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  • 96 municipios han recibido recursos extras de regalías

    Banca De InversionCon el mecanismo de incentivos a la producción, que se otorga a las localidades de donde se saca crudo, gas, carbón y níquel, se han distribuido $ 88.517 millones en 16 departamentos. No obstante, para las regiones este monto es un paño de agua tibia con relación a lo que les fue recortado.
     
    Una cancha de fútbol para el municipio de Becerril (Cesar), un proyecto para rehabilitar la quebrada Agua Fría, en Buenos Aires (Cauca), una planta de tratamiento de agua en Mocoa (Putumayo) y la ampliación de las redes eléctricas para mejorar el servicio en seis veredas de Tauramena (Casanare), son algunos de los proyectos que se financiarán con el nuevo incentivo a la producción implementado por el Gobierno para aliviar un poco la reducción de los ingresos por regalías en estas localidades.
     
    En total son 190.000 millones de pesos los que se distribuirán entre el 2015 y el 2016, de los cuales ya se han asignado 88.517 millones, es decir, se ha distribuido el 95 por ciento de los recursos presupuestados para este año.
     
    En algunos casos, los proyectos aprobados, son financiados también con recursos propios de los municipios, y por empresas productoras.
     
    Casi la mitad de los proyectos son para obras de transporte, agua potable y saneamiento básico. Pero también hay algunas iniciativas que no van dirigidas al cubrimiento de necesidades básicas insatisfechas de las localidades, como un proyecto de 502 millones de pesos para la construcción de obras de arte en los sectores Pradera y La Siberia en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, o los 320 millones de pesos asignados para el diseño y ejecución de un programa de educación ambiental, organización y arborización ecológica en el municipio de Los Palmitos, en Sucre.
     
    De acuerdo con el viceministro de Energía, Carlos Fernando Eraso Calero, el espíritu de este incentivo es que las comunidades donde operan las empresas productoras vean en sus territorios los beneficios de tener una operación minera o petrolera.
     
    “Se trata de destinar una porción de los recursos que tenemos para el funcionamiento del sistema de regalías y dárselo a estos municipios productores para que puedan acometer inversiones en diferentes tipos de proyectos que traigan beneficios económicos y sociales a sus comunidades”, explicó el funcionario.
     
    ¿PAÑOS DE AGUA TIBIA?
     
    Pese a las buenas intenciones, para los líderes regionales estos recursos corresponden a un paño de agua tibia, frente a la situación actual de los municipios.
     
    Es que en algunos casos, como el de Montelíbano, Córdoba, sede de Cerro Matoso, la mina de mayor producción de níquel en América Latina, el incentivo obtenido no alcanza a compensar ni la tercera parte de lo que dejó de recibir el municipio por cuenta de la caída de la producción, los precios y la reforma a las regalías.
     
    Según los datos del Departamento Nacional de Planeación, DNP, entre el bienio 2013-2014 y el 2015-2016, a este municipio las asignaciones totales (directas, específicas y por el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet) se le redujeron en 5.035 millones de pesos.
     
    Mediante el incentivo, este año se le asignaron s por 731 millones de pesos, para la construcción de un centro de desarrollo infantil y un proyecto de restauración ecológica.
     
    De acuerdo con el alcalde de este municipio, Gabriel Calle Demoya, la administración ha detectado además demoras en el giro de los recursos, a tal punto que en ocasiones tarda más de seis meses en realizarse el desembolso.
     
    “Esto es grave, porque por cuenta de la actividad minera las regiones tienen problemas, nosotros tenemos 2.500 familias viviendo en invasión, no podemos cobrar impuesto de industria y comercio a la empresa (Cerro Matoso), porque supuestamente no son industria”, señaló. Para este municipio las regalías son entre el 16 y el 20 por ciento del presupuesto.
     
    Otro caso significativo es el de Puerto Gaitán, Meta, el municipio que alberga al mayor campo petrolero del país: Rubiales.
     
    Allí las regalías se disminuyeron en 20.983 millones de pesos entre el bienio anterior 2013-2014 y el actual 2015-2016.
     
    Por incentivos, este año se le asignaron 14.390 millones de pesos para la construcción del sistema de acueducto y alcantarillado del sector Bateas.
     
    De acuerdo con el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta Medina, los incentivos a la producción son solo un paliativo y no cubren a los departamentos.
     
    “El bajonazo en sus ingresos (de los municipios) por concepto de asignación directa de regalías este año ha sido monstruoso, debido a que los productores pasaron de recibir, en promedio, el 74% de la totalidad de las regalías en 2011 (antes de la reforma) a recibir solo el 10%”, señaló el vocero de los gobernadores.
     
    Esta entidad propuso, al Ministerio de Hacienda, que para darle un mayor alivio a las regiones productoras se desplacen 12 puntos porcentuales del 30% de aplazamiento decretado por el Gobierno de los recursos del Presupuesto bienal 2015-2016.
     
    Dada la caída actual de los precios del crudo y la revaluación del dólar, es probable que este año los recursos de las regalías disminuyan en un 30 por ciento. Por lo que el ajuste en el cinturón para las regiones en los próximos años podría ser aún mayor, incluso con el incentivo a la producción.
     
    LAS INICIATIVAS CON MAYORES RECURSOS
     
    Acueducto Puerto Gaitán: Se le asignó un total de $ 14.390 millones al proyecto, que tendrá también recursos de regalías directas.
     
    Complejo deportivo: En Acacías Meta se invertirá $ 3.628 millones en construir un complejo deportivo con patinódromo canchas de fútbol y tenis.
    La Jagua de Ibirico (Cesar): En reparación de víctimas, vías urbanas del municipio, restauración de ecosistemas y unidades productivas agrícolas se invertirán $ 3.442 millones.
     
    Cancha y luz en Becerril: Con $ 3.217 millones de pesos en Becerril (Cesar) se construirán redes para electrificación rural y una cancha de fútbol.
     
    Vías para Castilla: El municipio de Castilla La Nueva, Meta, invertirá $3.210 millones en el mejoramiento de camellones y vías terciarias.
     
    Escuela en Barrancabermeja: En el puerto petrolero invertirán $ 2.572 millones de en la construcción del Colegio Agropecuario la Fortuna, que tendrá capacidad para 548 estudiantes.
     
    Alcantarillado: Con una asignación de $2.540 millones este municipio guajiro construirá una planta de tratamiento de aguas residuales y redes de alcantarillado.
     
    Viviendas para Arauca: La capital del departamento de Arauca hará un proyecto de mejoramiento de vivienda urbana y rural para 255 hogares con 2.474 millones de pesos.
     
     
    Fuente: Portafolio.co / Nohora Celedón
  • En riesgo 120.000 barriles diarios de crudo por consultas según indicó la ACP

    Barriles 1Con los 23 municipios que tienen procesos de consultas populares contra el sector de hidrocarburos, se pone en riesgo la producción de cerca de 120.000 barriles de petróleo diarios y el futuro de al menos 14 proyectos de exploración. El impacto se vería también en los ingresos para la nación y en regalías, al igual que menos crecimiento del PIB.
     
    El triunfo del no en Cumaral (Meta) y Arbeláez (Cundinamarca), la consulta programada para el próximo 6 de agosto en Pasca y otras 20 iniciativas que se están moviendo en ocho departamentos tienen en alerta al sector minero-energético.
     
    Según explicó Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), “si se adelantan las consultas en estos 21 municipios y se termina prohibiendo la actividad petrolera, habría una producción de 120.000 barriles de petróleo diarios menos y estarían amenazados 14 proyectos de exploración que están en camino”.
     
    Pero, ¿qué significaría para el país esta caída en la producción de 120.000 barriles diarios de crudo en un año?
     
    Consultas Impacto
     
     
    Según las cifras que maneja la ACP, habría $684.000 millones menos en ingresos para el Gobierno y para las regiones mediante regalías; 0,84 puntos menos de crecimiento para el PIB, y US$ 1.800 millones menos en exportaciones, lo que representa 6% de las ventas totales del país.
     
    Así mismo, Lloreda señaló que estas consultas constituyen un mal mensaje para los inversionistas que están actualmente en proyectos exploratorios o que piensan invertir en Colombia, dada la incertidumbre jurídica.
     
    De hecho, Canacol Energy, afectada por la consulta en Arbeláez del domingo pasado manifestó, a través de un comunicado, que “la falta de estabilidad contractual en Colombia impacta directamente decisiones futuras de inversión de compañías en el sector extractivo, lo cual podría tener un impacto negativo en la inversión extranjera directa, regalías, impuestos, y generación de empleo para el Gobierno y los ciudadanos” .
     
    De acuerdo con los estudios de competitividad que ha realizado el Ministerio de Minas y Energía y la ACP, Colombia necesita más de US$7.000 millones en inversión para incrementar la posibilidad de hallar nuevas reservas, según explicó Lloreda.
     
    De hecho, para este año, el valor de la inversión que maneja la Asociación es de US$4.700 millones. “No sé cuánto han invertido, pero es muy probable que se dé el grueso de esa inversión porque 75% responde a compromisos contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Así esa inversión se diera, es baja frente a la que el país necesita”, aseguró Lloreda.
     
    En el radar de la ACP, los municipios en donde hay alerta de consultas son: Medina (Cundinamarca), Ortega (Tolima), Íquira (Huila), Paujil, Doncello, Morelia, Valparaíso, Montañita (Caquetá); Uribe, Guamal, Vistahermosa, Mesetas (Meta); Yopal, Aguazul, Támara, Paz de Ariporo, Monterrey (Casanare); San Vicente de Chucurí y El Carmen en Santander, y San Martín (en Cesar).
     
    Ante este panorama, Lloreda señaló que el gremio está pendiente de la decisión que tomará el Gobierno para precisar las competencias de la nación, los departamentos y municipios en materia de hidrocarburos.
     
    Desde el punto de vista del sector minero, “nosotros invertíamos entre US$2.500 millones y US$3.000 millones al año. Ahora es más la plata que se va de Colombia que la que se queda. Solo en inversión extranjera directa estaríamos perdiendo una cifra estimada de US$1.500 millones para este año en solo minería”, comentó Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
     
    Precisamente, para Ángel, la mayor pérdida ha sido con la de Cajamarca (Tolima) el pasado 26 de marzo que trajo consigo la salida de Anglogold Ashanti del proyecto. Fuentes cercanas a la compañía surafricana manifestaron que la inversión en 2017 era de US$90 millones, pero luego de las consultas populares, bajó a US$34 millones.
     
    Ángel también señaló la importancia de la creación de una ley que dé fin a la tensión entre el subsuelo como responsabilidad del Estado, y el suelo de los municipios.
     
    Los acuerdos municipales, otro mecanismo 
     
    Además de las consultas populares, los acuerdos municipales en contra del sector minero-energético también están en aumento. Según cifras de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), existen 17 acuerdos en todo el país. El departamento que más ha utilizado este mecanismo es Antioquia, puesto que en Andes, Ciudad Bolívar, Caramanta, La Pintada, Montebello, Tarso, Santa Bárbara, Jericó, Venecia, Pueblorrico, Támesis, Fredonia, Hispania y Titiribí hay estos acuerdos. Si se mira el resto del país, hay en Ibagué (Tolima) y Gachantivá en Boyacá.
     
    Fuente: Larepublica.co
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