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  • ‘No podemos dejarnos ganar por los ambientalistas radicales’

    Natalia GutierrezLa jefa de la entidad que regula a la industria minera, dice que el Gobierno analiza si presentar o no una reforma al Código Minero. Asegura que las comunidades necesitan más información sobre el sector.
     
    Natalia Gutiérrez asumió hace una semana la presidencia de la Agencia Nacional Minera, en un momento en el que son más quienes critican al sector que quienes lo ven con buenos ojos.
     
    El 2014 no ha sido un año fácil para la industria. La locomotora minera no solo se desaceleró: en el segundo trimestre, se contrajo un 2,8 por ciento, sino que también se ha incrementado el número de comunidades que se oponen al desarrollo de proyectos mineros, lo que ha vuelto más lento la puesta en marcha de nuevas iniciativas de exploración y explotación.
     
    A esto hay que sumarle que la informalidad del sector es alta y esto le resta puntos a la reputación del sector.
     
    En estas condiciones, Natalia Gutiérrez, exviceministra de Minas y quien viene de trabajar con el Ministerio del Interior, asumió hace doce días la presidencia de la Agencia Nacional Minera (ANM). Portafolio habló con ella para preguntarle cómo encontró la casa y qué planea para que la entidad ayude a destrabar esta locomotora.
     
    ¿Cuáles son sus prioridades ahora que la ANM está a su cargo?
     
    Fiscalizar y descongestionar. La Agencia tiene ‘haciendo fila’ desde hace mucho cerca de 4.000 solicitudes. Hay una dificultad y es el famoso artículo 37 del Código de Minas, frente al que el Ministerio ya está pensando hacer una reglamentación, porque la norma nos pone una dificultad adicional y es que tenemos que socializar unos proyectos mineros antes de otorgar una licencia.
     
    ¿Van a presentar una nueva reforma al Código de Minas?
     
    El Ministerio de Minas está revisando si es prudente presentar una reforma al Código. Las cosas son siempre susceptibles de mejora, el Código se ha demorado en ser actualizado y hay que hacer claridades en algunas cosas.
     
    Hablando con el Ministro, creemos que sí es necesario un cambio. La cuestión es que no sabemos si es el tiempo oportuno.
     
    En estos momentos, el Gobierno tiene una gruesa carpeta de reformas que atender y ‘meter’ la nuestra dentro podría ser contraproducente.
     
    Y en cuanto al tema de fiscalización, ¿qué se tiene pensado?
     
    Simple. Quien ejerza sin tener un título está cometiendo un crimen y como cualquier crimen debe ser perseguido. Hay que identificarlos para ‘sacarlos del juego’, tanto a quienes ejercen sin permiso como para las compañías que están incumpliendo. La Agencia no se encarga de los ilegales, sino de quienes, con licencia, no están haciendo la tarea. Una de las cosas que queremos gestionar es una campaña con la Dian para que no se vendan materiales de construcción sin IVA.
     
    Sin embargo, si me hacen llegar las denuncias de quiénes trabajan sin licencias, yo haré la gestión para que sean escuchadas. La única manera que tenemos de luchar contra la minería ilegal es fortaleciendo la legal.
     
    ¿Qué opina del decreto que busca agilizar la aprobación de licencias ambientales?
     
    Primero quisiera aclarar un punto: no son licencias ambientales ‘express’, como algunos han optado por llamarlas. Son mecanismos de simplificación y optimización de trámite ambiental.
     
    El costo que estamos pagando de atrasos en este país es supremamente grande por cuenta de que las cosas no salen en el tiempo en que deben salir. El Ministro de Ambiente, muy eficiente, lo que está haciendo es tratando de acortar los tiempos, no los requisitos. Los parámetros para evaluar un proyecto no se van a tocar.
     
    Yo creo que hay que ser más responsables con esos ‘disparos al aire’ que lanzan los ambientalistas con ganas de formar escándalos donde no los hay.
     
    Lo cierto es que cualquier actividad minera tiene un costo ambiental…
     
    Sí, pero todas las compañías que están en una actividad legal tienen, no solo la obligación de volver a dejar el área con unas mínimas condiciones ambientales a como la encontraron, sino también de facilitar que se haga inversión en temas ambientales en otras partes.
     
    El sector minero ha estado siempre ‘en el ojo del huracán’ por cuenta de las comunidades que viven en las zonas donde se realizan los proyectos, o de quienes critican sus prácticas. Desde la Agencia, ¿qué se ha pensado para tratar esta problemática?
     
    El Ministerio de Minas está manejando el tema de conversar con las comunidades. Nosotros nos encargamos de acompañar a las compañías para que puedan hacer su trabajo como se debe.
     
    El sector tiene que entender que las empresas mineras no pueden tener un bajo perfil, deben acercarse a la gente y comunicar de qué se trata su labor. O convivimos con la comunidad con la que estamos trabajando o se nos va a seguir dificultando el desarrollo de nuestros proyectos. Por ejemplo, la Agencia tiene que acercarse mucho más a las políticas de desarrollo de los alcaldes en los POT. Tenemos que educar mucho más a la gente, explicarles de qué se trata el proceso minero, nos estamos dejando ganar la batalla por los ambientalistas radicales y no podemos permitirlo.
     
    'NO DIMOS TÍTULOS EN RESERVAS'
     
    La presidenta de la ANM le salió al paso a las denuncias del senador Iván Cepeda, quien denunció el otorga-
    miento de títulos mineros que se cruzan con zonas de reserva natural.
     
    Agregó que las concesiones mineras que están en zonas de páramo fueron adjudicadas antes de que se hiciera la declaratoria de estas áreas protegidas por parte de las autoridades.
     
    La ANM reportó que hasta el 20 de agosto del 2014 el Minambiente le envió la cartografía actualizada de los páramos del país.
     
     
    Fuente: Portafolio.co / Ana María Gutiérrez
     
     
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  • Agencia Nacional de Minería cancelará los títulos morosos

    Mina CierrEn el país hay 1.029 títulos mineros que están en mora con por el pago del canon superficiario.

    Son estos los que podrían ser declarados caducos, por parte de la autoridad, si no se ponen al día con sus obligaciones, de acuerdo con lo informado por la Agencia.

    El canon superficiario es el valor que debe pagar todo titular minero, quien tiene un derecho sobre un área para explorar o explotar los recursos del subsuelo, antes de que inicie la producción.

    En otras palabras, es el derecho que pagan los mineros en las fases de exploración, construcción y montaje de las minas. Su valor se calcula según el número de hectáreas del título y según el tiempo que tenga el titular con el mismo.

    La Agencia indica que en el último proceso de seguimiento, control y fiscalización minera encontró que, de los 1.029 títulos con obligaciones pendientes, 912 son títulos vigentes y el resto (117) son títulos que ya están vencidos.

    Sin embargo, aclara la entidad, la obligación de pago en estos últimos casos sigue vigente y serán cobrados legalmente.

    “Una minería responsable y bien hecha también implica el cumplimiento de las obligaciones económicas pactadas entre el concesionario y la Nación. Por lo tanto, requerimos que los titulares hagan los pagos correspondientes y le cumplan con esto al país”, declaró la presidenta de la ANM, Natalia Gutiérrez Jaramillo.

    Este tipo de inconvenientes se presentan prácticamente en todo el país, en 29 departamentos. Los que registran mayor número de morosos son Bolívar, donde se concentra el 20 por ciento del total de títulos con obligaciones pendientes, y Boyacá, con el 13 por ciento.


    Fuente: Portafolio.co

  • Áreas protegidas se definirían en conjunto con Minminas

    BiodiversidadExpertos en políticas ambientales cuestionan la propuesta del Minambiente de pedirle a la autoridad minera que de ahora en adelante tenga mayor injerencia en los procesos de declaratoria.
     
    Para lograr la ampliación del Parque Nacional Chiribiquete, entre Guaviare y Caquetá, la cual se hizo realidad en 2013, el Ministerio de Ambiente y los funcionarios de Parques Nacionales trabajaron durante tres años para reunir información y convencer al país sobre la necesidad de tomar esta decisión de preservación. Pero hubo un trámite que retrasó esperado anuncio que ampliaría en 1’300.000 hectáreas el parque amazónico y lo convertiría en una reserva monumental de casi tres millones de hectáreas: un año tuvo que esperar el Minambiente un concepto —no vinculante— del Ministerio de Minas sobre esta declaratoria.
     
    En principio, la autoridad minera determinó que la nueva área protegida traslapaba un millón de hectáreas de reserva de hidrocarburos que eran de gran interés nacional. Por suerte, al final los bloques petroleros fueron recortados y el país anunció una de las decisiones de conservación más importantes que ha tomado en los últimos años.
     
    De la protección de Chiribiquete, dijo en su momento Parques Nacionales, dependería la salud de toda la Amazonia. “Serán esos bosques los que les entregarán a las futuras generaciones el suficiente oxígeno para respirar”, coincidieron los expertos.
     
    Pero la discusión sobre cuánto debe intervenir la autoridad minera en las decisiones de conservación sigue sin resolverse y ahora un proyecto del mismo Ministerio de Ambiente, que a los ojos de expertos en política ambiental es bastante polémico, promete avivar el debate debido al protagonismo que cobraría la autoridad minera en los procesos de declaración.
     
    Hace un par de semanas, en respuesta al decreto 2372 de 2010, el Minambiente, aún presidido por Luz Helena Sarmiento, les envió a algunas entidades gubernamentales una propuesta sobre el protocolo para definir las nuevas áreas protegidas en Colombia y la manera como se debería proceder en la ampliación de las que ya están creadas.
     
    El documento (titulado Ruta declaratoria de nuevas áreas y ampliación de áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas), conocido por El Espectador, establece que a la hora de iniciar un proceso para constituir un nuevo parque nacional natural, no sólo se tendrá que hacer una caracterización de toda su composición cultural y biológica, también se tendrán que tener en cuenta los intereses en desarrollar proyectos minero-energéticos en las zonas.
     
    De esta manera, luego de describir los servicios ecosistémicos y las riqueza culturales que justificarían una declaratoria, los técnicos del Ministerio de Ambiente tendrían que sumar al protocolo una descripción de los “polígonos de las áreas de interés minero estratégico y los proyectos potenciales para desarrollos hidroeléctricos, microcentrales, desarrollos viales proyectados y distritos de riego”.
     
    Más adelante, a la hora de sustentar la declaratoria, el Minambiente pediría que se elabore un documento en el que se “resalten los actores sociales e institucionales que han participado en la iniciativa y, en caso de que exista el deber de colaboración, se demuestre la participación de la autoridad minera”.
     
    Para el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, profesor de la Universidad de los Andes y consultor internacional en política ambiental, es cuestionable que el Minambiente se preocupe tanto por incluir a la autoridad minera en este proceso y diga de una “manera ambigua” que debe ser tenido en cuenta. “¿Qué significa esto? ¿Que dónde haya bloques petroleros y títulos mineros no habrá nuevos parques? Las ambigüedades sólo traen problemas y confusiones. Esto es como decir que cada vez que entreguen un título minero se le debería pedir a la autoridad ambiental un concepto frente al daño ecológico que podría ocasionar la futura explotación de recursos naturales sobre ese territorio”.
     
    Respecto al mismo punto, el abogado Carlos Lozano Acosta, asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), recuerda que “los títulos mineros no dan derechos adquiridos para explotar así que habrá que ver si el Ministerio los quiere tener en cuenta para revocarlos o para mantenerlos. Aunque sabemos que un área
     
    protegida con explotación minera es una contradicción”.
     
    Por otro lado, la abogada Diana Rodríguez, miembro de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, cree que esa injerencia se traducirá inevitablemente en la reducción de las nuevas declaratorias, debido a que el trámite se hará mas extenso al prolongarse la negociación con el Ministerio de Minas.
     
    Para los expertos, la propuesta podría dificultar los procesos de declaratoria de nuevos parques nacionales que se están adelantando, como el proyecto Parque Serranía de San Lucas, donde se espera proteger 377.000 hectáreas de Bolívar y Antioquia en una zona cercada por títulos mineros y actividades extractivas criminales.
     
    Lo mismo ocurriría con zonas donde hay intereses petroleros, como las 240.000 hectáreas que se quieren proteger en el alto de Manacacías, Meta, y las 101.000 hectáreas de humedales en las selvas de Lipa, en Arauca, que se encuentran en proceso de convertirse en reserva natural.
     
    “Además, este proyecto va en contravía de las competencias de las autoridades ambientales, como las corporaciones autónomas regionales (CAR) e incluso las del mismo Ministerio de Ambiente”, dice la abogada Rodríguez al referirse a un punto de la ruta en el que el Minambiente les exigiría a las corporaciones que, antes de declarar un área protegida regional que esté dentro de las áreas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959 o en las áreas sustraídas de las reservas forestales, las CAR tendrían que llevarle la propuesta para su evaluación y aprobación, trámite que hoy, según los expertos consultados, no es necesario.
     
    Ahora que Colombia se muestra tan interesada en entrar a la lista de “países avanzados” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la abogada de Dejusticia cree que este panorama no ayuda al país a cumplir los saldos en rojo que tiene en términos ambientales: “La OCDE le recordó a Colombia que aún no cuenta con el número suficiente de áreas protegidas y también le recomendó que, si quería hacer parte de ese grupo, debía fortalecer su instituciones ambientales. Reglamentaciones como esta no ayudan ni a lo uno ni a lo otro”.
     
    Llama la atención que el Ministerio de Ambiente no haya puesto a consideración pública esta propuesta que hasta hoy desconocían expertos y organizaciones civiles interesadas en los temas de conservación. “No entendemos por qué no ha sido anunciada ni socializada. No se puede legislar sobre los parques nacionales de Colombia sin tener en cuenta a la opinión pública. Es obligación del ministerio que el país conozca sus planes”, dice el exministro Manuel Rodríguez.
     
    El Espectador intentó contactar a la saliente ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, pero no fue posible. Sin duda, este será uno de los primeros debates públicos que tendrá que dar Gabriel Vallejo, su sucesor. 
     
     
    Angelica Cuevas.
     
    ElEspectador.com
  • Canadá aportará US$14,3 millones a la minería

    Mineros CascosBogotá – El viceministro de Minas, Carlos Cante, junto al ministro de Comercio de Canadá, François-Philippe Champagne, suscribieron un memorando de entendimiento, en el marco de la cooperación colombo-canadiense, para promover proyectos de minas y energía que aseguren un manejo ambiental sostenible, transparente y equitativo para el país.

    Según explicó Cante, el proyecto marco, que será ejecutado por la Fundación Agriteam, tiene una duración de cuatro años y tendrá una inversión de US$14,3 millones por parte del gobierno canadiense.

    El mayor énfasis va a estar en modelos de relacionamiento con el territorio, fortalecimiento de las capacidades institucionales de la autoridad minera nacional y en crear una infraestructura social para el entendimiento entre las empresas y las comunidades”.

    El memorando “Construyendo un ambiente del sector extractivo en Colombia” fue firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia con el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia (APC).

    La Fundación Agriteam es una entidad sin ánimo de lucro que hace programas, proyectos de desarrollo y actividades que promuevan el fortalecimiento de la gobernabilidad y una administración sostenible y responsable de los recursos naturales no renovables.

    Según indicó el viceministro, el memorando busca “ la protección de los colombianos más vulnerables y que el beneficio que resulta del sector extractivo alcance todos los segmentos de la sociedad, en especial a mujeres y comunidades indígenas”.


    Fuente: Larepublica.co

  • Colombia en la búsqueda de un nuevo dorado

    Oro En ManoCon inversiones cercanas a 1.700 millones de dólares despegarán cuatro proyectos auríferos en los próximos años. El gobierno espera que la minería legal le gane terreno a la ilegal.
     
    El panorama de la producción de oro en Colombia, que era muy oscuro hasta el año pasado, dio un giro de 180 grados en los últimos meses y luce más despejado. Con la aprobación de las licencias ambientales para cuatro grandes proyectos mineros se espera triplicar la explotación legal, aumentar las regalías para las regiones y generar más empleos.
     
    Y es que después de años de trámites, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le dio vía libre a los proyectos mineros en Gramalote, de AngloGold Ashanti; Cisneros, de Antioquia Gold; Santa Rosa de Osos, de Red Eagle Mining; y Buriticá, de Continental Gold. Todos ellos, en el departamento de Antioquia, operados por multinacionales de Canadá, Sudáfrica y Perú.
     
    Con esta luz verde, Antioquia se posiciona como uno de los principales productores del país. Además, se convierte en el principal impulsor de un sector que estaba afrontando una difícil situación por la menor producción en algunas minas legales, la indefinición sobre las licencias ambientales, el avance de la minería ilegal y la caída de los precios internacionales. Después de llegar a cifras récord de 1.800 dólares la onza de oro troy, entre 2010 y 2012, lo que impulsó el boom aurífero, los precios se descolgaron por debajo de los 1.200 dólares la onza a comienzos de este año.
     
    Pero la situación para este sector comenzará a cambiar. Así lo sostiene el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, quien dice que con las iniciativas mencionadas las inversiones superarán 1.700 millones de dólares y generarán más de 5.000 empleos directos en las etapas de construcción y montaje y más de 2.500 desde que comiencen a producir. “Los nuevos proyectos de gran minería de oro son una respuesta del conocimiento geológico, del apoyo a la industria, los incentivos a la inversión y el respaldo a la minería bien hecha”, afirma el funcionario, quien espera que el país extraiga más de 20 toneladas del mineral al año, el triple de la producción legal actual.
     
    Así lo corrobora Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien espera que, por fin, la minería legal supere a la ilegal, que tanto daño le hace al medioambiente. De hecho, en la actualidad, de las cerca de 57 toneladas de oro producidas al año en Colombia, solo el 12 por ciento, es decir, alrededor de 7 toneladas, corresponde a compañías legalmente establecidas, que pagan regalías. El resto corresponde a barequeros que extraen el oro artesanalmente o a empresas criminales que destrozan el medioambiente, no contribuyen al desarrollo de los municipios y actúan al amparo de bandas como los Urabeños.
     
    Listos para despegar
     
    Por eso, el país tiene puestas sus esperanzas en proyectos formales que, si bien no están exentos de riesgos ambientales, tienen normas más estrictas en la materia y pagan regalías e impuestos.
     
    Uno de ellos queda en el municipio de Buriticá y pertenece a la canadiense Continental Gold, que el 30 de noviembre recibió aprobación de la Anla para modificar la actual licencia ambiental. La compañía produce hoy cerca de 6.000 onzas al año, pero con el nuevo permiso espera extraer 250.000 onzas, una cifra similar a todo el oro legal producido actualmente en el país.
     
    Buriticá es la primera mina a gran escala que se desarrollará en Colombia en las últimas dos décadas, y hace parte de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (Pines) que impulsa el gobierno. Mateo Restrepo, presidente de Continental Gold, afirma que hasta la fecha han invertido 250 millones de dólares y que destinará 400 millones adicionales para construir el nuevo complejo minero. Esta será la primera mina de oro subterránea mecanizada a gran escala, y su obra comenzará en el primer semestre de 2017. Esta etapa durará tres años y la mina operará durante 14, tiempo durante el cual entregará a la nación por impuestos y regalías 1.000 millones de dólares.
     
    La multinacional esperó varios años el visto bueno de Corantioquia para la licencia, trámite que finalmente gestionó la Anla. Mientras tanto, durante este tiempo creció la minería ilegal en la región, con cientos de entables, de los cuales la Policía desmanteló varios este año.
     
    También recibió el visto bueno de la Anla la mina Gramalote, en el municipio de San Roque, que pertenece a la sudafricana AngloGold Ashanti, una de las tres mineras más grandes del mundo, y a la canadiense B2FGold. Esta también extraerá a gran escala, pero a cielo abierto, en un área de 2.080 hectáreas. Tiene la meta de producir alrededor de 414.000 onzas de oro y más de 426.000 onzas de plata anuales, durante 11 años, su tiempo de vida útil.
     
    Hasta el momento esa empresa ha invertido 250 millones de dólares. Pero se avecinan sumas gigantescas si se tiene en cuenta que intervendrá 1.300 hectáreas, construirá vías, campamentos, reubicará pobladores de la región, comprará predios y creará una sociedad con mineros artesanales.
     
    Por su parte, la canadiense Red Eagle Mining explotará una mina en el municipio antioqueño de Santa Rosa de Osos. La firma llegó al país en 2010, en pleno auge del boom del oro por el aumento en los precios internacionales del metal. Con la licencia ambiental aprobada comenzarán a producir en el primer trimestre de 2017 con una meta inicial de 50.000 onzas al año.
     
    Y la minera Antioquia Gold tiene un proyecto más pequeño, pero también importante para la región, en el municipio de Cisneros, a 80 kilómetros de Medellín. La compañía, perteneciente a inversionistas canadienses y al Consorcio Minero Horizonte, de Perú, comenzó a trabajar en el país en 2009 para desarrollar una mina subterránea que producirá, según estimativos iniciales, 70.000 onzas al año.
     
    Si bien estos proyectos ya tienen luz verde, todavía hay incertidumbre sobre la suerte de otras grandes minas que han afrontado varios tropiezos. Una de ellas es La Colosa, en el Tolima, también de propiedad de AngloGold Ashanti, que está a la espera de una consulta popular en el municipio de Piedras, a ser realizada en enero del año entrante. Los pobladores votarán si quieren que haya o no explotación minera en su región.
     
    Angostura, en el páramo de Santurbán (Santander), de la canadiense Eco Oro (antes Greystar), tampoco ha podido despegar a pesar de que lleva 23 años en el país y de que tiene 14 títulos mineros. La razón es que en 2014, el Ministerio de Ambiente delimitó dicho páramo y en febrero de este año la Corte Constitucional restringió la actividad minera en la zona, lo que afectó el 50 por ciento del proyecto. La empresa ha invertido en Angostura más de 250 millones de dólares y terminó el pasado 7 de septiembre un proceso de conciliación con el gobierno, en el que no llegó a ningún acuerdo.
     
    Si bien el año entrante será clave para la definición de la suerte de estas dos grandes explotaciones mineras, lo cierto es que la industria aurífera tiene ahora mejores perspectivas de crecimiento. Pero no está exenta de grandes retos. Uno de ellos es hacer una minería responsable, que mitigue los daños en el medioambiente, que no contamine las aguas y no afecte a los pobladores. Pero, también, que sea capaz de transformar la situación económica y social de las regiones para que producir oro no sea una maldición, como ha ocurrido en el pasado.
     
    Fuente: Semana.com
     
  • Diálogo incluyente e intercultural, una oportunidad para la minería

    Mineria MartiEs decir, para el GDIAM la minería debe crear valor compartido con las comunidades y las regiones donde opera.

    En estos tiempos, hablar de minería se ha vuelto una actividad de alto riesgo. No importa del lado donde se esté, las posiciones absolutas y dicótomas son la regla. La minería NO porque acaba con nuestras fuentes hídricas y por ende va contra la vida. La minería SÍ porque toda se hace bien hecha y sin ella no hay desarrollo.

    Hemos llegado al punto, en el que todos los actores relacionados con el sector deben hacer un alto en el camino y repensar si dar este debate en estas condiciones le está contribuyendo de la mejor manera al país. Sin duda las posiciones de unos y otros tienen fundamento en realidades; no se puede desconocer que hay un reclamo legitimo de la sociedad y de los territorios relacionado con la debida protección de los recursos naturales; esto sin contar con el derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas de ser consultadas y tenidas en cuenta en las decisiones en torno al desarrollo de sus territorios. Así mismo, tampoco se puede obviar que la minería ha contribuido de manera significativa al desarrollo del país y de las regiones a lo largo de la historia; y que las personas y empresas que realizan la actividad minera de manera legal tienen derecho a reglas claras y estables.

    Tampoco se puede desconocer, que algunas empresas se han equivocado en su relacionamiento con las comunidades que hacen parte del área de influencia de sus proyectos y que la institucionalidad minera y ambiental ha sido débil. Pero sin lugar a dudas, no se puede dejar de lado los efectos nefastos de la extracción ilícita de minerales en los territorios y el medioambiente; al igual que la evidente confusión por parte de la opinión pública entre estas actividades criminales y el desarrollo de la actividad minera que realiza el sector formal.

    Sin embargo, nada de lo anterior puede implicar que la opinión de unos se deba imponer sobre la de los otros, por el contrario, lo que se debe lograr es que partiendo del reconocimiento del otro y sus visiones divergentes, se pueda alcanzar consensos a través de la construcción de espacios de diálogo legítimos y participativos.

    En este contexto, desde 2014 el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia-GDIAM, inspirando en un ejercicio similar que se hizo en Chile, se ha convocado a personas con visiones y opiniones diferentes para alcanzar una visión compartida de la minería. Para el grupo, la minería en Colombia debe ser incluyente, resiliente y competitiva. Es decir, para el GDIAM la minería debe crear valor compartido con las comunidades y las regiones donde opera. De la misma forma, debe dejar en todas sus etapas un balance impacto-beneficio neto positivo en el sistema social y ecológico que interviene. Y finalmente, este grupo reconoce que la minería requiere de un entorno nacional que ofrezca adecuadas condiciones de seguridad física y jurídica, instituciones de calidad y marcos estables que brinden garantías a la inversión.

    A la fecha son varias las propuestas concretas realizadas por el GDIAM, producto del consenso al interior del Grupo, que buscan contribuir en la construcción de la política pública minera. Pero tal vez, su aporte más importante es que es un ejemplo real del inmenso potencial que tiene el diálogo intercultural, para construir visiones compartidas.

    Fuente: Semana.com / María Isabel Ulloa

     

  • El próximo año habría Ronda Minera

    El Ministro de Minas y Energía confirmó que ya se tiene lista la información geológica para la subasta.
     
    Tomas   GEn el 2015, el Gobierno colombiano realizaría su primera subasta de áreas con potencial para la explotación minera.
     
    O al menos esa es la expectativa del ministro de Minas y Energía, Tomás González, quien aseguró que la información geológica de las zonas a subastar ya está prácticamente lista.
     
    Cabe recordar que en el 2012 el Gobierno definió diez minerales de interés estratégico y encargó al Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas) identificar, según la información que la entidad ha recolectado del subsuelo del país, cuáles son las áreas de mayor potencial para la producción de estos minerales.
     
    Las áreas estudiadas no tienen títulos vigentes y tampoco pueden cruzarse con áreas de reserva forestal o indígena.
     
    Los bloques a subastar tendrán potencial para explotación de oro, platino, cobre, minerales de fosfatos, de potasio y magnesio, carbón metalúrgico y térmico, hierro y uranio.
     
    “Cuando tengamos el cronograma, que es un trabajo que está haciendo la Agencia Nacional Minera en este momento, y que es una de las prioridades que les he pedido que atiendan, haremos una presentación más detallada de cuántos bloques hay, qué áreas serán ofrecidas y todos los detalles”, explicó el jefe de la cartera mineroenergética.
     
    El mecanismo sería similar al de las rondas realizadas para la subasta de bloques petroleros, que han generado compromisos de inversión en exploración por más de 6 mil millones de dólares, en siete rondas realizadas desde el 2007.
     
    NO HABRÁ COLTÁN
     
    Por otra parte, el Ministro confirmó que, a pesar de que el coltán quedó incluido en la lista de minerales de interés estratégico, no se subastarán áreas con potencial para esta materia prima.
     
    Se estima que hay potencial para explotación de coltán en la zona suroriental del país, incluso hay minas ilegales en Vichada y Guainía.
     
    No obstante, desde julio de este año los títulos mineros para explotación de niobio y tantalio (componentes del coltán) están suspendidos por orden de la Presidencia de la República.
     
    HAY OPTIMISMO POR PRODUCCIÓN DE CARBÓN
     
    El Ministerio mantiene su optimismo con respecto a sus perspectivas de producción de carbón para el cierre de este año. Calcula que la extracción del mineral cerrará en 95 millones de toneladas.
     
    “En términos de producción de carbón, mis expectativas son mejores, por un lado, por los resultados del primer semestre del año, que fueron mucho mejores que los del año pasado y, además, por las conversaciones que hemos tenido con los productores que muestran que sus desarrollos les permitirán aumentar la producción”, explicó el Ministro de Minas.
     
    Fuente: Portafolio.co
  • En tres meses deberán presentar plan ambiental para minería en río Magdalena

    Rio2Eso determinó el Consejo de Estado al conceptuar que se vulneraron los derechos de la población ribereña en Ricaurte, Cundinamarca.

    El Consejo de Estado conceptuó que una sociedad particular, que realizó construcciones sobre el cauce del río Magdalena en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca), para realizar explotación minera ilegal, violó los derechos colectivos de la comunidad ribereña a la moralidad administrativa, patrimonio público, goce de un ambiente sano, preservación y restauración del medio ambiente y protección de áreas de especial importancia ecológica.

    Según el alto tribunal, dicha intervención minera no se hizo con todas las autorizaciones pertinentes y contó con la complacencia de algunas entidades ambientales estatales: Ministerio del Medio Ambiente y la Corporación Autónoma Regional (CAR). "La Sala explicó que aunque la CAR adelantó diligencias en campo, adoptó medidas preventivas y dio inicio al proceso sancionatorio, el procedimiento no fue efectivo, pues se permitió su continuidad, pese a que no contaba con la autorización respectiva. Incluso, transcurridos 7 años de actividad minera ilegal, dio por superada la infracción, con fundamento en que la sociedad infractora ya había hecho la petición a la Autoridad Nacional de Licencias ANLA para obtener la modificación al Plan de Manejo Ambiental y la ocupación del cauce del río Magdalena".
     
    La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, encontró demostrado que la Sociedad no presentó estudios, planos ni presupuesto previos a la obtención de la autorización ambiental, ni cumplió lo estipulado en el artículo 102 del Decreto 2811 de 1994, que obliga a que toda ocupación de cauces cuente con la debida autorización.
     
    Por tal razón, ordenaron a la Sociedad Privada, al municipio de Ricaurte, al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a la Agencia Nacional de Minería y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, rendir un plan de acción pormenorizado que liderará la CAR, en un plazo prudencial de 3 meses, con soluciones concretas para resolver la situación de los derechos colectivos vulnerados, con indicadores de gestión medibles y cuantificables.

    Fuente: wradio.com.co

  • Estudio indica que el 70 por ciento de la minería es ilegal

    Mineria CriminalUniversidad Externado presentó el estudio Minería y Desarrollo para mostrar retos de la actividad.
     
    Antioquia aporta cerca del 70 por ciento de la producción de oro del país, lo que le permite constituirse como productor de talla mundial. Así lo expresó el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez a finales de abril en el Congreso Nacional de Minería.
     
    Por un lado, es un panorama promisorio pues acorde al Ministro de Minas Germán Arce “una actividad como la extracción del oro podría ser hasta 20 veces más rentable que la cocaína”.
     
    Pero la otra cara de la moneda no es tan alentadora. Un estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia, indicó que el 70 por ciento de la Minería que se realiza en el país es ilegal.
     
    Minería y Desarrollo: los nuevos retos jurídicos del desarrollo minero a partir del empoderamiento de las autoridades territoriales es el nombre del trabajo académico en el que participaron 93 investigadores de diferentes disciplinas de la actividad minera y es considerada la investigación más completa que se ha hecho en el país sobre Minería.
     
    “Cuenta con 5 tomos con 69 escritos que tratan sobre un estudio trasversal sobre el tema en líneas como jurídicas, ambientales, empresariales, políticas, sociales e históricos”, cuenta Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado.
     
    Henao indica que el estudio –que duró cerca de dos años y medio– toca todas las facetas de la minería. Y precisamente la ilegalidad en la Minería, asegura el rector, será uno de los problemas más grandes que tendrá el país en un eventual posconflicto ya que en ésta están involucrados todos los actores de la violencia en Colombia.
     
    Opina que debe haber una lucha frontal contra la minería ilegal en dos flancos: El económico, pues se extrae el mineral del subsuelo sin pagar regalías u otros impuestos, y también el ambiental, pues la minería está botando 180 toneladas al año de mercurio.
     
    “La bolita de mercurio de un termómetro pesa menos de un gramo, ahora imagínense lo que son 180 toneladas de esas bolitas, o sea que el daño es nefasto”, explica Henao.
     
    En el primer aspecto, ya se ha creado una unidad dedicada a combatir ese flagelo como se dio en el caso de Buriticá en el que según la Gobernación se ha controlado en un 80 por ciento la situación con la salida voluntaria de 3.040 mineros ilegales y se han decomisado 95.820 millones de pesos, resultado de esta minería.
     
    El rector añade que con la nueva reglamentación en el que el poder de decisión se compartirá entre los municipios, el departamento y la nación, ayudará a combatir la ilegalidad pues “van a involucrar a más actores y entre más regulación haya es más difícil hacer corrupción”.
     
    El aspecto social
     
    Lo que plantea el tomo de Participación ciudadana y comunidades, según explica Ana Carolina González, docente de la Facultad de Finanzas del claustro, es cómo las comunidades son receptoras de los impactos de la minería, pero también en su rol como actores que quieren ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones.
     
    “En el caso de Buriticá, hay que ver cuáles son los incentivos –como el económico– que los obligan a arriesgar su vida. Me pareció muy interesante la instalación de mesas de concertación para tratar de dar solución a los temas. Pero no tiene que ser la solución del alcalde, del Ministerio de Minas, o del Gobernador, sino que sea entre todos, incluyendo a las comunidades”, cuenta la docente.
     
    Ese cambio de mentalidad, añade, requiere tiempo. Pero los mineros no son los únicos a quienes hay que hacerles pedagogía. Milton Fernando Montoya, director de Investigaciones del departamento de Derecho Minero-energético de la Universidad, asegura que los mandatarios territoriales donde se desarrolla la actividad minera no cuentan con el suficiente conocimiento para proceder y aplicar los recientes fallos de la corte constitucional.
     
    “Voy a recomendar que hagamos una pausa en el camino y trabajemos en una ley orgánica para evitar volver a cometer los errores del pasado. Y para eso la capacitación es vital”, finaliza Montoya.
     
    Fuente: Eltiempo.com / David Alejandro Mercado
     
  • Interés Oculto

    Minera SierraLa ministra de Comercio, como en consejo comunitario; el Minminas, gran panelista; en Eco Oro harían recortes y el espejo retrovisor de la Agencia de Minería...
    Ajustes al Estatuto aduanero
     
    Todo apunta a que pronto se destrabarán los ajustes al Estatuto Aduanero. La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, anunció que el tema del fondeo saldrá del Estatuto y quedará a cargo del Mintransporte. Como se recuerda, ese asunto había frenado la expedición de toda norma aduanera.
     
    Agilidad en trámites y regulación, piden los empresarios
     
    Durante la presentación de la Política Industrial, la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa convirtió el evento en un consejo comunitario, en el que abrió los micrófonos a empresarios que estaban en el Encuentro de Transformación Productiva para escuchar sus inquietudes. Los reclamos fueron: trámites y regulación.
     
    ¿Recortes en Eco Oro?
     
    Es preocupante la situación de la empresa Eco Oro, que opera en la zona en conflicto del páramo de Santurbán. La compañía estaría analizando la posibilidad de hacer un nuevo recorte de personal para mantener operaciones ante la falta de liquidez, pero esto agravaría el problema social.
     
    Cambio en la dirección de Upme
     
    La directora de la Upme, Ángela Cadena, se retiraría de su cargo para volver a la academia en la Universidad de los Andes. Aún no se sabe quién la reemplazará, pero en el sector esperan que se mantenga en este cargo a una persona de un perfil técnico con el que tiene la funcionaria saliente.
     
    Tomás, el mejor panelista
     
    Durante el congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, logró la más alta calificación como mejor panelista, según los participantes de dicho certamen. Le siguieron el exalcalde de Bogotá, Paul Bromberg y el director del centro de logística y transporte del MIT, Yossi Sheffi.
     
    Agencia Nacional Minera, con espejo retrovisor
     
    La presidenta de la Agencia Nacional Minera, Natalia Gutiérrez, esta usando bastante el espejo retrovisor, una muestra de ello es que en el foro de Semana sobre minería cuando le preguntaron por la demora en la expedición de títulos mineros la funcionaria respondió “eso mismo me pregunté yo cuando llegué a la Agencia”.
     
     
     
    Fuente: Porttafolio.co
     
     
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  • Mineros piden devolución de retenciones de la DIAN

    Santiago AngelLa cifra supera los US$40 millones


    Santiago Ángel representa a las empresas de este sector. Dice que la reducción del impuesto a los explosivos y el arancel cero para los bienes de capital son medidas claves para la competitividad.

    El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, habla de la buena nueva que trajo consigo los aranceles cero a bienes de capital y la reducción del costo del canon, es decir el pago por arrendamiento de cada hectárea para esta actividad, en medio de los bajos precios de las materias primas, pero advierte que las medidas tributarias de fondo son las impulsarán la industria, entre ellas el reducir el impuesto que pagan por los explosivos, 43% mayor que en otros países de la región, y el poder contar con las retenciones de la DIAN, que superan los US$40 millones.

    ¿Cómo impactó la reducción del canon?

    Debemos empezar a aplicarlo. Es muy positivo porque tiene una rebaja sustancial que se aborda desde cada tipo de minería: hectáreas pequeñas, medianas y grandes. Y muy importante porque no todos los productos son iguales, y además rebaja un costo en el proceso de exploración, en el que se generaba un ingreso cero. Lo es también para mantener la exploración.

    ¿En qué los ayuda que sigan en cero los aranceles a los bienes de capital?

    Usted no se imagina la importancia de esta medida, porque como industria identificamos casi 800 partidas (arancelarias), sin producción nacional, que están en cero, pero por la amenaza de que se subiera iba a resultar costosísima para las empresas. Estábamos hablando de alrededor de US$40 millones. El tema arancelario no es menor. Queremos verlo materializado porque ese decreto tiene que ser aprobado por confis y esperamos que éste sea el abrebocas para que las otras partidas pasen sin problema.

    ¿Qué les falta para ser más competitivos?

    Estos avances se podían hacer por medio de decreto, pero los que necesitamos son de ley. En 2011 nos pusieron una sobrecarga en los explosivos y esto hace que paguemos por ello 43% más de lo que se puede conseguir en un país vecino y esa plata no se invierte en la industria sino para el Fosyga, pues con esto se están financiando los hospitales públicos. Nos afecta porque es una materia prima de la industria. Reducir tales costos mejoraría la competitividad del sector. El desmonte del IVA de los bienes de capital también es necesario.

    Hay otro problema con los recursos que retiene la DIAN...

    La caja hoy en día se está quedando en la entidad. Nosotros tenemos una de las retenciones más altas, junto con los petroleros. Se están generando saldos a favor que, calculamos, pueden estar alrededor de US$40 millones o US$50 millones. Ese dinero está atrapado y lo necesitamos para financiar los proyectos. Necesitamos que se revise esto y que se ajuste a la nueva realidad. Pasa algo similar con la retención del 1% por exportaciones.

    ¿Qué tanta voluntad hay del Gobierno de reducir la carga impositiva?

    Las medidas que se han venido tomando son las que necesita el sector. Las tributarias tendrán la demora propia de la modificación de una ley. Dependerán de un acuerdo con el Gobierno y de que se establezca cómo se hará: una reforma estructural o una ley específica de apoyo a la industria.


    Fuente: Elespectador.com

  • Nueva generación de mineros comprometidos con buenas prácticas ambientales

    Minera SierraLa Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID a través del Programa BIOREDD+ además de apoyar la formalización y legalización de unidades de producción minera en el Bajo Cauca, Buriticá y nordeste de Antioqueño, sembró la semilla para la implementación de buenas prácticas ambientales en la pequeña minería de la región.

    En sus dos años de acompañamiento permanente y asesoría logró que 135 mineros de Caucasia, Zaragoza, El Bagre, Cáceres, Tarazá y Segovia asistieran a 100 horas de capacitación para apropiarse de los conocimientos que les está permitiendo transitar por el camino de la formalidad y la legalidad.

    Durante 4 meses, propietarios, administrativos y empleados aprendieron sobre sobre legislación minera ambiental, las etapas de legalización, los beneficios de la formalidad, aspectos tributarios, prevención de riesgos, la comercialización de minerales y la Ley de Mercurio, entre otros temas.

    Todos estos conocimientos, que fueron certificados por el SENA, los están aplicando en cada una de las minas donde laboran y le están apostando a la reducción de los índices de contaminación por el uso del mercurio y a la recuperación de áreas degradadas por la minería.

    Mientras este grupo se actualizó en los temas del sector,  otros 50 pertenecientes a 24 asociaciones de pequeños mineros, asistieron a talleres de fortalecimiento y gestión empresarial, para convertir a sus minas en pequeñas empresas y proyectar emprendimientos.

    Se suma a lo anterior las 176 familias de los municipios de Nechi, El Bagre y Zaragoza, que participaron en proyectos productivos apícolas y de recuperación de áreas degradas por la minería, algunas de ellas se dedicaban al barequeo.

    Esta es una nueva generación de mineros que decidió apostarle a la tecnificación de sus prácticas de explotación de oro, eliminación del uso del mercurio, modernización de sus asociaciones, cuidado del medio ambiente y a la búsqueda de alternativas económicas diferentes a la minería.

    Por: Paisminero.co

  • Nuevo Decreto para Fiscalización Minera

    Fiscalizacion MLos pequeños mineros recibirán apoyo para implementar los planes de mejoramiento resultantes de su informe de fiscalización.
     
    MinMinas, Bogotá, D.C., 13 de enero de 2016. El Gobierno Nacional presenta el Decreto No. 2504 en el que se establecen los lineamientos para realizar la fiscalización minera y el acompañamiento a los títulos de pequeña minería que se encuentren en el programa de formalización y los subcontratos de formalización de todos los tipos minería en todo el territorio nacional. 
     
    “Estamos buscando un sector minero ordenado y competitivo. Es así, como estamos convencidos de que la mejor manera de lograrlo es haciendo un seguimiento exhaustivo y riguroso de los procesos mineros en todo el territorio. Con este nuevo decreto podremos aumentar nuestra capacidad operativa para realizar la fiscalización de manera que podamos elevar los estándares de la minería en el país”, aseguró el Ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada.
     
    El nuevo decreto define los criterios para realizar la fiscalización de acuerdo con la etapa en que se encuentre el título minero; y diferenciando las labores en la fiscalización realizada a los títulos de pequeña minería y Subcontratos de Formalización Minera.
     
    Como elemento novedoso, este acto administrativo establece la elaboración de unos planes de mejoramiento para la pequeña minería, así como para los Subcontratos de Formalización Minera, con el fin de garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas de exploración y explotación minera, planes que, en su formulación podrán contar con el apoyo y acompañamiento del Gobierno Nacional.
     
    La Viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, agregó “estamos dispuestos a brindarle apoyo a los pequeños mineros. Por eso, estos planes de mejoramiento contarán con un acompañamiento permanente por parte del Gobierno Nacional, con el fin deque el minero cumpla de una manera efectiva y eficaz los requerimientos y recomendaciones señalados en el informe de fiscalización”
     
    Adicionalmente, en el decreto se exige a la autoridad minera presentar un plan de acción anual, en el cual se deben establecer las visitas que se realizarán el año siguiente a todos los títulos mineros. Este plan debe priorizar los Proyectos de Interés Nacional – PIN y Proyectos de Interés Nacional Estratégicos – PINES, para verificar el cumplimiento de las obligaciones de carácter económico y los volúmenes de producción de estos proyectos que deberán visitarse al menos dos veces al año.
     
    Por último, también se deberá dar prelación a los títulos mineros que presenten alto riesgo de accidentalidad por condiciones de inseguridad minera y, los títulos cuyos beneficiarios sean pequeños mineros que estén en los programas de formalización minera adoptados por el Ministerio de Minas y Energía; estos deberán ser visitados por lo menos dos veces al año.
     
     
    Por: Paisminero.co / CP - MME
  • Procuraduría pidió intervención inmediata del Gobierno en minería ilegal en Chocó

    Mineria Crim El Ministerio Público le solicitó a la Corte Constitucional que declare el Estado de cosas inconstitucionales en ese departamento

     En diálogo con Caracol Radio el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Oscar Darío Amaya, aseguró que tras una visita hecha al departamento del Chocó, se constató la grave crisis ambiental que atraviesa esa región del país.

    Indicó que es necesario y urgente la intervención del Estado pues lo que se encontró fue “un desastre ambiental gigantesco donde la minería ilegal ha rebasado la cantidad de respuesta del Estado”.

    Aseguró que dicha situación “es un problema estructural que requiere de una política de estado y un cambio profundo en el manejo de la minería ilegal”.

    Amaya narró que durante la visita hecha a esa región en compañía de la Corte Constitucional se evidenció que los habitantes de esa comunidad denunciaron con mucho temor la presencia “oscuras del orden, lo cual nos ha conducido a que la Procuraduría declare el estado de cosas inconstitucional por la crisis en el departamento del Chocó, por la crisis humana, social y ambiental generada en el rio Atrato como consecuencia de la minería ilegal”.

    Y es que para el delegado del Ministerio Público es necesario que se le impongan tareas al Estado “es decir al Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, autoridades de Policía y militares para modificar el modelo de la gestión del Estado frente a la minería para que haya una solución de fondo a mediano y corto plazo”.

    Explicó que no se “trata de prohibir todo tipo de minería sino de hacer un debate científico con las autoridades del sistema nacional ambiental, con los institutos de investigación, para que con el liderazgo de las autoridades se haga un debate científico sobre cuál es la minería que puede manejar el Chocó, cuál es la que le da solución a los problemas ambientales del Chocó que está acabando con los ríos”.

    “Nosotros recibimos quejas permanentes en el departamento de Antioquia, En Buriticá, en el departamento del Valle, en la vía Buenaventura, y lo que estamos viendo es que en todo los casos hay una fuerte reacción de la Policía pero esto es un fenómeno que está desbordando la respuesta y la capacidad institucional” puntualizó.

     

    Fuente: Caracol.com.co

  • Sena forma en minería sostenible

    Minera SierraEl Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) cumple 60 años de funcionamiento. En Medellín, la primera sede abrió sus puertas en 1961 en el barrio El Pedregal. Hoy la institución tiene cobertura en los 125 municipios de Antioquia, y cuenta con 16 centros de formación en varias regiones del departamento.

    El Colombiano habló con el director regional, Juan Felipe Rendón Ochoa, quien nos contó cómo está trabajando el Sena para apoyar las economías de las regiones.

    En El Bagre, una zona de vocación minera, el Sena tiene un centro de formación, ¿cómo funciona?

    “Tenemos 13 titulaciones de nivel técnico, y una tecnología. La cobertura no solo es para el Bajo Cauca, sino también para el sur de Bolívar y Córdoba. Ofrecemos programas orientados a procesos de exploración, extracción y cierre de minas de oro de aluvión, que es el tipo de minería que se trabaja en la zona”.

    ¿Cómo se maneja el tema de la contaminación en cuanto a la extracción?

    “Tenemos acuerdos con la Agencia Nacional Minera y con la Secretaría de Minas de Antioquia, para buscar que la extracción sea cada vez más limpia y sostenible. Además, trabajamos con las alcaldías de la zona para buscar que los mineros artesanales se formen con nosotros y se conviertan a la minería legal. Por ejemplo, a quienes son informales y no tienen títulos mineros, los estamos acompañando junto a los entes territoriales y al grupo empresarial Mineros S.A.”.

    Sobre la práctica, ¿cómo es la formación que estas personas reciben?

    “El Sena cuenta con laboratorios de simulación con maquinaria pesada, que permiten al aprendiz desarrollar competencias específicas haciendo más técnico el proceso. El otro, es el de procesamiento mineral, donde están las herramientas del lavado. Formamos a la población para que aprenda a extraer el mineral de manera responsable. También hay otro laboratorio de joyería, para que no sea solo extracción sino transformación; y otro de salvamento minero, enfocado en lograr procesos seguros, debido a las condiciones del trabajo. Es decir, prevención de accidentes”.

    El Oriente se avisora como una de las regiones con más potencial, ¿cuál es la oferta del Sena en esta zona de Antioquia?

    “El año pasado, en el Centro de Innovación y la Agroindustria adicionamos una escuela de formación aeronáutica. Actualmente hay 96 aprendices que cursan la técnica en mantenimiento de línea de avión. Tenemos alianzas con Avianca que abrió su MRO (centro aeronáutico) en el aeropuerto José María Córdova, y creemos que por las dinámicas de la región, la tasa de empleabilidad será alta y bien remunerada. Además, en Rionegro tenemos un fondo para apoyar proyectos de emprendimiento. Este año destinaremos $3.000 millones para este fin, con lo cual lograremos que de diez propuestas que se presenten se aprueben cinco”.

    El departamento tiene vocación cafetera, ¿cómo apoya el Sena a este sector?

    “Para fortalecer al gremio, trabajamos de la mano con la Federación Nacional de Cafeteros. El año pasado formamos a 5.600 personas en 53 municipios dedicados a este sector, mediante programas de 280 horas en los que se instruye sobre el manejo de máquinas, preparación de café y catación. Además de esto, también ofertamos programas enfocadas de selección de semilla, siembra de viveros, cultivo, cosecha, producción cafetera”.

    ¿Para desarrollar todas estas propuestas y el resto de programas a nivel departamental, cuál es el presupuesto?

    “Este año son $240.000 millones, que están enfocados en potenciar los pilares en los que hemos venido trabajando: formación para el empleo, empleabilidad, emprendimiento e innovación”.

    ¿Cómo lograr que se cumplan estos objetivos?

    “De los 16 centros de formación que hay en Antioquia, once se especializan en un solo sector, los otros cinco son multisectoriales. Eso permite que las personas que cursan nuestros programas salgan mejor preparadas para el mercado laboral. Además, trabajamos de la mano con las empresas para saber qué ofertar, y así mejorar la tasa de colocación de la población que se forma con nosotros”.

    ¿Cuántos aprendices formó el Sena el año pasado, y cuántos están estudiando actualmente?

    “En 2016 logramos formar a más de 100.000 personas, y este año tenemos casi 400.000 inscritas en programas de nivel tecnológico, técnico y cursos cortos de formación complementaria.

    ¿Cómo apoyará la institución la reinserción de guerrilleros de las Farc?

    “Ya lo estamos haciendo. 540 exguerrilleros de las zonas veredales de Dabeiba, Ituango, Anorí, Remedios y Vigía del Fuerte, donde hemos fortalecido nuestra presencia, han recibido formación en tecnologías de la información, transformación de alimentos y agropecuaria”.

    Fuente: Elcolombiano.com

  • Tomás González, nuevo ministro de Minas

    Tomas GonzalezNació en Bogotá, es economista de la Universidad de los Andes con Maestría en Ciencias de la Economía y Ph.D. en Economía de la Universidad de Londres. Ha sido cercano a varios políticos conservadores, como la línea pastranista, pero también  del presidente Juan Manuel Santos, especialmente en las dos campañas electorales por su experticia en encuestas.
     
    En 2010 fue el encargado del diseño y el análisis de encuestas y fue uno de los pocos que atinó con los resultados de primera vuelta que le daban a Santos una amplia ventaja sobre el excandidato Antanas Mockus. Su acierto hizo que se ganara la confianza del Presidente, por lo que antes de confirmarse una candidatura de reelección, Santos se lo llevó a la Casa de Nariño y se desempeñó como estratega de campaña a partir de las encuestas.
     
    Tomás González, fue Consejero Económico de Andrés Pastrana durante su presidencia (1998-2000) y posteriormente fue Subdirector de Planeación Nacional bajo la dirección de Juan Carlos Echeverry (2000-2002).
     
    Fue investigador y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, socio consultor en la empresa Connecta, secretario técnico del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, gerente de Asuntos Externos de BP Colombia, miembro del Consejo de Ministros, miembro de las juntas directivas de ISA, ISAGEN y FEN y de los consejos directivos del IPSE y la UPME.
     
    González fue designado viceministro de Minas y Energía cuando Carlos Rodado Noriega era el ministro y permaneció allí hasta febrero de 2013. Se le reconoce el impulso que le dio a la creación de la Agencia Nacional de Minería.
     
    Fuente:Caracol.com.co
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