¿Hubo exceso en operativos contra minería informal en Antioquia?

La intervención que la Administración Departamental ha emprendido para desmantelar lo que han denominado minería ilegal muestra dos caras: una, la erradicación de la problemática social generada por esa actividad, y otra, por reclamos de mineros que denuncian la muerte de cuatro trabajadores en Buriticá.

 

En tanto el Gobierno de Antioquia insiste en el éxito de los operativos realizados, desde la fase inicial en el año 2013 hasta un proceso de consolidación de esa intervención ejecutado durante 2016, el proceso penal por presunta responsabilidad de las autoridades en el fallecimiento de cuatro mineros y heridas a 90 personas más en la mina El Platanal, en abril de 2014, continúa aunque no con los resultados esperados por los familiares de las víctimas.

Según Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, durante toda la intervención en Buriticá se han presentado 10 muertes (ver gráfico). Admitió que las personas que fallecieron en El Platanal, están en proceso de reclamación y fueron categorizadas como víctimas.

 

“Las pruebas están allí y hoy la Gobernación es parte en los procesos de reparación. Estas personas (familiares) están demandando con base en decisiones de la Fiscalía”, dijo.

 

Para el diputado a la Asamblea, Jorge Gómez, los mineros murieron como consecuencia de asfixia causada por un incremento de gases tóxicos. Presentó un informe en el que, aseguró, la comisión que investigó el caso reveló que “lo más probable es que los gases procedieron de una voladura realizada con sustancias explosivas no determinadas”.

 

Gómez dijo que “hubo una irrupción súbita de gases y humos, los cuales contribuyeron a que la atmósfera minera se registraran concentraciones superiores a 1500 ppm de Monóxido de Carbono (CO) y 36 ppm de ácido sulfhídrico”.

Recalcó que hubo permisividad de las autoridades que vigilaban el proceso y cuestionó que se buscaba la clausura del socavón, como una solicitud de la multinacional Continental Gold.

 

En ese mismo sentido, Alex Alberto Morales, miembro de la Corporación Jesús María Valle, que acompaña el proceso, enfatizó que “hubo irresponsabilidad en la acción de explosión con la intención de cerrar una mina”, en lo cual se utilizaron 32 bultos de Anfo.

 

“Con un solo bulto hubiera sido suficiente. Eso muestra que hubo intención de dañar a las personas”, dijo.

 

Niegan responsabilidad

 

Sobre las acusaciones, voceros de la compañía Continental Gold, negaron su responsabilidad en el accidente de la mina El Platanal y dijeron que no puede concluirse que el informe de la Agencia Nacional de Minería -ANM- sugiera que fueron causantes del hecho.

 

“De acuerdo con el informe de la ANM, los investigadores no encontraron una conexión entre los túneles de las minas El Amanecer (la cual tenía orden de cierre por parte de las autoridades) y la mina ilegal El Platanal, por lo cual no es posible que los gases producidos por las actividades de cierre técnico de la mina El Amanecer, pudieran atravesar y ser causantes de las muertes”, consideró la empresa.

 

Rubén Darío Gómez, secretario de Conalminercol, reveló que la orden de la explosión que mató a los trabajadores fue entregada por el puesto de mando unificado, compuesto por la Procuraduría, Fuerza Pública, Dapard y otras autoridades.

Sin embargo, las directivas de Continental insistieron en responsabilizar a quienes operaban la mina El Platanal por las deficientes condiciones técnicas y de seguridad industrial que propiciaron el accidente.

 

“Los sistemas de ventilación ubicados en las minas Platanal y Cafeto Gold no son diseñadas técnicamente, tal como lo dispone el Decreto 1335 de 1997, por lo cual, ante un evento inesperado de generación de gases no se contaba con el suficiente caudal que permitiera diluirlos y evacuar los gases en forma rápida y eficiente”, explicó.

Continental aseguró que el informe concluye que la causa del accidente fueron los gases generados por sustancias explosivas no determinadas y “la minería ilegal hace uso de sustancias explosivas artesanales de difícil control y manejo”.

 

Por su parte, Enrique Olano, secretario de Minas de Antioquia, aseveró que lo que pasó en la mina fue lamentable y “ha dado la pauta para que con la Agencia Minera se realicen acciones productivas para que no se vuelva a presentar”.

Intervención avanza en 80%

 

La Secretaría de Gobierno, reportó que en su intervención a la minería ilegal han salido voluntariamente 3.040 mineros ilegales, decomisaron 95.820 millones de pesos, resultado de esta minería.

“En Buriticá hay 111 bocaminas, 65 intervenidas, 44 con cierres técnicos, 11 en proceso y 54 beneficiaderos cerrados”, aclaró Ramírez.

 

A Rubén Gómez, esa política de intervención ha demostrado abuso de poder en la región y es caldo de cultivo para una problemática social.

 

“Nos preocupa la determinación de la Gobernación de replicar el operativo de Buriticá en todos los territorios mineros de Antioquia”, acotó.

 

Gómez insistió en cuatro puntos de acuerdos, entre los que está la formalización. Dijo que persisten incumplimientos del gobernador Luis Pérez y la Nación, sobre compromisos pactados, desde años atrás, con los mineros, por los que se mantiene la advertencia de protestas y paros. Apuntó que desde 2011 se acordó iniciar el proceso de identificación de minas informales para trabajar el reconocimiento de quienes laboran con maquinaria pesada. Agregó que el Gobierno se comprometió a sacar esa norma a través de una ley especial con carácter de urgencia. “Por el contrario se emitió una directriz sobre destrucción de maquinaria”, dijo.

 

De acuerdo con Ramírez, el cumplimiento de los acuerdos se muestra con la instalación de la Mesa Minera en Buriticá, con la cual se busca la formalización de pequeños mineros. Añadió que se oferta empleo a estos mineros por intermedio de la Secretaría de Competitividad y Productividad, como con Comfenalco y el Sena, a fin de amortiguar el impacto causado con la intervención.

 

Fuente: elcolombiano.com / Víctor Andrés Álvarez Correa