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Destrucción y etnias amenazadas deja minería ilegal de oro en Amazonía

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Esta actividad causa estragos en el ecosistema regional.
 
AmazoniaLas playas del río Caquetá dejaron de ser seguras hasta para las tortugas charapas que llegaban a anidarse. En ya casi una década del boom de minería ilegal de oro, las dragas y el mercurio han hecho mella en las aguas y los estragos han cambiado la vida de al menos cinco etnias indígenas. (Lea también: Invasiones, minería y coca están arrasando 13 parques naturales)
 
La selva amazónica, a la altura del corregimiento de Araracuara (municipio de Solano en Caquetá), ha sido degradada a lo largo de su historia. Primero fue la ola del caucho y hoy la ambición por el oro. Actualmente, no hay nada en la economía local que no se relacione con la comercialización del oro.
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Así lo concluye el informe ‘Las rutas del oro ilegal’, una investigación que recoge cinco estudios de caso de este fenómeno que se apodera de la cuenca amazónica, el gran pulmón del mundo, de 7,9 millones de hectáreas. La Sociedad de Derecho Ambiental del Perú y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de Holanda coordinaron este reporte que detalla los intríngulis de la minería informal en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.
 
 
El río Caquetá tiene 2.280 km de largo. Atraviesa la Amazonia desde el sur de Colombia hasta Brasil. Fundación para la Conservación y el Dllo.
Sin ser la nación con mayor producción –de hecho los investigadores aseguran que Colombia ocuparía el cuarto puesto en la proliferación de esta actividad criminal en la región–, nuestro país muestra una alarmante relación entre el conflicto armado, la pérdida cultural de sus minorías étnicas y la extracción de este mineral. (Lea también: Incautaciones por minería criminal servirán en restauración ambiental)
 
El capítulo colombiano, a cargo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FDSC), compila cifras alarmantes: se calcula que hay más de 15.000 mineros informales y el 56 por ciento de las unidades de producción de esta actividad no tiene ningún título ni licencia ambiental. La Fundación asegura que en cada región la depredación del medioambiente por la minería ilegal es un universo distinto. En Chocó, en el Caribe o en el centro del país varían las prácticas y los actores. Por eso la crisis de Araracuara es tan solo una de las caras.
 
La tragedia de Villa Azul
 
Después de navegar tres horas por río desde Araracuara, se llega al resguardo Nonuya de Villa Azul, un bastión de la diversidad étnica del país. Allí conviven las comunidades indígenas uitoto, muinane, andoque y nonuya.
 
Como este existen otros 20 resguardos habitados por cinco etnias dispersas en un área amplia del municipio de Solano (Caquetá), el segundo más extenso de Colombia, lo que hace complejo el acceso hasta sus más recónditos rincones.
 
La comunidad del resguardo Villa Azul, de 134 personas reunidas en 21 familias, se formó en 1988 a partir de varios grupos étnicos. Sin embargo, solo a diez años de ser constituida, empezaron a ver la llegada de los mineros.
 
“La mayoría eran extranjeros. Se encontraban en la zona de la Isla de Barranquilla, invadida por las balsas que se encontraban de lado al lado del río. Muchas de las personas que inicialmente trabajaban allí eran brasileños; en ese momento los indígenas y habitantes de Puerto Santander y Araracuara no sabían de minería”, relata uno de los líderes a la organización Tropenbos Internacional, que indagó la zona en el 2012.
 
Pero desde el 2004 empezó una creciente oleada de nuevos trabajadores. La FDSC, que viajó al territorio en noviembre del año pasado, logró establecer que en temporadas donde la producción es menor, pueden estar funcionando unas 70 balsas, la mayoría de las cuales ahora pertenecen a colombianos, que vienen del Caquetá, Chocó y Antioquia. La cifra resulta alarmante si se tiene en cuenta el cálculo que dice que cada balsa podría arrasar con cerca de 500 metros de las orillas del río.
 
Según el informe, en las épocas en las que las balsas pueden trabajar a tiempo completo, y las condiciones climáticas y la cantidad de obreros son adecuadas, una balsa puede producir cerca de 60 gramos de oro diarios. Cuando las circunstancias no son ideales, el resultado puede ser de 20 gramos.
 
Esto significa que en esta zona se producen cerca de 4.200 gramos de oro por semana, de los cuales la mitad va para el pago de empleados (regularmente trabajan cinco personas por balsa), lo que deja una ganancia cercana a los 92.400 dólares. Los precios del oro oscilan entre los 32 y los 44 dólares por gramo.
 
Ante las vastas ganancias de esta actividad, la pobreza de la comunidad resalta. En el resguardo no hay servicios de acueducto, alcantarillado ni electricidad. El agua que toman proviene de los afluentes del río Caquetá, ese mismo que se mezcla con el mercurio.
 
“Son indígenas que están en el auto 004 y en peligro de extinción. Tienen amplios territorios, pero no tienen una economía local fuerte que les permita tener una sostenibilidad a largo plazo”, explica Alejandra Laina Agudelo, coordinadora del capítulo colombiano.
 
Laina asegura que algunos jefes de familia y jóvenes han optado por dedicarse a esta actividad, y alcanzan a ganar más de un salario mínimo a la semana. Sin embargo, el riesgo es que se pierdan las tradiciones de su etnia. El municipio aledaño en Amazonas es el centro de comercio del oro extraído. De ahí es llevado a Bogotá, donde los compradores se encargan de ‘blanquearlo’. “Seguirle la pista es casi imposible. No hay manera de controlarlo ni los países receptores tienen regulación para saber si es un explotado legalmente”, agrega la investigadora.
 
El oro también ha dividido los intereses de la comunidad. Mientras algunos trabajan en las actividades de minería ilegal, debido a la falta de alternativas rentables de trabajo, otros se ven restringidos en sus recorridos por el río, porque los mineros amenazan a la población indígena en actividades como la pesca, la cacería y el uso de sitios y especies culturalmente importantes para ellos. (Lea también: Minería socava estabilidad de la vía a Buenaventura)
 
A esto se le suma la constante zozobra por los operativos militares, liderados por la Fiscalía y el Ejército Nacional, para combatir la minería ilegal con la destrucción de las balsas, hecho que a su vez genera contaminación y daños en las chagras de las que viven los indígenas.
 
Los investigadores también identificaron una disminución en la disponibilidad de especies de cacería y pesca debido a la alta demanda de los mineros, y esto se agrava con la evidencia de contaminación con mercurio en los peces de la zona.
 
Medida contra el problema
 
Ante la situación de Araracuara (Caquetá), el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, aseguró que las dificultades del contexto colombiano, como la presencia de bandas criminales y redes de narcotráfico, hacen más difíciles las actuaciones de la fuerza pública. El Gobierno viene trabajando en un proyecto de ley que busca darle la facultad a la Policía de cerrar minas ilegales y decomisar el oro cuando no se pueda justificar su procedencia. También se incluye un aumento de las penas relacionadas con este ilícito.
 
El lastre del mercurio
 
El más reciente Estudio Nacional de Aguas, liderado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), estimó que cerca de 205 toneladas de mercurio son vertidas anualmente al suelo y al agua en el país.
 
Las tres zonas con mayores arrojos de metales pesados son el río Atrato, el río Cauca y algunas zonas del Magdalena medio y bajo.
 
LAURA BETANCUR ALARCÓN
Redactora de EL TIEMPO
 
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