“En la minería ilegal existe la esclavitud del siglo XXI”

El consultor del Comité Andino de Minería Ilegal de la Comunidad Andina de Naciones asegura que las Farc fuera de la guerra serán un peso menos para combatir la minería ilegal.

 

Juan Antonio Fernández Jerí, consultor del Comité Andino de Minería Ilegal de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), llegó a Colombia para participar en el primer congreso mundial de la Policía rural. Este peruano, quien hasta hace poco fungía como alto comisionado para asuntos de formalización minera en su país, plantea un panorama optimista en la lucha contra la minería ilegal, tanto en Colombia, como en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. El consultor suramericano habló con El Espectador y adujo este buen panorama a raíz del trabajo en conjunto de las naciones en los últimos dos años.

 

¿Qué hace el Comité Andino de Minería Ilegal?

 

La CAN le puso los ojos a esta problemática desde 2012 con la agenda ambiental que construyó ese año. En 2013 no estuvo activa por reestructuración, pero, con el nuevo secretario general de la CAN, Walker San Miguel Rodríguez, en 2014 se creó el Comité para empezar a crear sinergias, conocimiento, fortalecimiento de las capacidades de los estados miembros en la lucha contra la minería ilegal. Esta problemática, la cual afrontan las zonas rurales de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, compromete la biodiversidad envidiable que estos países poseen. Por ejemplo, Colombia posee el 10 % de la biodiversidad mundial y tener una actividad latente de minería ilegal le hace daño al país y al mundo.

 

¿Qué soluciones ha planteado el Comité para combatir la minería ilegal?

 

Esta actividad tiene que hacerse bajo vigilancia del Estado y en territorios en los que se esté previamente autorizado. El lío aquí es que la minería ilegal se desarrolla en lugares alejados de las ciudades, a donde el Estado no llega y la población es muy pobre. En estas zonas existen comunidades indígenas y consejos comunitarios que necesitan ser protegidos, la minería ilegal contamina las fuentes hídricas. Reputadas universidades estadounidenses han reportado casos en que la salud de los habitantes se ve afectada por las aguas contaminadas. La minería tiene que seguir existiendo, pero de manera sostenible y con tecnologías limpias.

 

Puntualmente, ¿qué actividades hacen los cuatro países (Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador) para combatir la minería ilegal?

 

Hay reuniones binacionales entre las policías de los países para compartir las experiencias de cada país en la lucha contra este tipo de minería. Se intercambia información sobre todo en territorios fronterizos donde la minería se desarrolla, para que del mismo modo se desarrollen operativos conjuntos. Se comparten las experiencias de formalización de la minería para tener referentes y aplicarlos en cada país. Colombia, por ejemplo, reorganiza a las personas que trabajaban en minería ilegal para que se dediquen a producir en otros sectores, como el agrícola o el ganadero.

 

¿Cada cuánto ocurren estas reuniones entre los países?

 

Estas reuniones, en las cuales hay representantes de la Fuerza Pública y de las cancillerías, se dan bimensualmente vía teleconferencia. Cabe aclarar que esto no dificulta las reuniones, por el contrario: facilita que más personas participen y sin necesidad de trasladarse. Actualmente y de manera conjunta se está construyendo el plan operativo contra la minería ilegal para el próximo año.

 

En los últimos años hemos visto que los grupos armados en Colombia han priorizado la minería ilegal para financiarse, por encima del narcotráfico...

 

Hasta el año pasado, los representantes de la Policía colombiana reportaron que el 70% del financiamiento de las Farc provenía de la minería ilegal. La buena noticia es que hemos pasado a una nueva etapa de la historia de Colombia en la que las Farc, la guerrilla más grande del país, no van a ser promotoras de la minería ilegal, facilitando la lucha contra este delito.

 

Pero existe el peligro de que otros actores armados lleguen a ocupar esas zonas vacías.

 

La minería ilegal se solucionará cuando el Estado haga presencia en estas zonas.

 

¿Qué actividades y/o delitos conexos trae la minería ilegal?

 

La más grave que existe dentro de la minería ilegal es la esclavitud del siglo XXI: trata de personas, esclavitud sexual y laboral. Hay cientos de menores de edad y mujeres que son víctimas de estas aberraciones. Los países de la CAN, bajo el paraguas de los Protocolos de Palermo —que previenen, reprimen y sancionan la trata de personas—, realizan operativos en los campamentos rurales de minería ilegal.

 

¿Cómo ve el papel de la Policía rural en el posconflicto para luchar contra la minería ilegal?

 

Cumple un rol fundamental porque son y serán los que acompañen a las comunidades que viven más alejada de las grandes urbes. Pero es importante que esa policía rural esté rodeada de las otras instituciones del Estado, sino, la labor de la policía rural se verá menguada.

 

¿Qué conclusiones ha sacado del Comité de Minería Ilegal y de este primer congreso internacional de minería ilegal?

 

Este intercambio de experiencias permite nutrirse de conocimientos que logran abrir la mente y la baraja de soluciones para combatir la minería ilegal. Cuando uno conoce las realidades de los vecinos y que al mismo tiempo han superado grandes problemas, vemos que nuestros retos y desafíos tienen alguna solución. Es fundamental que los estados sean persistentes en la lucha para combatir estos problemas.

 

 

Fuente: Elespectador.com