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Reingeniería a lucha contra minería ilegal

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Mineria MartiPese a los esfuerzos del Gobierno y de las autoridades, no se ha podido contrarrestar la minería ilegal en el país y ahora los planes de choque se encaminan hacia endurecer la normatividad.
 
La tarea adelantada por Policía, Ejército, Armada Nacional, CTI de la Fiscalía y a los controles de los demás organismos del orden nacional y regional, que incluyen hasta la destrucción de la maquinaria utilizada ha resultado insuficiente y las bandas criminales, conocidas como Bacrim, las Farc y el Eln siguen recaudando millonarios recursos, por cuanto tienen el control de la actividad.
 
En noviembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos anunció la presentación de un proyecto de ley para tipificar en el Código Penal la minería ilegal y sancionarla con penas más severas.
 
La iniciativa “lo que hace es darnos más instrumentos y tipificar de una forma mucho más precisa y más drástica, no solamente el delito, sino las penas contra ese delito”, expresó  en su momento el Presidente.
 
Si con ello se dio paso para que la maquinaria pesada decomisada fuera destruida, situación que dio paso a protestas de los pequeños mineros informales, mientras que Bacrim, Farc y Eln siguieron con la actividad ilegal y centrada en el oro, coltán y carbón, básicamente.
 
“La minería criminal se ha vuelto el combustible de buena parte de la violencia en este país. Alimenta a las Farc, alimenta al Eln, alimenta a las Bacrim. Es curioso cómo esas tres organizaciones criminales confluyen alrededor de la minería ilegal”, dijo entonces Santos.
 
Ahora, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que la protección de la riqueza ambiental necesita la unión de diferentes entidades del Estado, para enfrentar un fenómeno complejo del que se lucran los grupos “armados ilegales y terroristas”.
 
“No podemos dejar que con este reto de la minería criminal nos pase lo que ocurrió con el narcotráfico en los 80 y 90: cuando quisimos actuar frente a él, ya implicaba un riesgo para la seguridad nacional. En buena hora actuamos y nuestras Fuerzas Armadas, la justicia y el Estado salvaron al pueblo colombiano de las garras de los grupos criminales”, manifestó el Ministro.
 
Agregó que las Fuerzas Armadas han hecho un significativo aporte a la seguridad de los colombianos y lo seguirán haciendo.
 
“Son muchas cosas las que hemos hecho, pero ahora estamos frente a un reto de marca mayor como lo es la minería criminal”. Pero se necesita la participación de diferentes “ministerios y entidades del orden nacional, la Fiscalía General, la Procuraduría General, la rama judicial y el Banco de la República, entre otros, porque nos alientan a trabajar aún más frente al tema”, dijo.
 
Ya sobre el particular el procurador Alejandro Ordóñez había exhortado al Gobierno nacional y a las distintas autoridades que tienen competencia en el tema para que “se tipifique el concepto de lo que se considera minería ilegal, esto con el fin de brindar la suficiente seguridad jurídica para los proponentes o contratistas de concesiones mineras”.
 
También pidió que se adelante una revisión de la normativa minera con el fin de que se establezcan las pertinentes sanciones que permitan castigar de manera efectiva a los directos responsables de la llamada minería criminal; así como para avanzar de manera eficiente y concreta en la formalización minera.
El Jefe del Ministerio Público llamó la atención para que se “cumpla lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del Plan 1450 de 2011, en cuanto a implementar las herramientas que permitan diferenciar la minería informal de la minería ilegal”.
 
Propuso que se realice un proceso de legalización incluyente que respete los derechos de los mineros tradicionales y barequeros, y se lleve a cabo una fiscalización que garantice el cumplimiento de obligaciones técnicas, económicas, sociales y ambientales que redunden en desarrollo y bienestar para las comunidades que tienen la actividad minera como fuente principal de subsistencia.
 
Por último, la Procuraduría hizo un llamado a las autoridades de policía competentes a efectos de que se cumplan los criterios fijados para la ejecución de la medida de destrucción de maquinaria pesada prevista en el Decreto 2235 de 2012, como son: la previa verificación de antecedentes judiciales, confirmación sobre la procedencia, uso y destinación de la maquinaria.
 
 
Fuente: Elnuevosiglo.com
 
 
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