos.
     
    Si bien el Gobierno ha manifestado su preocupación por este fenómeno, la realidad, lejos de los escritorios, es que los avances son todavía incipientes, y Buriticá es un ejemplo de ello. El clan Úsuga produce cerca de 70.000 onzas anuales de oro, mientras Continental, el único titular minero de la zona, apenas llega a 6.000.
     
    Una fuente del sector que pidió no ser nombrada explicó que “allí hay una situación muy difícil porque las autoridades han estado cooptadas, el alcalde está en la cárcel, lo capturaron en diciembre, el secretario de Gobierno está en la cárcel y hace poco un ejecutivo de la empresa fue capturado”.
     
    La participación de actores como el clan Úsuga en esta actividad ha tenido un efecto perverso en la industria legal. De acuerdo con la Brújula Minera, la encuesta anual sobre percepción del sector, más del 60 % de las personas consideran que su vida sería mejor sin la explotación minera, pero este rechazo no es contra la actividad misma sino contra la reducción de beneficios económicos y los efectos de la minería ilegal.
     
    Según Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y rector de la Universidad Externado, “las bandas criminales se han apoderado del multimillonario negocio de la minería y eso está significando que más o menos el 60 % de la actividad es ilegal. Hay unos 300 puntos en Colombia de minería ilegal ligados a las bandas criminales”.
     
    En ese contexto, la empresa invertirá US$400 millones en la construcción de la mina subterránea más grande del país y aprovechará uno de los depósitos más importantes de América Latina con unos recursos que superan los diez millones de onzas y un tenor de 10 gramos de oro por tonelada.
     
    El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que, además de la inacción de las autoridades, se ha presentado “cierta indiferencia de las directivas de la empresa para resolver ese problema de invasiones”, en referencia a las minas que funcionan ilegalmente en las inmediaciones de la concesión de Continental Gold.
     
    Y es que esa invasión y el dominio de los grupos al margen de la ley han generado, además, la llegada de más de 8.000 personas de otros municipios en busca de trabajo, a lo cual se suma el uso de mercurio de manera indiscriminada, el coctel perfecto para una crisis socioambiental, que, aunque reconocida por las autoridades, no ha sido atendida.
     
    Entre tanto, el mandatario regional cuestionó la decisión del Gobierno de esperar hasta julio de 2018 para prohibir el uso de mercurio para la explotación de oro, sobre todo en Antioquia, donde se usan cerca de cien toneladas del químico anualmente, convirtiendo a Buriticá en una de las zonas más contaminadas del mundo.
     
    Aunque ningún vocero de Continental Gold quiso referirse a la situación de Buriticá, representantes del gremio le dijeron a este medio que la empresa ha radicado, cuando menos, 200 amparos administrativos en los que pide a las autoridades atender la emergencia en la zona.
     
    Por: Óscar Güesguán Serpa
     
    ElEspectador.com
  • Minería ilegal: ¿una nueva guerra?

    Mineria Ileg 2El presidente Santos tiene razón en preocuparse por la minería ilegal, pero la fórmula que planteó para combatirla deja muchos interrogantes.
     
    En los últimos años en el alto gobierno ha hecho carrera la frase de que con la minería ilegal, “el oro es la nueva cocaína”. Así como durante décadas los que manejaban los cultivos ilícitos permearon todas las estructuras del Estado, pusieron y quitaron gobernantes y financiaron las peores mafias, ahora quienes están detrás de la minería ilegal producen los mismos devastadores efectos. A esa nueva amenaza, el gobierno le acaba de declarar la guerra.
     
    Desde hace varios años la minería ilegal es una de las peores contrapartes del Estado. “Es un enemigo mucho más poderoso, mucho más peligroso y que hace mucho más daño del que pensábamos”, afirmó el presidente Juan Manuel Santos en Puerto Asís al lanzar la ofensiva. “Esta minería criminal es un negocio que se calcula puede estar por el orden de los 7 o más billones de pesos. Es decir, que es un negocio que mueve más plata que el propio narcotráfico”, agregó.
     
    La guerra contra la minería ilegal, que acaba de anunciar Santos, se va a dar en dos frentes. El primero es estrictamente militar. El presidente reconoció que a partir de esta semana las operaciones contra este fenómeno van a ser prioritarias y serán lideradas también por el Ejército. Otra de las novedades es que se le va a agregar al Consejo Nacional de Estupefacientes el análisis de estas actividades ilícitas.
     
    El otro arsenal que se piensa desplegar es jurídico. La minería ilegal es mucho más difícil de combatir que el narcotráfico. Una de las razones es que mientras la coca es un elemento ilegal y las mafias tienen que hacer todo tipo de maromas para sacarla del país, el oro es totalmente legal una vez sale de la mina. “Si usted captura a una persona con el kilo de coca se va para la cárcel. Si captura a alguien con oro ilegal se va para la casa porque eso no está tipificado como delito. Es uno de los aspectos en que la ley es muy débil”, explicó hace unos meses el general Luis Eduardo Martínez, director de la Policía de Carabineros y Seguridad Rural, para un informe de SEMANA sobre este problema. El gobierno va a presentar un proyecto de ley para darles más facultades a las autoridades en esa lucha.
     
    Hoy el delito de minería criminal se refiere solamente a la explotación y exploración de minerales. Con la nueva normatividad el delito se extiende para toda la cadena productiva como quien lo comercializa, lo transporta o lo almacena. Es decir, que ahora se castiga igual a quien le arranca el oro con una draga al río, como a quien va a venderlo a una joyería en el extranjero.
     
    Por otro lado, a esa lucha se le van a dar algunas de las herramientas similares a la lucha contra el narcotráfico. Una de ellas es la figura del lavado de activos que permite investigar a quienes manejen bienes que hayan tenido origen en actividades criminales como el secuestro, el tráfico de armas, la financiación del terrorismo, entre otros. La reforma agrega el concepto de minería ilegal a este delito. Así mismo, también lo incluye como un agravante al que castiga la financiación de organizaciones criminales. Con esas modificaciones, la minería ilegal puede dar hasta 20 años de prisión.
     
    Otro elemento es la implementación de un control de insumos y sustancias químicas utilizadas para las actividades mineras como el mercurio que son vitales para extraer los minerales, pero letales para las aguas en las que se vierten. Del mismo modo, se ampliarán las facultades de la Policía para suspender actividades mineras y decomisar el oro que se extrae ilegalmente.
     
    El gobierno explica que quiere darle a la lucha contra la minería ilegal las mismas herramientas de la lucha antidroga pues en últimas detrás de ambos fenómenos están las mismas estructuras ilegales y  lo que está mutando es el negocio. El ministro Yesid Reyes reconoce que “las bacrim se han dado cuenta de que es más rentable y más seguro comercializar metales preciosos que la misma cocaína”. 
    La forma cómo operan tampoco es muy diferente. Mientras los cultivadores de drogas utilizan a los campesinos para que tengan en sus parcelas las matas de coca, quienes manejan el negocio del oro ilegal también se valen de cientos de colombianos, muchos de ellos afrodescendientes o indígenas. Para ellos existe una política de formalización y no una persecución penal pues el Estado entiende que las mafias los utilizan para que vayan a pescar el metal precioso en las laderas de los ríos o en los enormes cráteres que forman con sus dragas.
     
    Mucho más que los cultivos ilícitos, la minería ilegal deja una huella indeleble en los territorios que ocupa. Se esparce como un cáncer por ríos, bosques, manglares, y los daños que produce son irreversibles. Según el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, el año pasado 17.000 hectáreas fueron deforestadas por cuenta de esta actividad criminal. Muchas de estas en las zonas con mayor valor ecológico del país. “Casi el 17 por ciento de las zonas protegidas del país (como parques nacionales y páramos) sufren de este flagelo”, explica el ministro. Agrega que, además, más de la mitad de las zonas hidrográficas del país están amenazadas por el afán de sacarle a los afluentes el metal precioso.
     
    Sin embargo, la estrategia que se ha desplegado para esta nueva guerra deja muchos interrogantes. Primero, si esta va a llevar a repetir los mismos errores que se han cometido en la guerra contra las drogas, que ha pecado por ser más eficaz con el eslabón más débil de la cadena. Segundo,  los conocedores de esta problemática temen que termine por estigmatizar a los miles de campesinos que hoy encuentran en la minería una forma de sustento. Las medidas legislativas que permiten enjuiciar a toda la cadena productiva no van a caer bien en los territorios históricamente mineros que se han quejado en numerosos paros de vivir una persecución. En tercer lugar, hay quienes creen que la entrega de esta lucha al Ejército no solo es equivocada, sino peligrosa. Se supone que las Fuerzas Armadas solo están diseñadas para combatir a su contraparte en la guerra, y en la minería ilegal la definición de “enemigo” que sugirió el presidente puede caer en una línea cuestionable en materia de Derechos Humanos.
     
    Falta ver cómo aterriza el gobierno este paquete en el proyecto de ley y los decretos que se van a tramitar en los próximos meses. La lucha es sin duda importante, pero generará mucha polémica.
     
     
    Fuente: Semana.com
  • Mineros esperan que minería ilegal haga parte de los temas de la agenda entre Gobierno y ELN

    Mineria IlegalEl presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, resaltó que el Gobierno y el ELN comiencen en firme la fase pública del proceso de paz, al tiempo que espera que en este trámite se toque el tema de la minería ilegal.
     
    Según el directivo, “el de la minería ilegal ha sido de los más grandes lunares y preocupaciones que ha tenido el sector. Creo que el país necesita hacer un trabajo serio y juicioso de controlar la minería ilegal, independientemente de quién sea el actor del conflicto que esté en esta actividad”.
     
    Sostuvo que espera que en los diálogos de paz, el tema de la minería haga parte de la agenda que tratarán las partes.
     
    “Ahora estamos atentos a 3 proyectos de ley que cursan en el Congreso y que están encaminados a combatir esta minería y esperamos que se les dé el tramite respectivo”, afirmó.
     
    Según un informe de la Contraloría General de la República, las regiones del país dejan de percibir por cuenta de la minería ilegal, cerca de 6 billones de pesos al año, el equivalente a lo que busca recaudar este año la reforma tributaria.
     
    Por su parte, la Asociación Colombiana de Minería señala que “el sector sería uno de los grandes generadores de divisas, pero como el 85% e la minería es ilegal, esos recursos van a parar a otras manos”.
     
    RCNRadio.com
  • Mineros piden devolución de retenciones de la DIAN

    Santiago AngelLa cifra supera los US$40 millones


    Santiago Ángel representa a las empresas de este sector. Dice que la reducción del impuesto a los explosivos y el arancel cero para los bienes de capital son medidas claves para la competitividad.

    El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, habla de la buena nueva que trajo consigo los aranceles cero a bienes de capital y la reducción del costo del canon, es decir el pago por arrendamiento de cada hectárea para esta actividad, en medio de los bajos precios de las materias primas, pero advierte que las medidas tributarias de fondo son las impulsarán la industria, entre ellas el reducir el impuesto que pagan por los explosivos, 43% mayor que en otros países de la región, y el poder contar con las retenciones de la DIAN, que superan los US$40 millones.

    ¿Cómo impactó la reducción del canon?

    Debemos empezar a aplicarlo. Es muy positivo porque tiene una rebaja sustancial que se aborda desde cada tipo de minería: hectáreas pequeñas, medianas y grandes. Y muy importante porque no todos los productos son iguales, y además rebaja un costo en el proceso de exploración, en el que se generaba un ingreso cero. Lo es también para mantener la exploración.

    ¿En qué los ayuda que sigan en cero los aranceles a los bienes de capital?

    Usted no se imagina la importancia de esta medida, porque como industria identificamos casi 800 partidas (arancelarias), sin producción nacional, que están en cero, pero por la amenaza de que se subiera iba a resultar costosísima para las empresas. Estábamos hablando de alrededor de US$40 millones. El tema arancelario no es menor. Queremos verlo materializado porque ese decreto tiene que ser aprobado por confis y esperamos que éste sea el abrebocas para que las otras partidas pasen sin problema.

    ¿Qué les falta para ser más competitivos?

    Estos avances se podían hacer por medio de decreto, pero los que necesitamos son de ley. En 2011 nos pusieron una sobrecarga en los explosivos y esto hace que paguemos por ello 43% más de lo que se puede conseguir en un país vecino y esa plata no se invierte en la industria sino para el Fosyga, pues con esto se están financiando los hospitales públicos. Nos afecta porque es una materia prima de la industria. Reducir tales costos mejoraría la competitividad del sector. El desmonte del IVA de los bienes de capital también es necesario.

    Hay otro problema con los recursos que retiene la DIAN...

    La caja hoy en día se está quedando en la entidad. Nosotros tenemos una de las retenciones más altas, junto con los petroleros. Se están generando saldos a favor que, calculamos, pueden estar alrededor de US$40 millones o US$50 millones. Ese dinero está atrapado y lo necesitamos para financiar los proyectos. Necesitamos que se revise esto y que se ajuste a la nueva realidad. Pasa algo similar con la retención del 1% por exportaciones.

    ¿Qué tanta voluntad hay del Gobierno de reducir la carga impositiva?

    Las medidas que se han venido tomando son las que necesita el sector. Las tributarias tendrán la demora propia de la modificación de una ley. Dependerán de un acuerdo con el Gobierno y de que se establezca cómo se hará: una reforma estructural o una ley específica de apoyo a la industria.


    Fuente: Elespectador.com

  • Ministerio de Minas y Energía expidio normas técnicas aplicadas a la minería

    Minerales En Mano1El MME expidió la Resolución No. 40600 del 27 de mayo de 2015, con la que se adoptaron nuevas normas técnicas oficiales - especificaciones técnicas para la presentación de planos y mapas aplicados a la minería, ahoralos proponentes y titulares mineros cuentan con una nueva herramienta de carácter metodológico y de orientación técnica para la presentación y entrega de la documentación e información, y de la misma manera los funcionarios o autoridad no podrán realizar mas exigencias que los criterios, principios y reglas allí consignadas.

    La anterior expedición tuvo como soporte lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Minas, el cual determina el deber de establecer de manera detallada los requisitos y especificaciones de orden técnico minero que deban atenderse en la elaboración de los documentos, planos, croquis y reportes, relacionados con la determinación y localización del área objeto de la propuesta de contrato de concesión, así como de los documentos e informes técnicos que se deban rendir por parte de los titulares mineros.

    El objetivo principal de esta reglamentación, es facilitar la evaluación y aprobación de los documentos técnicos por parte de la autoridad minera, en especial lo relacionado con la presentación del Programa de Trabajos y Obras (PTO), y darle claridad al concesionario minero para la presentación de acuerdo a unos estándares previamente definidos por el Ministerio de Minas y Energía, con lo cual de ninguna manera se pretende desconocer que el sector minero ya contaba con unas normas técnicas para la presentación de dichos documentos, sino que precisamente se hace necesario actualizarlas para contar con mayores instrumentos que faciliten la actividad minera en nuestro país.

    De esta manera se establecen los estándares para la presentación del Programa de Trabajos y Obras  (PTO), en el cual se incluyen el Plan Minero de Explotación, el Plan de Obras de Recuperación Geomorfológico Paisajistico y Forestal, y el Plan de Cierre de Explotación y Abandono de los Montajes, y es en este último, en el cual se hace referencia a que se deben tomar en consideración las condiciones antes de la explotación, es decir, las lineas base ambientales, durante el desarrollo de la actividad, la finalización de la explotación minera y el uso posterior del suelo, determinando la estrecha relación que debe tener con el Plan de Recuperación Geomorfológico, es decir que debecorresponder a la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Instrumento de Manejo y Control aprobado por la autoridad ambiental para el desarrollo del proyecto minero.

    La expedición de este acto administrativo, se realizo gracias al trabajo que realizó y lideró el Ministerio de Minas y Energía, con participación de otras entidades como el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, ajustandose a los requerimientos nacionales, y considerando estándares y normas internacionales, con lo cual se busca enmarcar la actividad minera dentro de una terminología única para el sector. Así mismo se busca su difusión y consulta a través de Sistema de Información Minero.

    Con lo anterior se modificaron las normas técnicas que estuvieron vigentes para la presentación de planos desde el año 2003, con el Decreto 3290, con lo cual el gobierno nacional pretende hacer mas eficiente la evaluación por parte de las autoridades mineras, actualizando dichas normas e incluyéndolas a esquemas internacionales, con lo cual nos permite asociar la actividad minera a parámetros claros y exigencias mayores que harán sin duda fortalecer cada vez más el sector, iniciando por lograr la presentación de documentos técnicos más robustos que sean realmente concebidos para el desarrollo de proyectos analizados y estudiados para su ejecución  por parte de los titulares, y que permitan mejorar la supervisión de cada uno de los títulos mineros otorgados.


    Por: Paisminero.co / CP- MME

  • No hay quien detenga la minería ilegal en el Bajo Cauca

    Mineros IlegalMientras lee este artículo, en el Bajo Cauca hay un número indeterminado de dragas ilegales y retroexcavadoras revolcando toneladas de arena en las riberas y afluentes del río Nechí, derribando árboles, abriendo enormes cráteres en la tierra...

    Sacan, día y noche, un oro que no les pertenece, sin tener título minero, y menos una licencia ambiental, no deben reforestar un centímetro y no pagan un peso de impuestos al Estado. En suma, un negocio redondo sin control alguno que, según el dueño, se llama minería informal o minería criminal, igual ambas por fuera de toda ley.

    Y sin quien detenga de forma efectiva las rentables operaciones, pues los costos son una tercera parte de lo que valdrían cumpliendo todas las normas, cada vez son más las dragas brasileras y buldóceres que no se bastan con degradar los baldíos de la Nación, como pudo constatar este diario el 4 de marzo pasado, durante un sobrevuelo y recorrido por el río Nechí.

    Dentro de los títulos asignados a la empresa Mineros S.A. para extraer oro con sus dragas en los municipios de El Bagre, Nechí, Caucasia y Zaragoza, las otras dragas, las “brasileras” ilegales, ya han degradado, 4.161 hectáreas, por lo menos. Eso es casi la mitad del área urbana de Medellín.

    Con 42 puntos de minería ilegal a lo largo del río Nechí identificados, y advertidos a todas las autoridades desde el 7 de febrero pasado, se calcula que son al menos 60 dragas que, sumado a la maquinaria pesada, pueden emplear de forma irregular a unas 700 personas, casi la misma cantidad de trabajadores de Mineros, la mayor productora legal de oro del país.

    Destruir lo recuperado

    Pero la sed avara por esas pepitas doradas no tiene límites, y menos ambientales. Unas 1.200 hectáreas han sido recuperadas y reforestadas por la compañía, para compensar el impacto de su operación. Sin embargo, 134 hectáreas, lo equivalente a 181 canchas de fútbol profesional, dejaron de ser verdes: se sumaron a una costra amarilla que crece todos los días por cuenta de la minería informal y criminal.

    Y como la creencia es que de donde se sacó oro, quedó oro, los invasores decidieron volver desde el año pasado a ‘reciclar’ las tierras consolidadas ambientalmente donde crecían bosques, plátano, maíz y otros cultivos. Por esos predios pasaron hace más de siete años las dragas legales de Mineros, pues bien, hoy 40 hectáreas de parcelas agroforestales están convertidas en grandes huecos y colinas de arena y barro.

    “Solicitamos la acción enérgica del Estado para controlar estas actividades ilegales que destruyen sin consideración el esfuerzo de recuperación ambiental...”, escribió con impotencia Beatriz Uribe Restrepo, presidente de Mineros, a la Gobernación, Secretaría de Minas, Corantioquia y los ministerios de Minas, Ambiente y Defensa (lea la carta completa en elcolombiano.com).

    La petición se da luego de agotar todas las herramientas jurídicas del titular minero y porque no han servido de nada, dice la carta, 13 amparos administrativos ante la Agencia Nacional de Minería (ANM), e igual número de avisos a las alcaldías, informes a la Policía y denuncias ante la Fiscalía. Esto sin contar 174 reportes, de nuevo a las autoridades competentes, de igual número de invasiones mineras registradas con maquinaria pesada desde junio de 2010.

    ¿Y quién responde?

    Desde el 6 de marzo pasado, El Colombiano buscó respuestas en todas las autoridades competentes, pero al cierre de esta edición, 16 días después, el Ministerio de Medio Ambiente ni la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente de la Fiscalía atendieron la reiterada solicitud de qué acciones efectivas tomarán ante la problemática.

    Entre tanto, las otras dependencias locales, departamentales y nacionales que tienen algún grado de responsabilidad coinciden en tres cosas: advertir lo compleja de la situación, las limitantes normativas para actuar y que falta mucho por hacer.

    Sin embargo, siempre aclarando su estricta competencia, tampoco ofrecen salidas oportunas. Son más los anuncios que las acciones para detener un cáncer ambiental que no solo afecta los títulos de Mineros (ver Reacciones).

    Por ley, quien debe ser el primero en responder ante estas situaciones es el alcalde. En el caso de El Bagre, su mandatario, Harold Echeverri Avendaño, señaló que “estamos en trámite de revisar cómo esos predios son restablecidos en lo minero, social y ambiental” y aclara que se ha presentado la debida atención a todos los requerimientos administrativos que direcciona a la Policía.

    Pero este excomerciante de oro omite que el Código de Minas lo obliga a no solo actuar por solicitud, sino de oficio, y en sus respuestas se advierte su prevalencia por “mas capacitación y menos represión, esta última solo cuando la tenga que haber, pero no debe ser la constante”. De fondo: ¿qué garantías de seguridad puede tener Echeverri si enfrenta la minería criminal? ¿le conviene políticamente en un pueblo minero irse en contra de la mayor fuente de ingresos de sus pobladores?

    Enterado del caso de Mineros, el coronel José Gerardo Acevedo Ossa, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía, dijo que “pronto se intervendrá en el Bajo Cauca” y todo indica que procede la destrucción de maquinaria, a partir de unas leyes vigentes que considera laxas. El Bajo Cauca entra a lista de prioridades, según el oficial.

    Él lidera la Fuerza de Tarea Conjunta contra la minería criminal, creada el 7 de febrero pasado. Esa nueva instancia del Gobierno sienta en la misma mesa a coordinarse a 12 ministerios y entidades. Además tiene 600 policías, 250 funcionarios y el apoyo local del Ejército en los operativos que, por cierto, tardan por lo menos en 15 días para prepararse, mucho más tiempo que el necesario para una draga moverse del sitio denunciado (ver recuadro).

    Por su parte, la Gobernación de Antioquia se asume como “articulador” y sin competencia directa, coinciden los secretarios de Gobierno, Santiago Londoño Uribe, y de Minas, Claudia Cadavid. El primero argumentó que “no existe una política minera integral en el territorio que reconozca características particulares en cada región. Con lo que hay hoy, se puede, básicamente, reaccionar y contener”.

    La segunda, recalcó varias veces que su “labor está asociada a la minería legal”. Añadió que se instauró en el Bajo Cauca el “primer laboratorio de formalización del país” con 150 unidades mineras (entables) y 100 fueron diagnosticadas a 2013. Ahora falta que se terminen de elaborar planes de manejo técnico y ambiental para entrar en “transición a la legalidad”. Pero es un proceso que va para largo y en él se amparan los dragueros invasores ante cualquier requerimiento, como se pudo verificar.

    Desde Corantioquia hay gran preocupación por los efectos de la minería ilegal, pero hay limitaciones insalvables para que pueda aplicar las sanciones de ley: “no todas las zonas están bajo control de la Policía y el Ejército (...) y cuando hay una actividad ilícita cuidada por alguien con un fusil no aplica ir a decir: ‘vea, vine a ponerle una medida preventiva de la actividad’ o ‘por favor, quita la draga y se la lleva’, eso no va a pasar”, puntualizó Alejandro González Valencia, director de esta autoridad ambiental regional.

    Por último, el viceministerio de Minas, César Díaz Guerrero, anunció tareas en dos vías: una revisión normativa, sin precisar fecha para cuando esté lista, que permita una acción más contundente y efectiva; así como avanzar en formalización, “que no solo es legalización (...) un minero que esté en ese proceso también puede ser intervenido y se expone a sanciones ambientales, pues el impacto ambiental es independiente de la titularidad”, acotó el funcionario.

    Sin duda, todas las instancias tienen buenas intenciones desde lo que les cabe para coordinarse y trabajar en la misma dirección, pero las dragas van más rápido, crecen en número y no están a la espera de que el Gobierno les quite el negocio

    CLAVES

    TRÁMITES PARA UN OPERATIVO: POLICÍA

    1. Realizar sobrevuelos de monitoreo de la zona afectada, sea por mineros informales o los criminales.

    2. Sobreponer a la ubicación los títulos mineros, con apoyo de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

    3. Informe al Fiscal para motivar el allanamiento. Pueden pasar 15 días para tener una respuesta.

    4. Concertar fecha con peritos que van al operativo: biólogos, ing. químico, ambiental y de minas.

    5. Sobrevuelo final y verificación de seguridad en zona y espacios para destruir la maquinaria ilegal.

    6. Si se trata de invasor (informal o criminal) en título, no se destruye maquinaria por acuerdo tras paro.

    7. En ese caso, se debe evaluar cómo sacar maquinaria para presentarla a la Fiscalía.

    8. Realización del operativo, con riesgo de que minero ilegal esté en formalización y “se caiga la acción penal”.

    REACCIONES

    SON MÁS LAS ENTIDADES CON ROLES ANTE MINERÍA ILEGAL QUE LAS ACCIONES EFECTIVAS

    Harold Echeverri Avendaño

    Alcalde de El Bagre (Antioquia)

    “Cuando hay llamados de la empresa (Mineros), los direccionamos a la Policía y, según las circunstancias, se hacen operativos, Esta administración viene trabajando en formalización de nuestros mineros”.

    CR. José Gerardo Acevedo

    Líder de unidad antiminería criminal

    “Las normas son muy laxas, el Código Minero no contempla sanciones que espanten a quienes hacen minería ilegal, las que más afectan a las personas son los delitos ambientales que sí generan cárcel”.

    Santiago Uribe Londoño

    Secretario de Gobierno de Antioquia

    “Estamos elaborando un protocolo contra las minería ilegal, para que los alcaldes tengan herramientas y sepan cuál es su papel para reaccionar de manera preventiva y reactiva ante esa minería”.

    Claudia Cadavid Márquez

    Secretaria de Minas de Antioquia

    “La Gobernación no tiene una competencia directa para efectuar los cierres. No desconocemos el tema y hemos acudido al Ministerio de Minas y Energía y al Gobierno nacional en varias reuniones”.

    Alejandro Gómez Valencia

    Director de Corantioquia

    “La Policia es la autoridad competente para destruir maquinaria pesada. Es un asunto de orden público. Desde el año pasado ya hicimos nuestra parte de tener el sistema para verificar licencias ambientales”.

    Luz Helena Sarmiento

    Ministra de Medio Ambiente

    No hubo respuesta al cierre de esta edición, pese a la solicitud enviada desde el 6 de marzo pasado, mediante la oficina de prensa, desde la cual se anunció el miércoles una respuesta por escrito.

    Gloria Elsa Arias Rangel

    Fiscalía General de la Nación

    Al cierre de esta edición, luego de 15 días de espera, no hubo respuesta alguna de la jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

    Agencia Nacional de Minería

    Área de Seguimiento y Control

    “Es la Gobernación de Antioquia, en cabeza de la Secretaria de Minas, la encargada del seguimiento y fiscalización de actividades mineras en El Bagre. Cabe recordar que la ANM administra títulos legales”.

    César Díaz Guerrero

    Viceministro de Minas

    “No son competencia directa nuestra los operativos contra minería ilegal, pero eso no nos exime de coordinar acciones para evitar situaciones tan lamentables como lo que le ocurre a Mineros S.A.”.

    Por : JUAN FERNANDO ROJAS TRUJILLO 

    Fuente: ElColombiano.com

     
  • Nueva generación de mineros comprometidos con buenas prácticas ambientales

    Minera SierraLa Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID a través del Programa BIOREDD+ además de apoyar la formalización y legalización de unidades de producción minera en el Bajo Cauca, Buriticá y nordeste de Antioqueño, sembró la semilla para la implementación de buenas prácticas ambientales en la pequeña minería de la región.

    En sus dos años de acompañamiento permanente y asesoría logró que 135 mineros de Caucasia, Zaragoza, El Bagre, Cáceres, Tarazá y Segovia asistieran a 100 horas de capacitación para apropiarse de los conocimientos que les está permitiendo transitar por el camino de la formalidad y la legalidad.

    Durante 4 meses, propietarios, administrativos y empleados aprendieron sobre sobre legislación minera ambiental, las etapas de legalización, los beneficios de la formalidad, aspectos tributarios, prevención de riesgos, la comercialización de minerales y la Ley de Mercurio, entre otros temas.

    Todos estos conocimientos, que fueron certificados por el SENA, los están aplicando en cada una de las minas donde laboran y le están apostando a la reducción de los índices de contaminación por el uso del mercurio y a la recuperación de áreas degradadas por la minería.

    Mientras este grupo se actualizó en los temas del sector,  otros 50 pertenecientes a 24 asociaciones de pequeños mineros, asistieron a talleres de fortalecimiento y gestión empresarial, para convertir a sus minas en pequeñas empresas y proyectar emprendimientos.

    Se suma a lo anterior las 176 familias de los municipios de Nechi, El Bagre y Zaragoza, que participaron en proyectos productivos apícolas y de recuperación de áreas degradas por la minería, algunas de ellas se dedicaban al barequeo.

    Esta es una nueva generación de mineros que decidió apostarle a la tecnificación de sus prácticas de explotación de oro, eliminación del uso del mercurio, modernización de sus asociaciones, cuidado del medio ambiente y a la búsqueda de alternativas económicas diferentes a la minería.

    Por: Paisminero.co

  • Nuevo Decreto para Fiscalización Minera

    Fiscalizacion MLos pequeños mineros recibirán apoyo para implementar los planes de mejoramiento resultantes de su informe de fiscalización.
     
    MinMinas, Bogotá, D.C., 13 de enero de 2016. El Gobierno Nacional presenta el Decreto No. 2504 en el que se establecen los lineamientos para realizar la fiscalización minera y el acompañamiento a los títulos de pequeña minería que se encuentren en el programa de formalización y los subcontratos de formalización de todos los tipos minería en todo el territorio nacional. 
     
    “Estamos buscando un sector minero ordenado y competitivo. Es así, como estamos convencidos de que la mejor manera de lograrlo es haciendo un seguimiento exhaustivo y riguroso de los procesos mineros en todo el territorio. Con este nuevo decreto podremos aumentar nuestra capacidad operativa para realizar la fiscalización de manera que podamos elevar los estándares de la minería en el país”, aseguró el Ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada.
     
    El nuevo decreto define los criterios para realizar la fiscalización de acuerdo con la etapa en que se encuentre el título minero; y diferenciando las labores en la fiscalización realizada a los títulos de pequeña minería y Subcontratos de Formalización Minera.
     
    Como elemento novedoso, este acto administrativo establece la elaboración de unos planes de mejoramiento para la pequeña minería, así como para los Subcontratos de Formalización Minera, con el fin de garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas de exploración y explotación minera, planes que, en su formulación podrán contar con el apoyo y acompañamiento del Gobierno Nacional.
     
    La Viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, agregó “estamos dispuestos a brindarle apoyo a los pequeños mineros. Por eso, estos planes de mejoramiento contarán con un acompañamiento permanente por parte del Gobierno Nacional, con el fin deque el minero cumpla de una manera efectiva y eficaz los requerimientos y recomendaciones señalados en el informe de fiscalización”
     
    Adicionalmente, en el decreto se exige a la autoridad minera presentar un plan de acción anual, en el cual se deben establecer las visitas que se realizarán el año siguiente a todos los títulos mineros. Este plan debe priorizar los Proyectos de Interés Nacional – PIN y Proyectos de Interés Nacional Estratégicos – PINES, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de carácter económico y los volúmenes de producción de estos proyectos que deberán visitarse al menos dos veces al año.
     
    Por último, también se deberá dar prelación a los títulos mineros que presenten alto riesgo de accidentalidad por condiciones de inseguridad minera y, los títulos cuyos beneficiarios sean pequeños mineros que estén en los programas de formalización minera adoptados por el Ministerio de Minas y Energía; estos deberán ser visitados por lo menos dos veces al año.
     
     
    Por: Paisminero.co / CP - MME
  • Nuevo escándalo por títulos mineros en Antioquia

    El exsecretario de minas y un hijo del exgobernador Ramos recibieron pagos a través de una multinacional a la que esa administración le otorgó títulos mineros.
     
    El exsecretario de minas y un hijo del exgobernador Ramos recibieron pagos a través de una multinacional a la que esa administración le otorgó títulos mineros.El exsecretario de minas y un hijo del exgobernador Ramos recibieron pagos a través de una multinacional a la que esa administración le otorgó títulos mineros.El título minero que tiene al gobernador de Antioquia Sergio Fajardo rindiendo cuentas ante la Procuraduría General de la Nación, es apenas la puerta de entrada a un escándalo de dimensiones tal vez insospechadas.
     
    A Fajardo lo investigan por una supuesta inhabilidad que se habría configurado al momento de firmar un título minero a nombre del esposo de Beatriz White, su entonces secretaria de Desarrollo Social.
     
    Sin embargo, la relación que ha habido entre funcionarios públicos, adscritos a la Secretaría de Minas de Antioquia, con empresas mineras beneficiadas con contratos de concesión, es una historia de tentaciones que viene de años atrás. 
     
    Semana.com pudo establecer que, a solo tres meses de haber salido del cargo como secretario de Minas de la administración de Luis Alfredo Ramos, Nicolás López Correa recibió pagos de la multinacional Grupo de Bullet S. A. S., a cuyo grupo de empresas, desde su despacho, se le adjudicaron varios contratos de concesión minera. Nueve de ellos se celebraron el 19 de diciembre de 2011, es decir, doce días antes de que se terminara el periodo de Ramos.
     
    En la contabilidad que el Grupo de Bullet S. A. S. le reportó a la Dirección de Titulación Minera del departamento aparece Nicolás López con un reintegro por valor de 62’580.000 pesos. Líneas más adelante está el nombre de Esteban Ramos, hijo del exgobernador Ramos Botero, con un reintegro de 23’000.000 de pesos.
     
    Más allá de los valores, la pregunta es por qué en la relación de ingresos y egresos de una multinacional con títulos mineros en Antioquia aparece López, un funcionario por el que pasaban todos los contratos de concesión que firmaba el gobernador Ramos y quien poseía además información privilegiada sobre las expectativas del otorgamientos de los títulos. 
     
    Grupo de Bullet S. A. S. es una empresa canadiense de exploración y explotación minera, que registra como representante legal a Robert William Allen, el principal accionista como persona natural de la Continental Gold. En 40 años, este hombre se convirtió en uno de los principales jugadores de la minería en Colombia, a través de más de un centenar de empresas.
     
    Al ser consultado por Semana.com, López reconoce que como secretario sí otorgó títulos mineros a Grupo de Bullet S. A. S. y a empresas de Allen. “Claro que sí, muchísimas. Ellos tenían cientos de solicitudes, así como tenían ellos y muchas otras personas más”, dice.
     
    Sin embargo, asegura que nunca ha trabajado para esa multinacional. La explicación que López da sobre la aparición de su nombre en la contabilidad de Bullet tiene que ver con el trabajo que consiguió quince días después de salir de la Gobernación. 
     
    A mediados de enero de 2012, López fue contratado como presidente de una empresa minera canadiense llamada Sabre Metals S. A. S., que fue constituida desde cero con miras a la exploración de un proyecto de oro y cobre llamado San Matías, en el sur de Córdoba.
     
    López asegura que como Sabre Metals al principio no tenía cuentas bancarias en Colombia, debió apoyarse en Grupo de Bullet S. A. S. y en Continental Gold para que le pudieran pagar su salario y el de Esteban Ramos, quien también entró a laborar a la nueva Sabre Metals.
     
    “Sí, sí. Porque yo invité a Esteban a trabajar conmigo. Esteban es mi amigo de toda la vida. A nosotros nos pagaron desde el principio a través de esa y otras compañías que le hacían el favor a Sabre Metals. Ellos después reintegraban la plata en el exterior. ¿Por qué? Porque no tenían cómo pagarnos en Colombia, por cuanto no existían legal ni jurídicamente”.
     
    Pero Grupo de Bullet no fue la única compañía de Allen que fue adjudicataria de títulos mineros mientras López estuvo en el cargo. En la base de datos del Catastro Minero, Semana.com pudo rastrear al menos los siguientes: Negocios Mineros celebró el contrato de concesión el 2 de febrero de 2011 y Cobre SOM hizo lo propio el 14 de febrero.
     
    El 19 de diciembre, cuando ya la administración Ramos quemaba sus últimos cartuchos, firmaron Pluma Blanca SOM, Antioquia SOM (dos títulos), Antioquia SOM, Encenillos SOM (dos títulos), Esquimal SOM, El Molino SOM, Góngora SOM. En la mayoría de estas empresas, Allen aparece como representante legal suplente.
     
     
     
    Semana.com: Ahora, ¿qué vínculos había entre Sabre Metals, donde trabajaba López y Ramos, con Grupo de Bullet?
     
    Nicolás López: Las dos empresas eran amigas porque los títulos mineros que Sabre Metals adquirió en Córdoba eran inicialmente de Bullet.
     
    Semana.com: ¿Sabre Metals y Grupo de Bullet compartían accionistas?
     
    N. L.: Ojo, hoy en día yo no lo sé. Yo no sé si ellos hoy en día tienen algo que ver. La única relación que yo sabía que tenían era que los títulos de Sabre inicialmente fueron del Grupo de Bullet, a través de una de las cientos de empresas que ellos tienen. Cuando esos títulos se compraron, yo había conocido a varios miembros de la junta de Sabre en Canadá, en mis visitas a la bolsa.
     
    Semana.com: ¿Quiénes eran los dueños de Sabre Metals?
     
    N. L.: Hoy en día no lo sé. Sabre Metals era una compañía privada, no sé quiénes eran los dueños, porque eso se manejaba en Canadá y Bermudas. En un fondo privado uno no sabe quiénes son los dueños. Yo siempre me entendí con Mario Stifano.
     
    Stifano es el actual representante legal suplente de Minerales Córdoba S.A.S., un empresa que terminó absorbiendo a Sabre Metals, donde trabajaban López y Ramos. Stifano es además el Presidente y CEO de Córdoba Minerales Corp, la compañía que finalmente se quedó con los títulos de San Matías, en el sur de Córdoba.
     
    Y solo hasta el año pasado se supo públicamente que Allen, el dueño de Bullet, jugó un papel importante en la negociación. En un comunicado emitido por Córdoba Minerales Corp. se lee una nota de agradecimiento: “Nos gustaría dar las gracias a ‘Bob’ por su permanencia en nuestro Consejo, y por el importante papel que desempeñó en la adquisición y consolidación de nuestro proyecto de cobre y oro en San Matías (Córdoba) en Colombia’, comentó Ari Sussman, presidente de Córdoba Minerales”.
     
    Allí mismo, se dice que Allen y Grupo de Bullet son socios significativos y comprometidos de Córdoba Minerales, con aproximadamente el 13 % de las acciones ordinarias emitidas en circulación de la sociedad.
     
    Ahora, Esteban Ramos tiene una versión distinta a la que entregó Nicolás López a este portal. El hijo del exgobernador asegura, categóricamente, que nunca recibió pagos a través del Grupo de Bullet S. A. S. 
     
    Ramos cuenta que aceptó la invitación de trabajar en Sabre Metals porque le parecía un reto importante para la minería en Colombia. Pero cuando ya llevaba dos meses trabajando y no le pagaban su primer salario, decidió hablar con López. 
     
    “Y efectivamente Nicolás gestionó de alguna forma que me pagaran una plata a través de una empresa canadiense, pero te aseguro que no fue Bullet. Yo nunca recibí un peso de Bullet, te lo puedo jurar por Dios. El pago lo hizo Continental Gold”.
     
    Ramos también dice que aceptó entrar a la nueva compañía con la condición de que no tuviera nada que ver con títulos en Antioquia, donde su padre acabada de terminar la Gobernación. “Y no porque tuviera alguna inhabilidad, sino por un tema ético profesional”, es su versión de los hechos.
     
    ***
     
    Otros exfuncionarios de la Gobernación que terminaron trabajando con la misma multinacional
     
    *María Paulina Pérez Mejía fue hasta enero de 2011 directora de Fomento y Desarrollo Minero de Antioquia. Tres meses después pasó a trabajar a Minerales OTU, otra empresa de Robert William Allen. Actualmente, es suplente del representante legal del Grupo Bullet S.A.S. y gerente operativa para Colombia.
     
    *Verónica Blandón trabajó como abogada en la Secretaría de Minas hasta el 31 de diciembre de 2011. Se encargaba de hacerle seguimiento y consolidar los títulos que otorgaba el departamento. En enero de 2012 pasó a trabajar a Grupo de Bullet S.A.S., empresa que consigna un reintegro a nombre de Nicolás López, su anterior jefe. En Bullet Blandón es la jefe de titulación minera.
     
    *Liliana Hernández trabajó en la Secretaría de Minas, desde junio de 2011 a diciembre de 2011. Seis meses después ingresó al Grupo de Bullet S.A.S como abogada de titulación minera. Dentro de sus funciones está la de realizar diagnósticos jurídicos de títulos mineros.
     
    *Diana Carolina Montaña Valencia. Desde abril de 2007 a diciembre de 2011 se desempeñó como abogada de la Secretaría de Minas. Trabajaba en el otorgamiento de títulos mineros, analizándolos, controlándolos y fiscalizándolos. En diciembre de 2011 entró a coordinar el Departamento Jurídico del Grupo de Bullet S.A.S.
     
    *Diana María Ochoa Henao. Fue directora de Fomento y Desarrollo Minero en Antioquia, desde febrero de 2011 a octubre de 2012. Tiempo después entró como directora administrativa de Sabre Metals S.A.S.
     
    *Eliana Yepes Vélez trabaja en la Agencia Nacional de Minería. Pero fue abogada en Secretaría de Minas. En febrero de 2012 dio el salto a Minerales OTU, empresa de Robert Allen.
     
    Fuente: Semana.com
  • Opinión - La minería o la economía desamparada

    Minera SierraLa pelea de las comunidades contra la minería por el agua es absurda, ambos deben coexistir sin generar guerras sin cuartel
     
    La semana pasada fueron las comunidades de Pijao y Arbeláez. En los próximos meses se les unirán más pueblos dispersos por toda la geografía colombiana. 
     
    Cada vez, con mayor frecuencia, miles de pobladores, especialmente rurales, se unen a una sola voz que dice “sí al agua, no a las minas”. Un estribillo de fácil venta en tiempos de postverdad y próximas elecciones, porque nadie sensato quiere carbón, petróleo, cemento u oro, en lugar de agua, ríos, pájaros o árboles. Pero en esa tensión de verdades a medias está cayendo más de la mitad del país que ha terminado en la trampa de escoger una u otra situación como si fuera un imperativo, donde no existen caminos a medias y debamos tomar decisiones en caliente sin términos medios. Solo nos ponen a escoger entre agua y minas y no se brinda la posibilidad de hacer una explotación sostenible, tal como ha sucedido en otros países, en donde se han desarrollado sociedades que han alcanzado bienestar por una explotación responsable. Eso ha sucedido durante todas las etapas de la historia de la humanidad: pueblos enteros que han convivido con las explotaciones mineras sin mayores traumas.
     
    Casi todos los que le han dicho no a la explotación de carbón, oro, cemento o petróleo en sus regiones, lo han hecho sin mayores elementos de discusión económica y motivados por el agite de líderes que repiten verdades a medias, sin que nadie les aclare a sus electores sobre los beneficios de la minería para las arcas estatales. La minería per se no es mala, si se sabe manejar con responsabilidad su impacto y las grandes empresas dedicadas a la explotación logran devolverle a los dueños los daños que hacen sus operaciones. Hay docenas de ejemplos en países desarrollados en donde han logrado convivir las comunidades con explotaciones sostenibles y responsables. Hacer buena minería es cuestión de instituciones fuertes que obliguen a los responsables a tener buenas prácticas que aminoren los impactos. Lo más fácil es decirle no a la explotación actual y dejarle la extracción a las generaciones futuras. El problema al que nos enfrentamos es que la minería esta desamparada, no hay quien la defienda, ni los gremios, ni los ministerios, ni mucho menos los gobiernos locales y regionales, que necesitan explicar bien los beneficios de una economía extractiva bien ejecutada, con responsabilidad social y ambiental. Nadie le ha explicado a los pobladores de Cajamarca, Pijao o Arbeláez, entre otros que le dijeron no a las minas y el petróleo, cómo funcionan las regalías o el impacto social de las buenas prácticas. No hay nada peor que una minería informal, que es la gran beneficiada de estas consultas populares que eligen entre el agua y las minas. Una decisión racional que no tiene opciones pues la misma pregunta está envenenada.
     
    Según ACM, el sector minero aporta $1,55 billones en regalías, genera más de un millón de empleos y le representa a la economía casi 2% del PIB. Claro que es una actividad proscrita en tiempos de sensibilidad ambiental, pero no le se puede condenar sin que haya quien la defienda con tesis bien sustentadas. Los colombianos deben parar ese efecto dominó de consultas absurdas en las que ponen a escoger a la gente entre un mal y un bien y las autoridades ni los gremios son capaces de sensibilizar sobre su trabajo ancestral. No podemos olvidar que esos recursos están allí y que alguien en algún momento en el futuro los extraerá y generará el bienestar negado a las generaciones actuales.
     
    Fuente: Larepublica.co
  • Opinión: 'Defensa de la minería legal'

    La mayor preocupación que hoy tiene el sector minero es la inseguridad jurídica. Así lo manifestaron, en el reciente Congreso Nacional de Minería, el gremio, inversionistas, alcaldes en nombre propio y de sus comunidades, abogados, entidades ejecutoras, aspirantes presidenciales, en fin, todos los actores que, de una u otra manera, inciden sobre el presente y futuro de una actividad que es fundamental para el bienestar de la gente y el estado de la economía colombiana.
     
    Corte CEsta incertidumbre legal es consecuencia de las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional en materia de consultas populares sobre proyectos mineros, y de la manera como se utiliza la consulta previa. Preocupa mucho que se haya llegado a este punto, toda vez que la Carta del 91 es clara en los temas que hoy se han oscurecido, debido a la jurisprudencia del alto tribunal, al igual que al cambio de precedentes.
     
    Con respecto al asunto de las competencias de la nación y de los municipios, no puede haber duda acerca de que, en materia de política económica, esta le corresponde al Estado, no a los entes locales.Debido a la estructura actual de la economía de la nación, la explotación de hidrocarburos y minerales, determina su vigor o debilidad. Tanto es así que en un año malo, el 2016, contribuyó con 4,7 por ciento al PIB nacional y el 28 por ciento de las exportaciones totales.
     
    Incide en las ventas al exterior de commodities y de productos manufacturados, pues son materia prima de la industria transformadora, en los ingresos fiscales de la nación y en las regalías que reciben las regiones, de las cuales depende, en buena parte, su desarrollo.
     
    Conviene recordar que el orden público y la economía son áreas en las que se consagró una dependencia de las entidades territoriales respecto de la nación, dentro del marco de la descentralización y la autonomía reglada por la Constitución y la ley.
     
    En relación con el uso del suelo, la Carta fundamental es clarísima. El Estado, que dirige la economía y es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales existentes en el suelo y el subsuelo, tiene la obligación de intervenir en su explotación y en el uso del suelo. Desde luego que los concejos municipales tienen la facultad de reglamentar ese uso, pero debe ejercerla con respeto a las jerarquías constitucionales y legales.
     
    Como se trata de la economía, cuya dirección le corresponde al Estado, la consulta popular no es procedente en el orden local, toda vez que es un asunto definido en la Constitución. Y las consultas previas no poseen, de conformidad con el convenio 169 de la OIT, capacidad de veto a proyectos. Existen para que el Estado, propietario de minerales o recursos del subsuelo, determine si los intereses de los pueblos indígenas o tribales serían perjudicados o no.
     
    En el primer evento, deben ser indemnizados cuando hay daños, y participar de los beneficios que se obtengan, en tanto estos se produzcan. Lo que está en juego es la economía y las competencias son claras. A defender, entonces, la minería legal.
     
     
    PORTAFOLIO.CO
  • Opinión: Minería criminal y sociedad

    Leon TeicherTomó años, y denuncias de bastante gente en los años ochenta, para que el país adquiriera conciencia del grave peligro que corrían nuestra sociedad e instituciones por la influencia de platas del narcotráfico.
     
    Se requirió la valentía de muchas personas para desenmascarar a quienes, desde rincones oscuros, financiaron campañas políticas, ensuciaron reputaciones de los que se les atravesaban y perpetraron crímenes en persecución de sus torcidos objetivos.
     
    Afortunadamente, la sociedad triunfó y se relegó mayoritariamente a los maleantes a sus cuevas. No podemos decir que el problema se encuentra resuelto, pero está identificado, acorralado y perseguido por el Estado.
     
    Actualmente, estamos viviendo un fenómeno similar con la minería criminal. Obviamente, no hablo de los pequeños mineros artesanales o tradicionales, que requieren apoyo del Estado y de las empresas legítimas para formalizarse y ser parte de nuestra sociedad. Me refiero a las mafias que pululan en el campo, que operan de forma similar al narcotráfico y que se esconden tras fachadas presuntamente impolutas. Empresas criminales, bien financiadas, que se aprovechan de las necesidades de la población y de las debilidades de las instituciones regionales.
     
    Que financian campañas de desprestigio contra aquellos que promueven la formalidad y la legalidad, pues ellas son sus peores enemigos. Allí donde la gente tiene acceso a formas legítimas de ganarse la vida, donde la minería se lleva a cabo en la formalidad y con estándares internacionales, se recorta el campo para la operación de los criminales que prosperan en medio del caos.
     
    Se está requiriendo actualmente una concientización general sobre el gran peligro que la minería criminal representa para Colombia.
     
    Desafortunadamente, el válido diálogo sobre la necesidad de proteger el medioambiente, y de asegurar la participación de la gente de las regiones en las decisiones sobre los recursos naturales, desvía la conversación pública hacia sofismas como ‘minería o agua’ o ‘minería o agricultura’.
     
    Es un hecho que donde se tienen indicios de que hay recursos, en particular aquellos más valiosos como el oro y minerales preciosos, en ausencia de una actividad formal que lo impida, se desarrollará, querámoslo o no, minería desordenada, depredadora y criminal, cuyos recursos irán a alimentar empresas criminales, sean grupos terroristas o no.
     
    Los ministros actuales en las carteras relevantes (Minas, Ambiente, Defensa, Interior) tienen claro el diagnóstico y están actuando en consecuencia. La tarea ha comenzado y será dura y larga, pero seguramente fructífera. Es urgente que los medios de comunicación reflejen esa realidad, investiguen la criminalidad y eviten a toda costa ser manipulados por presuntos héroes que atacan el avance de la formalidad y la institucionalidad. No hay mejor antídoto contra la minería ilegal que la minería formal.
     
    El Estado nunca tendrá recursos suficientes para eliminar del territorio nacional todos los laboratorios de coca o entables de minería de oro ilegal. El posconflicto y la deseada paz solo llegarán al campo colombiano, donde la minería genera hoy más de un millón de empleos directos e indirectos, de la mano y presencia unida de las instituciones y las empresas formales.
     
    León Teicher
    Empresario
     
    Fuente: Portafolio.co
  • Pequeños comercializadores serían eximidos del Rucom

    Esmeraldas ColombianaLa Agencia Nacional de Minería (ANM) propuso en un proyecto de resolución que los que utilicen poco mineral no tengan que registrarse.

    Esta semana la Agencia Nacional de Minería (ANM) publicó en su página web un proyecto de resolución donde establece algunas excepciones para presentar el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom).

    El documento está disponible para comentarios, es decir que aún no es definitivo.

    La propuesta es que las empresas que utilicen como materia prima o para consumo pequeños volúmenes de piedras preciosas, semipreciosas, minerales metálicos, carbón, materiales de construcción y arcilla no deberán presentar el registro ante las autoridades.

    Por ejemplo, los joyeros que utilicen menos de dos kilos de oro, 40 kilos de plata o 300 gramos de platino, por año calendario, no deberán registrarse en el sistema.

    Para las esmeraldas, el límite se fijó en 100 salarios mínimos al año (64,4 millones de pesos), por las particularidades de estas gemas, cuyo valor no está ligado a su peso.

    Mientras tanto, las empresas o personas naturales que utilicen minerales para actividades distintas a la venta tampoco deberán registrarse, siempre y cuando no superen las 600 toneladas por año, para el carbón, y los 720 metros cúbicos por año para materiales de construcción y arcillas.

    La propuesta de resolución también indica que, en todo caso, las empresas que sean requeridas por las autoridades deberán demostrar la procedencia lícita del mineral, con el trámite del certificado de origen.

    El presidente de Fedesmeraldas, Óscar Baquero, señaló que la propuesta está siendo analizada por el gremio, pero que considera que, en principio, las cifras indicadas muestran que la resolución busca darle un alivio a la minería de subsistencia.

    Hasta el miércoles 10 de junio estará publicada la propuesta para correcciones.


    Fuente: Portafolio.co

  • Pequeños mineros de Antioquia a un paso de la legalidad

    Foto: BIOREDD+ de USAIDFoto: BIOREDD+ de USAIDPequeños mineros de Caucasia, Cáceres, Tarazá, Zaragoza, Remedios, Segovia y Buritica se encuentra en la recta final de la ruta de legalización de sus unidades de producción minera. La Secretaría de minas de la Gobernación de Antioquia, en tiempo record, evalúo técnica y jurídicamente los documentos que se entregaron el pasado 2 de diciembre y emitió en los últimos días, la resolución solicitando los requerimientos a los Planes de Trabajo y Obras - PTOs, los cuales se entregarán en el transcurso de esta semana.
     
    Las primeras seis (6) minas que llegan a su etapa final del proceso hacen parte del grupo de 43 que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID a través de Programa BIOREDD+ viene apoyando en la formulación de los Planes de Trabajo y Obras – PTO y los Estudios de Impacto Ambiental o Planes de manejo Ambiental.
     
     
    Algunos propietarios de las unidades de producción minera en reiteradas ocasiones habían intentado sin éxito este proceso, sin embargo atendieron nuevamente el llamado de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y el Programa BIOREDD+ de USAID, quienes unieron esfuerzos humanos y recursos para agilizar trámites y procedimientos y brindar acompañamiento directo al pequeño minero para que realice una minería legal, social y ambientalmente responsable.
     
    Es importante mencionar que los propietarios de este primer grupo de minas (Buena Suerte, Operminco, El Rayo, Puerto Escondido, Tenerife y Compañía Minera Piamonte)y las otras 37 que avanzan en este proceso recibieron capacitación por parte del Programa BIOREDD+ de USAID en temas como legislación minera ambiental, seguridad industrial y normatividad empresarial hecho que les ha permitido optimizar sus prácticas extractivas, reducir el uso de mercurio y disminuir el impacto ambiental.
     
    Por: Paisminero.co
     
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  • Perú quiere combatir minería ilegal junto a Colombia, Ecuador y Bolivia

    El Gobierno de Perú tiene la intención de coordinar con Colombia, Ecuador y Bolivia acciones conjuntas y simultáneas contra la minería ilegal, afirmó este sábado el alto comisionado en Asuntos de Formalización de Minería, Interdicción de Minería Ilegal y Remediación Ambiental de Perú, Antonio Fernánde
     
    Mineria Crim(eluniverso.com) El alto funcionario de la Presidencia el Consejo de Ministros (PCM) explicó a la agencia oficial Andina que el Ejecutivo peruano ya estableció los vínculos necesarios con los otros tres países para compartir información y coordinar operaciones simultáneas en sus respectivos territorios.
     
    “Como ocurre con el narcotráfico, la minería ilegal tiene una gran magnitud. Para ello teníamos que buscar aliados estratégicos y lo hemos hecho. Tenemos comisiones técnicas de trabajo con Ecuador, Bolivia y Colombia. Nos falta cerrar el tema con Brasil”, comentó.
     
    Fernández señaló que hace pocos sostuvo en Lima una reunión de trabajo con la viceministra ecuatoriana de Seguridad, Natalia Cárdenas, para intercambiar “valiosa información que servirá para combatir esa actividad ilícita”.
     
    Las delegaciones de Perú y Ecuador compartieron datos sobre el alcance de la minería ilegal e informal en sus territorios, sus marcos jurídicos relativos a la materia, los procesos y controles sobre la minería ilegal y las normativas respecto al uso y al manejo del mercurio.
     
    Esa reunión de coordinación fue uno de los compromisos adquiridos por los presidentes de Perú, Ollanta Humala; y de Ecuador, Rafael Correa, en el gabinete binacional desarrollado en octubre de 2014 en el cantón ecuatoriano de Arenillas.
     
    Fernández indicó que las autoridades peruanas también compartieron información con Bolivia el 8 de julio cuando se celebró en la ciudad andina de Puno el gabinete binacional entre los Gobiernos de ambos países y al que también asistió Humala y el presidente boliviano, Evo Morales.
     
    El alto comisionado explicó que, a pesar de los compromisos adoptados con los otros tres países, todavía no han podido realizar grandes operativos conjuntos contra la minería ilegal porque falta elaborar un “marco normativo idéntico” entre las partes participantes.
     
    Fuente: Latinomineria.com
  • Procuraduría pidió intervención inmediata del Gobierno en minería ilegal en Chocó

    Mineria Crim El Ministerio Público le solicitó a la Corte Constitucional que declare el Estado de cosas inconstitucionales en ese departamento

     En diálogo con Caracol Radio el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Oscar Darío Amaya, aseguró que tras una visita hecha al departamento del Chocó, se constató la grave crisis ambiental que atraviesa esa región del país.

    Indicó que es necesario y urgente la intervención del Estado pues lo que se encontró fue “un desastre ambiental gigantesco donde la minería ilegal ha rebasado la cantidad de respuesta del Estado”.

    Aseguró que dicha situación “es un problema estructural que requiere de una política de estado y un cambio profundo en el manejo de la minería ilegal”.

    Amaya narró que durante la visita hecha a esa región en compañía de la Corte Constitucional se evidenció que los habitantes de esa comunidad denunciaron con mucho temor la presencia “oscuras del orden, lo cual nos ha conducido a que la Procuraduría declare el estado de cosas inconstitucional por la crisis en el departamento del Chocó, por la crisis humana, social y ambiental generada en el rio Atrato como consecuencia de la minería ilegal”.

    Y es que para el delegado del Ministerio Público es necesario que se le impongan tareas al Estado “es decir al Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, autoridades de Policía y militares para modificar el modelo de la gestión del Estado frente a la minería para que haya una solución de fondo a mediano y corto plazo”.

    Explicó que no se “trata de prohibir todo tipo de minería sino de hacer un debate científico con las autoridades del sistema nacional ambiental, con los institutos de investigación, para que con el liderazgo de las autoridades se haga un debate científico sobre cuál es la minería que puede manejar el Chocó, cuál es la que le da solución a los problemas ambientales del Chocó que está acabando con los ríos”.

    “Nosotros recibimos quejas permanentes en el departamento de Antioquia, En Buriticá, en el departamento del Valle, en la vía Buenaventura, y lo que estamos viendo es que en todo los casos hay una fuerte reacción de la Policía pero esto es un fenómeno que está desbordando la respuesta y la capacidad institucional” puntualizó.

     

    Fuente: Caracol.com.co

  • Promueven reforma constitucional para prohibir minería en sitios que son fuentes hídricas

    Area ProtegidaAsí lo establece una reforma constitucional que es impulsada en el Congreso para establecer el agua como derecho fundamental.

    Colombia es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de recursos hídricos. Tras los alcances de la ley que protege los páramos, en el Congreso están ahora promoviendo una reforma que proteja y defienda el agua en el país.

    El proyecto pretende establecer en la Constitucional el agua como recurso y derecho fundamental de todos los colombianos.

    El promotor de la reforma, el senador Jorge Prieto Riveros de la Alianza Verde, dijo que la intención es defender a toda costa el agua de todos los colombianos.

    “Aún tenemos abundancia de agua y es nuestro deber legislar para que se preserve. Sin agua no puede haber vida ni desarrollo”, argumentó sobre la reforma que radicará el próximo miércoles.

    El acto legislativo establece la prohibición de todo tipo de actividad minera, ganadera y agricultora en lugares que puedan afectar las fuentes hídricas del país.

    “Para nosotros el agua debe estar por encima de los interés del petróleo, la agroindustria y de cualquier otra actividad. Si no se cuidan las fuentes hídricas inevitablemente nos quedaremos sin fuentes de agua y por eso es necesario cuidarlas para poder tener agua en el futuro”, señaló. (Escuche al congresista)

    Este proyecto de acto legislativo pasaría a complementar la ley de cuidado y protección de los páramos.  

    Fuente: Elespectador.com

  • Proponen protocolo Perú-Ecuador para combatir minería ilegal en frontera

    La medida evitaría el ingreso de mineros ilegales ecuatorianos a territorio peruano, lo que no afectaría las relaciones bilaterales.
     
    Mineria Ilegal En SelvaUn protocolo de acción entre los gobiernos de Perú y Ecuador para evitar el ingreso de mineros ilegales ecuatorianos a territorio peruano, sin afectar las relaciones bilaterales, propuso el excanciller Óscar Maúrtua.
     
    Al comentar algunas informaciones periodísticas que dan cuenta de la presencia de mineros ilegales ecuatorianos en Perú, señaló que se requiere tomar acciones de inmediato, pero en coordinación con el gobierno de Quito.
     
    "Estos mineros no solo extraen oro de nuestro territorio, sino que ingresan de manera ilegal y contaminan el medio ambiente, estamos hablando de un triple daño", declaró a la agencia Andina. 
     
    Maúrtua, ex embajador peruano en Ecuador, comentó que se debe tener cuidado de no afectar las relaciones con Quito, y por eso recomendó que en el marco de los gabinetes binacionales, se tomen acciones conjuntas para impedir el ingreso de mineros ilegales del vecino país del norte.
     
    Un reportaje del programa periodístico Panorama reveló, hace unos días, como un grupo de mineros informales ecuatorianos excavaba túneles desde la frontera de su país para extraer oro en suelo peruano, lo cual se pudo apreciar en imágenes desde la localidad del Cenepa.
     
    Indicó que si bien, ese problema no tiene la magnitud que vive Madre de Dios, es el momento de tomar acciones, para evitar que mineros de otras regiones del Ecuador se sientan animados a seguir el mismo camino.
     
    Finalmente, el ex ministro de Relaciones Exteriores pidió a las Fuerzas Armadas mayor vigilancia en la zona, y refuerzos en los puestos de control fronterizos.
     
     
    Agencia Peruana de Noticias
  • Radican en el Congreso proyecto de ley para combatir minería criminal

    Mineria CrimEl proyecto busca tipificar el "ecocidio", daño ambiental que puede poner en peligro un ecosistema, con penas de entre ocho y doce años de cárcel.
     
    Congreso colombiano estudiará un proyecto de ley por medio del cual se busca tipificar el "ecocidio", el uso químicos como el mercurio y el zinc y la minería criminal, una de las principales fuentes de financiación de grupos guerrilleros y de bandas criminales, informaron hoy fuentes oficiales. 
     
    "El proyecto tiene por objeto adoptar disposiciones que permitan a las diferentes autoridades estatales combatir con transparencia y eficacia la minería criminal, causante de la destrucción del medio ambiente", aseguró en un comunicado el representante a la Cámara Edward Rodríguez, promotor de la iniciativa.
     
    La iniciativa también pretende eliminar "la producción, uso, transporte, almacenamiento y comercialización de químicos como el zinc, cianuro y mercurio, utilizados en el proceso de exploración, explotación y extracción de minerales", afirmó el también representante Santiago Valencia, coautor de la propuesta. 
     
    El proyecto busca tipificar el "ecocidio", daño ambiental que puede poner en peligro un ecosistema, con penas de entre ocho y doce años de cárcel, además de multas que pueden llegar hasta unos once millones de dólares. La minería criminal "afecta 21 departamentos" de Colombia y su incremento "ha afectado negativamente importantes áreas protegidas donde se han erosionado las tierras, contaminado los ríos y afectado la vida silvestre", agregó la información. Esta iniciativa fue radicada hoy por Rodríguez y Valencia, ambos representantes del partido de derechas Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe.
     
    Fuente: Portafolio.co
  • Reingeniería a lucha contra minería ilegal

    Mineria MartiPese a los esfuerzos del Gobierno y de las autoridades, no se ha podido contrarrestar la minería ilegal en el país y ahora los planes de choque se encaminan hacia endurecer la normatividad.
     
    La tarea adelantada por Policía, Ejército, Armada Nacional, CTI de la Fiscalía y a los controles de los demás organismos del orden nacional y regional, que incluyen hasta la destrucción de la maquinaria utilizada ha resultado insuficiente y las bandas criminales, conocidas como Bacrim, las Farc y el Eln siguen recaudando millonarios recursos, por cuanto tienen el control de la actividad.
     
    En noviembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos anunció la presentación de un proyecto de ley para tipificar en el Código Penal la minería ilegal y sancionarla con penas más severas.
     
    La iniciativa “lo que hace es darnos más instrumentos y tipificar de una forma mucho más precisa y más drástica, no solamente el delito, sino las penas contra ese delito”, expresó  en su momento el Presidente.
     
    Si con ello se dio paso para que la maquinaria pesada decomisada fuera destruida, situación que dio paso a protestas de los pequeños mineros informales, mientras que Bacrim, Farc y Eln siguieron con la actividad ilegal y centrada en el oro, coltán y carbón, básicamente.
     
    “La minería criminal se ha vuelto el combustible de buena parte de la violencia en este país. Alimenta a las Farc, alimenta al Eln, alimenta a las Bacrim. Es curioso cómo esas tres organizaciones criminales confluyen alrededor de la minería ilegal”, dijo entonces Santos.
     
    Ahora, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que la protección de la riqueza ambiental necesita la unión de diferentes entidades del Estado, para enfrentar un fenómeno complejo del que se lucran los grupos “armados ilegales y terroristas”.
     
    “No podemos dejar que con este reto de la minería criminal nos pase lo que ocurrió con el narcotráfico en los 80 y 90: cuando quisimos actuar frente a él, ya implicaba un riesgo para la seguridad nacional. En buena hora actuamos y nuestras Fuerzas Armadas, la justicia y el Estado salvaron al pueblo colombiano de las garras de los grupos criminales”, manifestó el Ministro.
     
    Agregó que las Fuerzas Armadas han hecho un significativo aporte a la seguridad de los colombianos y lo seguirán haciendo.
     
    “Son muchas cosas las que hemos hecho, pero ahora estamos frente a un reto de marca mayor como lo es la minería criminal”. Pero se necesita la participación de diferentes “ministerios y entidades del orden nacional, la Fiscalía General, la Procuraduría General, la rama judicial y el Banco de la República, entre otros, porque nos alientan a trabajar aún más frente al tema”, dijo.
     
    Ya sobre el particular el procurador Alejandro Ordóñez había exhortado al Gobierno nacional y a las distintas autoridades que tienen competencia en el tema para que “se tipifique el concepto de lo que se considera minería ilegal, esto con el fin de brindar la suficiente seguridad jurídica para los proponentes o contratistas de concesiones mineras”.
     
    También pidió que se adelante una revisión de la normativa minera con el fin de que se establezcan las pertinentes sanciones que permitan castigar de manera efectiva a los directos responsables de la llamada minería criminal; así como para avanzar de manera eficiente y concreta en la formalización minera.
    El Jefe del Ministerio Público llamó la atención para que se “cumpla lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del Plan 1450 de 2011, en cuanto a implementar las herramientas que permitan diferenciar la minería informal de la minería ilegal”.
     
    Propuso que se realice un proceso de legalización incluyente que respete los derechos de los mineros tradicionales y barequeros, y se lleve a cabo una fiscalización que garantice el cumplimiento de obligaciones técnicas, económicas, sociales y ambientales que redunden en desarrollo y bienestar para las comunidades que tienen la actividad minera como fuente principal de subsistencia.
     
    Por último, la Procuraduría hizo un llamado a las autoridades de policía competentes a efectos de que se cumplan los criterios fijados para la ejecución de la medida de destrucción de maquinaria pesada prevista en el Decreto 2235 de 2012, como son: la previa verificación de antecedentes judiciales, confirmación sobre la procedencia, uso y destinación de la maquinaria.
     
     
    Fuente: Elnuevosiglo.com
     
     
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  • Relevo en el viceministerio de Minas

    Carlos Cante MinminasCarlos Cante asumirá el cargo, en reemplazo de María Isabel Ulloa.

    El Ministerio de Minas y Energía anunció la llegada de Carlos Andrés Cante al viceministerio de Minas, quien tendrá entre sus retos continuar con la implementación de la Política Nacional Minera, los Programas de Formalización Minera y el apoyo a la minería bien hecha en todo el país

    La entidad anunció la designación del nuevo viceministro y al mismo tiempo reconoció la labor de María Isabel Ulloa, quien estuvo al frente del cargo desde el 3 de octubre de 2014.

    “La viceministra se retira de su cargo con avances importantes en distintas áreas, las cuales responden a la visión del Gobierno y a los planteamientos dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Germán Arce.

    Dentro de los logros de ese Viceministerio se destaca la consolidación de una única Política Minera, que se convertirá en la hoja de ruta para el futuro del sector.

    Además, avanzó en la articulación con diferentes instituciones del orden nacional y territorial, así como entre las entidades del sector minero y ambiental. Finalmente en este periodo, se consolidaron los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pine), licenciando, después de 25 años dos proyectos de oro de gran escala.

    También, desde el Viceministerio de Minas, se articularon estrategias para la pequeña minería, en donde se caracterizaron más de 7.000 Unidades Productivas Mineras en once departamentos. Hoy existen 1405 Unidades Productivas Mineras (UPM) en proceso de formalización y se han intervenido más de 30 plantas de beneficio en la lucha por la eliminación del uso del mercurio en este proceso.

    La presidente de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib, seguirá cumpliendo con su labor en la entidad para procurar continuidad en los procesos que se iniciaron el año pasado, en el marco de la eficiencia y modernización, servicio al cliente y presencia regional de la entidad. Desde su cargo apoyará al nuevo Viceministro de Minas para lograr una minería bien hecha.

    “Le daremos continuidad a la política y a los programas que se han venido desarrollando desde 2010. Sabemos que tenemos que mantener un trabajo articulado entre las instituciones de gobierno, la industria y las regiones para procurar un sector minero organizado, incluyente, legítimo y sostenible", aseguró Germán Arce.

    El nuevo funcionario

    Al liderazgo del Viceministerio llega Carlos Andrés Cante, economista especializado en Finanzas en la Universidad del Rosario, con maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO México.

    Cuenta con estudios en Minería Artesanal de Oro en el Norman B. Keevil Institute of Mining Engineering de la Universidad British Columbia en Vancouver, Canadá; en Gobierno Corporativo en la Universidad de los Andes y en Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra del Ministerio de Defensa de Colombia.

    Durante su carrera ha desempeñado diferentes posiciones en el Gobierno Nacional y regional durante los últimos años, entre las que se destacan la de secretario de Hacienda del Departamento del Huila, director de Minas y director de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía, así como Asesor para Asuntos Económicos del despacho del Ministro de Minas y Energía. También se desempeñó como Subgerente de Regiones del Fondo Adaptación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y recientemente participó como investigador asociado del Norman B Keevil Institute of Mining Engineering de la Universidad British Columbia Vancouver Canadá, en temas de entrenamiento minero y coexistencia entre pequeña y gran minería.

    Durante su labor en el Ministerio de Minas y Energía, entre el 2010 y el 2013, participó activamente en la reforma al sistema general de regalías así como en la reestructuración de la institucionalidad minera del 2011 y la construcción de diferentes programas y proyectos para la formalización de la pequeña minería y el control a la explotación ilícita de minerales.

    Fuente: Eltiempo.com

  • Resolución de MinMinas resuelve la situación jurídica de más de 860 titulares mineros de Colombia

    Minerales En Mano1El Ministerio de Minas y Energía expidió hoy una resolución que resuelve la situación jurídica de más de 860 contratos mineros en virtud de aportes y licencias de explotación que llevaban más de 10 años en una incertidumbre legal.
     
    "Esta resolución es de gran importancia para la pequeña y mediana minería del país, porque gracias a esto, cerca del 10% de los títulos otorgados en Colombia, podrán continuar haciendo una minería bien hecha que genera aproximadamente 35 mil empleos directos y 100 mil empleos indirectos y grandes beneficios económicos y sociales para las regiones", aseguró el Ministro de Minas y Energía, German Arce Zapata.
     
    Por su lado, el Viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante explicó que de los más de 860 títulos mineros que se verán beneficiados gracias a esta resolución, aproximadamente el 50% corresponde a materiales de construcción (caliza, mármol, arena, arcilla, entre otros) el 24% a carbón y el 9% a metales preciosos (oro y plata).
     
    También aseguró que el 77% de estos títulos se encuentran en su mayoría en Boyacá (27%), Cundinamarca (21%), Norte de Santander (9%), Santander (10%) y Tolima (10%).  "Vamos a seguir impulsando y promoviendo la pequeña minería en Colombia, este es otro gran paso para la minería bien hecha y gracias a esta resolución resolvimos la incertidumbre legal que por más de 10 años afectaba la productividad de estos proyectos que son vitales para las regiones", afirmó Cante Puentes.
     
    Para concluir, el Viceministro de Minas señaló que esta resolución se suma al Decreto 1975 del 6 de diciembre de 2016 que estableció criterios claros para avanzar en los trámites de contratos mineros que se encontraban represados por la ausencia de parámetros que permitieran la integración de áreas.
     
    Por: Paisminero.co / CP - minminas.gov.co
  • Se reúne encuentro nacional de mineros para preparar nuevas protestas

    Minerales En ManoLos pequeños y medianos mineros rechazan las acciones policivas contra la minería legal en todo el país. 
     
    Convocado por la Confederación Nacional de Mineros hoy se realizará en Medellín un encuentro nacional de pequeños y medianos mineros, con el fin de comenzar a diseñar nuevas acciones de protesta social ante la difícil situación que enfrentan por las nuevas medidas implementadas por el gobierno nacional.
     
    Según Mauricio Gómez Peña, presidente de la Confederación Nacional de Mineros, Conalminercol, la actividad de los pequeños y medianos mineros del país se encuentra paralizada, por temas cruciales como el registro único de comercialización de minerales, el decreto 2235 sobre minería ilegal, el decomiso de oro, la criminalización de la minería tradicional, así como las capturas y judicialización de la población minera, incumplimiento los acuerdos suscritos tras los paros mineros de 2013.
     
    "Los pequeños mineros seguimos en el limbo jurídico, ya que los acuerdos suscritos fruto de la protesta, el gobierno nacional los ha incumplido y seguimos sometidos a la judicialización, a la quema de maquinaria y al escarnio público pues nos continúan señalando de financiadores de la guerrilla, de las bandas criminales", indicó el presidente de Conalminercol.
     
    El dirigente gremial advirtió que las nuevas protestas no la harían los mineros sino todos los sectores económicos que viven de la minería en la regiones e insistió en que el interés de los pequeños y medianos mineros es el de genera riqueza y genera patria, de forma responsable y de la mano del gobierno nacional.
     
     
    Fuente: Caracol.com.co
     
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  • Sector de la minería se siente acosado por la Corte Constitucional

    Mina BoyacaDesde 2010, el tribunal ha proferido 25 fallos relacionados con el sector. Solo dos a favor.

    Que la inversión extranjera en el sector minero se haya descolgado un 46,9 por ciento en el 2014 y que un año después, en el 2015, la situación se haya agravado y los flujos desde el exterior para la actividad se hayan desplomado un 66,2 por ciento anual, al bajar a los 533 millones de dólares, no es la mayor preocupación de los directivos de esta industria, ni mucho menos que los precios del carbón o del níquel hayan bajado un 32 y un 48 por ciento, respectivamente, entre el 2013 y el 2015. (Lea también: La Corte Constitucional busca proteger a los más vulnerables)

    Hoy, más allá de estas limitaciones de recursos, los ejecutivos de las principales compañías productoras de carbón, ferroníquel, oro e incluso del sector petrolero en el pasado reciente se inquietan por los indicadores de las decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la alguna vez llamada locomotora minero-energética y petrolera, la cual hoy afronta un serio declive.

    Un análisis realizado por el sector a los fallos del Alto Tribunal entre el 2010 y el 2016 deja en evidencia que en los últimos años ha subido la incertidumbre jurídica, debido a que la gran mayoría de las decisiones han sido adversas a sus intereses.

    Según las cuentas, en ese periodo la Corte Constitucional ha proferido 25 fallos relacionados con el sector, de los cuales más del 90 por ciento han representado decisiones adversas a las compañías y que, en la mayoría de los casos, han revocado decisiones en el sentido contrario tomadas por distintos tribunales.

    A los directivos mineros y a sus asesores jurídicos les llama la atención el hecho de que de esos 25 fallos hubo 24 procesos de tutela que fueron seleccionados en salas de revisión, pero de estos solamente en un caso se seleccionó una tutela en la cual una empresa del sector minero fue demandante (DB SIG Geólogos Consultores Ltda.).

    Sin embargo, mediante sentencia T-474 del 2011 se resolvió en contra de sus pretensiones. Para un consultado, este resultado evidencia que existe una tendencia de la Corte a no seleccionar la revisión de tutelas en las que la parte demandante es una empresa del sector. Incluso, una fuente del sector señala que al interior de la misma Corte hay voces que señalan que no solamente la reciente declaración de inconstitucionalidad del artículo 37 del Código Minero (que prohibía a las municipios excluir zonas de minería) o la decisión de esta semana de declarar inexequible la reserva de más de 20 millones de hectáreas como zonas estratégicas marcan el rumbo del alto tribunal en materia minera.

    El consultado se refiere a las sentencias C-035 del 2016, sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2016, que fue declarado inexequible en aspectos mineros, la no existencia de derechos adquiridos en materia de usos del suelo (sentencia C-192 del 20 de abril del 2016) y la decisión sobre la reserva de información geológica (sentencia C-221 del 2016), entre otras.

    “La Corte Constitucional, lo más alto que hay en el nivel judicial del país, está legislando no en derecho sino de acuerdo a los sesgos ideológicos de sus magistrados. Esto representa para el sector no solamente algo muy peligroso, sino que genera mucha inestabilidad”, señaló un alto directivo minero.

    Al respecto, un exmagistrado le dijo a EL TIEMPO que la tendencia de seleccionar tutelas a favor de las comunidades busca “proteger los derechos de la parte más débil”.

    Incluso, al interior de la Corte también es visible, según la fuente, que hay un grupo con una ideología contraria a la minería, conformado por la actual presidenta, María Victoria Calle, y los magistrados Jorge Iván Palacio, Alberto Rojas Ríos y Gloria Stella Ortiz, junto con el magistrado Luis Ernesto Vargas.

    En febrero, cuando se prohibió la minería en páramos, la presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, advirtió que el alto tribunal no es indiferente a la importancia de ciertos proyectos de desarrollo acordados entre organismos del Estado y los particulares, pero que en la Constitución, aunque no está previsto un determinado modelo de desarrollo económico, sí hay algunos límites fundamentales que deben respetarse.

    Algunos casos

    Entre los fallos más sonados de la Corte Constitucional sobre el sector minero aparecen la sentencia C-672 del 2014, en la que se revocó una tutela del Tribunal Administrativo del Cesar y se le concedió a Karen Johanna Vergara y a otras 138 personas el amparo de sus derechos a la intimidad, la tranquilidad y a la salud.

    Para ello, se le ordenó a la firma Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco) suspender el transporte del carbón desde el Cesar hasta los puertos de Ciénaga (Magdalena).

    Fenoco recibió la orden de reducir el coeficiente de rozamiento y controlar el ruido mediante pantallas acústicas u otro tipo de aislamientos que permitan la absorción de ondas sonoras para mitigar los efectos sobre las comunidades. Este fallo lo profirieron los magistrados Palacio, Ortiz y Jorge Pretelt.

    Y a esta misma empresa, el año pasado la Corte le revisó un fallo de tutela del Tribunal Administrativo del Magdalena del 2014, el cual negó un amparo ante la posible vulneración de la consulta previa y decidió que, si bien no se violó este derecho fundamental a los consejos comunitarios de los municipios de Zona Bananera, Fundación y Algarrobo (Magdalena), sí se vulneró su derecho a la participación y el derecho a un medio ambiente sano.

    Por ello, en la sentencia T-660 del 2015 la Corte le ordenó a Fenoco realizar un plan de mitigación de efectos sociales, ambientales y de seguridad, fijando métodos para evitar que el ruido, el polvillo del carbón, el bloqueo de los pasos a nivel y la marcha del tren de noche afecte a la población.

    Este fallo estuvo a cargo de Jorge Pretelt, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas (hizo aclaración de voto).

    Además, con la sentencia C-035 del 2016, la Sala Plena de la Corte eliminó la posibilidad de que los proyectos declarados como Pines (de interés nacional estratégico, entre los que hay iniciativas de energía, viales y petroleras) hicieran su trámite de licenciamiento ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

    Y en el caso de las zonas de reserva minera, los magistrados que decidieron fueron Gloria Stella Ortiz, Jorge Iván Palacio y Gabriel Eduardo Mendoza.

    Impacto en la inversión

    El presidente de la minera Cerrejón, Roberto Junguito, dice que no solo las decisiones de la Corte producen inestabilidad, pues en el proyecto del desvío parcial del arroyo Bruno, para expandir el área de explotación, tras haber hecho el proceso que mandan las instituciones y cuando está todo en curso, se pararon las obras ante la decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira, que pidió consultar a la comunidad de Campo Herrera, lo cual no se hizo luego de un concepto del Ministerio del Interior.

    “Se genera una situación de inestabilidad muy compleja que puede tener un impacto ante los inversionistas, pero en el caso del sector extractivo es lo que está pasando en muchos proyectos”, indicó.

     

    Fuente: Eltiempo.com

  • Solo en 2017 estará listo nuevo catastro minero que urge el país

    CanteraDesde que comenzó a funcionar en julio de 2012 la Agencia Nacional de Minería (ANM), asumiendo funciones de vigilancia y control del extinto Ingeominas, se ha planteado la necesidad de que Colombia tenga un nuevo catastro minero.
     
    Pero la tarea indispensable para el sector sigue entre los pendientes que deberá concluir la cuarta presidenta de la ANM, la abogada Silvana Habib Daza, quien asumirá el cargo en próximas semanas (ver Protagonista).
     
    De hecho, ayer el ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada, reconoció que “no existe el catastro minero que necesita el país”, en la apertura de la Feria Minera y Expometálica 2015, organizadas por la Andi, en Plaza Mayor.
     
    Por eso el funcionario planteó el compromiso que asume Habib de tener completamente digitalizado el principal instrumento de gestión minera del país para el próximo año y que en 2017 deberá estar completamente listo. El año pasado la ANM dijo que el nuevo catastro minero estaría listo para 2015.
     
    Lo cierto es que por líos administrativos se ha retrasado la tarea de la plataforma tecnológica que, si bien ya está en línea para consulta de los mineros, aún falta añadirle un volumen de expedientes e información necesaria para una gestión más eficaz de la ANM.
     
    Prioridades a intervenir
     
    Mientras eso pasa, la entidad tiene 10.970 solicitudes pendientes por resolver, no obstante las 2.575 decisiones que ha tomado en lo que va del año. En este grupo se cuentan 1.406 legalizaciones resueltas, de las cuales solo 253 son respuestas positivas, entre legalizaciones y otorgamiento de títulos mineros.
    Incluso, una vez se posesione Habib, ya tiene para la firma 675 minutas de solicitudes que ya tienen viabilidad técnica y jurídica.
     
    Pero al mejorar los tiempos de respuesta, le sigue otra tarea a la nueva presidenta de la ANM. Se trata de consolidar un nuevo esquema de fiscalización, ya no en manos de terceros, como el primero que se hizo en el país en 2013, sino con una mayor supervisión directa y eficiente de la entidad.
     
    “Para 2015 están previstas 5.560 visitas de fiscalización, a septiembre se ha cubierto el 70 por ciento y vamos a cumplir con eso (...) hay que apalancarse en los aprendizajes para una fiscalización más inteligente y focalizada que privilegie áreas de mayor producción”, explicó González.
     
    Finalmente, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, la ANM tendrá, según González, una mayor presencia en las regiones y, particularmente, en los procesos de formalización minera, un complejo en que Antioquia ha dado pasos, pero aún faltan más resoluciones.
     
     
    Por: Elcolombiano.com
     
  • Una opción para recuperar los ecosistemas devastados por la minería

    Lagos MineriaLos países desarrollados han recuperado grandes extensiones devastadas por la minería y hoy son ejemplo mundial. Colombia puede aprender mucho de estos casos de éxito.
     
    vista es desoladora. Los destrozos que ha causado la minería ilegal en el departamento del Cauca dejaron tras de sí un paisaje apocalíptico. La frondosa vegetación desapareció así como el río Sambingo, uno de los principales afluentes del Pacífico colombiano cuyas aguas quedaron contaminadas con toneladas de mercurio utilizadas para separar el oro.
     
    Pero no solo la minería ilegal o criminal tienen impacto en el medioambiente. Cualquier proceso de extracción de materias primas deja una huella en la naturaleza muy difícil de borrar. Gigantescos huecos o cráteres, montañas que desaparecen y ríos contaminados son unos de los saldos de la explotación de carbón, hierro, níquel y oro.
     
    Sin embargo, no todo está perdido. Por el contrario, varias naciones desarrolladas han creado proyectos de gran impacto económico, social y ecológico para recuperar terrenos afectados por décadas de extracción minera. De eso es testigo directo el alemán Karsten Feucht, un ingeniero que se ha dedicado a trabajar en diversos proyectos para recuperar zonas afectadas por la explotación de recursos naturales.
     
    Le puede interesar: Las “maravillas” de la minería legal, el equivalente a 16.000 piscinas olímpicas de lodo tóxico en Brasil
     
    “La decisión de un país no debe ser si hay o no minería, sino cómo se hace. El mundo depende de la extracción de materias primas que se utilizan para fabricar todo lo imaginable, desde aviones hasta celulares”, dice Feucht, quien sostiene que es inevitable que esa industria siga adelante ya que no se puede volver a la época de las cavernas.
     
    En diálogo con Semana Sostenible, insistió en que si bien cada caso es muy particular porque depende de dónde se hace la explotación minera y cuánto se va a afectar el entorno, lo más importante es que los gobiernos pongan en marcha políticas muy estrictas para que se afecte lo menos posible el medioambiente. “No hay minería sustentable, todo impacta el medioambiente”, dice el experto alemán. Además, sostiene que precisamente por eso hay que definir planes de largo plazo para que cuando se cierre una mina se recuperen los terrenos y se les brinden alternativas económicas a los habitantes de la región afectada.
     
    Feucht estuvo en Colombia recientemente en un seminario sobre minería y territorio de la Universidad Nacional y el Goethe Institut. Pero, además, está haciendo gestiones con funcionarios colombianos con el fin de definir si se puede hacer un plan piloto en el país en una zona afectada por la minería.
     
    El alemán tiene amplia experiencia sobre el tema ya que coordinó las labores de recuperación de Lusacia (Lausitz en alemán), en la antigua Alemania Oriental, que hoy es la zona de lagos artificiales más extensa de Europa. Durante décadas allí se extrajeron miles de toneladas de lignito (carbón), pero una vez agotados los yacimientos quedaron gigantescos cráteres. Tras la reunificación alemana surgió un plan para recuperar esta zona con 21 lagos conectados entre sí mediante una red de canales. Se intervinieron más de 130 kilómetros cuadrados, con inversiones estimadas en más de 5.000 millones de euros.
     
    Eden
     
    Los trabajos emprendidos hace más de dos décadas comenzaron a arrojar  frutos y hoy Lusacia es una especie de Venecia en la que se han construido casas y hoteles flotantes. Los deportes acuáticos como pesca, buceo, vela, entre otros, son muy populares y se han convertido en una fuente de ingresos para los habitantes que habían quedado desempleados tras el cierre de las minas.   
     
    Como este hay otros casos que se han convertido en verdaderos íconos de la recuperación medioambiental. Alemania por tener una larga tradición minera –está entre los diez países que más producen selenio, carbón, acero, arena y grava industrial–, es una de las naciones que más ha hecho esfuerzos en este frente.
     
    Otro ejemplo es Maximilianpark, un parque de diversiones de 22 hectáreas a  donde acuden cada año miles de visitantes nacionales y extranjeros. Su principal símbolo es un gran elefante de cristal de 35 metros de altura, pero también sus parques infantiles y temáticos y su inmenso lago.
     
    También se destaca la denominada Ciudad de Hierro o Ferrópolis. En una antigua mina a cielo abierto, donde durante casi un siglo se extrajeron millones de toneladas de lignito, hay cinco gigantescas máquinas excavadoras, de 30 metros de alto y 130 metros de ancho, que son hoy uno de los principales atractivos de la ciudad de Gräfenhainichen (Alemania Oriental). Las máquinas hacen parte del paisaje y ‘adornan’ una gran explanada donde se realizan conciertos. Una parte de la mina se inundó para crear un lago artificial. 
     
    Pero si bien Alemania es un país pionero en estos proyectos, no es el único que se ha interesado por recuperar antiguas zonas mineras. Otras naciones también han dado pasos en ese sentido. En Inglaterra, por ejemplo, está el proyecto El Edén. En un terreno de 50 hectáreas se construyeron ocho gigantescas esferas que albergan los dos invernaderos más grandes del mundo. –Uno de ellos reproduce el clima tropical húmedo y el otro el clima caliente y seco–. Este inmenso jardín botánico, que incluye más de 100.000 plantas, se construyó sobre los terrenos desérticos que dejó la explotación de una mina de caolín (un tipo de arcilla).
     
    Estos y otros ejemplos muestran que después de agotados los proyectos mineros sí hay futuro para los habitantes de las regiones afectadas. Lo que hace falta es decisión política para tomar la iniciativa. Colombia, que ha visto devastar buena parte de su territorio, está en mora de comenzar a emprender planes de recuperación. Este sería un buen momento para aprovechar la experiencia alemana para erradicar la minería ilegal y también para exigir a las grandes mineras programas sociales y ambientalmente responsables.
     
    Fuente: Semana Sostenible
  • Universidad British Columbia (UBC) está interesada en apoyar la formación de los mineros del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia

    Mineros ArtesaLa Universidad British Columbia de Vancouver, Canadá, visita por estos días a las asociaciones mineras del Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño para conocer de primera mano cómo se desarrollan los procesos de la pequeña minería en la región y evaluar las necesidades técnicas y académicas del sector.

    El objetivo de esta cooperación es el de proponer espacios de formación semi avanzada a través de cursos teórico prácticos, entre 40 y 100 horas, dirigidos especialmente a los mineros que laboran en los centros de beneficio de oro porque son los que más impactan al medio ambiente.

     “Actualmente estamos realizando una exploración técnica administrativa para ir direccionando la estructura fuerte de los temas a dictar y sugerir a quien vaya administrar el Centro de Formación Minero Ambiental, que sea allí donde se impartan y que inicien con la parte vocacional, porque la idea no es solo formar personal para el sector,  sino mejorarlo y fortalecerlo, anunció Hernán Ruiz Castro, estudiante de doctorado de la Universidad de British Columbia de Canadá.

    Agregó el experto de la UBC “que se busca facilitarle al minero  el acceso a las nuevas técnicas para que puedan transformar sus prácticas y que ese reflejo de transformación lo conozca la sociedad, y a su vez, permita que el Gobierno Nacional los apoye para que realicen una minería artesanal bien hecha y puedan dar el salto de mineros artesanales a mineros productores empresarios”.

    El Programa BIOREDD+ de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional acompaña a la UBC en el proceso de socialización, logística y apoyo técnico para que la información llegue a todos los pequeños mineros del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia.


    Por: Paisminero.co / CP - USAID


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