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Mientras esta semana la Corte Constitucional fue noticia por la audiencia pública sobre la tutela en la que va a unificar la jurisprudencia sobre las consultas populares y que fue duramente criticada por los ambientalistas porque creen que servirá para limitarla, pasó más de agache otra polémica tutela, que condena a la minera Cerro Matoso a pagar millonarias indemnizaciones y que podría ampliar el ya enorme poder que tiene la Corte en temas mineros y ambientales pero también las prevenciones que suscita en el sector privado por esto mismo.

 

Un camino particular

 

Una sala de tutela, con ponencia del controvertido magistrado Alberto Rojas y votación favorable de Diana Fajardo y Cristina Pardo, decidió en diciembre, el último día antes de la vacancia judicial, una tutela central para el futuro de la minería en el país, que solo se conoció esta semana.

 

Ese proceso tuvo un recorrido llamativo.

 

Proviene de dos tutelas del 2013, la primera interpuesta por un ciudadano llamado Javier Martín Rubio Rodríguez, actuando a nombre de los indígenas, para proteger sus derechos pero sin tener el poder de ellos (técnicamente, como agente oficioso). Esta tutela naufragó en la sala penal del Tribunal Superior de Montería.