Así ‘lavan’ el oro de la minería ilegal en el país

El 82% de las exportaciones provienen de la ilegalidad. Grupos guerrilleros y bandas criminales hacen parte de un negocio de $7 billones al año.

lombia produjo y exportó 1’903.386 onzas de oro el año pasado, sin embargo, solo 220.000 de esas fueron producidas con títulos mineros legales, según las cifras tanto de la Asociación Colombiana de minería (ACM) como del Ministerio de Minas y Energía.

Eso quiere decir que un 82 por ciento de ese metal precioso producido ilegalmente en el país entra al torrente legal de la economía (paga regalías pero no impuestos, retención en la fuente, etc.) al ser vendido al exterior.

Portafolio pudo establecer que ese oro se legaliza generalmente en Antioquia y Valle del Cauca de diferentes maneras, de acuerdo a fuentes que pidieron la reserva de su nombre, pues es un negocio que mueve cerca de siete billones de pesos al año (Lea también: EE.UU., aliado de Colombia en la lucha contra la minería ilegal de oro). 

Una de ellas es cuando el comercializador, en complicidad con el que le vende el oro en el pueblo donde se produce, utiliza una solicitud de minería tradicional vigente (como un título minero) y le apropia la producción a esa solicitud.

El representante legal de dicha solicitud firma el certificado de origen donde dice que el material fue extraído de esa zona. 

Otro sistema es cuando el comercializador recibe el metal precioso y toma un listado de pobladores del municipio en complicidad con las alcaldías locales -familias en acción o que tienen Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom)-, y procede a generar falsos certificados de origen de todas estas personas (algunas ya muertas), le asigna montos y cantidades, cuyas firmas, obviamente, también son falsificadas.

“El comercializador cobra 1.000 pesos por cada gramo de oro legalizado con un certificado de origen falso”, explica una de las fuentes.

Otro conocedor del tema describe que un tercer método es hacer creer que las solicitudes o los títulos mineros que pertenecen a comunidades afro o indígenas tienen autorización para vender el oro, aun cuando no tienen PTO y PMA aprobado.

Los comunidades afro e indígenas legales ‘alquilan’ o subarriendan esas solicitudes, sobre todo a los mecanizados brasileños en el Chocó, para legitimar toda esa producción.

Estas operaciones son realizadas por los comercializadores locales a nobre propio o de los mismos exportadores. “Además y aunque la ley exige que estas transacciones se hagan mediante consignación, transferencia o cheque de gerencia, se hacen en efectivo”, dice otra fuente consultada.

Uno de los conocedores añadió que una vez comprado el oro en los pueblos donde se produce es llevado a Medellín o Cali en bus, avión comercial, algunos por charter, para ser vendido a las fundiciones (exportadores), “quienes conocen todo el negocio”.

Cuando el metal es legalizado mediante alguna de las tres formas antes descritas y listo para ser exportado, se le envía la relación a la Agencia Nacional Minera (ANM) para que autorice, quedando solamente que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) haga la evaluación del alijo de exportación.

Para los conocedores, el problema radica en que el Plan Nacional de Desarrollo reconoce la minería de subsistencia de los barequeros y chatarreros, que a su vez sirve de mecanismo de justificación del oro que procede de minería ilegal.

BUSCAN LLENAR VACÍOS LEGALES 

​La viceministra de Minas María Isabel Ulloa admite que a pesar de que la actividad minera tiene un marco legal y productivo, “se nos cuela una cadena ilícita y criminal”, pues el 82 por ciento del oro que se exporta no tiene soporte en títulos mineros.

Parte del problema está en los barequeros, que por ley son legales, pero hay unos que explotan más que los legales y que no son barequeros, dice. 

Asegura que el Gobierno está tratando de cerrar ese vacío con un decreto para frenar la minería criminal, el Rucom para la trazabilidad de los minerales, o el pago de regalías en línea, con el fin de cerrarle las puertas a la criminalidad y a la ilegalidad en la explotación y comercialización del metal.

ORDEN PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE

El problema de la extracción ilegal de oro no es solo económico, sino de orden público y ambiental. 

Los grupos guerrilleros, bandas criminales y hasta mafias de Brasil se lucran del negocio directamente o cobrando vacunas. 

Las autoridades han detectado más de 6.000 puntos en todo el país de donde se saca oro de aluvión, afectando a unas 95.000 hectáreas en departamentos como Chocó, Antioquia, Bolívar y Córdoba.

De otra parte, solo en Segovia (Antioquia), en el 2009, se virtieron 180 toneladas de mercurio al medio ambiente, según la ONU.

Fuente: portafolio.co / Pedro Vargas Núñez