La Contraloría alerta por lentitud en trámites mineros
En la auditoría realizada a la ANM, la entidad advirtió que hay más de 13.000 solicitudes represadas.
El plan de descongestión de las solicitudes de títulos mineros que había arrancado hace un par de años con la creación de la Agencia Nacional de Minería está estancado.
Esta fue una de las conclusiones de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Agencia, para el año 2014.
El informe dejó un balance de 37 hallazgos administrativos, 6 de connotación disciplinaria y 2 con incidencia fiscal, que comprometerían recursos por 3.339,6 millones de pesos.
En cuanto al procedimiento de las solicitudes mineras, el informe de la Contraloría advierte lo siguiente: “Se observa que la Autoridad Minera no está dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…) por cuanto la aprobación de las solicitudes de los títulos mineros se está demorando entre 5 y 11 años, situación generada por falta de mecanismos de control que permitan determinar los tiempos en cada una de las actuaciones administrativas”.
A abril de este año, según información entregada por la Agencia al ente de control, había 13.149 solicitudes, algunos de los casos estudiados por la Contraloría son trámites que llevan hasta 18 años en curso sin haber sido aprobados ni archivados.
En el plan de descongestión de solicitudes mineras el Servicio Geológico Colombiano había resuelto 8.415 solicitudes, otras 7.987 fueron atendidas por la Agencia Nacional Minera y la Gobernación de Antioquia y quedaron 3.263 de los más de 19.000 trámites represados en los últimos años.
Adicional a las represadas, desde que se abrió el radicado de solicitudes, en el 2013, se recibieron 10.627 nuevas peticiones, de las cuales se resolvieron 2.458 a la fecha de la publicación del informe, en julio de este año.
“Lo anterior trae como consecuencia directa para la ANM, que las áreas objeto de las solicitudes permanezcan no disponibles para otras propuestas y no generen ningún tipo de ingreso por concepto de canon y otros derechos económicos”, señala el documento de la Contraloría.
Agrega que esta falta de celeridad en los trámites hace que los solicitantes de legalización y formalización desarrollen sus actividades “sin ningún tipo de control al no estar obligadas a efectuar ningún reporte o estar sujetas a la acción de vigilancia por parte de la autoridad”.
Fuente: Portafolio.co
