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"Bogotá y la sabana deben asumir los costos ambientales de su crecimiento": Asogravas

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Minerales ProducCarlos Forero, director del gremio que reúne las industrias de materiales de construcción, sale en defensa de la resolución con la que el Ministerio de Ambiente amplió las zonas compatibles con la minería en Bogotá y la sabana. 
 
Desde el 2 de diciembre se prendió un nuevo debate entre ambientalistas y el Ministerio de Ambiente, por cuenta de la resolución 2001, que expidió ese despacho estableciendo las zonas compatibles con la minería en la sabana de Bogotá (ZCM). Estas, definidas inicialmente en 1994, sumaban un área de 11.300 hectáreas y con la nueva norma pasaron a 18.000, repartidas en 21 municipios.
 
Mientras los críticos aseguran que se afectarán ecosistemas vitales en una región de interés ecológico nacional y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente la aplicación de la norma, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, argumenta que debía cumplir con la reglamentación de esas zonas, aunque está dispuesto a reabrir la discusión.
 
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En ese choque ahora tercia la industria de materiales de construcción, principales minerales extraídos en la sabana: tienen 333 de los 433 títulos adjudicados allí. El Espectador habló con el director de Asogravas, Carlos Forero, quien defiende la decisión del Ministerio.
 
¿Cómo analiza la resolución 2001?
 
Hay que entender que esta es una historia de procesos fallidos. No por culpa de los gobiernos, sino del diseño de la Ley 99 de 1993, que declaró la sabana de interés ecológico nacional y al tiempo le pidió al Minambiente que definiera allí las ZCM. Es complicado que eso le salga bien.
 
¿Por qué?
 
El Ministerio debería concentrarse en defender zonas de protección. Para definir las ZCM tuvo que pedirles información a las entidades que saben de minería, porque no tenía el conocimiento. Las escalas para definir polígonos dentro de los que se pueda hacer minería deben ser muy detalladas, porque en esto hay zonas muy pequeñas. El Minambiente, entonces, puede tener un amplio margen de error. Ahora, lo que hizo fue cumplir la ley.
 
Las inquietudes parten de que aumentaron las ZCM.
 
La primera resolución, de 1994, se destinó solo a materiales de construcción. Después vino otra de 2004, que amplió las ZCM a materiales de construcción y arcilla (la tumbó el Consejo de Estado). Y ahora llega este proceso. El Minambiente pensó que no tenía sentido proteger un área solo de un tipo de actividad minera, cuando en la Sabana también se extraen, por ejemplo, carbón y hierro. Integró todos los minerales (excepto la sal, por condiciones de seguridad alimentaria). Por eso es lógico que haya más áreas.
 
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¿Cuántas ZCM nuevas quedaron para materiales de construcción?
 
Dentro de lo que hemos revisado, ninguna. Hay una combinación de ZCM que estaban en la resolución de 1994 y de otras de la de 2004, más otras que han estado en explotación por fuera de esos polígonos, pero que tienen títulos mineros y licencias ambientales. Estas pueden entenderse como nuevas, pero no lo son porque han estado en explotación a pesar de que antes no las habían declarado compatibles.
 
Esa es una de las críticas: que se legalizaron títulos que estaban por fuera de las anteriores ZCM.
 
Pero no eran actividades ilegales. Tenían título minero y licencia ambiental, incluso antes de la Ley 99. Actividades sin título ni licencia no quedaron compatibles bajo ninguna circunstancia.
 
Pero la magistrada que hace cumplir el fallo del río Bogotá suspendió la resolución.
 
No he hablado con ella. Siento que quiere verificar el impacto que generará mantener la actividad minera en la sabana.
 
Es claro que su gremio también tiene un interés económico.
 
En esta industria pesa mucho el costo del transporte. Transportar material más de 50 kilómetros desde la fuente, genera sobreprecios. Sin embargo, desde municipios ubicados en un radio entre 101 y 180 kilómetros de distancia de Bogotá, las empresas traen unas 426.000 toneladas mensuales de material.
 
Es decir, les sale más barato tener fuentes de extracción en la sabana, cerca de Bogotá.
 
Sí, pero aquí también está en juego el abastecimiento de materiales de construcción para Bogotá. La sabana y Bogotá demandan unos 30 millones de toneladas anuales de materiales de construcción. Con todo lo que se viene (segundo aeropuerto, vías de cuarta generación, troncales de Transmilenio, construcción de hospitales y la apuesta en infraestructura de la administración Peñalosa), en diez años demandaremos unos 50 millones de toneladas. ¿De dónde provendrán esos materiales?
 
Su propuesta es que sea de Bogotá y la Sabana.
 
La necesidad de internalizar los costos ambientales es un principio universal. Bogotá y la sabana deben hacerlo, y no irse a municipios y departamentos vecinos a sacarles de sus ríos y canteras los materiales para crecer. Un alcalde que pretende que su ciudad crezca no puede echarles a los constructores toda la responsabilidad de ver dónde consiguen los materiales de construcción. Estamos trabajando con ONU Hábitat para que los POT definan de dónde vendrán esos materiales, respetando el ambiente. Los alcaldes deben asumir esa obligación moral, ética y práctica.
 
¿Y ya hablaron con la Alcaldía de Bogotá, de cara al nuevo POT?
 
La administración Peñalosa lo tiene claro. Revaluó la propuesta del exalcalde Gustavo Petro de prohibir completamente la minería en Bogotá. Una ciudad como esta no puede decir eso. Un municipio como Mosquera, tampoco. Eso sí: hay que generar más incentivos para que los municipios acojan esa actividad.
 
Con la resolución como quedó, ¿Bogotá dará abasto con su demanda de materiales?
 
Podría tener relativa tranquilidad en los próximos diez años, con fuentes ubicadas hasta a 60 kilómetros de la ciudad.
 
Fuente: Elespectador.com / Carlos Hernández Osorio
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