Alertas energéticas

El futuro de la energía se nubla en medio de deterioro de las reservas y transición sin norte.

En cuestión de semanas una serie de reportes, anuncios y decisiones han venido ratificando las preocupaciones acerca del rumbo de la política energética del gobierno del presidente Gustavo Petro. La transición a una economía descarbonizada y con una menor contribución al cambio climático es una de las banderas más prioritarias del primer mandatario y uno de los ejes de su recientemente sancionado Plan Nacional de Desarrollo. No obstante, la hoja de ruta de esa meta luce hoy sin un norte de política claro y sigue disparando alertas en diversos frentes.

 

Uno de los más críticos compete al sector eléctrico y su institucionalidad. Ante la creciente probabilidad de un nuevo fenómeno de El Niño, con duración e intensidad impredecibles, las alarmas sobre la generación eléctrica suenan desde hace meses ante el peso del agua en la matriz.

 

La arquitectura institucional del sector eléctrico en Colombia no solo ha evitado por 30 años la repetición del famoso “apagón”, aun con aumentos del consumo, sino que también ha ampliado y mejorado la calidad y la cobertura del servicio. Si bien se mantienen complejos retos como el de las tarifas –que golpean a los hogares–, la persistente vulnerabilidad a los eventos climáticos y falencias estructurales en el mercado, la regulación independiente y la seguridad jurídica han atraído multimillonarias inversiones y financiado el crecimiento de las energías renovables.

 

Por tal razón preocupan los continuos embates presidenciales a esta institucionalidad. Los esfuerzos continuados de la Casa de Nariño de minar la autonomía de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y de intentar intervenir “directa y personalmente” en los servicios públicos envían señales equivocadas hacia los inversionistas y borran las lecciones aprendidas del papel del mercado y de la cooperación público-privada. A lo anterior se añaden las flagrantes contradicciones entre el discurso prorrenovables del Presidente y las decisiones de política que se toman.

 

Para la muestra, dos botones: el primero se refiere a unos artículos en el Plan de Desarrollo que, junto con la reforma tributaria, prácticamente eliminaron el 75 por ciento de los beneficios para incentivar los proyectos de energía renovable. En segundo lugar, los retrasos en estas iniciativas están atentando directamente contra su viabilidad. La semana pasada Enel Colombia anunció la suspensión indefinida de su parque eólico Windpeshi, en La Guajira, debido, entre otras razones, a los bloqueos y exigencias de las comunidades.

 

Aunque el presidente Petro calificó de “exabrupto” que estos proyectos de energías limpias sean frenados por razones de licenciamiento ambiental, no hay claridad aún sobre cuáles hayan sido las medidas que el mandatario instruyó para superar esta situación. Es evidente que al Gobierno Nacional y al Ministerio de Minas y Energía en particular les está costando mucho traducir los discursos ambientales y de lucha contra el cambio climático en acciones y ejecuciones tangibles de política energética.

 

Y por los lados del petróleo y el gas, hace pocos días la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó los resultados de su esperado informe de reservas al cierre del 2022. Con corte al año pasado, Colombia cuenta con una vida útil de sus reservas probadas de 7,5 años en petróleo y 7,2 años en gas –en este último, la autosuficiencia más baja en los últimos 17 años–. En otras palabras, el país tiene menos de estos recursos energéticos en medio de la postura del presidente Petro en contra de la nueva exploración de hidrocarburos.

 

El escenario que reflejan los datos de la ANH impulsó al sector energético a hacerle un llamado al Gobierno para que reconsidere la firma de nuevos contratos petroleros. Sin un ambicioso plan de exploración tanto de crudo como de gas natural –que tomará varios años en dar sus frutos–, la autosuficiencia energética de la Nación –tan crucial después de la invasión rusa a Ucrania– se pondrá en riesgo muy pronto.

 

Más allá de la ideología, lo que está en juego en estas decisiones de política es la seguridad energética de Colombia en el mediano plazo. Es decir, con un panorama de reservas probadas y su vida útil tendiendo a la baja, la transición energética debe ajustarse a una estrategia que, sin abandonar la apuesta a la descarbonización y a una economía con menores emisiones, contemple la continuación de la actividad exploratoria y la producción futura de hidrocarburos en el territorio nacional.

 

En conclusión, el futuro energético del país se nubla cada día más en medio de señales equivocadas a los inversionistas, inestabilidad jurídica y en las reglas del juego, ataques a la regulación independiente, contradicciones en la promoción de las renovables, retrasos en la ejecución de los proyectos, riesgos ante fenómenos climáticos y deterioro de las perspectivas de autosuficiencia. Es la hora de tomar decisiones para disipar estas amenazas y asegurar un camino de seguridad energética. A fin de cuentas, no hay energía más costosa que la que no se produce.

 

Por El Tiempo