Según estudio de la firma Manpower, por tercer trimestre consecutivo este sector hará despidos.

Aunque el sector de la minería tradicionalmente ha sido poco generador de empleo, para el trimestre julio-septiembre presentaría una mayor contracción en puestos de trabajo, tendencia que se mantiene por tercer trimestre consecutivo.

Así lo establece un estudio de la firma Manpower en Colombia, según el cual, la expectativa neta de empleo en todos los sectores es de -13 por ciento, previendo que el 77 por ciento de los encuestados mantendrá su nómina intacta, el 17% de ellos prevé aumentar su personal, el 4% piensa disminuirlo.

De acuerdo con lo hallado en la investigación, el sector minero pasó de una expectativa neta de empleo de -1 por ciento en el trimestre pasado a -4 por ciento en  el trimestre venidero.

Según la directora de ManpowerGroup para el área Andina, Rosalba Montoya, tales resultados implican que "la expectativa es de despidos más que de contrataciones".

Pese a que el Gobierno ha dicho que, si bien habrá una reducción en la generación de empleo más no se verá un incremento notorio en la tasa de desempleo, la firma Manpower señala que hay incertidumbre, lo que impacta negativamente la confianza para contratar mano de obra.

"Las novedades tributarias, los temores de menor crecimiento, las fluctuaciones de tasa de cambio y las variaciones de los mercados han venido afectando la confianza para las actividades económicas y la consecuente creación de puestos de trabajo", indicó Montoya.

En el caso del sector minero, el impacto proviene de los bajos precios del petróleo, el carbón y el oro. "Estos son factores locales que se agregan al entorno internacional y complejizan las operaciones, lo que hace incierto el trabajo en el sector", agregó.

Los análisis realizados por la firma, experta en el tema, manifiestan que temas puntuales, como las licencias de explotación, las cuales tardan mucho. "Cuando por temas ambientales se cierra un sector de una mina, conseguir la licencia para abrir otro sector puede tomar más de un año y no se alcanza a equilibrar el proceso de producción", explicó Montoya.

Otros elementos internos aportan a la baja expectativa de generación de empleo que se tiene con este sector. "El tren carbonero, por ejemplo, ya no puede trabajar de noche por el ruido que produce. Ello elimina el turno nocturno y, por ende, parte del personal empleado", analiza el estudio.

Si a eso se le suman fenómenos como el de la minería ilegal, que sigue generando empleo informal y sin garantías de seguridad para las personas ni sostenibilidad para las regiones; lo mismo que el incremento en las sanciones a empresas mineras, el panorama se vuelve más gris para la apertura de nuevos proyectos y el empleo.

Para Manpower, también la venta de Pacific Rubiales y el cambio de presidencia de Ecopetrol salpicarán al sector minero y en particular el mercado laboral que este demanda. "Son hechos que el sector tarda en asimilar", dijo Montoya.

En consecuencia, concluye el estudio, la minería dejó de ser la 'locomotoras' que se planteaba hace unos años, se han recortado considerablemente las inversiones en las cuales se basaban las esperanzas de generar empleos formales en dicho sector.


Fuente: Eltiempo.com

En El Bagre, expertos en minería y trabajo infantil, así como representantes de los gobiernos Nacional, Departamental, alcaldes de la región y otras autoridades, debatieron y buscarón alternativas para reducir el trabajo infantil minero.

La cita, enmarcada dentro del Proyecto Somos Tesoro, se constituye como el Primer encuentro de política pública para sacar a los niños de esta actividad flagelante en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño.

De ahí la importancia de las experiencias que, sobre el particular, expongan líderes comunales, educativos y los delegados de las alcaldías de Segovia, Remedios, Zaragoza, El Bagre y otros de sus vecinos del Bajo Cauca y el nordeste.

Voceros de la Gobernación sostienen que se pretende sumar los esfuerzos de las distintas autoridades para brindarles alternativas de una vida digna para los niños que acaban sus vidas en socavones y filones de ríos y montañas.

Tal actividad está prohibida por el Código del menor. Se seleccionó El Bagre por ser uno de los centros de una región cuya vocación económica gira en torno a la actividad minera del oro.

Acabar con el trabajo infantil es una de las estrategias de la Gobernación. Para ello, con diversos convenios, liderados por la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud y la Secretaría de Minas, ha invertido más de 2.000 millones de pesos, que han beneficiado a más de 20.000 niños.

La pequeña minería es un oficio que compromete el esfuerzo de toda la familia. Muchos de los niños inician labores, moviendo pequeñas piedras y lamiendo la montaña con palas y picos a los cinco años, como lo narró a EL COLOMBIANO, una indígena Nutabe del cañón del río Cauca en Sabanalarga.

Aunque se han logrado avances en su erradicación, la ilegalidad de ese trabajo no permite detectarlo y controlarlo del todo.


Fuente: Elcolombiano.com

La ONG asegura que si se mantiene esta tendencia, necesitaremos al menos tres planetas para abastecernos en 2050.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha advertido de que este jueves es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, la fecha en la que la humanidad ha consumido los recursos naturales que el planeta puede reponer en un año y que en 2015 han sido consumidos en menos de ocho meses.

A partir de mañana, entrará en “déficit ecológico”, gastando bienes naturales correspondientes al año próximo, según los datos del informe Planeta Vivo 2014 de esta organización ecologista, elaborado en colaboración con sus socios de la entidad Global Footprint Network (GFN), y en el que se calcula que los seres humanos precisan en la actualidad el equivalente a 1,5 planetas para satisfacer su demanda de recursos.

“Si se mantiene esta tendencia, necesitaremos al menos tres planetas para abastecernos en 2050″, señala WWF en un comunicado, en el que recuerda que “España también contribuye a ello: si toda la humanidad consumiese como los españoles, ya necesitaríamos el equivalente a dos planetas”.

Los costes de este exceso de consumo son “cada vez más evidentes” porque producen deforestación, sequías, escasez de agua dulce, pérdida de suelos y de biodiversidad, así como el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera.

La ONG destaca además que las emisiones de carbono suponen más de la mitad de nuestra demanda sobre la naturaleza: esa huella de carbono es la parte más importante de este “exceso ecológico” global, que sigue aumentando la diferencia entre los recursos exigidos para el desarrollo comercial e industrial y la capacidad de la naturaleza para proveerlos.

“La humanidad puede talar árboles a mayor velocidad que el tiempo que tardan en crecer, pescar más peces de los que los océanos pueden criar, o emitir más dióxido de carbono a la atmósfera de lo que los bosques y océanos pueden absorber”, indicaron.

Capacidad del planeta

Según esta organización, en 2015, la absorción de gases de efecto invernadero requerirá hasta el 85 % de la capacidad del planeta; según la GFN, haría falta el doble de la biocapacidad actual de los bosques para absorber todo el carbono emitido por la humanidad a la atmósfera.

Para WWF, el acuerdo global que debería alcanzarse en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará el próximo mes de diciembre en París (COP21) con el fin de recortar el uso de combustibles fósiles es “clave” para frenar el crecimiento “desmedido” de la huella ecológica humana.

No obstante, todavía “es posible cambiar el rumbo para que la humanidad viva con prosperidad dentro de los límites del planeta”, siempre que se apliquen soluciones para preservar el capital natural, mejorar la producción y el consumo, reorientar los flujos financieros para valorar la naturaleza, y distribuir los recursos de forma equitativa “midiendo el éxito de los países más allá del PIB”.

Fuente: Elespectador.com

 La Viceministra Maria Isabel Ulloa, en el 4° encuentro de Asogravas “Un saludo minero, pero con ambiente” así inicio la Viceministra de Minas y Energía María Isabel Ulloa su intervención en el marco del 4 encuentro de productores de agregados, aquí se dieron cita todos los actores de la industria de materiales de construcción, bienes y servicio, maquinaria, autoridades ambientales y mineras.

En este foro organizado por Asogravas la Viceministra aprovecho la presencia del Director de Cortolima Jorge Cardozo para expresar que “juntos con un dialogo fluido entre los dos sectores se podía llegar al cumplimiento de metas” y resalto la labor que se ha logrado gracias a este dialogo con otras comunidades.

La minería para el país ha logrado en los últimos años más de 350.000 mil empleos directos, cifra que despierta más el interés entre las autoridades para seguir mejorando al sector, sobre todo en la agilización de las respuestas a las solicitudes y tramites, para que el empresario minero tenga unos tiempos adecuados   y conocidos previamente.

La minería no es solo carbón y oro también es construcción, sin minería no hay creación de escuelas y viviendas, sin minería muchos departamentos como es el caso de Cesár y la Guajira se vería afectados ya que su economía local depende totalmente de esta actividad.

La viceministra invitó a todos a trabajar unidos por el sector minero y aprovecho el evento para despedirse oficialmente del cargo que ha venido ocupando en el ministerio de minas y energía.

paisminero.co

Carlos Andrés Cante, viceministro de Minas, explica los avances y retos de esta actividad que genera más de 125.000 empleos.

SEMANA: La pequeña minería representa una fracción de la producción nacional de carbón. ¿Por qué vale la pena insistir en hacer de este un negocio competitivo?

CARLOS CANTE: La pequeña y mediana minería de carbón genera 125.000 puestos de trabajo principalmente en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander; y representa el 8 por ciento de la producción total nacional movilizando de manera importante la economía de estos departamentos. Además, esta industria representa el 60 por ciento del total de la carga movilizada en el país y permite que los vehículos que transportan carbón a los puertos regresen al interior con diferentes bienes e insumos por un precio bastante competitivo, lo que se conoce como ‘carga por compensación’.

SEMANA: Sin embargo, la infraestructura vial es uno de los principales desafíos para la competitividad de la minería en el interior del país…

C.C.: Sobre todo porque el costo del transporte con tractocamiones supera al de producción. El primero representa el 60 por ciento del total de costos, mientras que el segundo corresponde al 40 por ciento. Necesitamos condiciones de competitividad superiores, por eso estamos trabajando en el diseño de mejores corredores, como la Troncal del Carbón, entre Samacá, Guachetá y Tausa. También hemos trabajado en la vía de salida de los carbones del interior hacia el Magdalena Medio, desde Vélez, Landázuri, Cimitarra, Chiquinquirá, Otanche y Puerto Boyacá. Y se están buscando alternativas de salida desde Norte de Santander, debido al cierre de la frontera. Estamos analizando la posibilidad de la pavimentación de la vía Tibú-El Tarra-La Mata, para tener una conexión con el Magdalena Medio y desde allí con los puertos del Pacífico.

SEMANA: ¿Se contempla la implementación de una vía férrea?

C.C.: Desde el Ministerio de Minas y Energías hemos insistido en que necesitamos avanzar en la construcción del Ferrocarril Central y también en la del Ferrocarril del Pacífico, así como en el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río Magdalena. De todas formas hemos mejorado mucho, ahora hay troncales y estamos enfocados en las regiones para poder llegar a vías secundarias y terciarias.

SEMANA: ¿Y la formalización dónde queda?

C.C.: La formalización exige principalmente la implementación de condiciones de seguridad sin las que una empresa minera no va a lograr ser productiva, porque cada vez que ocurra un incidente la mina se va a cerrar. El reto está ahí y encontramos que una de las principales dificultades para el cumplimiento de lo estipulado en el Reglamento de Seguridad en las Labores Mineras Subterráneas es que los pequeños mineros no tenían quién les prestara el dinero para las adecuaciones necesarias.

SEMANA: Por eso se creó el programa de crédito con el Banco Agrario...

C.C.: Sí, porque los bancos consideran que esta es una actividad de alto riesgo, dado que la mayoría de operaciones son en efectivo. Ocurre así no porque se quiera, sino debido a que las transacciones se producen en zonas rurales. Cuando el sistema financiero no lo conoce a uno, tampoco le presta por eso, en alianza con el Banco Agrario, facilitamos el acceso al crédito a través de una línea con tasa compensada que ya empezó a operar. Hemos prestado 6.000 millones de pesos a la pequeña minería.

SEMANA: ¿Qué relación existe entre este tipo de minería y el posconflicto?

C.C.: En general, las actividades minero-energéticas mantienen una relación estrecha con la posibilidad de paz en los territorios. Se llevan a cabo en zonas rurales, que históricamente han sido territorios víctimas del conflicto. Por ejemplo, todo lo que corresponde a la zona que hace poco se delimitó como Páramo de Rabanal y La Uvita, una región netamente carbonera, albergó durante años la presencia de las Farc. Con un potencial estimado de 5.200 millones de toneladas de carbón, existe una fuente importante de generación de empleos formales. Estamos en donde ningún otro sector opera, incluso en donde las actividades agropecuarias no son competitivas, y con el desarrollo de una infraestructura vial óptima es posible cambiar ese escenario por uno en el que todos los sectores pueden coexistir y generar empleo. De eso, en gran parte, se trata el posconflicto.

Fuente: Semana.com

Ocho consultas populares se han realizado y el No a la actividad minera ha ganado rotundamente. Hoy, en Sucre (Santander), se hará la novena. Pero en esta discusión hay mucho más en juego que una polémica.

La pregunta con que se titula este artículo se la formulamos a diez personas. Unas se rieron. “Hay evidencia, pero hay que mirarla con cautela”, nos dijo una de ellas. Otras prefirieron no meterse en un tema tan espinoso. “Es mejor, como aseguró una, no enredar más esa telaraña”. Pero la telaraña hace mucho está enredada y hoy se enredará un poco más. Los más de 6 mil habitantes de Sucre, un municipio de Santander, decidirán si quieren explotación de minería e hidrocarburos en su territorio. Será el noveno en hacerlo. El noveno de una lista de 44 que vienen en camino.

Para unos las consultas populares son el remedio a la degradación ambiental del país y una reorganización del poder desde las comunidades. Para otros, una amenaza a la economía y la autosuficiencia energética del país. Los interrogantes detrás de este asunto son muchos y en juego hay diferentes variables que esconden profundas discusiones ambientales y económicas. “Lo que quieren es resolver un asunto filosófico”, nos dijo una de las personas con quien hablamos. “Lo que quieren”, apuntó otra, “es cambiar el sistema”.

Parece, a veces, que unos están pensando en defender un modelo que hasta cierto punto funcionó en el pasado, pero ha venido perdiendo vigencia; que otros están con los pies en el presente y que otros más están pensando en un futuro más deseable.

Carbón, ¿el futuro?

En abril de este año, Londres hizo un experimento. Entre las 11 p.m. del jueves 27 y las 11 p.m. del viernes 28 apagó la única planta térmica de carbón que tenía en funcionamiento. Las autoridades querían comprobar qué sucedía en la red de electricidad si esa central dejaba de suministrar energía. El resultado fue claro: el país que precisamente había puesto a funcionar la primera planta con carbón en 1882 ya parecía preparado para una nueva era. Era la primera vez desde la Revolución Industrial que Reino Unido no usaba ese mineral durante 24 horas continuas para generar vatios. Plantas de gas, turbinas eólicas, centrales nucleares, paneles solares y biomasa serían en adelante las fuentes que les permitirían a los ingleses prender la calefacción y los microondas.

Equipararnos con Reino Unido no tiene mucho sentido. Son dos realidades completamente diferentes y sus ritmos de crecimiento han sido distintos. Sin embargo, su intención de dejar de usar carbón para 2025, fecha límite que se trazaron para cerrar del todo la planta que apagaron, contrasta con los planes de Colombia. Para autoabastecerse de energía el país echará mano de este mineral y de otros sistemas que hasta ahora parecen seguir siendo incipientes. La idea es hacer una mezcla de renovables (sol + viento + biomasa), hidroeléctricas y carbón que les permita a todas las regiones ver luces navideñas por las próximas décadas.

Si dejáramos de lado (sólo hipotéticamente) los malos manejos que ha habido en algunas termoeléctricas, la probable intensificación del fenómeno de El Niño y los impactos sociales y ambientales que trae consigo la construcción de una hidroeléctrica, la fórmula no sería descabellada. La razón, dice el ingeniero Ricardo Ramírez, director encargado de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), es que si en algo es rico Colombia es en carbón. En 2015 las reservas probadas del país sumaban una cifra de muchos ceros: 6 mil millones de toneladas. El Empire State de Nueva York, por varios años el edificio más alto del mundo con 381 metros y 102 pisos, pesa 330 mil.

Ese número, que se esconde en los suelos de La Guajira (57 %) y Cesar (26 %), principalmente, es para Ramírez una gran fortuna de la que no todos los países pueden gozar. Su explicación es la siguiente: las energías renovables que se están planeando para Colombia necesitan el respaldo de un combustible firme que puede ser hidrocarburo o carbón. Y el nuestro, por ser tan abundante, es el que nos permitirá hacer una transición hacia una energía más limpia que combine todas esas fuentes. ¿Cuándo la vamos a ver? “En los próximos 15 años”, dice “Además, nuestras centrales de generación carboeléctrica tiene una eficiencia muy alta y cumplen de sobra con los niveles de emisión fijados internacionalmente”.

El ingeniero Ramírez es optimista. Dice que si la sabemos utilizar, esa mezcla permitirá que con el tiempo los buses y los carros abandonen la gasolina y empiecen a andar con electricidad. ¿Cuándo? El cálculo aún no está hecho. Noruega ha sido uno de los pocos que ha puesto un límite a esa tarea: 2025.

De manera que si hasta acá nos preguntáramos si podemos decirle no a la minería, la respuesta, teniendo en cuenta la estrategia para producir energía, sería no; habrá minería por un buen rato, con la gran paradoja que ello implica. Mientras los acuerdos por el clima invitan a los gobiernos a disminuir el uso del carbón, Colombia tiene una reserva que podría explotar por 70 años al mismo ritmo que lo ha venido haciendo. Eso, en números, quiere decir entre 85 mil y 90 mil toneladas de mineral anuales.

¿Podrían, entonces, los municipios que han hecho consultas populares poner en vilo la autosuficiencia energética? Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Mineros, reconoce que la mayoría, salvo Cajamarca (que no guarda carbón sino mucho oro), no tiene mucha relevancia. “Casos como el de Jesús María (Santander) ni van a cambiar la vocación del país ni van a mover la aguja minera de Colombia”.

Y en el caso hipotético de que incidieran en la explotación de carbón, ¿cuál sería la respuesta? Moverse en un terreno de probabilidades puede no ser muy saludable, pero es poco posible que interfieran. De las casi 90 mil toneladas que se extraen anualmente de La Guajira, Cesar y otros departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander, Colombia sólo consume el 3 %. Eso quiere decir que el 97 % se exporta a varios países. Los principales: Turquía, Países Bajos, España, Chile y Brasil.

Cuando se refiere al tema, a Guillermo Rudas, máster en economía ambiental y de recursos naturales, le gusta hacerse una pregunta: “¿Y qué tal si nos quedamos sólo con el carbón que necesitemos para consumo interno? ¿No es más sostenible?”.

Aunque sin duda a lo largo del siglo XX parte de nuestro bienestar y crecimiento económico fue posible a esos minerales, el interrogante de Rudas le suma otro ingrediente a esta discusión, pues muestra que ya no sólo está en juego un tema energético. En el medio hay mucho dinero.

Y Colombia hizo “boom”

A finales de la década del 50 Holanda tuvo un golpe de suerte. En Slochteren, un pueblo al noreste que hoy no llega a los 16 mil habitantes, encontró una fortuna a 3 mil metros de profundidad. Tras haber hecho dos intentos para buscar petróleo en esa área, dio con una reserva inimaginable de gas; la más grande de Europa. Cuatro años después de descubrirla (en 1964) el pozo empezó a producir a un ritmo tan frenético, que fue el inicio de un verdadero boom gasífero. Pero el efecto del ingreso de tanto dinero fue el opuesto. La economía se desplomó. Las otras industrias perdieron relevancia, las exportaciones dejaron de ser competitivas, el desempleo se multiplicó y la moneda se revaluó. Años después, la revista The Economist bautizó ese mal con un término hoy popular entre los economistas: la “enfermedad holandesa”. The Dutch disease.

A lo que se refería la revista inglesa era que, al crear dependencia de una sola fuente de ingresos, que suelen ser recursos naturales (petróleo, por ejemplo), la economía se resiente. Como los precios de estas mercancías varían, en cualquier momento pueden caer en picada. Y cuando eso sucede, si no hay atrás una industria fortalecida que actúe como soporte, la economía puede derrumbarse.

Durante varios años en Colombia se habló de una posible enfermedad holandesa. Aun hoy varios analistas la mencionan como una probabilidad. En la revista Harvard Review of Latin America, el economista y experto en asuntos de política energética Francisco J. Monaldi lo advertía en 2014. Colombia, escribía, empezó a sufrir síntomas de ese mal tras el aumento en la entrada de rentas mineras. En palabras más prácticas, para usar los términos de Guillermo Rudas, el país (o su Gobierno, mejor) se engolosinó con las materias primas (minería y petróleo, esencialmente) luego de que en los primeros años del siglo XXI los precios se dispararan.

“El boom de las materias primas permitió que América Latina tuviera el mejor desempeño económico en décadas, ayudando a aumentar su gasto público, reduciendo la pobreza y expandiendo la clase media”. El boom incluso trajo popularidad a la mayoría de presidentes en la región y, quienes tuvieron la oportunidad, fueron fácilmente reelegidos”, escribía Monaldi.

En números, ese gran auge de la minería y de la industria de hidrocarburos, le dejó ingresos notables a Colombia. A medida que los llamados extractivismos empezaron a impulsarse con fuerza, desde el mandato de Álvaro Uribe, su protagonismo en el Producto Interno Bruto fue cada vez más notorio (en 2002 representaban el 7 %). Fue un porcentaje que se mantuvo más o menos constante en medio de unos precios internacionales muy ventajosos. Eso hizo, por ejemplo, que la explotación de carbón y oro se disparara. Entre 2001 y 2011, la extracción del primero creció 95 %. La del segundo, 156 %.

Algo similar sucedió con el petróleo. Pese a que el sector se estancó entre 2001 y 2007, a partir de ese año tuvo una tasa de hasta nueve veces mayor que el resto de la economía colombiana. En 2012 se acercó a la cima. Le dejó al Estado $30,7 billones y produjo, en promedio, 944 mil barriles de crudo por día. En los 90 no sobrepasaba los 440 mil. Por esos años, de hecho, apenas representaba el 20 % de las exportaciones. En 2014 su participación ascendió al 55 %.

Una cifra más resume los párrafos anteriores. De acuerdo al Minminas, entre 2010 y 2016, todo el sector (minería y petróleo) generó, entre impuestos, regalías y dividendos, $140 billones. Fueron años en los que “extractivista” fue el mejor adjetivo para definir a Colombia y a América Latina. Pero como toda bonanza, ésta, de crudo, oro, carbón, níquel y esmeraldas, llegó a su fin. Si los precios del petróleo sobrepasaron los US$130 por barril en 2008 y se acercaron a los US$120 en 2012, hoy fluctúa entre US$50 y US$60. Los ingresos que nos dejó son innegables, pero vistos un poco más de cerca muestran que, pese a los recursos monetarios que generó, algo no andaba del todo bien. En términos de Monaldi, “los logros macroeconómicos y sociales no pueden ocultar los significativos desafíos y algunos efectos negativos”.

El primer municipio en dejar claro que no quería evitar esos efectos fue Piedras, Tolima. En julio de 2013 hizo una consulta popular en la que sus habitantes anunciaron su oposición a la minería de oro. Fue el campanazo de lo que vendría después y que alteraría los ánimos del Gobierno, que durante este mes seguro estará inquieto. ¿La razón? Entre el 5 de noviembre y el 3 de diciembre, el Peñón (Santander), Granada (Meta) y Córdoba (Quindío) también irán a una consulta popular.

Fuente: Elespectador.com

Mientras la ACM dice que se debe a los mayores controles contra la minería ilegal, un actor ilegal advierte que el metal estaría guardado, esperando que el precio pase de US$1.300 la onza.

El reporte de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de 2017, que reveló el viernes pasado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), sigue dando de qué hablar. No solo porque se revelara que la economía creció tan solo 1,1 % en los primeros seis meses del año, sino porque quedó claro que el sector de minas y canteras sigue teniendo problemas, pues registró un bajonazo de 9,4 %.

Pero al analizar de cerca se encuentra que la producción de petróleo no fue el único rubro que cayó (12,5): sobresale que la producción de oro registrara una contracción de 30 % tanto en la variación anual como en la trimestral. Se trata de un claro contraste, pues en el primer trimestre de 2016 la producción de oro registró un crecimiento de 37 %.

Sin embargo, hay quienes afirman que no necesariamente la caída en la producción de oro es una mala noticia, pues se podría deber a los operativos contra la minería ilegal, el gran flagelo del sector. Una rama de la economía que produjo 1’987.086,03 onzas de oro en 2016, según estadísticas del Banco de la República.

El ministro de Minas, Germán Arce, reveló hace dos semanas en el congreso de la ACM que el 30 % de Colombia tiene presencia de minería ilegal, lo cual además de afectar el medio ambiente crea una atmósfera de competencia desleal contra los mineros. Además, comenta que se requiere más control por parte de los alcaldes y las autoridades regionales, pues por ejemplo en Chocó ha ingresado maquinaria de más de 10 toneladas en la selva.

Por su parte Andrés Restrepo Isaza, presidente del Grupo Mineros, comentó que “la explotación de oro de manera legal, o por lo menos la de nuestra empresa, que extrae más de 100.000 onzas en la operación de El Bagre y 20.000 onzas en Zaragoza, se ha mantenido estable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de la explotación de este metal se da de manera legal, por lo que es probable que esa sea la producción que cayó”.

Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), anota que “esta situación es muy llamativa y al contrario de lo que se podría pensar a primera vista, es una buena noticia para el país, en la medida en que las restricciones y controles para frenar la explotación ilícita de minerales parece que están teniendo resultados”.

Asimismo, Ángel comentó que “la producción de oro formal de empresas afiliadas a la ACM creció 10 % en el primer trimestre de 2017, pasando a representar 13 % de la producción nacional. Sin embargo, vemos que la caída en la producción de oro ocurre principalmente en las regiones de mayor presencia de extracción ilícita del mineral: Chocó, Antioquia y Nariño. De esta forma podemos pensar que la caída en la producción de oro, que a su vez afectó de manera significativa el crecimiento del sector minero en el PIB durante el primer trimestre del año (-2,7 %), es una noticia positiva como consecuencia de los mayores controles sobre la extracción ilícita del mineral”.

El Espectador habló con un empresario con más de 35 años de experiencia en el mundo de la minería ilegal y quien pidió no ser citado por motivos de seguridad: “Hay que leer con cuidado el dato de producción de oro. Para empezar, hay que entender que los mineros legales están demasiado desmotivados con la inseguridad jurídica. Mientras soportan los costos de mantener la operación, deben enfrentar cientos de regulaciones, de sobrecostos y medidas ambientales que pueden salir de la nada. He presenciado como propietarios de operaciones mineras legales deciden entrar en la ilegalidad por esta situación”.

También advierte que “si bien reconozco que he visto que se han realizado operativos, en lo personal no he sentido que las mineras ilegales hayan bajado la producción. En el sur de Bolívar se mantiene todavía muy activo el problema. Lo que presiento que está pasando es que el oro lo están guardando hasta que el precio de la onza supere los US$1.300. En los primeros tres meses del año, la cotización del metal se mantuvo por los US$1.200, pero apenas supere de nuevo los US$1.300, muchos mineros ilegales venderán todo lo que tienen guardado”.

Otro de los datos que llama la atención es que, pese a la caída de la producción, en el primer trimestre de 2017 las exportaciones de oro y sus derivados prácticamente se duplicó tanto en peso como en valor según el DANE, pasando de sumar US$221,2 millones en el primer trimestre de 2016 a US$429, 8 millones en los primeros meses de este año. Además, pasaron de 7 toneladas a 14 en el mismo período.

El ministro de Minas prefirió no referirse a la caída de la producción de oro ni atribuírsela a la lucha contra la minería ilegal e indicó que esperará futuros informes para confirmar o refutar esta hipótesis. Indicó que no quiere dar un falso positivo. Por lo que solo queda esperar si la caída en la producción de oro es una buena noticia disfrazada de mala, o si solo es un período de espera para los productores que desean mejores precios.

Fuente: Elespectador.com

Tunel de esmeraldas en Muzo - Foto paisminero.coLa empresa operará la explotación de las piedras preciosas cerca a Muzo en Boyacá.

Compañía lidera plan de formalización en zonas auríferas. Habla el vicepresidente de Sostenibilidad.

Cerca de 450 mineros informales de Buriticá (Antioquia) están prácticamente listos para comenzar a ejercer prácticas bajo altos estándares de sostenibilidad en la región, en un proceso que lidera la compañía Continental Gold.

El vicepresidente de Sostenibilidad de esta compañía, Julián Bernardo González, habla del proyecto.

¿Cómo está la actividad exploratoria para la empresa?

La situación del sector minero, y en especial del oro, no ha sido la mejor en el último periodo. La minería es el ‘niño feo’ para todo el mundo. Algunos queremos hacer las cosas bien, pero muchos las hacen mal y la cobija le cae a todo el mundo por igual. El boom de la exploración se ha mermado bastante. En nuestro caso, en la mina de Buriticá, estamos en exploración avanzada, pero la geología indica que es un sector de una alta calidad de oro y, para fortuna, no está localizada en zonas como ríos, reservas o páramos.

Esto da facilidad, pero abre las puertas a la minería informal y los problemas que se generan alrededor.

¿Qué nivel de recursos han invertido?

Hasta el momento hemos invertido cerca de 140 millones de dólares en exploración, desde el 2009.

¿Cómo han involucrado la formalización?

Hace dos años Buriticá tenía 6.500 personas, y en este momento se estima que hay entre 12.000 y 14.000.

La población flotante hace colapsar los servicios públicos y al pueblo.

También, el minero ilegal e informal no llega con el comportamiento del ciudadano ejemplar, situación que afecta a la población campesina, ante lo cual, con las autoridades, lideramos la Ley del Mercurio para tener un proceso de formalización y generar empleo de calidad en la región.

¿Qué fases tiene este plan?

El programa ya arrancó, y reúne a unas 450 personas y 8 asociaciones.

¿Qué implicaciones tiene el proceso?

Cuando estén formalizados, ellos son responsables de cumplir unas obligaciones.

Tenemos un equipo dedicado a que las asociaciones cumplan con todas las normas, pues cuando les hablamos de tener seguridad social no sabían lo que era.

¿Qué metas tienen?

Ellos no están produciendo oro, pero están haciendo inversiones para su capacidad.

Han conseguido plata para tener sus minas cumpliendo todos los estándares.

No podemos ser responsables de un tema ambiental, Tenemos que estar pendientes de que cumplan estas medidas, dándoles soporte técnico, social y económico.


Fuente: Eltiempo.com

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Federico César Gamarra, es uno de los investigadores con más experiencia de campo en temas de desarrollo rural y experiencia en proyectos de desarrollo para la Minería artesanal. En su carrera ha hecho parte de forma activa en la formulación de Planes Estratégicos participativos de Desarrollo, Planes Operativos y Presupuesto Participativo a nivel Municipal y Regional.

En la actualidad es el coordinador operativo de los proyectos de ‘RED SOCIAL’. Estuvo de vista en el país para participar como conferencista en panel “Minería y Conflicto Armado en Territorios Étnicos” organizado por la Unidad de Restitución de tierras que tuvo lugar el pasado viernes. En entrevista con El Espectador, habló de la necesidad de crear dispositivos que diferencien claramente la minería ilegal de la informal.

El proceso de restitución de tierras que adelanta el gobierno mediante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), es una de las apuestas por la paz que tiene el actual gobierno. ¿Qué opina de dicho proceso?

Tengo una impresión muy positiva, me parece clave que Estado y la sociedad tengan en claro que las personas afectadas, sobre todo por el conflicto armado necesitan ser reparadas porque sus derechos fueron vulnerados, y que sus derechos deben ser restituidos. Este es un aspecto sumamente clave.

Usted fue uno de los principales conferencias en el panel “Minería y Conflicto Armado en Territorios Étnicos” organizado por la URT. ¿Cuál es su balance?

El foro es un espacio de discusión fundamental, sobre todo porque hay muchas cosas que las personas desconocen o no conocen muy bien, tienen muchos prejuicios frente al procesos, por eso dichas dudas se deben aclarar. También se deben generar espacios de diálogo.

¿Se puede conciliar el desarrollo económico y la preservación de las prácticas culturales de los pueblos originarios?

Yo creo que para mirar hacia el desarrollo se tienen que operar cambios en todos los actores, es cierto que han existido experiencias muy nefastas en los empresarios mineros en América Latina.

Es necesario que ellos también vayan cambiando y de hecho yo he venido observando donde han existido experiencias que van cambiando, no sólo han adquirido el compromiso de cumplir la ley sino también de practicar una responsabilidad social.

Hay otro grupo de empresas que están trabajando en otro punto de orientación, en una política de enclave, entonces, hay que llevarlo a la práctica. Obviamente si tú dejas que los empresarios se propasen, van a avanzar y van a atropellar los derechos de los demás.

¿Qué se debe propiciar en las comunidades?

Debemos generar una búsqueda por el desarrollo sin tergiversar las bases de su identidad cultural, eso también corresponde a sus líderes enfrentar como avanzar en ese proceso. Hay que operar cambios para mirar el futuro como optimismo.

¿Cuál es la tarea del Estado y del Gobierno?

La tarea del Estado, del gobierno y de las comunidades es poner reglas: ‘sí quieres explotar un producto extractivo, debes cumplir estas normas’, y las empresas van a entrar en dichas lógicas.

No se puede generalizar la actuación de las transnacionales porque hay un código de ética por ejemplo, de las 20 empresas que se encargan de la explotación de oro tienen un código de ética, que puede ser declarativo o puede ser práctico, pero todo depende del país en que intervienen, y han expulsado a algunos miembros por no cumplir dicho código. Entonces no podemos hablar de una sola posición sino que existe una interacción.

En el foro, muchos de los asistentes se refirieron de manera reiterada a la necesidad de una ‘reforma agraria’ para consolidad la paz. Una transformación socioeconómica propuesta desde hace décadas, y que la Unidad de Restitución de Tierras ha venido abonando, sin ser propiamente una reforma agraria radical. ¿Qué tan necesaria es una reforma agraria en el país?

Si bien la reforma agraria es una bandera de los procesos de izquierda, todos los países del mundo han pasado por una reforma agraria, es por ello que yo la considero necesaria.

Ahora hay que reflexionar sobre ella, cómo se realiza y en qué condiciones, no se puede reproducir el modelo de los países antidemocráticos, donde el Estado controla todo, ese esquema ya caducó. Hay que desarrollar las ideas de reafirmación de la democracia, del desarrollo económico de nuestros pueblos.

¿Cuál es diagnóstico de la minería artesanal en el país?

No podemos dejar de mirar los problemas de la minería artesanal. Por ejemplo una vez escuche como una minera del Chocó se sumergía en las aguas del río, pero lo hacía con una piedra en la nuca, son situaciones muy duras, ‘no podemos decir, es minería artesanal y dejarlo así’.

También hay que evaluar cuales son las limitaciones y cuál es el impacto en las personas, para que la misma comunidad discuta y desarrolle estrategias de mejoramiento de esto.

La minería ilegal es uno de los problemas más álgidos que enfrenta la realidad nacional. ¿Cómo debería proceder el gobierno en su lucha contra las bandas criminales, sin criminalizar otras prácticas de minería como la artesanal?

El tema de fondo es conocer el dispositivo que califica a las personas que practican la minería de ilegal, no podemos darles a todos ese calificativo, porque hace referencia a un delincuente. Debemos separar a aquellos que son ilegales, a los que requieren un plan de formalización.

Con los ilegales no hay posibilidad de negociación, hay necesidad de reprimir, pero lo realmente importante es generar los que los dispositivos que separen al informal del ilegal, que a su vez sean claros, porque a veces con una política y una legislación no muy clara se afecta a todos los sectores sociales, y eso es lo que se debe evitar.

El informal es quien está en por fuera de la legalidad pero puede aspirar a ella. Y el ilegal es que tiene una práctica que no podrá legalizar jamás.

¿Cuál debería ser la participación de la comunidad en el proceso de restitución de tierras?

A partir de la aplicación de unos dispositivos muy específicos, se está poniendo en la agenda una profunda problemática social que está afectando a miles de ciudadanos en el país. Esto es algo que no se debatía hace años, se deben abrir más espacios de discusión local y regional. Para poder consolidar un tejido social más sólido.


Fuente: Elespectador.com


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El estudio 'Brújula minera' muestra que El Cerrejón sigue siendo la compañía con mejor reputación.

Un bajo reconocimiento de las empresas mineras del país entre los ciudadanos fue uno de los resultados que arrojó el reciente estudio ‘Brújula minera’, del Centro Nacional de Consultoría, en el cual se observa que hay una crisis reputacional profunda en esta industria.

Los resultados revelan que de los 2.400 encuestados para la investigación, el 52 por ciento en los municipios mineros dijeron no conocer ninguna entidad del renglón; entre tanto, el 61 por ciento en sitios no mineros respondieron desconocer alguna de estas compañías.

En la presentación del informe, este jueves, en las instalaciones de Casa Editorial EL TIEMPO, Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, dijo: “Las empresas, para ser más relevantes, deben comenzar a contar las buenas prácticas que están realizando en las regiones, para lograr una mayor visibilidad dentro de la población y ganar así aceptación entre los ciudadanos”.

El estudio revela también que mientras que los colombianos consideran que la minería es positiva para el país, menos de la mitad, un 37 por ciento en los municipios no mineros y un 44 por ciento en los mineros, tienen una imagen favorable de las empresas mineras.

Del mismo modo, advierte que la confianza de los ciudadanos hacia estas organizaciones y los gremios que las representan es baja. De una calificación de 1 a 10, las firmas mineras obtienen en los municipios mineros un 5, mientras que en las localidades no mineras logran tan solo un 4,8. Entre tanto, los gremios consiguen en los municipios mineros una calificación de 4,8 y en los no mineros, un 4,6.

Carlos Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría, invitó al sector para que se haga más visible, y en este proceso las firmas mineras deben dar a conocer tanto las falencias como los aciertos que tienen con las comunidades y la coordinación institucional que desarrollan con estamentos públicos y privados.

La viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, señaló que “una imagen negativa del sector es perjudicial para todos. Para las grandes compañías que sostienen el ingreso nacional minero, hasta los más pequeños, que, a pesar de hacerlo bien, se ven afectados por una percepción negativa distante de la realidad. Y, de paso, también nos perjudica a nosotros”.

La información recopilada por ‘Brújula minera’ sirvió también para identificar las empresas con mejor reputación en el mercado colombiano.

En los primeros cinco lugares se mantienen Cerrejón, Cerro Matoso, Drummond, Mineros S. A. y AngloGold Ashanti.

Las compañías con mejores prácticas ambientales, según los directivos mineros, son Cerrejón, Mineros, Cerro Matoso, AngloGold Ashanti y Drummond. Mientras que para las autoridades del Gobierno son Cerrejón, en primer lugar, seguida de Cerro Matoso, Mineros S. A., Drummond y Holcim.

Y las que tienen las mejores prácticas en responsabilidad social son Cerrejón, Mineros S. A., Cerro Matoso, Grupo Argos y Milpa, según los directivos. Para las autoridades del Gobierno, este ranking lo lidera Cerrejón, seguida por Cerro Matoso, Cementos Argos, Mineros S. A. y AngloGold Ashanti.


Fuente: El tiempo

Santiago Ángel presidente de la Asociación Colombiana de Minería, manifestó en forma contundente que la minería ilegal le ha “cogido ventaja “al país, rechazo las amenazas que se están dando a las personas que trabaja en empresas formales, y destaco que la minería es amiga de toda la minería que quiera convertirse a la legalidad.

Debemos rodear a la industria, estas amenazas atentan contra el mínimo derecho a la vida, al trabajo y a las dignidades más básicas, la ACM rechaza vehementemente este tipo de amenazas, no podemos permitir que unos bandidos conviertan una actividad ancestral en una actividad criminal, también agradeció a la fuerza pública, por la decisión de actuar en el territorio.

El dirigente hizo un llamado por un “Pacto Nacional por la Legalidad”, debemos repudiar como colombianos las acciónese criminales que dañan nuestros ríos, que empobrecen el trabajo, es muy importante que expidamos la ley contra la minería criminal, el gobierno cuenta con el apoyo de la minería formal, hay que ponerle un freno a una actividad que está presente en aproximadamente 300 municipios, y que le ha costado más de 200.000 millones de pesos en evasión de renta a la nación y causando un enorme daño ambiental. también pidió a los medios de comunicación ayuda para adelantar la cruzada para impulsar “El pacto Nacional por la minería para lograr la legalidad en nuestros territorios”.

El dirigente gremial afirmo que los panfletos y las amenazas están circulando en las regiones mineras y que algunos se hacen llamar ‘Autodefensas Gaitanistas’, pero que será la autoridad la que investigue y determine de donde provienen estas amenazas.

La minería ilegal en oro puede alcanzar el 80% de la producción, las cifras oficiales hablan de 1.904.000 onzas producidas al año, pero por otro lado las grandes empresas que pueden certificar el origen de su producción y representadas por la ACM reportaron una producción de 224.000 onzas al año, Según Ángel, podría haber un 8% de producción entre pequeños mineros de barequeo principalmente, lo que rodearía un 20% de Producción legal, el otro 80% “nadie ha podido explicárnoslo” concluyó.

La paz territorial es imprescindible para el postconflicto, y la minería criminal es el flagelo que se constituye en el mayor riesgo para la paz, es muy importante el control de esta actividad para que la paz territorial se consolide. Se requiere un pacto nacional en contra de la minería criminal, que dotemos de todas las herramientas jurídicas, policivas, de investigación, etc., a las autoridades para hacer un frente contra la ilegalidad.

En el tema de cifras la ACM a través de su presidente, presentó el comportamiento de los últimos datos sobre los principales minerales desde diciembre a la fecha, se observa un aplanamiento de los precios, lo que permite formular la pregunta si se tocó fondo y se puede ver “luz al final de túnel”, aunque algunos analistas prevén una profundización de los precios en el II semestre.

La ACM revelo sus cifras de producción al primer trimestre del año, donde el carbón produjo 7.9% menos que el primer trimestre del 2015, la producción en este trimestre se ubicó en 19, 7 millones de toneladas, lo cual hace prever que la cifra al total del año puede ser levemente inferior en producción que el año anterior.

El níquel también descendió frente al 2015, su producción fue de 9.8 miles de toneladas, es decir tuvo un decrecimiento de 7,5%.

El Oro aumento su producción en un 19,8% llegando a 63,3 miles de onzas.

Según cifras suministradas por el DANE las exportaciones mineras cayeron un 32.1% en el primer trimestre de 2016, mientras que las ventas de carbón y níquel disminuyeron un 36, 1% y 54,25 respectivamente, debido a los bajos precios y volumen de material.

La buena noticia estuvo por el lado de las esmeraldas y el Oro que registraron variaciones positivas cercanas al 48% y 20% en su orden, al ascender da USD 221 millones y USD 37 millones respectivamente para el primer trimestre.

Santiago Ángel, presidente de la Asociacion Colombiana de la MineriaSantiago Ángel presidente de la Asociación Colombiana de Minería, manifestó en forma contundente que la minería ilegal le ha “cogido ventaja “al país, rechazo las amenazas que se están dando a las personas que trabaja en empresas formales, y destaco que la minería es amiga de toda la minería que quiera convertirse a la legalidad.

Debemos rodear a la industria, estas amenazas atentan contra el mínimo derecho a la vida, al trabajo y a las dignidades más básicas, la ACM rechaza vehementemente este tipo de amenazas, no podemos permitir que unos bandidos conviertan una actividad ancestral en una actividad criminal, también agradeció a la fuerza pública, por la decisión de actuar en el territorio.

El dirigente hizo un llamado por un “Pacto Nacional por la Legalidad”, debemos repudiar como colombianos las acciónese criminales que dañan nuestros ríos, que empobrecen el trabajo, es muy importante que expidamos la ley contra la minería criminal, el gobierno cuenta con el apoyo de la minería formal, hay que ponerle un freno a una actividad que está presente en aproximadamente 300 municipios, y que le ha costado más de 200.000 millones de pesos en evasión de renta a la nación y causando un enorme daño ambiental. también pidió a los medios de comunicación ayuda para adelantar la cruzada para impulsar “El pacto Nacional por la minería para lograr la legalidad en nuestros territorios”.

El dirigente gremial afirmo que los panfletos y las amenazas están circulando en las regiones mineras y que algunos se hacen llamar ‘Autodefensas Gaitanistas’, pero que será la autoridad la que investigue y determine de donde provienen estas amenazas.

La minería ilegal en oro puede alcanzar el 80% de la producción, las cifras oficiales hablan de 1.904.000 onzas producidas al año, pero por otro lado las grandes empresas que pueden certificar el origen de su producción y representadas por la ACM reportaron una producción de 224.000 onzas al año, Según Ángel, podría haber un 8% de producción entre pequeños mineros de barequeo principalmente, lo que rodearía un 20% de Producción legal, el otro 80% “nadie ha podido explicárnoslo” concluyó.

La paz territorial es imprescindible para el postconflicto, y la minería criminal es el flagelo que se constituye en el mayor riesgo para la paz, es muy importante el control de esta actividad para que la paz territorial se consolide. Se requiere un pacto nacional en contra de la minería criminal, que dotemos de todas las herramientas jurídicas, policivas, de investigación, etc., a las autoridades para hacer un frente contra la ilegalidad.

En el tema de cifras la ACM a través de su presidente, presentó el comportamiento de los últimos datos sobre los principales minerales desde diciembre a la fecha, se observa un aplanamiento de los precios, lo que permite formular la pregunta si se tocó fondo y se puede ver “luz al final de túnel”, aunque algunos analistas prevén una profundización de los precios en el II semestre.

La ACM revelo sus cifras de producción al primer trimestre del año, donde el carbón produjo 7.9% menos que el primer trimestre del 2015, la producción en este trimestre se ubicó en 19, 7 millones de toneladas, lo cual hace prever que la cifra al total del año puede ser levemente inferior en producción que el año anterior.

El níquel también descendió frente al 2015, su producción fue de 9.8 miles de toneladas, es decir tuvo un decrecimiento de 7,5%.

El Oro aumento su producción en un 19,8% llegando a 63,3 miles de onzas.

Según cifras suministradas por el DANE las exportaciones mineras cayeron un 32.1% en el primer trimestre de 2016, mientras que las ventas de carbón y níquel disminuyeron un 36, 1% y 54,25 respectivamente, debido a los bajos precios y volumen de material.

La buena noticia estuvo por el lado de las esmeraldas y el Oro que registraron variaciones positivas cercanas al 48% y 20% en su orden, al ascender da USD 221 millones y USD 37 millones respectivamente para el primer trimestre.

paisminero.co

Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, considera que abrir nuevas áreas para la explotación del mineral puede ser riesgoso para el país y advierte que el cambio climático colombiano es un asunto que no puede ser pasado por alto.

Cuando Jeffrey Sachs habla, la gente lo escucha. Así sucedió este jueves en Cartagena, cuando el profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y director del Instituto de la Tierra, se dirigió a los delegados que asisten a la Convención Bancaria.

En su intervención, el experto internacional tocó temas como la pobreza, la innovación o la desigualdad, pero hizo sobre todo énfasis en el cambio climático, al cual Colombia debería prestarle mucha atención, en su concepto.

Por su trabajo en este campo, el académico fue informado de que es el próximo recipiente del prestigioso premio Planeta Azul que le será entregado en Tokio en octubre. Sobre este y otros temas, Sachs habló en exclusiva con Portafolio.

¿Cuál es su visión de la economía global?

Como un todo, es el periodo más normal desde 2008, porque las cosas están volviendo a su cauce. Pero hay una gran incertidumbre, y es cómo Europa maneja la crisis griega. Frente a esto hay decisiones muy importantes que tomar.

Considero que sería un error si Grecia es forzada a salir de la Zona Euro, pues habría repercusiones negativas no solo en el Viejo Continente, sino en todo el planeta.

¿Qué tanto le debería preocupar a Colombia la crisis griega?

Si Grecia cae en una moratoria de su deuda -algo que puede pasar si Alemania sigue con una postura intransigente-, no sería solo una crisis nacional, sino que se extendería a la Zona Euro. También habrá unas presiones sobre otros países que son percibidos como débiles en esa región, porque cuando se tiene presión en una unión obligatoria y uno de sus miembros sale o se pone en riesgo, se afecta la confianza. Europa es uno de los tres centros de la economía global y se está desempeñando relativamente mal. La recuperación empezó el año pasado, pues el Banco Central comenzó a actuar en una forma más coherente. No obstante, un escenario como el que describo generaría tempestades que se sentirían en todas partes, incluyendo a América Latina.

¿Qué otros elementos destaca de lo que pasa a nivel global?

El resto del mundo está creciendo a una tasa razonable. Asia se ha desacelerado, pero China todavía avanza al 7 por ciento. En cuanto a la caída en los precios de las materias primas, ha afectado a países exportadores como Colombia, pero no es un gran choque en todo el planeta.

En general, las políticas monetarias de los bancos centrales son expansivas y por eso las condiciones de liquidez se mantendrán vigentes. Las acciones están en niveles de precios altos. Hay un montón de negocios, con compras, fusiones y emprendimientos, de manera que no creo que estemos en una crisis, sin desconocer la situación de Grecia. Pero si se adoptan políticas sensatas y modernas, la economía global recuperará el rumbo en el mediano plazo.

¿Qué le inquieta?

Sobre todo los asuntos de largo plazo: el cambio climático, la pobreza extrema, la inequidad. No son temas macro ni se resuelven de un año a otro, ni tampoco en una década.

El mundo está negociando tres grandes acuerdos en los próximos meses, uno es para el desarrollo financiero sostenible, otro es la adopción de metas en crecimiento sostenible y el tercero es una negociación sobre cambio climático, que es importante para cambiar la perspectiva global. De todas maneras, la situación no es tan mala y creo que en el largo plazo hay retos, pero también oportunidades.

¿Comparte la impresión de que América Latina perdió sus años de esplendor?

La región crece más lento porque los términos de intercambio se deterioraron, pues es el mayor exportador de alimentos y minerales del mundo. Esos precios habían estado en niveles récord durante la última década, pero las supercondiciones ya no están, porque las cotizaciones de las materias primas cayeron, y el crecimiento alto de China –que sobrepasó el 10 por ciento– no va a volver.

Pero en conjunto, soy optimista frente a la región y considero que esta no es proclive a caer en una crisis profunda. En la última década se han hecho avances en inversión y en educación, pero hay preocupaciones, como pasa con la situación política en tres de los grandes países: Brasil, Argentina y Venezuela. Al tiempo, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, la mayoría de Centroamérica y México tienen asuntos estructurales para resolver, pero han sido bien manejados y deberían seguir progresando.

¿Cuáles son los desafíos?

La estructura productiva debe depender menos de los bienes primarios y tiene que ser más diversificada y basada en la tecnología. Después de un boom de materias primas, que fue muy importante es claro que ahora no se está sintiendo muy bien, pues los presupuestos se han apretado. Hubo muchas buenas noticias en la región en el pasado reciente y si bien ya no son tantas, soy optimista todavía.

¿Por qué el cambio climático es prioridad?

Es un tema clave. Nuestras investigaciones muestran que es un asunto que debe tomarse en serio porque existen muchos riesgos, como que el nivel de los océanos está aumentando. Pero ha sido difícil enfocarse en eso, porque hay otros factores que despiertan más interés. Aunque no es fácil llegar a consensos, el reto es encontrar nuevas formas de hacer negocios, organizar las ciudades y generar energía en forma distinta, favoreciendo fuentes limpias y renovables.

El carbón es el tercer producto de exportación de Colombia...

Existe consenso en que hay muy poco futuro para el carbón. No es algo inmediato pero pasará. Es una gran preocupación, y solo se mantendrá si se crean tecnologías para utilizarlo en forma limpia. Creo que abrir nuevas áreas para la explotación de carbón será riesgoso para el país, incluso desde el punto de vista netamente financiero. Colombia debe estar alerta de que el mundo se moverá lejos del carbón. Eso está pasando en Estados Unidos, que es el mayor socio comercial colombiano.

Si Colombia no tiene futuro en carbón y sí en otras energías, ¿a qué se refiere?

Hay potencial en energías renovables. En el país buena parte de la generación es hidroeléctrica y hay muchas oportunidades de desarrollar nuevos proyectos en la zona andina. También debo mencionar posibilidades en geotermia, al igual que en energía eólica y solar en el Caribe. Eso requiere evaluaciones ambientales muy profundas, pero no dudo de que las posibilidades están ahí.

¿Cómo hacerlo?

Le sugiero al Gobierno que haga un estudio serio con los mejores científicos e ingenieros del país sobre las fuentes de energía renovables, qué se puede hacer para usarlas, y cómo se pueden almacenar lo que se genere.

Una buena ingeniería es el siguiente paso pero, como hay riesgos, es necesario combinarla con expertos en clima. De todas formas, el futuro es prometedor e incluso Colombia puede no solo proveer su propia energía, sino que puede ser un exportador muy importante. Para hacerlo, la tecnología existe y aunque aún no es comercial, en algunos años podrá serlo. Menciono por ejemplo la opción de capturar el dióxido de carbono y producir combustibles líquidos que no sean fósiles, sino sintéticos.

¿Cómo ve la lucha contra la pobreza sobre la que tanto ha escrito?

Nadie tiene una varita mágica para hacer que todo el mundo pase a pertenecer a la clase media en el 2030, pero sí se puede reducir la pobreza extrema a cero. Y ese debe ser el foco porque esa es la pobreza que mata: cuando no se tiene acceso al agua potable, a la alimentación básica, a la salud. Y esto tiene que acabar, para lo cual se requiere voluntad.

Eventualmente, las fuerzas del mercado deberían hacer desaparecer la pobreza extrema, pero eso tomaría décadas porque muchas de esas personas ni siquiera hacen parte del sistema de mercado. Por eso señalo que no hay que depender del crecimiento económico para realizar las tareas que hagan falta. No es fácil porque muchos de los ricos no están de acuerdo en destinar algo de sus recursos para eliminar la miseria, pero es un tema de voluntad porque al final de cuentas no es algo que puedan resolver los economistas y ni siquiera el Papa. Esta es una obligación moral de la humanidad.

O sea que no se trata de dinero...

El problema no es el dinero, aunque claro que se requiere y hay mucho disponible. Creo que al menos el 1 por ciento de los recursos del segmento de altos ingresos bastaría para lograrlo, pero eso no es fácil de lograr. Me impresiona que en las sociedades más prósperas es más fácil conseguir fondos para la guerra, que al final no deja nada, que para este propósito.

La inequidad está creciendo en el mundo y Latinoamérica ha mejorado pero todavía le falta mucho...

Mirando el coeficiente de Gini, que es el mejor indicador individual, se ve que en los países escandinavos este es de 0,3, mientras que en Colombia supera el 0,5 y en Estados Unidos está entre 0,45 y 0,5 por ciento, lo que es alto para un país de ingresos elevados.

La estrategia es preguntarse si un niño que nace en un hogar pobre tiene oportunidad de avanzar en la escala social o si va a ser pobre. En Estados Unidos la respuesta es que sí hay una alta probabilidad de que quien nace pobre se mantenga pobre.

¿Qué se puede hacer?

El acceso a nutrición y educación para cada niño es el punto de partida. Y si no se tiene todo lo que uno desea, al menos un mínimo de buena educación secundaria y alguna formación adicional. De lo contrario, los únicos trabajos disponibles no serán suficientes para salir de la pobreza. Esto es resultado de otras inequidades en mercados, en calidad de vida, en poder político. Hay que preguntarnos cómo veremos a la sociedad en quince años. En Suramérica las cosas han ido en la dirección correcta, especialmente porque la gente de origen pobre puede acceder a mejor educación, pero como un todo la calidad del sistema educativo no es buena y hay muchas brechas en esa materia.

¿Eso explica el rezago en innovación?

Cuando uno mira las comparaciones internacionales, América Latina no ocupa un lugar alto. Las diferencias son grandes en materia de matemáticas y ciencias con los países asiáticos. Hay una gran tradición en esta región de producir buenos artistas, literatos y diplomáticos, pero no científicos ni ingenieros. Los profesionales sobresalen en otros campos. Y la innovación comienza con las ingenierías.

¿Cuál es su visión sobre Colombia?

Este es un país que quiero mucho. Tiene mucho potencial, es diverso, cuenta con varias ciudades grandes que pueden ser de clase mundial y él ha estado bien manejado por años, con gobiernos que han sabido lidiar con crisis muy complejas.

Pero la paradoja es que si bien es uno de los países más moderados de la región en términos políticos, ha sido el que ha tenido la violencia más profunda en su historia. Y eso no es excusa porque la mayoría de problemas que uno ve aquí están en otras naciones. Todos los esfuerzos que se hagan para mejorar en este frente, serán un gran impulso para el país.

¿Cuál puede ser el dividendo de la paz?

La paz siempre va a tener dividendos, empezando por la disminución del sufrimiento a nivel individual, que es incuantificable. En el plano económico, Colombia había sido vista como peligrosa para la inversión y esa imagen ha cambiado marcadamente en la última década. No obstante, si el conflicto acaba como producto de una negociación vendrá un impulso enorme. Eso atraería a muchas empresas de afuera que verán las posibilidades que tiene una nación diversa con un mercado interno que es importante.

Fuente: Portafolio.co / Ricardo Ávila Pinto

En su opinión, el régimen de regalías es regresivo ya que la utilidad operacional disminuye con el nivel de precios.

En diálogo con Portafolio, el exministro dice que es conveniente migrar hacia un régimen basado en la utilidad y con tasas progresivas según el nivel del margen operacional, como sucede en Chile para las empresas grandes; y en Perú, especialmente para compañías con contratos de estabilidad jurídica.

¿Por qué reformar el actual régimen de regalías?

Porque desestimula la exploración, principalmente en un periodo de precios bajos como el actual. Además, conduce a no buscar, ni desarrollar, minas o yacimientos de baja rentabilidad. Esto lleva al desmonte o abandono prematuro de los proyectos.

¿Cuál es la principal falla del modelo?

El Gobierno no captura una fracción importante de las rentas obtenidas por los proyectos más lucrativo, ni en periodos de precios altos, lo que puede llevar a cambios discrecionales e inconvenientes del régimen fiscal y contractual.

¿Cómo se traza la fórmula del modelo de regalías?

Las regalías en Colombia son proporcionales al valor de la producción en boca de pozo y no a la rentabilidad de los yacimientos. Esto resulta muy costoso para los depósitos o vetas de poca rentabilidad, o en momentos de precios bajos. Incluso, las mismas compañías productoras pierden porque pagan unas regalías muy altas.

¿Por qué es una desventaja para las empresas del sector minero y petrolero?

Es una carga muy fuerte para las compañías mineras y petroleras, tanto en los años malos como en los primeros de producción, ya que reciben muy poca utilidad o no la tienen. 

¿Cómo afecta al sector minero energético?

Desde el punto de vista de la inversión se presenta un desestímulo en la exploración, porque no se buscarían proyectos de rentabilidad mediana o mínima. Más en periodos de precios bajos. Se pierde mucho desarrollo y producción en el sector por el mal diseño del modelo.

¿Y en utilidad operacional?

El régimen colombiano es regresivo. La participación de las regalías en la utilidad operacional disminuye con el nivel de precios y con el margen operacional.

¿Cómo queda la Nación?

Sin tener utilidades las empresas deben pagar regalías. Hoy, cuando los precios son altos o hay un proyecto que está generando ganancias, la Nación no obtiene una importante fracción porque no está participando de la rentabilidad, solamente de un valor calculado sobre los ingresos totales. 

¿Cómo opera el régimen de regalías en otros países de la región?

Para minería, en Perú, Chile o en la provincia de Alberta (Canadá) la fórmula de las regalías se calcula sobre la renta operacional. No, sobre el ingreso bruto.

A diferencia de Colombia, en momentos de precios bajos, se pagan menos regalías. Al contrario, cuando hay costos altos o el proyecto es rentable se pagan más regalías.

¿Cómo se aplica el modelo en Perú y Chile?

La aplicación del régimen peruano para las empresas con contrato de estabilidad o chileno para empresas grandes sería progresiva: la participación de las regalías en la utilidad operacional aumenta con el nivel de precios y del margen operacional.

¿Cómo se calculan las regalías mineras en Perú? 

Sobre tasas efectivas de 0% a 7,1% de acuerdo al tramo del margen operativo. Si el valor del 1% del monto de las ventas resulta mayor, este es el monto que se paga (regalía convencional).

¿Y en Chile?

Tomando como referencia la producción de cobre, en empresas pequeñas, hasta 12.000 toneladas no se pagan regalías. En compañías medianas, es decir, con una producción entre 12.000 y 50.000 toneladas, la tasa efectiva es de 0,04% a 1,93%. Y en las grandes, con producción mayor a las 50.000 toneladas, la tasa efectiva va del 5% al 14%, de acuerdo al tramo del margen operativo.

¿Por qué debe calcularse sobre la renta operacional?

La tasa debe ser gradual sobre el volumen de producción. 

¿Por qué este modelo debe ser aplicado en Colombia?

Porque está alineado con la rentabilidad de la empresa minera. Esto se convierte en un gana y gana, ya que las organizaciones pueden incentivar más la exploración, y la producción se puede desarrollar de forma racional. 

¿Y para el Gobierno Nacional?

Se presentará más exploración y producción. Esto significa más regalías. Y para un yacimiento en el valor presente, le puede ir mejor al Gobierno Nacional, porque cuando gane más en los años buenos puede compensarlo cuando hay años malos. 

¿Cómo se beneficiarían los municipios con este nuevo modelo?

Precisamente, teniendo en cuenta que podría haber una reacción adversa de los municipios a que se les bajara un poco las regalías, que están recibiendo hoy con precios bajos, mi propuesta es que ésta reforma se aplique para nuevos proyectos mineroenergéticos; o para ampliaciones importantes de los actuales. 

¿En carga impositiva por qué termina beneficiando a las empresas?

El impuesto a las regalías, como está establecido, es antitécnico porque grava mucho a las empresas en los años malos y al principio de la operación. Y en un año bueno, se gravan poco.
 

Fuente: Portafolio.co /Alfonso López Suárez

Dice el político, ecólogo y escritor peruano Ernesto Ráez Luna quien analiza el conflicto que ha traído a su país el avance de la minería ilegal. En diciembre Lima será la sede de la Cumbre del Clima 2014.

Es un problema mundial y definitivamente amazónico. Todos los países de la cuenca del Amazonas tienen minería ilegal de oro en mayor o menor grado, y por ese motivo, tanto en la Comunidad Andina –formada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia–, como en la Organización de Tratado de Cooperación Amazónica se han pasado resoluciones para colaborar entre países para tratar el problema de la movilización y el lavado de dinero a través del oro. Se sabe muy bien que los narcotraficantes están lavando sus ganancias a través de este metal precioso, que es mucho más fácil de tributar y producir, en realidad.

El nuevo director de Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, habla con franqueza de todos los debates que genera su sector.

Las grandes empresas mineras acaban de tomar el refrán de que la unión hace la fuerza. Por eso decidieron fusionar los tres gremios que los representaban (Asomineros de la Andi, la Cámara Colombiana de Minería y la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala) en uno solo. Su nuevo nombre es Asociación Colombia de Minería. El nuevo presidente será el abogado Santiago Ángel, conocedor del sector como pocos, y quien se desempeñó como Vicepresidente de Hidrocarburos y Energía de la Andi. En entrevista con Semana Sostenible, Ángel habla de las consultas previas, las licencias ambientales, los conflictos sociales y muchos otros debates que ha tenido el sector minero recientemente.

Semana Sostenible: ¿Por qué cerrar los gremios mineros que existían y crear uno nuevo?
Santiago Ángel: Lo primero que quiero aclarar es que esos gremios no fueron cerrados. Esta fue una idea de los empresarios para buscar fortalezas. Las grandes empresas se dieron cuenta que había un trabajo muy bueno, pero que la información estaba compartimentada y que como sector teníamos una vocería que no era única. Muchas veces era incluso duplicada o triplicada, y eso no permitía tener sinergias claras. La idea de la unificación tenía como fin buscar lo que fuera mejor para la industria.

S.S: ¿Esa unificación responde a la crisis por la que atraviesa el sector minero?
S.A: En parte se podría decir que sí. El sector no se estaba comunicando de forma clara con la sociedad y esta nueva asociación es una respuesta a eso. Pero yo no hablaría de crisis, porque lo que ha pasado no ha sido producto de un tema de decisiones sino de un tema de precios. Como se sabe los precios de las materias primas han bajado en el  mundo entero.

S.S: Es muy usual escuchar a los mineros decir que no entienden tantas críticas al sector cuando hace décadas que no hay un gran proyecto minero nuevo en operación. ¿Ustedes comparten esa percepción?

S.A: Eso no es una percepción es una realidad. No hemos tenido un proyecto grande en Colombia que se haya montado en los últimos 30 años. Los últimos fueron Drummond, Cerrejón, Cerromatoso, todos de la década de los 80. Hoy en día el país vive es de esos proyecto. Si se mira por regalías, Colombia recibe sobre todo del carbón y del oro. Pero ahí hay una particularidad. Las empresas legales, afiliadas a nosotros, no reportan más del 50 por ciento del oro que se extrae en Colombia. Entonces la gran pregunta es quién está  sacando el otro 50 por ciento. Eso es un hoyo negro que nadie ha podido responder.

S.S: ¿Y a qué cree que se debe ese hoyo negro de 20 años de no haber aprobado ningún proyecto minero?
S.A: Lo que pasa es que la minería en el mundo ha tenido una exposición mediática creciente. A eso se suma que el tema de cambio climático se lo han achacado a la minería, cuando no es así. Se sabe que es un fenómeno mundial. Pero eso ha hecho que esa ola verde haya crecido en el mundo y que la economía se haya acomodado. La industria hoy se mueve el vaivén de muchos elementos: China, las energías no convencionales, etc. Nosotros tenemos una geología altamente inexploarada. El apetito por Colombia es reciente. ¿Qué ayudó? La mejoría en los niveles de seguridad y muchas compañías comenzaron a mirar a Colombia. En ese momento los precios también ayudaban. Es decir, el “boom” es muy reciente.

S.S: ¿Reciente de los últimos 10 años?
S.A: De cierta forma. Hace 15 años no estábamos hablando de este tema como hoy. Pero lo que no podemos olvidar es que Colombia es un país con tradición minera. Los cuadernos de Simón Bolívar hablaban de la importancia de la minería para el país en ese momento. No se puede desconocer esa realidad. Lo que pasa es que esa minería no estaba en la opinión pública.

S.S: ¿Entonces a qué se le atribuye el freno a nuevos proyectos?
S.A: Yo creo que es un tema de coordinación. Estos proyectos tienen muchísimos frentes. El inversionista no mira el árbol, sino el bosque. Para que un proyecto minero salga adelante tiene que haber una especie de alineación de los astros. Primero la geología tiene que funcionar, el mineral tiene que ser extraíble y tener un precio que permita hacer el proyecto. A eso hay que sumarle que las comunidades dejen hacer el proyecto y que ambientalmente esté en regla. Y por último, que el tema de orden público también esté en regla. Es un mundo muy complejo.   Si una de esas variable son funciona, probablemente todo el proyecto no funcione. Por eso se dice que de cada 1.000 prospectos solo 10 son proyectos, y de esos solo uno se convierte en una mina.

S.S: ¿Ya que habla de las comunidades, cómo ven ustedes las consultas previas?  
S.A: Antes se decía que las consultas previas eran el coco del sector minero y que se hacían 300 consultas al año. La verdad es que la consulta previa es uno de esos instrumentos que hoy no tiene ni principio ni fin. No tiene un orden establecido ni un norte claro.

S.S: ¿Qué posición tienen de que las comunidades puedan decidir o no si hay minería en sus territorios?
S.A: La posición es la de la ley. No tiene más debate. La Corte Constitucional revisó dos veces el mismo artículo y ya zanjó el debate. No es de voluntad de las empresas. Nosotros acatamos la ley y en la ley las comunidades no pueden tomar esas decisiones.

S.S: ¿A ustedes el gobierno les ha consultado ese proyecto de ley?
S.A: No. Entiendo que el proyecto nunca salió a la luz pública. Lo que ha salido para nosotros son más chismes. No tenemos ninguna información.

S.S: ¿Y en temas ambientales, por qué han tenido problemas?
S.A: Ese es un tema muy complejo. Nuestro cuello de botella son las CAR. Hay proyectos que tienen que ir a dos CAR de dos jurisdicciones distintas. Cada uno dice cosas diferentes. Además hay otros trámites en el ministerio de Ambiente como las sustracciones de reservas forestales. Y por último, que al Instituto Von Humboldt le parezca que donde uno está no es un páramo. Los últimos debates que salen en los medios son sitios que están licenciados hace rato y no son páramos. Santurbán nos inventamos que era un páramo hasta ahora porque cuando a esa gente se le dio ese título nadie le dijo que era un páramo. Hay demasiadas autoridades para demasiadas decisiones.

S.S: Ya que habla de la delimitación de los páramos, ¿qué posición tiene su sector de que ese proceso no vaya más rápido?
S.A: Es un tema que perjudica mucho a toda la sociedad y no solo a los mineros. Lo que ha pasado con Santurbán por cuenta de esa demora es que se llenó de minería criminal que antes no existía. Allá están sacando el mineral sin ninguna técnica social y ambientalmente responsable. Ahora muchos de esos municipios aun no tienen definido su futuro. Su gente tenía empleo hace un año y hoy ya no tienen. No solo es la minería, es que en las áreas protegidas no se puede hacer agricultura, ni ganadería, tampoco. Los mineros lo que quieren es claridad. Lo que pasa ahora es que estamos echando los proyectos lentamente por esos temas. Todos los proyectos tienen que ver con los páramos, las áreas protegidas, como la estrella fluvial del Inírida donde ya había títulos, y eso genera mucha incertidumbre.

S.S: ¿Usted lo que quiere decir es que esa delimitación de ecosistemas tiene frenado al sector?
S.A: Le voy a dar un ejemplo. Hace un par de años salió una resolución diciendo que había unas áreas que por su importancia estratégica ecológica debían estar reservadas hasta que se hiciera la delimitación de esos ecosistemas (gran parte de la Amazonía y el Chocó biogeográfico).   Son 12 millones de hectáreas. Al año no hicieron nada. Y hace unos meses lo que hicieron fue prorrogar esa resolución. Eso es indefinición e incertidumbre.

S.S: Hace unos meses el Atlas de Justicia Ambiental determinó que Colombia era el segundo país del mundo con más conflictos ambientales del planeta. El 63 por ciento de estos generados por la minería. ¿Cómo explica esos resultados?
S.A: En Colombia tenemos una minería que es criminal. En las empresas legales esos bloqueos son casi nulos. Esa minería criminal es una realidad: envenena los ríos, genera las peores prácticas empresariales, hace todo tipo de barbaridades. Eso genera un conflicto social, pero es que eso no es minería. Nadie habla de productores de fármacos ilegales, se habla de narcotraficantes. Creo que llamar a eso minería nos ha hecho mucho daño. En segundo lugar, ¿cuáles son las fuentes de ese informe? Acá nos presentan una serie de documentos que no están sustentados. Hace unos años unos ambientalistas muy reconocidos hicieron un informe diciendo que Colombia era el país que más rápido entregaba licenciamiento. Yo me puse a revisar y la fuente era una profesora emérita y consultora internacional. Cuando chequeamos, no era emérita, ni era profesora. Era una estudiante de universidad que había escrito algo. Estamos llenando el debate público de cientos de mentira.

S.S: Entonces usted no cree que haya minería legal que produzca conflictos sociales.   
S.A: Claro que sí hay minería que produce conflictos sociales. Lo que no creo es que sea la gran causa de conflicto social en América Latina. Claro que hay conflictos sociales y hay que trabajarlas. Uno va a las empresas y ve que están trabajando. Pero si eso existe y es una realidad hay que remediarlo.

Fuente: Semana.com / Cristina Castro

*Periodista de Medio Ambiente de Revista SEMANA  


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El experto en temas de minería Miguel Santillana afirmó que el Gobierno “no tuvo los pantalones para hacer las cosas en su momento” y evitar que nuestras exportaciones caigan en más de US$2 mil millones producto no solo de la caída del precio de los metales, sino también por el retraso en la puesta en marcha de proyectos mineros.

Lamentó en este sentido que de un tiempo a esta parte se hayan postergado importantes decisiones referidas a este sector y al mismo tiempo haya aumentado el número de procesos administrativos para conseguir los permisos para dichos emprendimientos, dando como resultado la estrepitosa caída anunciada en la víspera por la ministra de Comercio Exterior, Magali Silva.

“Tienes 32 proyectos petroleros parados, los que suman más o menos 1,500 millones de dólares. Tienes proyectos mineros que no avanzan a la velocidad que deberían, entonces ahí tienes las consecuencias. Por más que lancen este paquete de medidas para reactivar la economía, eso recién va a dar resultados a partir del próximo año”, dijo a EXPRESO.

Cuestionó además que no se haya logrado poner freno a los movimientos antimineros, los que en su momento afectaron Conga y hoy tienen en vilo a los emprendimientos mineros Tía María, Río Blanco, Tambogrande, entre otros. “Lo que pasa es que este gobierno, para llegar al poder, hizo pactos con esta gente, esa es la verdad”, apuntó el economista.

Plataforma con miras a elecciones

Miguel Santillana alertó que, una vez que culmine el Mundial de fútbol y pasadas las Fiestas Patrias, aparecerán movimientos o frentes de defensa al interior del país buscando paralizar algún proyecto emblemático con el fin de que algunos puedan tener una plataforma política con miras a las elecciones municipales y regionales de octubre.

“Tenemos ahora movimientos en Puno, y entiendo que Walter Aduviri (dirigente antiminero aimara) quiere ser candidato”, comentó.
Aduviri junto a otros 35 dirigentes antimineros de Puno afronta un proceso penal por la quema de instituciones públicas y privadas a fines de mayo de 2011 en Puno, durante las protestas contra las concesiones mineras.

Fuente:ElExpreso.com.pe

Bogotá - La reforma a la institucionalidad pública del sector mineroenergético de 2012, estipuló varias metas para darle competitividad al sector. Aunque se han dado pasos clave, aún hay temas pendientes, como la completar la formalización minera y terminar varios proyectos estratégicos para el desarrollo de la actividad.

Es por eso que la nueva viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, priorizará en su gestión dos frentes: generar las herramientas y políticas que ayuden a acelerar los proyectos estratégicos del sector y formalizar más mineros. De esa, Ulloa agregó que se mantendrá el ritmo de un sector que transfirió $1,5 billones en 2013, es decir, lo que cuesta un programa de Familias en Acción al año.

¿Cómo va el camino para cumplir las metas?

Yo creo que las condiciones están dadas. Nuestros hitos son temas de infraestructura, y el centro del país, en donde la competitividad para ellos es diametralmente importante con vías terciarias, el ferrocarril. Así que creemos que se pueden hacer esfuerzos para cumplir las metas en 2015, si temas como Fenoco nos juegan a favor.

¿Cuál es la meta de 2015, en materia de carbón?

El ministro se ha sostenido en unas 105 millones de toneladas.

¿Cuáles son los frentes en los que va a enfocar su gestión?

Este Ministerio va a tener entre sus prioridades el apoyo a los pequeños mineros, para que se haga una minería bien hecha, que es la que nos genera esos recursos para los programas del Estado. También vamos a seguir en la política de formalización, lo que incidirá en las cifras y el lado social.

¿Qué se va a hacer en el tema de formalización?

Hay que recapitular que este Ministerio sufrió una reforma importante con la creación de la ANM y este viceministerio de Minas. Y allí se creó una dirección de formalización minera, pensado en que hay una tarea muy importante que hacer con la pequeña minería. Ya contamos con una política, y eso es muy importante. A mí me compete aplicarla, pero ya hay resultados. Sin embargo, es una problemática tan grande, que cuesta medirla.

¿Cuánto se conocerá esos resultados?
Esto es por pasos. Hay pequeños mineros con títulos que no cumplen con la reglamentación, entonces lo primero que debemos hacer es asegurarnos que lo hagan. Debemos trabajar en que cada uno de los escalones que se han identificado, sean medibles. Yo creo que el próximo año ya deberemos tener todas las cifras medibles, pero hasta ahora hemos hecho un trabajo gigante en capacitación.

¿Cuál es la meta que tienen?
Esas metas las vamos a plantear en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para decirle al país lo que vamos a hacer en cuatro años, tanto de forma interna, como a la luz pública.

¿Cuánto prevé que va a crecer la minería este año?
El producto Interno Bruto (PIB) ha estado en 2% en los últimos tres años, así que este año vamos apostarle a mantenerlo.

Las Opiniones:

Santiago Ángel
Presidente de la ACM
“Cualquier cosa que ocurra con este sector impacto el pib nacional, por eso debemos ser más competitivos”.

Fuente: Larepublica.co / Merian Araujo R.

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El Ministerio de Minas y Energía reiteró su llamado a desestigmatizar la explotación de recursos mineros y de carburos en el país, al tiempo que señaló que esta no es una industria ilegal y que se debe de frenar el miedo que actualmente se siembra en la comunidad.

El ministro German Arce señaló que un camino diferente al de las consultas populares es el de la firma de acuerdos de desarrollo sostenible los cuales, según reveló, ya se han logrado en 120 municipios del país, evitando que se convoque gente a las urnas luego de procesos en los que todos fueron convocados.

“Aquí lo que vemos es que en ocho municipios se ha dicho que no al desarrollo de la minería y en 21 más tenemos procesos en ejecución, sin embargo lo que no se dice es que en 120 la gente ha permitido la minería pero de forma responsable”, dijo Arce.

Este reporte fue entregado en el debate de control político que se realizó en la Comisión V del Senado, en el que la legisladora Maritza Martínez advirtió que existe una campaña de desprestigio y terror contra las consultas populares, las cuales según ella solo protegen los derechos de la comunidad.

“Se dice que la gente por reclamar lo que les pertenece ya están acabando con la economía y la verdad es que existen muchas alternativas, se les vulneran sus derechos y fuera de eso les quieren quitar la única posibilidad que han encontrado para reclamar soluciones a eso”, dijo Martínez.

En este debate también intervino Ecopetrol, que reconoció que han existido problemas en muchos procesos de explotación petrolera, los cuales señaló que se han venido corrigiendo con el fin de establecer un desarrollo sostenible y amigable con el medioambiente.

Fuente: rcnradio.com/

• A través de un incentivo económico para invertir en proyectos sociales, el Gobierno Nacional  estimula el cumplimiento de las metas de producción a la vez que mejora la calidad de vida y promueve el desarrollo en las regiones productoras de minería e hidrocarburos.

• El Incentivo a la Producción contempla recursos por $180.000 millones para entregar a 101 municipios productores entre 2015 y 2016.

• Más de 641,000 habitantes de los departamentos de Cundinamarca, Santander, Huila, Córdoba, Putumayo, Casanare, Antioquia, Tolima, Boyacá, Guajira, Norte de Santander, Cesar, Meta y Arauca, se beneficiarán de la financiación de proyectos de carácter social, ambiental, cultural, de infraestructura y producción económica, que serán posibles gracias a los recursos del plan oficial.

Sesenta y nueve municipios productores de minería e hidrocarburos ya recibieron $88.000 millones de pesos del programa Incentivo a la Producción, y podrán iniciar la financiación de proyectos que beneficien directamente a sus habitantes y promuevan el desarrollo de sus territorios. El Gobierno Nacional entregará un total de $180.000 millones entre 2015 y 2016, a las regiones productivas del sector minero energético.

El incentivo del Gobierno tiene como objetivo apoyar el desarrollo integral y la competitividad de los 101 municipios productores de carbón, crudo, gas y níquel del país, a través de unestímulo para el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y con ello superar las metas de producción regional y sobrepasar las fluctuaciones de precios del mercado.

“Los proyectos que estamos financiando brindarán a los habitantes parques, mejoras en su infraestructura y vías de acceso, óptimos espacios para el cuidado de su salud, por mencionar algunos; en resumidas cuentas, estamos ayudando a mejorar la calidad de vida de los colombianos”, aseguró el Ministro de Minas y Energía Tomás González.

El total de recursos recibidos hasta el momento por los 96 municipios de 12 departamentos productores corresponde a más del 95 por ciento del presupuesto del Programa de Incentivo a la Producción que por la facultad asignada por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, podrá invertir $180,000 millones en los territorios productores del país.

Gracias al plan, los territorios productores de Cundinamarca, Santander, Huila, Córdoba, Putumayo, Casanare, Antioquia, Tolima, Boyacá, Guajira, Norte de Santander, Cesar, Meta y Arauca reciben 36 por ciento más de ingresos adicionales a sus asignaciones directas del Sistema General de Regalías. Lo que significa que están en condiciones de financiar 112 proyectos que fomentan y elevan las condiciones de vida de los habitantes (ver cuadro 1).

Más de 641.000 habitantes del país resultarán beneficiados. Al menos 3.995 niños, 2.271 indígenas podrán acceder a mejores instalaciones, entornos, servicios, programas en sus territorios.  

“Estamos generando espacios de diálogo entre las comunidades, las empresas, el Gobierno Nacional y regional, iniciándose una ruta de trabajo coordinado para contribuir en el desarrollo sostenible de estos territorios y alcanzar las metas de producción”, indicó el Ministro.

Con el Incentivo a la Producción se adoptan las prácticas de Buen Gobierno para fomentar la transparencia y la articulación institucional pues diferentes entidades participan del proceso de decisión para la asignación de los recursos a los proyectos.

Entró en vigencia el acuerdo mundial para controlar este metal. El Congreso no ha sido capaz de ratificarlo aunque Colombia es uno de los más afectados.

El Convenio de Minamata, que busca poner punto final a una trágica historia de contaminación ambiental que afectó a miles de personas a lo largo de varios siglos, entró en vigor después de que 74 países, de los 128 que firmaron, lo ratificaran. Las naciones que son parte del convenio tendrán que tomar medidas como prohibir nuevas minas de mercurio, eliminar las existentes y regular su uso.

El mercurio comenzó a utilizarse hace mucho tiempo. En el siglo XV se usó para tratar a pacientes con sífilis y en el siglo XVII la industria de sombreros de fieltro lo utilizó en sus procesos. Los mineros descubrieron que por sus propiedades químicas y capacidad de formar aleaciones era útil para la extracción de metales.

El mercurio también se convirtió en parte de las amalgamas que usan los odontólogos, en termómetros y medidores de presión arterial, baterías de botón que se usan en juguetes y relojes, en los bombillos fluorescentes y pequeñas partes de algunos electrodomésticos.

El problema es que las consecuencias del uso de mercurio pueden ser desastrosas. Incluso en pequeñas cantidades puede causar graves problemas de salud y es peligroso para el desarrollo intrauterino y en las primeras etapas de vida. Puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos.

“El Convenio de Minamata muestra que nuestro trabajo para proteger el planeta y su gente puede continuar uniendo a las naciones. Lo hicimos por la capa de ozono, lo estamos haciendo por el envenenamiento con mercurio, y es lo que necesitamos hacer respecto al cambio climático, una causa a la que también servirá el Convenio de Minamata”, dijo Erik Solheim, director de ONU Medio Ambiente.

Cada año se emiten hasta 8.900 toneladas de mercurio en el mundo. La minería expone a la intoxicación por mercurio a unos 15 millones de trabajadores en 70 países diferentes, incluidos niños. Colombia es uno de los países que más liberan al medioambiente el “veneno plateado”. De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Planeación, entre 50 y 100 toneladas de mercurio se vierten cada año en ríos, cuerpos de agua y suelos.

En 2013, Colombia firmó el Convenio. A partir de ahí el tratado, convertido en la Ley 1658, comenzó su trámite para ser ratificado. Cinco años después no ha sido posible que el país selle su compromiso. Primero se estancó en la Cancillería y ahora en el Congreso de la República.

“Es la suma de múltiples acciones que nos permitirán llegar a una Colombia sin mercurio”, reflexionaba Mauricio Cabrera, experto en minería de la organización WWF, en el documento que acaba de ser publicado, Convenio de Minamata: Así actúa Colombia.

El ministro de Ambiente, Luis Murillo, apuntó en la misma publicación que sin la ratificación del Congreso el país no podrá acceder a fondos internacionales y poner en marcha acciones para cumplir los compromisos.

Fuente: Elespectador.com

Durante el primer semestre de este año, hubo una muestra de recuperación en el comportamiento de la industria minera nacional, debido a la caída de los precios internacionales y a la desaceleración de la economía global que afecta la oferta y demanda. Esta situación que podría catalogarse como un brillo en medio de la oscuridad de un yacimiento, se evidencia por el aumento que se dio específicamente en la Inversión Extranjera Directa (IED) y en las exportaciones de minerales tales como carbón, oro, níquel, esmeraldas y cobre, según cifras de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y del Banco de la República.

Desde enero a junio de 2017, la IED obtuvo resultados alentadores al alcanzar US$285 millones, mientras que el año pasado se situó en terreno negativo con US$-97 millones.

Jaime Concha Prada, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), dio a conocer que este aumento en la inversión extranjera se generó básicamente porque “el año pasado se concedieron licencias de explotación a tres nuevos proyectos en Antioquia, que casi triplicarán la producción y las exportaciones legales de oro”.

El ingeniero de minas Rafael Roldán Jiménez, actual presidente de la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano y jubilado de Mineros S.A., señaló que la inversión extranjera directa en la minería en conjunto fue positiva, si se enfrenta a la desinversión de 2016: “Esta cifra es supremamente baja comparada con lo que teníamos hace tres, cuatro y cinco años. Representando el nivel de desconfianza que se ha adquirido en los últimos tiempos, para hacer negocios de minería en Colombia por parte de inversionistas extranjeros”.

En concordancia con lo anterior, Eduardo Chaparro Ávila, director del proyecto de la plataforma para el desarrollo mineral patrocinado por la Unión Europea en siete países de América Latina, explicó que hasta ahora lo que se ha registrado es un rayito de luz, el cual muestra que al tener una captación de inversión de buena calidad “facilitará el ingreso fiscal, el desarrollo del empleo y la presencia del Estado en las regiones”, debido a que el potencial mineral del país no es mono sino diverso “es decir tenemos esmeraldas, carbón, cobre, etc. Las expectativas en los metales es en donde deberíamos centrar la atracción y la protección de la inversión extranjera”, agregó el directivo.

En contraste, para el economista y director de contenidos del grupo Ágora, Giovanni Montoya Aldawe, los US$285 millones obtenidos durante el primer semestre en IED es un inicio, “la minería colombiana para estar en niveles de producción más óptimos requiere por lo menos tres o cuatro veces esa cifra como flujo de inversión, pero en realidad sirve para demostrarle a los inversionistas que en el país hay oportunidades en esa actividad, una dotación importante de recursos naturales y condiciones que permiten hacer un buen negocio”, argumentando que más que el efecto directo arrojado por la cifra, es esencial enfocarse en el efecto indirecto con el fin de generar mayor confianza para los inversionistas.

Años pasados mediante la Inversión Extranjera Directa, se lograron alcanzar US$533 millones en 2015, US$1.582 millones en 2014 y US$2.977 millones en 2013.

Amylkar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía, investigador de la Universidad de Los Andes y Externado y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, manifestó que la inversión de los US$285 millones fue modesta. Por esa razón, Colombia debe esforzarse por elevar ese monto para llevar a cabo proyectos de gran envergadura, “porque la apuesta del país tiene que ser no sólo a desarrollar pequeños y medianos proyectos que son los que se pueden hacer con inversiones de esa magnitud, sino que tiene que aspirar como lo ha hecho Perú a ser un gran jugador en el mercado de los minerales”, añadió el exministro.

No obstante, Montoya Aldawe concluyó que se visiona un posible crecimiento de la demanda por parte de Estados Unidos y Europa, a raíz de la recuperación de sus actividades industriales, “siendo un punto favorable para Colombia, debido a que los inversionistas se anticiparon a esas decisiones y decidieron aumentar la inversión en el país”, esto en comparación con 2016.

Para el CEO de GranColombiaGold, Lombardo Paredes Arenas, la industria minera es global por naturaleza, por lo que requiere “inversiones con una visión a largo plazo que sean económicamente rentables, asegurando la seguridad de las comunidades y el medio ambiente”.

Producción y exportaciones
Según Silvana Habib Daza, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Colombia ya cuenta con un lugar en el escenario internacional de producción de minerales, al ser el primer productor de carbón en América Latina y el once en el ámbito mundial. Asimismo, el segundo productor de ferroníquel en la región y noveno en el mundo; el primer productor de esmeraldas en el continente y segundo en el mundo. Finalmente, es el quinto productor de oro en Latinoamérica y el quince en el ranking mundial.

A corte del primer semestre, el oro y el carbón fueron los que impulsaron la industria extractiva en el país.

Santiago Ángel Urdinola, presidente de la ACM, explicó que “los índices de carbón térmico han aumentado en un 8%, al igual que el oro formal que ha registrado un incremento del 14% durante este primer semestre. Esa misma tendencia puede verse en otros minerales como níquel, esmeraldas, hierro y cobre”.

Por su parte, en este mismo período las exportaciones carbón, oro, níquel, esmeraldas y cobre aumentaron en US$1.880 millones, es decir un 59%, pasando de US$3.183 millones en 2016 a US$5.063 millones en 2017. Mientras que en 2012, los mismos insumos alcanzaron el techo de US$7.533 millones, siendo el más alto en los últimos ocho años.

La participación del sector minero en las exportaciones nacionales, es del 28%, mientras que la suma de otros sectores es del 72%. “El incremento de las exportaciones va de la mano con la recuperación de los precios internacionales de la mayoría de los minerales”, indicó el presidente gremial.

Al respecto, el investigador y miembro del Centro de Pensamiento de Sostenibilidad y Responsabilidad de la Minería de la Universidad Nacional, Jorge Pérez Peláez, recomienda que el mercado mundial siga impulsando la vía de demanda y de precios, “el carbón ha tenido un precio que se ha venido recuperando”, oscila entre los US$60 y US$70 la tonelada. “Se espera que los incrementos sigan hacia la meta cercana de las 100 millones de toneladas”, dijo.

En el caso del precio del oro, “viene de unos US$1.250 la onza y ya hemos alcanzado US$1.330 o US$1.350”, agregó el investigador, explicando que tanto las exportaciones, como los volúmenes de incremento en la producción son ejes dinamizadores.

Jaime Arteaga de Brigard, director de la Brújula Minera y de la empresa Jaime Arteaga & Asociados, recordó que los minerales han venido recuperándose, y el año pasado se presentó una producción en el ámbito nacional sin precedentes, “cuando se aumenta el valor de los minerales, esto hace que incremente el interés de inversión en la minería. Y cuando hay un crecimiento en la producción, se exhiben básicamente condiciones de productividad interesantes para la inversión internacional”.

¿Qué ha impactado a la industria?
La actividad extractiva en Colombia, una de las cinco locomotoras del crecimiento del Plan de Desarrollo 2010–2014, se desaceleró a consecuencia del debilitamiento de la demanda externa por materias primas debido al desplome de los precios, siendo los del petróleo los últimos en caer.

“La ralentización del crecimiento de la economía global, especialmente de las economías emergentes, encabezadas por China, la apreciación del dólar y en el caso del petróleo su sobreoferta en el mercado, le pusieron fin a un largo ciclo de precios altos”, señaló Acosta Medina.

Por lo que es necesario enfrentar la realidad a pesar de la problemática mundial, ya que la industria extractiva colombiana se ha venido recuperando un poco. Sin embargo, aún quedan retos jurídicos, sociales, ambientales e institucionales para volver a alcanzar el potencial minero y los estándares logrados en la Inversión Extranjera tiempo atrás.

“El sector atraviesa un período de inestabilidad jurídica, generado mayoritariamente por la creciente ola de consultas populares”, expresó el líder gremial.

Cabe destacar que en mayo de este año, la ACM tenía registradas 39 consultas o acuerdos municipales, cifra que ha ascendido a 96 para el mes de septiembre, siendo una situación que afecta negativamente la inversión, sumado al desaprovechamiento del potencial geológico de Colombia.

Óscar Londoño Escobar, exgerente de operaciones de El Cerrejón y docente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, aseveró que dicha situación lleva a que la inversión extranjera, en lugar de quedarse en Colombia podría buscar refugio en otros países como Perú y Ecuador, en donde haya realmente estabilidad jurídica, “compañías como BHP Billiton o cualquiera de estas grandes empresas, prefieren poner sus capitales en países donde la juridicidad sea mucho más fuerte”.

Por otro lado, Pérez Peláez evidenció otra problemática que es la minería ilegal, porque al ocurrir esta situación se genera una “deseconomía” del recurso natural, sin embargo espera que se rompa ese círculo con el fin de realizar una economía formal de desarrollo. “En Colombia se puede hacer minería bien hecha con empresarización, con contribución al desarrollo y con respeto por los recursos naturales, etc.”, y recomendó pasar de la información populista a la técnica, en conjunto con el Gobierno y la empresa privada para incluir a la municipalidad, siendo apoyados por la academia.

El Ministerio de Minas y Energía, concluyó que el reto principal será la modificación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de “concertación con los municipios, asimismo áreas de restricción o prohibición para la actividad minera por motivos ambientales, y el trabajo articulado con otros Ministerios y el Gobierno para la erradicación de la explotación ilícita de minerales”.

El potencial geológico aporta al desarrollo

A pesar de la desinformación y el desconocimiento, la minería legal y formal ha contribuido al desarrollo social. Jorge Jaramillo Pereira, experto en minería y docente de la Universidad Nacional, dijo que con base en cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), “en la última década el país disminuyó la pobreza de 48 a 28%, gracias en gran parte al incremento en la producción petrolera, y al buen comportamiento que tuvo la minería principalmente por el tema de buenos precios”.

Asimismo, explicó que los favorables resultados en la lucha contra la pobreza en el período de 2010-2014, provienen más del auge minero-energético, que de cambios significativos en las políticas públicas anti-pobreza. Lo cual se suma al aumento de la clase media, debido a que esta población creció del 37% al 55% entre 2003 y 2012.

Precios aproximados para un proyecto

De acuerdo con cifras estimativas, Londoño Escobar señaló que un proyecto de megaminería estaría costando alrededor de US$2.500 millones, uno grande entre US$800 millones y US$1.500 millones, mediano entre US$500 millones y US$1.000 millones, y de pequeña minería entre US$150 millones y US$200 millones.

A modo de ejemplo, el experto argumentó que “Cerro Matoso desde que empezó a explorar hasta que inició la operación siderúrgica de los hornos, pudo costar aproximadamente unos US$2.200 millones. El Cerrejón desde que empezó la exploración, hasta que salió la primera tonelada de carbón en 1.985, invirtió casi US$3.850 millones en un proyecto que en ese momento tenía una proyección de quince millones de toneladas al año”, con el tiempo fueron creciendo y se aprovechó más la capacidad instalada.

Además, los US$285 millones obtenidos en inversión extranjera, los catalogó como el inicio de un proyecto minero y pueden traducirse en “gastos de exploración, de perforación, de análisis de núcleos, entre otros”, puntualizó el exgerente de operaciones de El Cerrejón.

Pasos a seguir para realizar un proyecto minero

Etapa de exploración

• Realizar una exploración y garantizar que hay un yacimiento que es económicamente explotable, porque existen muchos que no son rentables.
•  Tiene que considerarse su ubicación geográfica con soporte logístico en mantenimiento, viviendas y saber la cercanía o lejanía a un centro urbano. También si debe movilizarse en avión o cuenta con campamento.

Etapa de desarrollo

• Implica construcciones de carreteras, montaje de plantas e infraestructura.
• Aún no se ha producido nada. (Duración: cuatro o cinco años).

Etapa de producción

• Cuando se procesa la primera tonelada de mineral, se suman costos de maquinaria. (Duración: seis o siete años).

Etapa de retorno en inversión

• Al cabo de aproximadamente diez años, se podría recibir el retorno en la inversión. Además, se requiere de acompañamiento estatal y jurídico.

Fuente: elmundo.com /  Monica Andrea Saavedra Crespo

La Alcaldía de Quinchía inició un proceso con el fin de garantizar que las personas que extraen oro en el municipio estén legalizadas para la comercialización del material minero. Con ello se dará cumplimiento tanto a lo  dispuesto por el artículo 30 de la Ley 685 de 2001, en el que establece que toda persona que a cualquier título suministre minerales explotados en el país para ser utilizados en obras, industrias y servicios, debe acreditar la procedencia lícita de dichos minerales; así como del decreto 1102 de junio 2017 que regula la comercialización. Por ello, la administración de Quinchía tiene abiertas las inscripciones para los mineros que deseen acreditarse o actualizar su RUT de la DIAN. 

El Alcalde Jorge Alberto Uribe, dijoque desde hace cuatro años 420 mineros están legalizados, en tanto en el proceso que adelanta de inscripción van 210 personas, de ellos la mitad ya  han recibido la respectiva capacitación  y se está diligenciando los datos  en las respectivas plataformas.

 “Aún nos faltan muchos, ya inscribimos a los de Aguas Claras,  nos falta hacer las  inscripciones a los barequeros y chatarreros que están en Irra, en La Peña, Sauzagua, entre otros, si los inscribimos a todos serán más de 1000 personas”, afirmó el mandatario.

Beneficios

Destacó que en el municipio la mayoría de los habitantes se dedican a la extracción del oro, pero por la falta de legalización muchos no pueden venderlo en las compraventas, es por ello que con el fin de que las personas puedan comercializar y eviten vender las piezas en el mercado negro, es necesario que adquieran los requisitos legales.

 “Como es minería de subsistencia ellos pueden vender 35 gramos de oro cada mes, al año serían 420 gramos de oro, se ganarán cerca de $2.800.000 mensuales, algo que ha reglamentado el Gobierno nacional”, dijo.  

Agregó que además de lograr que los chatarreros y barequeros puedan comercializar el oro sin dificultad a precios mejores, así como que no se los quite la policía por porte ilegal, el municipio adquiere varios beneficios del Gobierno nacional para favorecer a los mismos habitantes. “El oro se acredita en nombre del municipio, permitiendo regalías propias, siendo legales el oro ya no se irá para otros municipio, y se va a dinamizar la economía de Quinchía”, concluyó el Alcalde Jorge Alberto Uribe

Fuente: eldiario.com.co/

En el país hay 1.029 títulos mineros que están en mora con por el pago del canon superficiario.

Son estos los que podrían ser declarados caducos, por parte de la autoridad, si no se ponen al día con sus obligaciones, de acuerdo con lo informado por la Agencia.

El canon superficiario es el valor que debe pagar todo titular minero, quien tiene un derecho sobre un área para explorar o explotar los recursos del subsuelo, antes de que inicie la producción.

En otras palabras, es el derecho que pagan los mineros en las fases de exploración, construcción y montaje de las minas. Su valor se calcula según el número de hectáreas del título y según el tiempo que tenga el titular con el mismo.

La Agencia indica que en el último proceso de seguimiento, control y fiscalización minera encontró que, de los 1.029 títulos con obligaciones pendientes, 912 son títulos vigentes y el resto (117) son títulos que ya están vencidos.

Sin embargo, aclara la entidad, la obligación de pago en estos últimos casos sigue vigente y serán cobrados legalmente.

“Una minería responsable y bien hecha también implica el cumplimiento de las obligaciones económicas pactadas entre el concesionario y la Nación. Por lo tanto, requerimos que los titulares hagan los pagos correspondientes y le cumplan con esto al país”, declaró la presidenta de la ANM, Natalia Gutiérrez Jaramillo.

Este tipo de inconvenientes se presentan prácticamente en todo el país, en 29 departamentos. Los que registran mayor número de morosos son Bolívar, donde se concentra el 20 por ciento del total de títulos con obligaciones pendientes, y Boyacá, con el 13 por ciento.


Fuente: Portafolio.co

Este proyecto de responsabilidad social, que impulsa la Gobernación de Boyacá, busca que en un mismo territorio coexistan dos actividades claves en la economía del departamento.

En la provincia de Valderrama, a unas cinco horas de Bogotá, florece la vegetación y la vida silvestre, pasean cabras y ovejas y transcurre una cotidianidad tranquila a tan solo unos metros de las bocaminas de carbón. En Socha, por ejemplo, junto a los entables de la compañía minera Bulk Trading, se ven los cultivos de los campesinos –maíz, habas, papa– y las vacas pastando. Sobre el polígono de la mina de Santos Goyeneche, en Socotá, crecen pequeños parches de espigas de maíz. Lo mismo ocurre en el polígono de Coprocar, en Tópaga, en la provincia de Sugamuxi. Los dueños permiten que sus trabajadores traigan sus animales a alimentarse con la hierba que crece sobre la mina.

Esta particular convivencia entre la vida rural y la actividad extractiva es justamente lo que se busca lograr en Boyacá a través de la agrominería. Una iniciativa que consiste en aprovechar el suelo y los subsuelos en el interior de los títulos y de las zonas mineras para poner en marcha proyectos productivos que combinen el agro con la actividad extractiva.

Así lo explica Carlos Oviedo, secretario de Minas del departamento. Para implementarlo, cuenta, fue necesario realizar estudios sobre las condiciones del suelo y del agua de los territorios y así poder determinar qué tipo de cultivos se podían sembrar. “En la región se desarrollan varios proyectos de este tipo, principalmente de hortalizas y frutales”. El propósito, advierte, es demostrar que la agricultura, al igual que la minería, es progreso para Boyacá.

Édgar Pérez, un minero que aprendió el oficio desde niño, hoy de 44 años, es dueño de la compañía Minerales Santa María, en la zona rural del municipio de Sogamoso. El polígono de explotación son 15 hectáreas en las que trabajan unas 35 personas. La mayoría, campesinos.

En su opinión, el minero es minero y no agricultor ni ganadero. Pero no todos los que perforan la tierra dentro de un socavón son mineros de vocación. “Antes, aquí se producía maíz, cebada, quinua. Ahora, nadie cultiva. Y si no hay trabajo en la mina, los muchachos se van con la hoja de vida a buscar un empleo”.

Un día se puso a ensayar emprendimientos de bajo costo y poca tecnificación sobre el polígono de su mina. Dividió la tierra en parcelas y sembró alimentos. Más tarde, levantó cercos y trajo conejos y aves de corral. Descubrió que el tomate de árbol es una fruta que prende con facilidad en ese clima y no necesita mayor inversión; que los conejos son fáciles de mantener, se reproducen con velocidad, y la carne es económica y de buen mercado. Se convenció, entonces, de que estos emprendimientos podían servir de ejemplo para los campesinos trabajadores de su mina.

Pensar en ellas

Desde sus inicios, la minería ha sido una actividad de hombres. Sin embargo, por medio del proyecto de agrominería se ha querido vincular a las esposas de los mineros, que generalmente permanecen en sus casas, a que realicen labores productivas y de esta forma tengan la oportunidad de obtener un recurso para aportar económicamente a sus hogares. Un mecanismo, además, de fortalecimiento del núcleo familiar que está teniendo interesantes resultados.

Compromiso ambiental

Otro de los objetivos es ‘embellecer’ la minería por medio del paisajismo. Es común que las zonas mineras estén descubiertas, lo que impacta su entorno. Para contrarrestar esta realidad, la Gobernación de Boyacá ha impulsado la siembra de árboles nativos y alfalfa en municipios como Socha, logrando cambiar la forma en la que se percibe la minería. Cultivos a los alrededores y sobre las minas son cada vez más comunes, así como la recuperación de árboles nativos en las áreas afectadas por la actividad extractiva.

El manejo y uso del agua es otro de los aspectos que se buscan mejorar a través de la agrominería. Para ello se implementaron medidas que evitan los vertimientos de este recurso contaminado. Este programa está cambiando el esquema de una minería ancestral, que existe desde hace más de 70 años, demostrando que el desarrollo de los territorios alrededor de la minería responsable sí es posible. Oviedo recalca que “la minería es una labor del suelo y del subsuelo”, lo que significa que es necesario utilizarlos de forma responsable para que minería y agricultura se potencialicen, generando progreso y desarrollo sostenible.

Fuente: Semana.com

Los alcaldes de Colombia podrán decidir si en sus municipios se permitirá o no la minería. Así lo decidió la Sala Plena de la Corte Constitucional, que con una votación de 5 votos contra 4 tumbó el artículo 37 del Código de Minas, el cual impedía que los mandatarios excluyeran zonas de sus territorios para la minería.

El artículo en mención había sido demandado por los ciudadanos Luis Guillermo Osorio, Yorman Efraín Torres, Juan David Franco Daza, Damián Ramírez y Miguel Arias, quienes consideraron que con el Código de Minas se estaban imponiendo límites a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

Para establecer este tipo de restricciones, los demandantes señalaron que era necesaria una ley estatutaria y no una ordinaria. El caso fue estudiado por el magistrado Alejandro Linares. En su concepto, el artículo no debería derogarse dado que la misma Corte había señalado que la competencia para excluir zonas mineras le correspondía a la Nación.

Sin embargo, su ponencia fue derrotada en la Sala Plena de la Corte. Votaron en contra María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio, Alberto Rojas y Gloria Ortiz.

Justamente la magistrada Gloria Ortiz será la encargada de elaborar una nueva ponencia que resuma los argumentos a favor de que los alcaldes decidan si quieren minería en sus municipios. De acuerdo con el Código de Minas, cuando se declaran zonas sin minería se debe justificar de manera técnica si se trata de zonas de protección, como zonas de reserva forestal.

En la sentencia C-123 de 2014, la Corte había fallado otra demanda sobre el mismo tema. En ese entonces declaró exequible el artículo 37 de la Ley 885 de 2001. Sin embargo, aclaró que las autoridades competentes a nivel nacional debían acordar con los entes territoriales las medidas para preservar el medio ambiente.

Fuente: Elcolombiano.com

Agregó que el fortalecimiento y desarrollo de la actividad minera, beneficia a las economías locales dado que contribuye con su aporte a mejorar los niveles de calidad de vida de la población.

“Dentro de la AP nos encontramos importantes países productores de metales del mundo y unidos nos permitirá optimizar la capacidad de negociación en los mercados internacionales", dijo Alberto Salas lider de los empresarios de Chile.

La Alianza del Pacífico (AP) abre una oportunidad de oro para que Chile, Perú, México y Colombia unidos se puedan convertir en un bloque minero mundial que beneficiará a sus habitantes, aseveró Alberto Salas, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile.

“Dentro de la AP nos encontramos importantes países productores de metales del mundo y unidos nos permitirá optimizar la capacidad de negociación en los mercados internacionales, mejoras tecnológicas o el intercambio de trabajadores. Separados nos costaría mucho hacerlo, pero unidos podemos lograrlo”, refirió Salas, quien participa en el 12° Simposium Internacional del Oro y la Plata organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en la ciudad de Lima.

Agregó que el fortalecimiento y desarrollo de la actividad minera, beneficia a las economías locales dado que contribuye con su aporte a mejorar los niveles de calidad de vida de la población.

Al 2015 la población que vive en la Alianza del Pacífico suma más de 216 millones de personas y tiene un Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de US$9.910.

“El hecho de abrir la frontera es beneficioso. Hoy ya lo vivimos, tenemos cientos de peruanos viviendo en Chile y su migración ha constituido un aporte para mi país. Por lo tanto, y basado en dicha experiencia, puedo señalar que la oportunidad de libre tránsito de la Alianza del Pacífico nos permitirá ser países más competitivos”, declaró Salas al culminar su intervención en la mesa redonda Perspectivas de la Economía Mundial.

Explicó que la Alianza reconocerá, por ejemplo, un certificado de capacitación para los trabajadores expedido en el Perú, en México, Chile o Colombia. “Esto nos permitirá tener personal mejor capacitado en menor tiempo”, subrayó.

La Alianza del Pacífico incluye un Acuerdo Comercial que facilita el comercio entre los cuatro países a través de la reducción arancelaria, la disminución de obstáculos al comercio, la solución de controversias, la agilización de las operaciones de importación y exportación, y la facilitación del comercio de servicios, comentó Salas.

Recordó que existen 42 países del mundo en calidad de observadores en la Alianza del Pacífico. El Producto Interno Bruto de los países de la AP reúne el 38% del Producto Bruto Interno total de América Latina y el Caribe, además en conjunto suman aproximadamente el 50% del comercio exterior de América Latina.

Fuente: Americaeconomia.com

El superciclo de precios de las materias primas impulsó nuevas inversiones para la industria extractiva en el país. Sin embargo, pocos proyectos se han concretado.

La historia reciente de la actividad minera colombiana está marcada por altos y bajos, que quedan en evidencia al ver los gráficos que dan cuenta de la evolución del sector en materia de generación de riqueza (PIB), inversión extranjera directa y exportaciones.

Sin embargo, basta con mirar las cifras de producción de minerales para darse cuenta de que, pese a los altibajos, el sector ha avanzado.

 Colombia es el quinto mayor exportador de carbón del mundo, ocupa el lugar número once en materia de producción y sus reservas en este recurso podrían durar por más de cien años.

Tanto en carbón como en oro la producción se ha multiplicado por dos y en materia de ferroníquel el incremento ha sido más discreto.

En la última década, Colombia logró capturar parte de la inversión de empresas mineras que inundó el mercado global gracias al llamado ‘superciclo’ de precios de los minerales.

Desde el 2009 hasta el 2013 minerales como el carbón, el oro y el cobre tuvieron cotizaciones máximas históricas y los inversionistas aprovecharon la coyuntura para buscar nuevos recursos.

A Colombia, por ejemplo, llegaron más de 60 compañías júnior, para invertir en proyectos de exploración en la última década, aunque de toda esa inversión solo una de esas iniciativas se ha podido concretar en una obra en construcción. La mina de oro San Ramón, de la empresa canadiense Red Eagle.

El boom de la minería se empezó a notar desde el 2005, cuando la inversión extranjera directa para el sector minero fue de 565 millones de dólares. En el 2013 la cifra llegó a los 661 millones de dólares, es decir el 17 por ciento de toda el capital extranjero que llegó al país de nabera directa, ese año.

En medio de este auge de precios el país también decidió darle un vuelco a sus instituciones mineras.

Así, el Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras, Ingeominas, que era la autoridad del sector, se divide en el Servicio Geológico Colombiano, encargado del conocimiento del subsuelo, y en la Agencia Nacional de Minería, que tiene la función de administrar la actividad del sector.

Ambas instituciones han logrado que hoy Colombia conozca con qué recursos cuenta en materia minera, precisó, por ejemplo, el potencial en cobre.

Pero también la actividad de fiscalización de la Agencia dejó en evidencia los altos niveles de informalidad de las explotaciones que persisten aún en minas que tienen títulos mineros legales.

EL VAIVÉN DE LAS METAS

El principal producto minero de exportación de Colombia es el carbón, y lo que pasa con este mineral, refleja una tendencia en la industria extractiva nacional.

La presencia de grandes jugadores internacionales como Glencore, AngloAmerican, BHP Billinton y Drummond han permitido al país mantener su preponderancia en materia carbonífera. Aunque los bajos precios llevaron a replantear las metas.

Basta recordar que según el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el año pasado el país debió alcanzar una producción de 124 millones de toneladas y el año pasado no fue posible alcanzar ni los 90 millones de toneladas.

El freno que se ha visto en los últimos dos años a la actividad carbonífera tiene que ver con dos factores que han golpeado a toda la industria extractiva: los bajos precios de las materias primas, pero también a la conflictividad social y laboral entorno a toda la industria minera.

En el 2013, por ejemplo, hubo paros laborales en Colombian Natural Resources, Drummond y Cerrejón lo que detuvo la producción. Este año, el freno viene por cuenta de una decisión de la Corte Constitucional que impide el tránsito nocturno del tren carbonero de Fenoco, lo que podría frenar la extracción de cerca de 15 millones de toneladas de carbón del Cesar.

Algo similar ha ocurrido con minerales como el oro, el ferroníquel y las esmeraldas, donde hay proyectos e intenciones de invertir, pero las empresas se quejan de inestabilidad jurídica.

ORO, ENTRE LA ILEGALIDAD Y PROYECTOS FRENADOS

Las reservas de oro en Colombia podrían posicionar al país como uno de los países con mayor producción de Suramérica. Pero el desarrollo de los proyectos ha encontrado con varios obstáculos.

El principal de ellos tiene que ver con las ubicaciones de los yacimientos, que, en muchos casos, se encuentran en ecosistemas sensibles, por lo que el eventual desarrollo de las minas genera preocupaciones ambientales.

Exactamente este es el caso de los proyectos mineros de la provincia de Soto Norte, en Santander. Parte de los títulos mineros de empresas como Eco Oro y Leyhat quedaron dentro del páramo de Santurbán, un ecosistema protegido, lo que impide el desarrollo de las minas, como estaban planeadas.

Otros proyectos en exploración, como La Colosa, de AngloGold Ashanti, se han encontrado con una gran oposición por parte de las comunidades, aún cuando todavía no se ha definido qué tipo de mina se pretende construir.

Pese a la ausencia de proyectos de mediana y gran escala en el país, la producción de oro ha crecido, y algunas voces como la de la Asociación Colombiana de Minería, temen que buena parte de esta nueva producción es ilegal.

Las cifras oficiales indican que hay más de 186 municipios del país con explotaciones ilícitas de oro, en algunas zonas esta actividad es utilizada para financiar grupos al margen de la ley.

EL FERRONÍQUEL, EN LA LUCHA POR MANTENERSE

Entre los diez productos de exportación más importantes del país se encuentra el ferroníquel, que se produce en Cerro Matoso, una mina ubicada en Montelíbano.

Sin embargo, tanto los precios de este mineral, como la declinación de los yacimientos tienen a la empresa buscando alternativas, ya no para crecer, sino al menos para mantenerse en el mercado.

De las 50.000 toneladas de mineral que producía la mina hace unos años, en el 2015 la compañía espera cerrar con una producción de 38.000 en el mejor de los casos.

Fuente: Portafolio.co

La figura beneficia a mineros tradicionales de los municipios de Tarso y Venecia en Antioquia.
 
•Colombia alcanza un total de 23 AREs delimitadas.
 
Bogotá, agosto 12 de 2015 -  La Agencia Nacional de Minería ANM declaró y delimito como Área de Reserva Especial según Resolución 550 del 10 de agosto de 2015, una zona que abarca 86.7 hectáreas ubicadas en Tarso y Venecia, departamento de Antioquía, con el objetivo de adelantar estudios geológico – mineros y desarrollar proyectos estratégicos para el país, de conformidad con el artículo 31 del Código de Minas.
 
Según visita técnica de la ANM, se estableció que la comunidad minera de localizada en las Minas “Palomera No. 1”, “Palomera No. 2”, “Palomera No. 3”, “San Judas”, “San Pacho No. 1” y “San Pacho No. 2” se ha dedicado por más de 20 años a la actividad minera, desarrollando sus labores de manera artesanal, siendo esta actividad su principal fuente de ingresos, constituyéndose en minería de subsistencia.
 
La delimitación de esta Área de Reserva Especial beneficia directa e indirectamente a un grupo de cuarenta (40) familias y contribuye con la optimización de la explotación de los recursos minerales de la zona y con el cumplimiento de la legislación minera y ambiental vigente, así como la de generación de empleo formal.
 
“Un Área de Reserva Especial (ARE) es una zona donde existen explotaciones tradicionales de minería informal y que por solicitud de una comunidad, se delimitan para que de manera temporal, no se admitan nuevas propuestas de contrato de concesión minera sobre todos o algunos de los minerales ubicados en dichas zonas. Además son el mecanismo establecido por el Código de Minas para adelantar la formalización de comunidades mineras tradicionales, es decir aquellas que demuestran adelantar de manera continua o discontinua trabajos mineros desde antes de agosto de 2001” explica la Presidenta de la ANM, Natalia Gutiérrez Jaramillo.
 
Dentro de las Áreas de Reserva Especial se desarrollan estudios geológicos–mineros financiados por la Autoridad Minera Nacional. En caso de que los estudios evidencien la existencia de potencial geológico – minero, se celebra entonces un contrato especial de concesión con la comunidad minera beneficiaria.
 
“Desde mi labor como Viceministra de Minas y también del Interior, he podido conocer de cerca el tema y entender que la formalización y la minería bien hecha generan encadenamientos productivos. En ese propósito, la ANM contribuye a que los mineros tradicionales comprometidos con adelantar su actividad con mejores estándares técnicos, ambientales y sociales, ingresen en el camino de la legalidad. Tarso y Venecia es un gran ejemplo de que sí se puede hacer minería bien hecha y que las condiciones están dadas por el Gobierno para iniciar este proceso dentro del marco de la ley”.
 
“Las AREs son un primer e importante paso para la formalización. Una figura que reconoce los derechos de los mineros tradicionales y que puede culminar, con el acompañamiento de la ANM, en un contrato de concesión minera que brinde oportunidades legales de empleo, desarrollo y bienestar a la comunidad de Remedios”, puntualizó la Presidenta de la Agencia.
 
Con esta nueva Área de Reserva Especial en Remedios, suman 23 en todo el país. Actualmente la ANM tiene trámites de ARE en proceso en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Cauca, Chocó, Guainía, Guajira, Nariño, Norte de Santander,  Santander, Valle, Tolima. Los principales minerales en estas áreas son material de arrastre, oro, carbón y sal.

Por: Paisminero.co / CP-ANM

El proyecto arranca en el municipio de Buriticá, Antioquia, y beneficia a unos 450 mineros.

Con el apoyo del gobierno de Antioquia, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera, Corantioquia, la Alcaldía de Buriticá y la empresa minera Continental Gold, comenzó un plan piloto de formalización de minería ilegal o informal en esa localidad del occidente del departamento.

"El proceso avanza exitosamente. En estos momentos hay conformadas 8 asociaciones que están integradas por 450 mineros que antes estaban en la ilegalidad y hoy están en ese proceso de entrar al marco legal", afirmó Julián Bernardo González, vicepresidente de Sostenibilidad de la empresa Continental Gold.

Agregó: "El 15 de noviembre debemos tener ya los contratos en el registro minero. Los mineros vienen trabajando un año, finalizar este año este proceso para mostrarlo al país; porque este tema de formalización es un tema nuevo para el país, de hecho nosotros los antioqueños estamos desarrollando lo que se puede considerar más adelante el proceso de formalización para el país".

El señor González admitió que, a pesar de este trabajo, en la zona existen grandes problemas de explotación informal.

"El sector de los Chorros, en Buriticá, es un punto muy complejo, donde hay aproximadamente 1500 personas que están en la minería ilegal. Para que tengan una idea de la ilegalidad, antes había unas 6 mil personas hace 2 años y hoy existe una comunidad flotante de unas 14 mil personas circundando por las áreas del proyecto minero", afirmó el vicepresidente de Sostenibilidad de la empresa Continental Gold.

En el impacto social en la zona, los orientadores iniciaron una socialización general sobre la propia formalización, el trabajo de intervención a la pequeña minera, la valorización del proyecto y por último la exploración.




Fuente: caracol.com.co


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El departamento es uno de los principales productores de oro de Colombia. Tiene mucha informalidad.

Una extraña contrariedad estremece a Antioquia por estos días. El responsable es su oro. Ese que tiene dibujado hasta en su escudo. El departamento es el principal productor de este metal en el país con 23.605 kilos reportados en el 2015, que representan el 43,52 por ciento de la producción nacional. Muy por encima de Chocó, que lo sigue con 14.547 kilos.

Sin embargo, esa inconmensurable riqueza se asienta en territorios marcados tradicionalmente por la pobreza y la violencia. 

Esa paradoja se vio agravada durante esta semana que pasó cuando estalló un paro minero en Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño, y que luego de 15 días de protesta deja una persona muerta, más de 20 lesionados, 300 locales comerciales cerrados, desabastecimiento de alimentos y al menos 12.000 estudiantes desescolarizados. La situación ha sido tan tensa que algunos ciudadanos están saqueando tiendas y restaurantes escolares, además de puertas del comercio, el cual se encuentra cerrado.

A esta problemática se sumó lo acontecido en Buriticá, occidente del departamento. La semana pasada, siete contratistas de la Continental Gold quedaron atrapados en un túnel mientras realizaban una inspección para comprobar que no hubiese mineros ilegales allí. Uno de ellos logró salir por sus propios medios, los demás fallecieron, al parecer, asfixiados por inhalación de gases.

Mateo Restrepo, presidente de la Continental Gold, aseguró que están convencidos de que sus contratistas fueron atacados y asesinados. Ninguno de ellos era de Buriticá, sino de Bogotá, Pereira y Montería. Frente a estos hechos, hizo un llamado a la justicia para que dé con los responsables.

¨Todavía hay focos de minería ilegal, hay algunos que tras ser desalojados buscan cómo volverse a meterá la Al respecto, Humberto Castaño, mandatario local, dijo que no es posible asegurar que las muertes hayan sido provocadas, pero estuvo de acuerdo con Restrepo en la necesidad de mantener pie de fuerza en el municipio. “Todavía hay focos de minería ilegal, hay algunos que tras ser desalojados buscan cómo volverse a meter a las minas. A algunas bocaminas les han violado las tapas y reingresaron, hay minas que han sido selladas dos y tres veces”, sostuvo. Denunció, además, que las autoridades se han retirado paulatinamente de Buriticá.

Este es uno de los municipios modelo del país en la lucha contra la minería ilegal, pero hoy vive la preocupación por la reactivación de bocaminas ilegales, cuyo cierre fue ordenado por el Gobierno Nacional y departamental durante la operación Creta, que empezó en abril del 2016 y que tuvo resultados muy exitosos, según las autoridades.

Hasta el momento han cerrado 213 bocaminas. Asimismo, decomisaron más de 100.000 millones de pesos en insumos y materiales utilizados en minería ilegal.

Y es que, precisamente, la ilegalidad es uno de los detonantes de este nuevo conflicto. El otro es el uso del mercurio. Jairo Villa, un pequeño minero productor de oro desde hace 30 años, arriesga su vida en un angosto socavón en Remedios, donde hay unos 11.000 mineros que trabajan en aguas turbias, en excavaciones largas y profundas o entre el barro en busca del metal que sostiene al 80 por ciento de la población de ese municipio.

Villa aseguró que antes del paro minero, que completa 15 días de disturbios, llevaba casi dos semanas sin poder comercializar ni un solo gramo del metal que les da de comer a él y a su familia, conformada por siete personas.

La razón radica en que el 27 de julio pasado empezó a regir el Decreto 1102, que exige a los mineros acreditar la procedencia lícita del metal con la identificación de la mina de la que provienen, mediante certificación de origen expedida por el beneficiario del título minero o constancia expedida por la respectiva Alcaldía para las labores de barequeo.

“Con las compraventas ya no se puede negociar porque nos tratan de ilegales. Esa fue una de las razones por las que salimos a paro, pues el oro que recogimos lo tenemos guardado. El Gobierno exige cosas imposibles de cumplir y no nos da la oportunidad de formalizarnos”, afirmó.

El alcalde de Segovia, Gustavo Tobón Vélez, dijo que el paro ha generado problemas sociales y de orden público. “La situación es crítica porque los disturbios han sido en los alrededores del hospital principal, los bloqueos viales evitan el traslado de heridos e incluso en las instalaciones del centro médico ha circulado gas lacrimógeno que afecta a los pacientes”, agregó.

El mandatario dijo que el gran problema es la normatividad. En Segovia, dijo Tobón, la mayoría de los habitantes explota el mineral, pero hay pocas licencias, la gente trabaja casi sin medidas ambientales, de salubridad y de seguridad.

En lo que coincidió la alcaldesa de Remedios, Lucía Carvajal, quien explicó que además de los problemas para comercializar el oro, el Gobierno exige cero mercurio. Quien lo use, podría ir a la cárcel.

La mandataria aseguró que es complejo formalizar la cadena productiva del oro, legalizar las licencias ambientales y cumplir con exigencias que requieren de mucha inversión y tecnología. “Si bien, hay formas de extraer el oro sin usar mercurio, es un cambio que debe ser gradual, no de un día para otro. La legislación minera está diseñada para grandes productores, no para pequeños, la norma es igual para multinacionales y los mineros informales, es un problema muy grave”, reiteró la alcaldesa.

Villa contó que lleva tres décadas trabajando con mercurio y que si el Gobierno quiere erradicarlo debe ofrecerles alternativas asequibles para ellos. “La multinacional Gran Colombia Gold vino a explotar la minería al nordeste y exprimir al pequeño minero. El Gobierno quiere acabar con los entables, cerró la compra de oro, todo depende de la minería”, añadió.

¿Cuántos mineros son?

Según la Secretaría de Minas, en el último censo, cerca de 40.000 personas, como Villa, se dedican a esta actividad que se desarrolla en 1.448 títulos mineros vigentes, los cuales representan un área de 1'077.587 hectáreas. Eso representa el 17 por ciento de superposición en el departamento.

Sin embargo, el gran problema de la región es que no se sabe con certeza el número de mineros ilegales que hay en Antioquia. “Trabajamos fuertemente en materia de caracterización, tenemos claro dónde están los títulos otorgados, cuáles son las áreas de influencia y qué actividad se está realizando allá en ejercicio de fiscalización, pero la extracción ilegal de minerales no está caracterizada, hay avances en algunos municipios, pero seguimos trabajando”, manifestó Liz Margaret Álvarez, secretaria de la dependencia.

Sin embargo, agregó que tanto el bajo Cauca como el nordeste y occidente son las zonas más álgidas en presencia de extracción ilegal de minerales. También, que los municipios con mayor producción de oro son El Bagre, Segovia, Caucasia, Remedios, Zaragoza y Tarazá.

¨En Antioquia hay 1.600 explotaciones mineras informales, pero se trata de un subregistro, porque no hay una cifra certera avalada por todas las autoridades¨

En el informe ‘La minería sin control: un enfoque desde la vulneración de los Derechos Humanos’, publicado por la Defensoría del Pueblo, se citó al boletín temático de salud de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, el cual señalaba que “en Antioquia hay 1.600 explotaciones mineras informales, pero se trata de un subregistro, porque no hay una cifra certera avalada por todas las autoridades competentes”.

Por su parte, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, aseguró que el Gobierno Nacional no está dispuesto a negociar la legalidad.

“Defendemos la no utilización del mercurio y la legalidad en la comercialización del metal. En muchos casos, el oro es extraído con productos que contaminan y acaban con nuestros ríos y territorios”.

‘El país debe tener minería bien hecha’

El viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, advirtió que en el país debe haber minería bien hecha, que alcance estándares de calidad: “No por ser pequeños debemos permitir que contaminen y comercialicen el oro de cualquier forma y que, en algunos territorios con problemas de ilegalidad, esto sirva para el financiamiento de grupos al margen de la ley”.

Cante aseguró que avanzan en el proceso de formalización de los mineros desde el 2011 y agregó que se han legalizado 36 unidades de producción minera, que benefician a cerca de 2.500 trabajadores.

El viceministro de Minas indicó que se han identificado más de 400 plantas de beneficio asociadas a título minero que utilizan ese elemento químico.

La Gobernación del departamento estima que Antioquia es el territorio más contaminado por mercurio en el mundo, pues se utilizan entre 100 y 120 toneladas de ese elemento al año.
El funcionario de la Presidencia añadió que el Gobierno Nacional está dispuesto a seguir los diálogos con los mineros que se encuentran en paro, pero no se sentará con ellos mientras mantengan acciones violentas.

Fuente: Eltiempo.com

La minería ilegal es una actividad que ha prendido las alarmas en Colombia, no solo por las pérdidas en dinero que representan para el país y para quienes habitan cerca de los lugares donde se desarrollan estas actividades, sino por su alto daño al medio ambiente.

La industria extractiva no atraviesa su mejor momento y ha tenido que enfrentarse a caídas en los precios, altos y bajos en exportaciones, una reducción en inversiones y también ha tenido que trabajar en la formalización de la pequeña minería, que por años vino trabajando de manera irregular su impacto con el medio ambiente.

La decisión definitiva se dio a conocer en junio del 2015, cuando el Ministerio de Minas anunció un nuevo plan de formalización minera en Santander, Cauca, Cundinamarca, La Guajira, Valle del Cauca, Boyacá y Tolima. Desde ese momento el Gobierno Nacional puso dentro de su lista de prioridades  reivindicar y poner en orden la minería del país.

Uno de los casos más destacados en la gestión de 2015 fue de la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia, entregando resultados satisfactorios en el acompañamiento durante el programa de formalización minera, con el cual buscaba no solamente que los pequeños mineros entraran a la legalidad y fortalecer el sector, sino emprender acciones que ayudaran a mitigar los impactos ambientales que puede tener una minería descontrolada.

“Dentro de este proceso apoyamos a las Unidades Productoras Mineras (UPM) para que fueran capacitadas en manejo ambiental y uso del recurso hídrico, acciones que complementamos con reuniones de articulación con gobiernos municipales para promover la formalización minera y así mitigar los altos impactos ambientales que se pudieran generar” afirmó Óscar Baquero, Presidente de Fedesmeraldas.

Baquero añadió que continúan buscando gestionar la ampliación de la cobertura en temas de formalización minera ya que el medio ambiente es el mayor perjudicado de cualquier actividad que se desarrolle de manera informal. Desde la Federación se refirma el compromiso por promover prácticas que permiten trabajar pensando en la preservación del entorno en el que se genera la extracción de esmeraldas, piedra que brilla en mercados internacionales.

El proceso de formalización está en un punto clave y las entidades gubernamentales, así como las federaciones y organizaciones competentes mantienen la marcha  para lograr que cada unidad productora se acoja a los parámetros establecidos, y que los pequeños mineros no pierdan sus títulos. Pues se ha entendido que cada unidad capacitada y formalizada es un duro golpe contra la ilegalidad en la actividad.

Así como el sector esmeraldífero ha sido ejemplo en Boyacá se espera que Colombia siga enfocada en su lucha contra la minería ilegal desde la capacitación y acompañamiento en este proceso, ya que la formalidad permite que la minería sea una actividad totalmente amigable con el medio ambiente.

Sobre Fedesmeraldas

FEDESMERALDAS (Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia) es una federación, constituida legalmente en el año 1995, de carácter gremial integrada por la Asociación Colombiana de Exportadores de Esmeraldas "ACODES", Asociación Colombiana del Comercio de la Esmeralda "ASOCOESMERAL" y la Asociación de Productores de Esmeraldas Colombianas "APRECOL", las cuales intervienen en las diferentes actividades de la industria de la esmeralda. El objetivo principal de FEDESMERALDAS es la representación y la defensa de la industria de las esmeraldas de Colombia así como su desarrollo dentro de los principios de la ética y la unidad.

paisminero.co

Vetas-Santander, Lenguazaque-Cundinamarca, Iquira-Huila: todos municipios con docenas de pequeños y medianos mineros que por décadas han ejercido la actividad minera. Familias colombianas orgullosas y defensoras de su vocación minera, convencidas de que su actividad es tan digna como cualquier otra.

En nuestro país, pueblos enteros como éstos han crecido y se han consolidado a partir de la minería –aún hoy sobreviven gracias a los beneficios de la explotación del subsuelo–.

Pero a estos mineros el común de los colombianos no los conoce –y menos aún a su actividad–. El sector minero, claramente, tiene dificultades y ha tenido tropiezos. Por los errores y malas prácticas de algunos, muchos han estigmatizado a un sector entero. Sin embargo, se debe reconocer la importancia de las empresas colombianas, y las extranjeras, que contribuyen al desarrollo de nuestras regiones y son fundamentales para sostener el erario.

Asimismo, hay que aclarar que la extracción ilícita de minerales es perjudicial para el medio ambiente, la seguridad y el bienestar social, pero esto no es minería.

Por eso, desde el Ministerio de Minas estamos decididos a regularizar la actividad de los pequeños mineros, que corresponden al 63% de las unidades productivas censadas en el 2010. Estamos trabajando fuertemente en el fortalecimiento de una política de formalización minera en el país: una verdadera política minero-ambiental que es hoja de ruta para ordenar la pequeña minería.

Queremos que todos los mineros empleen las mejores prácticas, que trabajen en el marco de la legalidad respetando la normatividad ambiental, social y laboral: hasta hoy, ya hemos capacitado a 19.000 mineros en estas áreas. Nos hemos propuesto que para el final del cuatrienio tengamos 2.600 unidades productivas en proceso de formalización y cero uso del mercurio.

Será indispensable seguir contando con el apoyo y la coordinación de las corporaciones autónomas regionales, las gobernaciones y las alcaldías, tal como lo hemos venido avanzando con las juntas directivas regionales en once departamentos priorizados.

Queremos proteger y apoyar a aquellos pequeños mineros que lo hacen bien y lo pueden hacer mejor.

 

Viceministra de Minas | María Isabel Ulloa


Fuente: Elespectador.com

Cementos Argos anunció este miércoles que invertirá 160 millones de dólares el año entrante, para modernizar sus plantas de producción.

Esa cantidad es adicional a unos 500 millones de dólares que está invirtiendo en la modernización de su fábrica de Sogamoso, con lo cual triplicará su capacidad hasta los 3 millones de toneladas de producto al año.

El presidente de Argos, Jorge Mario Velásquez, dejará a partir de este jueves de ser la cabeza de dicha empresa para pasar a liderar la holding a la cual esta pertenece, junto con la generadora de energía Celsia, Odinsa y Pactia, entre las más importantes.

El directivo deja la cementera en su mejor momento de la historia, lo cual obedece en buena medida a una planeación estratégica que la condujo a expandirse geográficamente y centrarse en la exportación desde el 2003. Todo esto comenzó en cabeza de José Alberto Vélez, el antecesor de Velásquez. Ahora el 63 por ciento de sus ingresos proviene de las ventas en el mercado estadounidense y de países con economías dolarizadas. De hecho, la firma es la tercera productora de cemento en importancia en EE. UU.

De acuerdo con el balance entregado a la asamblea de accionistas, en el 2015 la compañía tuvo ingresos por 7,9 billones de pesos, con un crecimiento del 40 por ciento respecto al 2014.

De las utilidades netas registradas en el 2015, por 555.000 millones de pesos, Argos elevará la reserva para inversiones en 225.000 millones de pesos.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

ElTiempo.com

El 82% de las exportaciones provienen de la ilegalidad. Grupos guerrilleros y bandas criminales hacen parte de un negocio de $7 billones al año.

lombia produjo y exportó 1’903.386 onzas de oro el año pasado, sin embargo, solo 220.000 de esas fueron producidas con títulos mineros legales, según las cifras tanto de la Asociación Colombiana de minería (ACM) como del Ministerio de Minas y Energía.

Eso quiere decir que un 82 por ciento de ese metal precioso producido ilegalmente en el país entra al torrente legal de la economía (paga regalías pero no impuestos, retención en la fuente, etc.) al ser vendido al exterior.

Portafolio pudo establecer que ese oro se legaliza generalmente en Antioquia y Valle del Cauca de diferentes maneras, de acuerdo a fuentes que pidieron la reserva de su nombre, pues es un negocio que mueve cerca de siete billones de pesos al año (Lea también: EE.UU., aliado de Colombia en la lucha contra la minería ilegal de oro). 

Una de ellas es cuando el comercializador, en complicidad con el que le vende el oro en el pueblo donde se produce, utiliza una solicitud de minería tradicional vigente (como un título minero) y le apropia la producción a esa solicitud.

El representante legal de dicha solicitud firma el certificado de origen donde dice que el material fue extraído de esa zona. 

Otro sistema es cuando el comercializador recibe el metal precioso y toma un listado de pobladores del municipio en complicidad con las alcaldías locales -familias en acción o que tienen Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom)-, y procede a generar falsos certificados de origen de todas estas personas (algunas ya muertas), le asigna montos y cantidades, cuyas firmas, obviamente, también son falsificadas.

“El comercializador cobra 1.000 pesos por cada gramo de oro legalizado con un certificado de origen falso”, explica una de las fuentes.

Otro conocedor del tema describe que un tercer método es hacer creer que las solicitudes o los títulos mineros que pertenecen a comunidades afro o indígenas tienen autorización para vender el oro, aun cuando no tienen PTO y PMA aprobado.

Los comunidades afro e indígenas legales ‘alquilan’ o subarriendan esas solicitudes, sobre todo a los mecanizados brasileños en el Chocó, para legitimar toda esa producción.

Estas operaciones son realizadas por los comercializadores locales a nobre propio o de los mismos exportadores. “Además y aunque la ley exige que estas transacciones se hagan mediante consignación, transferencia o cheque de gerencia, se hacen en efectivo”, dice otra fuente consultada.

Uno de los conocedores añadió que una vez comprado el oro en los pueblos donde se produce es llevado a Medellín o Cali en bus, avión comercial, algunos por charter, para ser vendido a las fundiciones (exportadores), “quienes conocen todo el negocio”.

Cuando el metal es legalizado mediante alguna de las tres formas antes descritas y listo para ser exportado, se le envía la relación a la Agencia Nacional Minera (ANM) para que autorice, quedando solamente que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) haga la evaluación del alijo de exportación.

Para los conocedores, el problema radica en que el Plan Nacional de Desarrollo reconoce la minería de subsistencia de los barequeros y chatarreros, que a su vez sirve de mecanismo de justificación del oro que procede de minería ilegal.

BUSCAN LLENAR VACÍOS LEGALES 

​La viceministra de Minas María Isabel Ulloa admite que a pesar de que la actividad minera tiene un marco legal y productivo, “se nos cuela una cadena ilícita y criminal”, pues el 82 por ciento del oro que se exporta no tiene soporte en títulos mineros.

Parte del problema está en los barequeros, que por ley son legales, pero hay unos que explotan más que los legales y que no son barequeros, dice. 

Asegura que el Gobierno está tratando de cerrar ese vacío con un decreto para frenar la minería criminal, el Rucom para la trazabilidad de los minerales, o el pago de regalías en línea, con el fin de cerrarle las puertas a la criminalidad y a la ilegalidad en la explotación y comercialización del metal.

ORDEN PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE

El problema de la extracción ilegal de oro no es solo económico, sino de orden público y ambiental. 

Los grupos guerrilleros, bandas criminales y hasta mafias de Brasil se lucran del negocio directamente o cobrando vacunas. 

Las autoridades han detectado más de 6.000 puntos en todo el país de donde se saca oro de aluvión, afectando a unas 95.000 hectáreas en departamentos como Chocó, Antioquia, Bolívar y Córdoba.

De otra parte, solo en Segovia (Antioquia), en el 2009, se virtieron 180 toneladas de mercurio al medio ambiente, según la ONU.

Fuente:portafolio.co / Pedro Vargas Núñez

La minería de carbón se ha convertido en un modelo a seguir para otras industrias extractivas por estar en su mayoría formalizado y cumplir con los más altos estándares medioambientales.

La minería de carbón es un modelo por seguir para otras industrias extractivas en el país. Es un sector formalizado en gran medida, y se desarrolla cumpliendo los más altos estándares medioambientales.

No se trata de un discurso retórico: hay hechos que lo demuestran. En los yacimientos de carbón más grandes de Colombia es visible un proceso de recuperación del territorio basado en lo técnico.

En el caso de La Guajira, se ha dado un ejemplo de minería bien hecha en el desarrollo de la industria carbonífera, que se destaca por un manejo responsable y cuidadoso. Después de las intervenciones y contando con un acompañamiento científico, especies de la zona han sido reincorporadas y se han logrado preservar ecosistemas y la biodiversidad de la región; incluso se han restablecido áreas que estaban deforestadas o que habían perdido parte de su naturaleza.

Este es uno de los aportes que ha hecho la minería grande de carbón en términos de desarrollar un recurso de manera responsable, garantizando que los procesos de cierres de minas y de recuperación de las áreas sean técnicos. Su ejemplo no se ha limitado al país, gracias a que han definido los estándares de la explotación y recuperación de áreas muy superiores, que han servido de modelo para extender la industria a nivel global.

Las empresas mineras carboníferas se han adherido a estándares internacionales como los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, las Normas de Desempeño IFC y del Banco Mundial para identificación de impactos, manejo de reasentamientos y relacionamiento con grupos indígenas, y los 10 Principios del Pacto Global.

De igual forma, Colombia es el primer país en implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas en Derechos Humanos gracias a la participación voluntaria del gobierno nacional, Cerrejón, Drummond y Prodeco en su Plan de Acción.

Las dos vías del carbón

En Colombia, la industria extractiva de carbón se amplía en dos vías diferentes. La mayor es la industria de carbón legal, con grandes inversiones de capital, regida bajo la lógica de intervenir, explotar y restablecer el territorio.

La otra vía es la minería artesanal, de socavón, producida a pequeña escala de manera informal, y en algunos casos ilegal. Sus yacimientos son atractivos porque cuentan con un enorme poder calórico y están localizados en el interior del país, en Boyacá, Cundinamarca y una parte de Norte de Santander y Santander.

Allí tenemos un gran desafío: la formalización. El reto es que se extraiga legalmente, de manera responsable y con altos estándares: que los mineros tengan protección de riesgos para preservar sus vidas, y que cuenten con los elementos técnicos para reaccionar en casos de emergencia. En ese sentido, hay mucho por hacer.

A buen ritmo

Si bien estamos en un momento de transición, en el cual el planeta se está adaptando al riesgo derivado del cambio climático que está llevando al uso de nuevas fuentes de generación de energía eléctrica, los países desarrollados aún exigen el uso del carbón. Mientras el consumo se mantenga y los mercados demanden el mineral, seguiremos siendo grandes productores.

Los argumentos de venta hablan por sí solos: el carbón colombiano es de buena calidad y reconocido por su poder calorífico de 14.000 Btu, mientras el promedio mundial es de 4.000 Btu. Adicionalmente cuenta con bajo contenido de cenizas y pocas emisiones de dióxido de azufre, lo cual genera menor contaminación.

Así mismo, Colombia tiene el 46 por ciento de las reservas de carbón bituminoso y antracítico de América Latina, con 6.746 millones de toneladas de reserva probadas, las cuales representan el 1,64 por ciento de las reservas mundiales.

Colombia está exportando carbón a países como Alemania, Holanda, Reino Unido, Italia y Suiza, siendo Europa el principal comprador. Las ventas externas han crecido: en 2016 ascendieron a 85,1 millones de toneladas, que equivalen a 4.638,8 millones de dólares. En 2015 se vendieron 74,7 millones de toneladas por un valor de 4.560 millones de dólares.

En materia de producción las noticias son muy buenas. Los datos de la Agencia Nacional Minera señalan que en 2016 se alcanzaron las 90,5 millones de toneladas, una producción histórica. En 2017, el carbón sigue creciendo y en el primer trimestre del año reportó 22,2 millones de toneladas, un 3 por ciento más que las 21,5 toneladas producidas en el mismo periodo del año pasado.

Estamos en un escenario de precios estables, con unas cifras récord en producción y una visión para ese mercado relativamente positiva para los próximos años. Además, contamos con los recursos, y desde el Estado, a través de los estímulos de la Reforma Tributaria a la inversión, se están dando señales claras para adelantar los planes de inversión e intensificar las inversiones de capital y así aumentar los niveles de producción en el sector antes de que se dé la sustitución con otras fuentes de energía. Por lo pronto, la minería de carbón tiene larga vida

Fuente: Semana.com / Especial Carbón La Base de Todo

La ejecutiva que lleva 35 años en la mayor productora de oro del país presentó su carta de renuncia. Uribe Restrepo continuará en su cargo hasta el 30 de abril de este año. En su reemplazo llegará Andrés Restrepo, quien es el actual vicepresidente ejecutivo de la empresa minera.

Hay que tener los pantalones bien puestos para mantenerse al frente de la mayor productora de oro de Colombia por más de una década, más aún si se trata de una firma que opera en zonas del país cercadas con el conflicto. Porque fue en ese contexto precisamente en el que Beatriz Uribe Restrepo llegó a Mineros S.A., primero como gerente financiera, y desde de octubre de 1999 como presidenta.

“Hubo una época de la empresa en el que el día a día era averiguar cómo habíamos amanecido, cuál era la amenaza que teníamos y si éramos capaces de soportar un golpe más. Afortunadamente, las cosas fueron cambiando”, recuerda Uribe Restrepo.

Cuando la economista antioqueña llegó a trabajar a Mineros en un cargo gerencial las mujeres que laboraban en la empresa ocupaban cargos de asistentes y secretarias. Si hoy en día no es tan común encontrar una mujer al frente de una empresa minera, en ese entonces era prácticamente una fantasía.

Pese a esto Beatriz Uribe Restrepo dice que nunca sintió que su género fuera una barrera para avanzar profesionalmente en la empresa: “Yo creo que uno se abre su propio camino e incluso me parece que el hecho de ser mujer me ha abierto puertas. Por ejemplo, mi relación con el sindicato es de las mejores, tratando conmigo los trabajadores son muy respetuosos. Ser mujer tiene muchas ventajas, lo único malo es que uno tiene que empacar más para los viajes”, asegura.

Las personas cercanas a la empresaria la califican como una persona firme, pero a la vez conciliadora y que se preocupa por quienes trabajan con ella. Como buena paisa mantiene una relación muy cercana con su familia, y a pesar de las diversas ocupaciones, casi todos los fines de semana se reúne con sus hermanos para almorzar.

UN CAMBIO EN LA PERSPECTIVA

La llegada de Beatriz Uribe a la presidencia de la empresa significó un cambio en la perspectiva de la compañía.

La ejecutiva explica que cuando inició su presidencia contó con la suerte de que coincidiera con un movimiento alcista de los precios del oro y que empezara a mejorar el entorno de seguridad del país.

“Vimos que era posible buscar otras alternativas, proyectos de crecimiento y a eso hemos dedicado todo el tiempo, y lo seguiremos haciendo, porque esta es una historia que no termina”, sostiene.

Destaca que el mayor esfuerzo que se ha hecho en la empresa en los últimos quince años ha sido de modernizar la administración de Mineros S.A., que durante muchos años estuvo concentrada solo en la parte técnica de la operación.

Así las cosas se implementaron sistemas de gestión de calidad, de gestión ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional. “Esto le dio la vuelta a la empresa le cambió la perspectiva de la gente sobre cómo se pueden hacen las cosas mejor”, agrega.

De hecho, Mineros es la única empresa del sector que se ha ganado el premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial 2014 en el Entorno Ambiental, en la categoría “Otros sectores de la economía Nacional”.

Pero, independientemente de los reconocimientos, para Uribe Restrepo su mayor orgullo es su equipo de trabajo y la calidad de las personas que trabajan con ella.

“Yo le tengo mucha confianza a la gente que trabaja conmigo, pero tiene que ver con que en Mineros la gente es muy buena, es gente de una calidad y de una capacidad de trabajo impresionantes”, asegura.

En dos meses esta empresaria cumplirá quince años al frente de la organización Mineros S.A., y aunque no piensa hacer ninguna celebración, lo que sí es seguro es que todos los días seguirá madrugando feliz de ir a la oficina a para seguir trabajando en el sector que la apasiona.

Fuente: Portafolio.co

Para tales fines, se invertirán US$4,8 millones en el diseño final de la Planta de Carbonato de Litio, a cargo de la empresa alemana K-UTEC Ag Salt Technologies.

a 2019, el Gobierno invertirá US$925 millones en la industrialización del litio. Como parte de este proceso, el Gobierno y la alemana K-UTEC AG Salt Technologies firmaron ayer el contrato para elaborar, por US$4,8 millones, el proyecto de construcción de la Planta de Carbonato de Litio.
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El contrato fue suscrito ayer por el ejecutivo de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), Luis Alberto Echazú, y el director de la alemana K-UTEC Ag Salt Technologies, Heiner Marx, en inmediaciones del salar de Uyuni, uno de los mayores reservorios de litio del mundo.

“Hemos dado pasos importantes en la industrialización del litio y empezamos con la planta piloto de litio (...) Estas son inversiones con nuestra plata, nadie será socio, nosotros seremos dueños”, afirmó el presidente Evo Morales en la firma del contrato.

Echazú indicó que para el diseño final del proyecto de construcción de la Planta de Carbonato de Litio se destinará US$4,8 millones (Bs 33 millones) y debe entregarse en diez meses.

El ejecutivo de la empresa alemana —la cual tiene más de 60 años en la producción de sales— explicó que la idea es comenzar con la explotación del carbonato de litio y luego impulsar la producción de otras materias primas como el sulfato de potasio —que cuesta tres veces más que el cloruro de potasio— y el sulfato de magnesio. “La composición química de la salmuera del salar de Uyuni hace posible la producción de estos elementos”.

Marx especificó que lleva diez años estudiando los compuestos del salar de Uyuni y que su potencial es similar a los salares existentes en Atacama, en Chile, donde ya se comenzó el desarrollo de la industria del litio.

Morales proyectó que en 2018 se exportará la tonelada (t) de carbonato de litio en US$7.000, mientras que una t de un tipo de los cátodos de litio se venderá en US$17.000 y el otro tipo en US$22.000 la t. Detalló que para dicha gestión se debería producir 1.500 toneladas de carbonato de litio anuales.

El Mandatario garantizó la inversión para el inicio de la “gran industria del litio” y señaló que la construcción de la planta empezará en cuanto se concluya el diseño final del proyecto.

Inversión. Morales comunicó que hasta 2019 el Estado invertirá US$925 millones para el proyecto de industrialización del litio en el salar de Uyuni. “Una inversión de casi US$1.000 millones”. Los recursos pertenecen a un crédito del Banco Central de Bolivia (BCB) y se ejecutarán en 15 etapas.

La autoridad recordó que uno de los últimos contratos suscritos como parte del proyecto de industrialización fue entre la GNRE y la firma china CAMC Engineering Co. Ltd, el 13 de julio de este año, para la construcción, montaje y puesta en marcha de la Planta Industrial de Sales de Potasio.

La inversión para este complejo es de US$178 millones. Los recursos también se invertirán en la construcción de pozas de bombeo, de la piscina de evaporación; la impermeabilización de estas instalaciones y el sistema de disposición y cosechas de sales de optimización.

Además, se ejecutarán recursos en la construcción de equipamiento de la línea de alta tensión; en el diseño de distribución de agua potable y de gas natural y licuado; el equipamiento y distribución de energía eléctrica, entre otros proyectos más en la zona.

Promesa de la empresa. El director de la empresa alemana K-UTEC Ag Salt Technologies, Heiner Marx, aseguró ayer que la compañía se compromete a efectuar el mejor trabajo y de mayor calidad para el desarrollo de la Planta de Carbonato de Litio.

Gestionan programa de formación de especialistas

La empresa alemana K-UTEC AG Salt Technologies gestiona ante el Gobierno germano el financiamiento para un programa de formación para el desarrollo de la industria del litio en Bolivia.

El director de la compañía germana, Heiner Marx, afirmó ayer que para la producción de carbonato de litio y de otros compuestos que existen en el salar de Uyuni, se necesitan expertos que aún son escasos. “Es muy necesaria la formación de los trabajadores e ingenieros para potenciar mucho más esta industria boliviana. Es bastante más complicado obtener productos de calidad con estándares internacionales en un salar que en una minería subterránea con explosivos”, aseguró.

Marx señaló que la anterior semana se reunió con el embajador de Alemania en Bolivia, Peter Linder, para discutir una propuesta de respaldo financiero para la formación del personal.

El ejecutivo especificó que el tema será tratado en un congreso internacional iberoamericano en Alemania durante la visita oficial del presidente Evo Morales a ese país, entre el 4 y 5 de noviembre, cuando se reunirá con la canciller Angela Merkel y el presidente Joachim Gauck.

“Ahí vamos a preguntar si es posible que Alemania pueda financiar esa formación”, sostuvo.

Evo prevé la producción de litio por 100 años. El objetivo se logrará con la industrialización de una parte del salar de Uyuni

El presidente Evo Morales indicó que con la industrialización de 400 kilómetros cuadrados del salar de Uyuni, de los 10.000 kilómetros existentes, se prevé la producción por 100 años.

“Solamente se efectuará inversiones en 400 kilómetros cuadrados, ni siquiera en 1.000 kilómetros cuadrados y con la explotación e industrialización del litio en esos 400 kilómetros cuadrados tenemos para mantenernos 100 años, imagínense, ésa es la esperanza”, manifestó Morales.

La autoridad hizo estas declaraciones durante la suscripción del contrato entre la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) y la empresa alemana K-UTEC Ag Salt Technologies.

El Mandatario destacó que Bolivia tiene uno de los mayores reservorios de litio en el mundo.

Detalló que el salar de Uyuni de Potosí tiene una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados; mientras que el salar de Coipasa en Oruro (con un estimado de 3.000 kilómetros cuadrados) junto a otros menores sumarían los 6.000 kilómetros cuadrados.

“Tenemos en Bolivia como 16.000 kilómetros cuadrados de extensión de los salares, la reserva más grande del mundo está en Bolivia”, resaltó la autoridad.Morales alertó que existen “potencias y empresas internacionales” interesadas en las reservas de litio del país que están en el salar de Uyuni, uno de los desiertos de sal más grandes del mundo.

Por ello, recordó que el Estado boliviano buscó financiamiento para industrializar el litio en Bolivia porque muchos países solo se interesaban en comprar la materia prima, pero no deseaban transferir conocimientos y la tecnología para su industrialización.

En esa línea, aseguró que la industrialización del litio forma parte de los pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.


Fuente: Larazón.com

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera de Bolivia informó que el encuentro se realizará en julio para buscar medidas de protección en la franja amazónica contra la minería ilegal y la contaminación provocada por el uso del mercurio.

La Paz. Autoridades de Bolivia, Brasil y Perú se reunirán en julio próximo para definir acciones sobre la explotación y comercialización minera ilegal, anunció hoy el director nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Carlos Soruco.

En rueda de prensa, el directivo precisó que se considerarán medidas para evitar el uso de mercurio que tenga impactos socioambientales y económicos en la zona amazónica compartida entre los tres países.

Soruco explicó que en la última reunión con Perú sobre el tema minero, hace una semana en la ciudad de Cuzco, se trazó una hoja de ruta para realizar diferentes actividades coordinadas.

El funcionario consideró que los resultados serán evaluados dentro de un mes para perfilar definiciones.

El directivo señaló que con Brasil también se tuvo una reunión para hablar sobre lo que sucede en toda la franja fronteriza, donde se usa el mercurio para la explotación aurífera.

"Tenemos planeado reuniones en julio para asumir acciones destinadas a enfrentar la minería ilegal, es importante trabajar cuanto antes sobre este tema", aseveró.

De acuerdo con la autoridad de la AJAM, los tres países coincidieron en que la principal preocupación en la franja amazónica es la minería ilegal y la contaminación provocada por el uso del mercurio.

"Estamos muy interesados en abordar este problema, porque nos preocupa el uso de mercurio, el cual afecta no sólo el medioambiente, sino también la salud de los habitantes, afecta la economía, contamina el agua de los ríos y afecta la pesca", mencionó.

Soruco dijo que cada país quedó en identificar las zonas de explotación ilegal de minerales y compartir esa información para actuar de manera coordinada.

Sobre el contrabando de oro, el directivo dijo que se da desde Perú pasando por territorio nacional para ser exportado como oro marginal a través de los aeropuertos bolivianos, aunque manifestó que también hay otras versiones de que el oro se trafica de Bolivia a Perú.

Soruco dijo que lo fundamental es evitar, de forma coordinada, el contrabando ilegal de minerales en la región fronteriza entre los tres países.

Fuente:americaeconomia.com / Xinhua