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Antioquia lucha por frenar la minería ilegal

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Mineria Oro 2El departamento es uno de los principales productores de oro de Colombia. Tiene mucha informalidad.

Una extraña contrariedad estremece a Antioquia por estos días. El responsable es su oro. Ese que tiene dibujado hasta en su escudo. El departamento es el principal productor de este metal en el país con 23.605 kilos reportados en el 2015, que representan el 43,52 por ciento de la producción nacional. Muy por encima de Chocó, que lo sigue con 14.547 kilos.

Sin embargo, esa inconmensurable riqueza se asienta en territorios marcados tradicionalmente por la pobreza y la violencia. 

Esa paradoja se vio agravada durante esta semana que pasó cuando estalló un paro minero en Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño, y que luego de 15 días de protesta deja una persona muerta, más de 20 lesionados, 300 locales comerciales cerrados, desabastecimiento de alimentos y al menos 12.000 estudiantes desescolarizados. La situación ha sido tan tensa que algunos ciudadanos están saqueando tiendas y restaurantes escolares, además de puertas del comercio, el cual se encuentra cerrado.

A esta problemática se sumó lo acontecido en Buriticá, occidente del departamento. La semana pasada, siete contratistas de la Continental Gold quedaron atrapados en un túnel mientras realizaban una inspección para comprobar que no hubiese mineros ilegales allí. Uno de ellos logró salir por sus propios medios, los demás fallecieron, al parecer, asfixiados por inhalación de gases.


Mateo Restrepo, presidente de la Continental Gold, aseguró que están convencidos de que sus contratistas fueron atacados y asesinados. Ninguno de ellos era de Buriticá, sino de Bogotá, Pereira y Montería. Frente a estos hechos, hizo un llamado a la justicia para que dé con los responsables.

¨Todavía hay focos de minería ilegal, hay algunos que tras ser desalojados buscan cómo volverse a meterá la Al respecto, Humberto Castaño, mandatario local, dijo que no es posible asegurar que las muertes hayan sido provocadas, pero estuvo de acuerdo con Restrepo en la necesidad de mantener pie de fuerza en el municipio. “Todavía hay focos de minería ilegal, hay algunos que tras ser desalojados buscan cómo volverse a meter a las minas. A algunas bocaminas les han violado las tapas y reingresaron, hay minas que han sido selladas dos y tres veces”, sostuvo. Denunció, además, que las autoridades se han retirado paulatinamente de Buriticá.

Este es uno de los municipios modelo del país en la lucha contra la minería ilegal, pero hoy vive la preocupación por la reactivación de bocaminas ilegales, cuyo cierre fue ordenado por el Gobierno Nacional y departamental durante la operación Creta, que empezó en abril del 2016 y que tuvo resultados muy exitosos, según las autoridades.

Hasta el momento han cerrado 213 bocaminas. Asimismo, decomisaron más de 100.000 millones de pesos en insumos y materiales utilizados en minería ilegal.

Y es que, precisamente, la ilegalidad es uno de los detonantes de este nuevo conflicto. El otro es el uso del mercurio. Jairo Villa, un pequeño minero productor de oro desde hace 30 años, arriesga su vida en un angosto socavón en Remedios, donde hay unos 11.000 mineros que trabajan en aguas turbias, en excavaciones largas y profundas o entre el barro en busca del metal que sostiene al 80 por ciento de la población de ese municipio.

Villa aseguró que antes del paro minero, que completa 15 días de disturbios, llevaba casi dos semanas sin poder comercializar ni un solo gramo del metal que les da de comer a él y a su familia, conformada por siete personas.

La razón radica en que el 27 de julio pasado empezó a regir el Decreto 1102, que exige a los mineros acreditar la procedencia lícita del metal con la identificación de la mina de la que provienen, mediante certificación de origen expedida por el beneficiario del título minero o constancia expedida por la respectiva Alcaldía para las labores de barequeo.

“Con las compraventas ya no se puede negociar porque nos tratan de ilegales. Esa fue una de las razones por las que salimos a paro, pues el oro que recogimos lo tenemos guardado. El Gobierno exige cosas imposibles de cumplir y no nos da la oportunidad de formalizarnos”, afirmó.

El alcalde de Segovia, Gustavo Tobón Vélez, dijo que el paro ha generado problemas sociales y de orden público. “La situación es crítica porque los disturbios han sido en los alrededores del hospital principal, los bloqueos viales evitan el traslado de heridos e incluso en las instalaciones del centro médico ha circulado gas lacrimógeno que afecta a los pacientes”, agregó.

El mandatario dijo que el gran problema es la normatividad. En Segovia, dijo Tobón, la mayoría de los habitantes explota el mineral, pero hay pocas licencias, la gente trabaja casi sin medidas ambientales, de salubridad y de seguridad.

En lo que coincidió la alcaldesa de Remedios, Lucía Carvajal, quien explicó que además de los problemas para comercializar el oro, el Gobierno exige cero mercurio. Quien lo use, podría ir a la cárcel.

La mandataria aseguró que es complejo formalizar la cadena productiva del oro, legalizar las licencias ambientales y cumplir con exigencias que requieren de mucha inversión y tecnología. “Si bien, hay formas de extraer el oro sin usar mercurio, es un cambio que debe ser gradual, no de un día para otro. La legislación minera está diseñada para grandes productores, no para pequeños, la norma es igual para multinacionales y los mineros informales, es un problema muy grave”, reiteró la alcaldesa.

Villa contó que lleva tres décadas trabajando con mercurio y que si el Gobierno quiere erradicarlo debe ofrecerles alternativas asequibles para ellos. “La multinacional Gran Colombia Gold vino a explotar la minería al nordeste y exprimir al pequeño minero. El Gobierno quiere acabar con los entables, cerró la compra de oro, todo depende de la minería”, añadió.

¿Cuántos mineros son?

Según la Secretaría de Minas, en el último censo, cerca de 40.000 personas, como Villa, se dedican a esta actividad que se desarrolla en 1.448 títulos mineros vigentes, los cuales representan un área de 1'077.587 hectáreas. Eso representa el 17 por ciento de superposición en el departamento.

Sin embargo, el gran problema de la región es que no se sabe con certeza el número de mineros ilegales que hay en Antioquia. “Trabajamos fuertemente en materia de caracterización, tenemos claro dónde están los títulos otorgados, cuáles son las áreas de influencia y qué actividad se está realizando allá en ejercicio de fiscalización, pero la extracción ilegal de minerales no está caracterizada, hay avances en algunos municipios, pero seguimos trabajando”, manifestó Liz Margaret Álvarez, secretaria de la dependencia.

Sin embargo, agregó que tanto el bajo Cauca como el nordeste y occidente son las zonas más álgidas en presencia de extracción ilegal de minerales. También, que los municipios con mayor producción de oro son El Bagre, Segovia, Caucasia, Remedios, Zaragoza y Tarazá.

¨En Antioquia hay 1.600 explotaciones mineras informales, pero se trata de un subregistro, porque no hay una cifra certera avalada por todas las autoridades¨

En el informe ‘La minería sin control: un enfoque desde la vulneración de los Derechos Humanos’, publicado por la Defensoría del Pueblo, se citó al boletín temático de salud de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, el cual señalaba que “en Antioquia hay 1.600 explotaciones mineras informales, pero se trata de un subregistro, porque no hay una cifra certera avalada por todas las autoridades competentes”.

Por su parte, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, aseguró que el Gobierno Nacional no está dispuesto a negociar la legalidad.

“Defendemos la no utilización del mercurio y la legalidad en la comercialización del metal. En muchos casos, el oro es extraído con productos que contaminan y acaban con nuestros ríos y territorios”.

‘El país debe tener minería bien hecha’

El viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, advirtió que en el país debe haber minería bien hecha, que alcance estándares de calidad: “No por ser pequeños debemos permitir que contaminen y comercialicen el oro de cualquier forma y que, en algunos territorios con problemas de ilegalidad, esto sirva para el financiamiento de grupos al margen de la ley”.

Cante aseguró que avanzan en el proceso de formalización de los mineros desde el 2011 y agregó que se han legalizado 36 unidades de producción minera, que benefician a cerca de 2.500 trabajadores.

El viceministro de Minas indicó que se han identificado más de 400 plantas de beneficio asociadas a título minero que utilizan ese elemento químico.

La Gobernación del departamento estima que Antioquia es el territorio más contaminado por mercurio en el mundo, pues se utilizan entre 100 y 120 toneladas de ese elemento al año.
El funcionario de la Presidencia añadió que el Gobierno Nacional está dispuesto a seguir los diálogos con los mineros que se encuentran en paro, pero no se sentará con ellos mientras mantengan acciones violentas.

Fuente: Eltiempo.com

 

 

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