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Jalón de orejas de la Corte al Estado por tolerar la minería ilegal

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Mineria Ileg 2La Corte Constitucional advirtió que la inacción del Estado permite que personas encuentren sustento en esta actividad.

Al fallar una tutela la Corte Constitucional arremetió contra el Estado por su inacción frente a la actividad de minería ilegal en el país pues considera que el Gobierno se acostumbró a que se adelanten explotaciones sin el respectivo permiso o licencia.
 
"Sobre el asunto de la minería ilegal, cabe agregar que esta es una actividad real y notoria, que por costumbre e inacción del Estado, es actualmente una realidad económica y social de la cual dependen ciudadanos que se ven obligados a ocuparse en este oficio informal a lo largo del territorio nacional", señala el alto tribunal.
 
Para la Corte es preocupante que durante años el Estado permita que minas ilegales den sustento a padres y madres de familia, las cuales,  de un momento a otro son cerradas dejando a un sinfín de personas desempleadas y sin sustento provisional para sus familias.
 
"La minería ilegal ha sido una actividad tolerada tácitamente por el Estado al permitir su funcionamiento y operación durante extensos períodos de tiempo. Circunstancia que convierte a la minería ilegal en una situación de hecho que debe ser vigilada y controlada de inmediato, sin desconocer la confianza legítima derivada del ejercicio al derecho al trabajo de los trabajadores informales que logran cubrir su mínimo vital con la labor de explotación minera informal", agrega.

Este pronunciamiento se da al fallar una tutela radicada por un desplazado que durante 10 años trabajó en un mina ilegal en el sector de la carretera que comunica a Mitú con la comunidad de Monfort.
 
Argumenta el desplazado que cuando la mina fue cerrada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico –CDA- y la Alcaldía de Mitú con el fin de proteger el medio ambiente, éste quedó sin sustento para llevar comida a dos hijos.
 
En ese punto la Corte encontró que la mina fue cerrada bajo términos legales y que la alcaldía obró  como debía sin embargo advierte que "la aplicación súbita de las normas no pueden alterar de manera brusca situaciones regularmente constituidas en cabeza de particulares marginados por la misma inacción del Estado".
 
En este caso, la medida de ordenar el cierre y la suspensión de trabajos de explotación minera en el área urbana y rural de Mitú, si bien es una actuación ajustada a derecho por parte de la Administración Pública del Municipio, acarrea consecuencias negativas para los trabajadores informales que por diez años ejercieron su derecho al trabajo en la actividad minera, lo cual genera el surgimiento de una expectativa fundada y legítima, que no puede ser modificada de manera abrupta e intempestiva, desconociendo los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional.
 
Por lo anterior la Corte le ordena  Alcaldía de Mitú, diseñar  de un programa de reubicación laboral o la creación de un programa de formación para que el accionante pueda desempeñarse en otras actividades económicas y no quede desamparado por el Estado


Fuente: caracol.com.co

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