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Cerrejón acepta hacer consulta previa por el desvío del arroyo Bruno

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La multinacional acató el fallo del Consejo de Estado para que suspenda temporalmente uno de los proyectos de carbón en La Guajira que obliga a cambiar el curso de un ríoLa multinacional acató el fallo del Consejo de Estado para que suspenda temporalmente uno de los proyectos de carbón en La Guajira que obliga a cambiar el curso de un ríoEl presidente del Cerrejón, Roberto Junguito, acató el fallo del Consejo de Estado que pidió a la minera suspender temporalmente uno de los proyectos de carbón que desarrolla en La Guajira hasta que no se realicen nuevas consultas previas a los habitantes de los territorios. 
 
En un comunicado, la multinacional aseguró no haber sido notificada formalmente por el alto tribunal, pero dijo que se ceñirá a los mandatos del Ministerio del Interior para hacer los procesos de consulta requeridos. “Acataremos y respetaremos el fallo y desde la semana entrante comenzaremos consultas con las comunidades pero esto atrasará el proyecto y esto tendrá costos adicionales”, sostuvo Junguito.
 
Con la decisión del Consejo de Estado, se pone en entredicho el desarrollo del proyecto por parte de la multinacional, pues afectaría, como expresó, a la comunidad wayúu asentada en ese territorio del país por lo que es necesario que el Gobierno desarrolle una consulta previa en el mes de enero y  le pregunte a las 27 comunidades afectadas sobre la prestación del servicio público de agua y la competencia sobre uso del suelo que implicaría esta desviación.
 
La tutela que habría originado el fallo fue interpuesta por la lideresa indígena Lorenza Marcela Gil Pushaina, quien pertenece a una de las comunidades indígenas afectadas, La Horqueta 2. Su tutela argumentó que cambiar el cauce del arroyo al sur de La Guajira afectaría de forma irreparable los derechos fundamentales de las comunidades wayúu, y amenazaría su capacidad de supervivencia y tejido sociocultural. Además, que con esta decisión se acabaría con el ecosistema que rodea al afluente.
 
Por este hecho, el alto tribunal advirtió que el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la empresa minera “deberán concertar con el grupo indígena antes de seguir adelante con este proyecto, a 500 metros del tramo La Puente, que hace parte de la mina de carbón que esta firma opera en este departamento del Caribe”.
 
El proyecto La Puente consiste en el desvío parcial del arroyo Bruno, en la parte baja del afluente, con el fin de mantener la producción del mineral. Las comunidades alegan que este desvío podría afectar fuertemente el abastecimiento del agua para la región.
 
Sin embargo como dijo Junguito para una cadena radial en este proyecto están en juego 30 millones de toneladas de las cerca de 90 millones que se producen cada año en el país. Señaló, además, que se podrían afectar 600 empleos. También, El Cerrejón en su misiva aseguró que “estamos convencidos de la viabilidad social, ambiental y técnica de este proyecto, que cuenta con la aprobación de las autoridades competentes y es desarrollado siguiendo las mejores prácticas ambientales y de ingeniería, cumpliendo con la normatividad vigente”.
 
ElEspectador.com
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