Han pasado siete años desde cuando las noticias informaron que la Leyenda de El Dorado se había vuelto, al menos en parte, realidad en el Tolima.

La ocasión fue el descubrimiento de oro por parte de la multinacional AngloGold Ashanti en la zona de La Colosa, un área ubicada a 14 kilómetros del casco urbano del municipio de Cajamarca, en lo alto de la cordillera central.

Los estimativos preliminares establecieron que el hallazgo era uno de los diez más grandes encontrados en el mundo en la década previa. Con el correr de los meses se pudo establecer que el potencial era aún mayor y que el mineral recuperable podría ascender a casi 27 millones de onzas del metal amarillo. A precios de hoy, eso equivaldría a cerca de 35.000 millones de dólares, durante la vida útil de la explotación.

Ante semejante promesa, y en un momento de cotizaciones récord, la firma extranjera empezó el proceso de desarrollar el proyecto, el cual incluye varias fases.

La primera de ellas es la de prefactibilidad que iría hasta el 2016, y consiste en delimitar y calcular con precisión los depósitos de oro. Tras ese paso siguen los de factibilidad, licenciamiento y construcción, y montaje. Si el cronograma actual se cumple, La Colosa entraría en producción en el 2022, al cabo de miles de millones de dólares de inversiones.

No obstante, existe la posibilidad de que la inmensa riqueza enterrada en los Andes se quede donde está. La razón es la oposición que ha generado la idea entre los tolimenses, comenzando por el Gobernador del departamento.

El argumento más utilizado es que una mina a cielo abierto acabaría con las fuentes de agua, condenando a la quiebra a los agricultores y perjudicando a toda la población.

Tales inquietudes han sido recogidas a nivel local. Ese es el caso del también tolimense municipio de Piedras que, según diseños preliminares, albergaría lo que se conoce como el tanque de relaves, en el cual se almacena y purifica el agua contaminada en la etapa industrial, resultado de sacar el material aurífero. En consecuencia, el próximo 28 de julio tendría lugar una consulta popular en la cual la comunidad deberá contestar una pregunta al respecto.

A primera vista, la decisión sería el resultado de un sano ejercicio democrático.

El problema es que tal como está planteado el extenso interrogante, en el que se habla de materiales nocivos para la salud, cianuro y abastecimiento de agua potable, el resultado es previsible. Para decirlo con claridad, nadie en su sano juicio le daría su voto afirmativo.

Por su parte, la empresa sostiene que es víctima de una gran campaña de desinformación.

Señala que las cifras sobre consumo de agua están totalmente erradas y muestra cómo en casos similares en otras partes se han logrado mitigar los efectos ambientales y recuperar las zonas explotadas. Además, insiste en las posibilidades de desarrollo para el departamento y el país, tanto por los miles de empleos que se generarían como por los 3,7 billones de pesos anuales que se quedarían en Colombia entre sueldos, impuestos, regalías y compras a proveedores.

Sin embargo, todo indica que el debate dejó de ser económico y se ha trasladado al plano político. Frente a esa situación, lo lógico sería que el Gobierno Nacional se pronuncie, ya sea para terciar en la discusión o para garantizarles a los tolimenses que exigirá el estricto cumplimiento de las normas por parte de AngloGold.

Lamentablemente, lo que hay es un preocupante silencio, que no solo devela falta de liderazgo en un tema clave, sino que puede tener consecuencias serias a la hora de atraer inversión extranjera.

Así, el país tiene la facultad de decir que no quiere a la gran minería, por las razones que sea. Pero si esa no es la postura, el Ejecutivo debe actuar y acompañar los proyectos que valgan la pena, antes de que los hechos hablen por sí solos. De lo contrario, la riqueza de este ‘dorado’ también será una quimera.

Fuente: Portafolio.co / Ricardo Ávila Pinto

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